El diputado nacional de VOX por Badajoz, Ignacio Hoces, ha interpelado en el Pleno del Congreso al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la respuesta del Gobierno a la crisis de Ceuta y ha cerrado su intervención con una defensa de la soberanía española sobre la ciudad autónoma.
“Ceuta no es una carga. Ceuta es España. Ceuta no se negocia jamás”, ha afirmado Hoces durante una interpelación urgente celebrada este miércoles en el Congreso y dirigida expresamente a conocer las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la Seguridad Nacional. El intercambio entre Hoces y Torres figura en la sesión plenaria del 23 de septiembre.
El diputado ha cuestionado además la terminología utilizada por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno habla de crisis migratoria y humanitaria, VOX utiliza conceptos como “invasión”, “guerra híbrida” y “ataque a la integridad territorial”. Esta última caracterización forma parte del discurso político de la formación.
El Parlamento Europeo sí aprobó el pasado 17 de septiembre una resolución en la que denunció la instrumentalización de la inmigración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro” y pidió reforzar las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta.
Hoces pregunta qué ocurrió durante 26 días
Uno de los principales reproches del diputado se ha centrado en el tiempo transcurrido entre las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio y la declaración formal de la situación de interés para la Seguridad Nacional.
El Gobierno aprobó esa declaración mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, con efectos desde su publicación el día 26. El texto reconoce que la situación estaba alterando el funcionamiento normal de las administraciones y superando sus capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
“¿Qué pasó durante esos 26 días, señor ministro?”, ha preguntado Hoces.
La declaración designó precisamente a Ángel Víctor Torres como autoridad funcional encargada de impulsar y coordinar las actuaciones del Estado durante la crisis.
El Gobierno ha defendido que la activación de ese mecanismo respondió a la evolución de la situación y que antes de la declaración ya se habían movilizado recursos de seguridad, acogida y retorno.
Cuatro reales decretos entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre
Hoces también ha atacado la sucesión normativa aprobada posteriormente por el Ejecutivo.
Entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre se aprobaron cuatro reales decretos directamente vinculados al mecanismo de Seguridad Nacional: el 681/2026, que realizó la declaración; el 705/2026, que determinó los recursos; el 706/2026, que modificó la declaración inicial; y el 718/2026, que modificó posteriormente la relación de recursos.
“Ustedes lo llaman adaptación, nosotros lo seguimos llamando traición”, ha afirmado Hoces.
Esa última expresión constituye una acusación política de VOX. La sucesión de modificaciones normativas acredita ajustes en el dispositivo, pero no demuestra por sí misma la comisión de delito alguno.
El Gobierno destina 309 millones a cuatro grandes bloques
El diputado también ha criticado la distribución de los fondos aprobados para afrontar las consecuencias de la crisis.
El plan de choque presentado por el Gobierno moviliza 309 millones de euros repartidos en cuatro grandes bloques: 21 millones para servicios esenciales, 90 millones para seguridad, 118 millones para acogida humanitaria y 80 millones para empresas y trabajadores.
Los 118 millones destinados a acogida representan aproximadamente el 38% del conjunto, porcentaje al que se refería Hoces al hablar de “casi el 40%”.
Dentro de ese bloque, el Gobierno asigna 53,4 millones al alojamiento y atención básica de migrantes —alimentación, sanidad, seguridad, acompañamiento o traducción— y otros 63,6 millones adicionales para reforzar la atención de menores migrantes no acompañados.
Al mismo tiempo, el plan incorpora 90 millones para seguridad, incluidos refuerzos para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, además de 80 millones destinados a empresas y trabajadores de Ceuta.
VOX considera que el reparto debería priorizar en mayor medida a los ciudadanos y empresas afectadas por la crisis.
37 procedimientos judiciales por agresión sexual
Hoces ha situado también la seguridad de las mujeres entre sus principales argumentos.
El diputado se ha referido desde la tribuna a los últimos datos judiciales conocidos sobre agresiones sexuales registradas tras las entradas masivas de julio.
Aquí existe una precisión relevante: el último informe conocido no habla exactamente de “37 agresiones sexuales a mujeres”, sino de 37 procedimientos de diligencias previas por agresión sexual abiertos entre el 30 de julio y el 14 de septiembre.
Esos procedimientos corresponden a 39 víctimas: 38 mujeres y un hombre. De las mujeres, 14 eran menores de edad. A 14 de septiembre permanecían abiertos 28 procedimientos y ocho habían sido archivados provisionalmente.
Los nuevos datos actualizan los publicados a finales de agosto por la Fiscalía, que entonces contabilizaba 23 agresiones sexuales.
“Ninguna mujer debería tener miedo por caminar sola por su ciudad”, sostuvo Hoces durante el debate.
Hoces vuelve a plantear el artículo 102
El diputado ha terminado reclamando nuevamente que el Congreso explore la utilización del artículo 102 de la Constitución contra miembros del Gobierno por posibles delitos de traición o contra la seguridad del Estado.
El alcance jurídico de esa vía es concreto.
El artículo 102.2 establece que una acusación de este tipo contra el presidente o los miembros del Gobierno solo puede plantearse a iniciativa de al menos una cuarta parte de los diputados y requiere posteriormente el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. La responsabilidad criminal correspondería, en su caso, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La invocación del artículo por parte de VOX no implica que esté acreditado un delito de traición. Para activar el procedimiento deben cumplirse esas condiciones parlamentarias y la eventual responsabilidad penal tendría que determinarse judicialmente.
Torres rechaza el diagnóstico de VOX
Ángel Víctor Torres respondió defendiendo la actuación del Gobierno y rechazando tanto la acusación de “efecto llamada” como la posibilidad de efectuar devoluciones automáticas sin procedimientos individualizados.
El ministro acusó a VOX de utilizar “bulos y demagogia” y sostuvo que los retornos deben ajustarse a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales aplicables.
El intercambio dejó así dos diagnósticos enfrentados en el Congreso: VOX acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y reclama un endurecimiento de la política fronteriza; el Gobierno defiende que su actuación se ha desarrollado dentro del marco legal y rechaza las acusaciones de la formación.
Hoces cerró su intervención fijando el mensaje político de VOX sobre la ciudad autónoma: “Frente a su caos queremos orden, frente a la impunidad queremos ley y frente al chantaje de Marruecos, absoluta firmeza”.
