La portavoz del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Inés Checa, ha anunciado nuevas actuaciones para esclarecer el posible perjuicio económico causado a las arcas públicas en relación con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
«Hoy nuestra comparecencia se centra en defender el dinero de los extremeños», ha afirmado Checa al presentar las iniciativas que la formación impulsará en los ámbitos judicial, institucional y parlamentario.
VOX ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación contra la absolución de David Sánchez por el delito de tráfico de influencias recogida en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Según expone la formación, la resolución condena al propio David Sánchez, al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y a otros cargos políticos y funcionarios de la institución provincial por un delito de prevaricación administrativa.
VOX cuestiona que la Diputación no reclamara los salarios
Inés Checa ha recordado que, de acuerdo con el contenido de la sentencia, la reclamación de las cantidades abonadas en concepto de salarios solamente podía haber sido ejercida por la Diputación de Badajoz, como entidad pagadora, o por el Ministerio Fiscal.
Sin embargo, según denuncia VOX, la institución provincial no se personó en el procedimiento como entidad perjudicada ni solicitó la devolución del dinero. Esta circunstancia habría impedido que la sentencia penal se pronunciara sobre el posible reintegro de esas cantidades.
«No basta con decir que se respeta la sentencia o que se confía en la Justicia», ha advertido Checa.
La portavoz ha reclamado que la Diputación explique por qué no actuó para defender el patrimonio público y qué medidas piensa adoptar para recuperar las cantidades que legalmente deban regresar a las arcas provinciales.
«La Diputación debe explicar por qué no defendió activamente el patrimonio de todos los pacenses y qué medidas va a adoptar ahora para recuperar el dinero que legalmente corresponda», ha señalado.
VOX solicita conservar todos los expedientes
Ante la falta de actuación denunciada, VOX se ha dirigido formalmente a la Diputación de Badajoz para solicitar que conserve íntegramente todos los expedientes relacionados con los puestos analizados en la resolución judicial.
La formación también reclama que se inicien de manera inmediata los procedimientos legales necesarios para determinar qué cantidades podrían ser recuperadas.
VOX considera imprescindible preservar toda la documentación administrativa para facilitar posibles actuaciones posteriores y esclarecer el coste económico derivado de los contratos, puestos y decisiones examinados por la Justicia.
Checa pide la comparecencia del interventor provincial
En el ámbito parlamentario, VOX ha solicitado la comparecencia del interventor de la Diputación de Badajoz ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura.
La formación quiere que el responsable explique públicamente cuál fue el coste económico de los puestos, contratos y decisiones administrativas relacionados con los hechos recogidos en la sentencia.
«Los extremeños tienen derecho a conocer estas explicaciones», ha defendido VOX.
La comparecencia también deberá servir, según la formación, para determinar si existió un perjuicio económico para las arcas públicas y conocer qué mecanismos tiene la Diputación para reclamar las cantidades correspondientes.
VOX anuncia actuaciones en todos los ámbitos
Inés Checa ha asegurado que su formación continuará impulsando medidas para esclarecer el destino del dinero público y exigir las responsabilidades que procedan.
«VOX está actuando en todos los ámbitos», ha destacado la portavoz parlamentaria.
La formación resume sus objetivos en cuatro actuaciones: conocer cuánto dinero público se destinó a los puestos y decisiones administrativas investigados, determinar si se produjo un perjuicio económico, exigir las responsabilidades correspondientes y recuperar las cantidades que legalmente deban devolverse.
«Nuestro objetivo es claro: conocer cuánto dinero público se destinó a estas actuaciones, determinar si se produjo un perjuicio económico, exigir las responsabilidades que correspondan y recuperar hasta el último euro que legalmente deba volver a las arcas públicas», ha concluido Checa.
