El Grupo Parlamentario Popular ha celebrado la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela tras la incorporación de 51 enmiendas del Partido Popular, que “cambian por completo el texto inicial del Gobierno y dan como resultado una ley que mira y protege al consumidor”, tal y como destacan las senadoras Inmaculada Hernández y Carmen Riolobos.
Las enmiendas del Grupo Popular se centran en tres ejes fundamentales:
- Rebaja del IVA en productos básicos y esenciales.
- Una política lingüística sensata que respeta la diversidad sin imponer obligaciones imposibles.
- El cumplimiento obligatorio de la norma por parte de las administraciones.
La portavoz adjunta del GPP, Inmaculada Hernández, subraya que el PP ha corregido “excesos” del texto original y ha protegido a los ciudadanos frente a la escalada de precios, impulsando un IVA reducido del 4% para la carne, el pescado y las conservas, así como la exención total del IVA (0%) para leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.
“Es el momento de proteger a los consumidores, especialmente a las familias más vulnerables, que llevan cinco años consecutivos soportando fuertes subidas de precios”, afirma Hernández. La senadora recuerda que el PSOE intentó vetar la rebaja del IVA alegando pérdida de ingresos, mientras “despilfarra dinero público y convive con escándalos que indignan a la sociedad”.
En materia lingüística, Hernández denuncia el intento de los grupos nacionalistas —con el beneplácito del PSOE— de convertir la ley en “una Torre de Babel”, imponiendo a empresas de todo el territorio la obligación de atender en cualquier lengua cooficial. “Era un disparate usar las lenguas como arma política”, señala. Las enmiendas del PP garantizan la atención en castellano en todo el país y promueven el uso de lenguas cooficiales allí donde se utilizan y tienen posición estatutaria.
El Grupo Popular afirma que la ley resultante “tiene rigor, es aplicable y no ahoga con burocracia a las empresas”, y que esta modificación ha sido decisiva para proteger a consumidores, trabajadores y administraciones.
