El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha exigido la dimisión del alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales, después de conocerse que una conversación telefónica mantenida en 2017 figura en el sumario de una causa por narcotráfico que se está juzgando en la Audiencia Provincial.
Garriga ha aprovechado su visita a Tarragona para ampliar su petición de dimisión más allá de esta polémica y cuestionar la gestión municipal en materia de seguridad, fiscalidad, limpieza, política migratoria y centros de culto islámico.
“El alcalde de Tarragona tiene que dimitir, no solo por este escándalo, sino también por la inseguridad, la alfombra roja al islamismo y la asfixia fiscal”, ha afirmado.
La petición de dimisión constituye una posición política de VOX. Viñuales no figura entre los cinco acusados de la causa por narcotráfico según las informaciones publicadas sobre el juicio; la controversia se refiere a una llamada suya que fue incorporada a las actuaciones policiales.
La conversación de 2017 que ha abierto la polémica
Los hechos se remontan al 23 de junio de 2017, cuando Viñuales ejercía como abogado y era concejal de Ciudadanos en Tarragona.
Según la documentación publicada y el testimonio del sargento de los Mossos que participó en la investigación, los agentes consideraron relevante una conversación telefónica entre Viñuales y uno de los investigados. El agente explicó durante el juicio que de aquella conversación podía interpretarse una posible petición de sustancias estupefacientes.
El alcalde ha rechazado de forma tajante esa interpretación.
Viñuales sostiene que la conversación se produjo dentro de su relación profesional como abogado con esa persona, de quien había asumido la defensa y otros asuntos jurídicos. Ha negado “rotundamente” haber pedido drogas y ha anunciado acciones legales contra el autor de la información y, si corresponde, contra el medio que la publicó.
VOX considera, pese a estas explicaciones, que la polémica justifica exigir responsabilidades políticas.
Garriga amplía su crítica a la gestión municipal
“El alcalde Viñuales tiene que dimitir, no solamente por la polémica relacionada con el procedimiento judicial, sino también por el balance de su gestión al frente del Ayuntamiento”, ha defendido Garriga.
El portavoz de VOX ha puesto especialmente el foco en la seguridad y ha acusado al Gobierno municipal de no haber frenado el deterioro que, a juicio de su formación, sufren determinados barrios.
Los últimos datos oficiales ofrecen, sin embargo, una fotografía desigual.
Durante el primer semestre de 2026, la criminalidad total registrada en la ciudad de Tarragona descendió un 5,6% y la criminalidad convencional cayó un 8%. Al mismo tiempo, los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 32,7%, de 113 a 150, y las agresiones sexuales con penetración pasaron de 10 a 16 casos, un 60% más.
Por tanto, la afirmación de Garriga sobre un deterioro general de la seguridad constituye su valoración política, aunque existen determinadas tipologías delictivas que sí muestran incrementos.
La nueva mezquita de Bonavista entra en el debate
Garriga ha criticado también la política municipal relacionada con los centros de culto islámico y ha acusado a Viñuales de poner una “alfombra roja al islamismo”.
Entre los proyectos existentes está el nuevo centro de culto islámico de Bonavista, aprobado urbanísticamente en 2025. El proyecto contempla un inmueble de dos plantas, entre 500 y 600 metros cuadrados y capacidad aproximada para 288 personas.
La actuación está planteada como sustitución del espacio que la Comunidad Islámica de Bonavista utilizaba en la calle Cinc por unas instalaciones de mayor capacidad en la calle Onze, por lo que no supone necesariamente la incorporación de un centro adicional a los ya existentes.
VOX se ha opuesto públicamente a esta actuación y llegó a convocar en marzo una manifestación contra el nuevo centro.
Garriga señala también el IBI y el estacionamiento
El dirigente de VOX ha incluido la presión fiscal entre sus motivos para pedir la salida del alcalde y ha citado el IBI y el coste del estacionamiento regulado.
El Gobierno municipal anunció que durante 2026 mantendría congelados los principales tributos municipales, incluidos IBI, basura, vehículos, IAE e ICIO.
La crítica de VOX se dirige, por tanto, al nivel de la presión fiscal y al coste que atribuye a las políticas municipales, y no a una subida general de esos impuestos durante este ejercicio.
Garriga reclama que una mayor parte de los recursos municipales se dedique a servicios básicos y ha puesto como ejemplo la limpieza de las calles.
VOX vuelve a situar el programa ACOL en el centro de la polémica
La visita de Garriga ha servido también para reforzar la campaña de VOX contra el programa Treball i Formació – Línia ACOL.
El Ayuntamiento de Tarragona explica oficialmente que el programa se dirige a personas migrantes en situación administrativa irregular que cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal por arraigo social y que pueden formalizar posteriormente un contrato de trabajo.
El 1 de abril se incorporaron al programa siete vecinos de Tarragona, destinados a tareas de mantenimiento, limpieza y jardinería. Además de contratación, el programa incluye formación y acompañamiento.
El SOC define la línea ACOL como un instrumento para mejorar la empleabilidad de migrantes extracomunitarios mediante contratos subvencionados y procesos vinculados a la obtención de autorización de residencia y trabajo. La convocatoria anticipada de 2026 cuenta con un presupuesto global de 19,75 millones de euros en Cataluña.
“Una auténtica discriminación”, según VOX
Garriga considera que este tipo de programas establece una prioridad que perjudica a españoles desempleados.
“Es una auténtica discriminación y un auténtico escándalo”, ha afirmado, antes de reclamar a Viñuales explicaciones ante los vecinos de Tarragona que se encuentran en paro.
VOX ya ha llevado el programa ACOL al Parlamento catalán. En junio, la Cámara rechazó una moción de la formación que incluía la supresión de esta línea de ayudas y la reorientación de esos recursos hacia jóvenes y desempleados mayores de 55 años.
La Generalitat y el Ayuntamiento plantean, por el contrario, ACOL como una política de inserción sociolaboral y regularización mediante arraigo para personas que cumplen los requisitos correspondientes.
Garriga reúne así en su petición de dimisión varios frentes políticos distintos: la polémica por la llamada de 2017, la seguridad, la fiscalidad municipal, las políticas vinculadas al islam y el destino de recursos públicos a programas de inserción laboral para extranjeros.
