Actualidad Política

25 de mayo de 2026

Juan Antonio Gil destapa el problema de los empadronamientos ilegales en Castelldefels.

La Coordinación de VOX en Castelldefels ha registrado una instancia dirigida al equipo de gobierno municipal para exigir transparencia sobre la situación de los empadronamientos ilegales en la ciudad y conocer el alcance real de este fenómeno.

La formación considera que este problema está directamente relacionado con el deterioro de la convivencia, el aumento de la okupación ilegal y la presión sobre los recursos públicos municipales.

En el escrito presentado, VOX solicita información estadística detallada sobre los inmuebles afectados actualmente por empadronamientos fraudulentos.

La petición incluye datos sobre la tipología de las viviendas, la nacionalidad de las personas empadronadas de forma irregular y la titularidad de los inmuebles, diferenciando entre propiedades privadas, entidades bancarias, sociedades mercantiles o administraciones públicas.

La formación aclara que la solicitud se limita exclusivamente a datos numéricos y estadísticos, respetando en todo momento la normativa de protección de datos personales.

El coordinador local de VOX, Juan Antonio Gil, ha defendido la necesidad de conocer la dimensión real del problema.

“Los vecinos de Castelldefels tienen pleno derecho a saber cuál es la situación real y el alcance de la ilegalidad en su municipio”, ha afirmado.

Gil ha advertido además de que los empadronamientos fraudulentos “no son un simple trámite burocrático”, sino que, según VOX, pueden convertirse en “la puerta de entrada a la okupación ilegal, la delincuencia organizada y el colapso de recursos sociales”.

La formación sostiene que las ayudas y servicios públicos “deben priorizar a quienes cumplen la ley y contribuyen al sostenimiento del sistema”.

VOX ha anunciado también que no aceptará “silencio administrativo” por parte del Ayuntamiento y ha recordado que, si el Consistorio no dispone de la información requerida, deberá remitir la solicitud al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña conforme a la legislación vigente.

La instancia presentada concede un plazo máximo de un mes para recibir respuesta oficial.

Desde VOX aseguran que seguirán fiscalizando la actuación del gobierno municipal para garantizar “transparencia, control y cumplimiento de la legalidad” en relación con los empadronamientos y la gestión de recursos públicos.

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