La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, una nueva norma destinada a fortalecer la seguridad jurídica de los ciudadanos, mejorar su relación con la Administración tributaria y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El Consejo de Gobierno, reunido hoy en Colmenar de Oreja, ha dado luz verde al texto definitivo de esta iniciativa, que será remitida a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria.
La futura ley será aplicable a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, entre ellos el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los Tributos sobre el Juego.
La norma incorpora el principio de buena administración como eje de la actuación tributaria regional, garantizando una mayor protección de los derechos de los contribuyentes mediante un modelo basado en la gratuidad, la confidencialidad y una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada ciudadano.
Además, presta especial atención a la accesibilidad universal, con medidas dirigidas a facilitar la relación con la Administración a las personas mayores y a los madrileños con discapacidad.
Entre las principales novedades destaca la creación de la nueva Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente y permitirá reforzar las garantías institucionales mediante una gestión más ágil de quejas, sugerencias e incidencias relacionadas con los servicios tributarios.
La ley también impulsará la digitalización y la transparencia con la puesta en marcha de una carpeta tributaria personalizada, que permitirá a cada ciudadano consultar en tiempo real el estado de sus expedientes y acceder a toda su información fiscal desde un único espacio.
Asimismo, la Comunidad de Madrid promoverá el uso de un lenguaje administrativo más claro y comprensible, junto con formularios simplificados que faciliten la realización de trámites.
Como elemento innovador, la norma incorpora mecanismos de cortesía institucional, obligando a la Administración a pedir disculpas formalmente cuando una sentencia firme reconozca la vulneración de derechos de un contribuyente y a agradecer expresamente la colaboración ciudadana en aquellas inspecciones que concluyan sin sanción.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional refuerza su compromiso con una Administración más cercana, transparente y orientada al servicio de los ciudadanos.
