El Partido Popular y VOX han formalizado un acuerdo de gobierno en Extremadura con el objetivo de constituir un Ejecutivo de coalición centrado en la estabilidad institucional, la reducción de impuestos y el impulso del desarrollo económico de la región. El documento recoge un amplio paquete de medidas en ámbitos como sanidad, vivienda, sector primario, inmigración y gasto público.
El acuerdo establece una hoja de ruta basada en la elaboración de presupuestos anuales que garanticen la ejecución de las políticas acordadas, con especial atención a la eficiencia del gasto y la reducción de la presión fiscal sobre los ciudadanos.
En materia económica, el pacto contempla una bajada progresiva del IRPF, la reducción de tasas autonómicas y medidas para fomentar la actividad industrial, como la liberalización de suelo y la simplificación administrativa. Asimismo, se plantea la eliminación progresiva de la ecotasa energética y el impulso de infraestructuras clave para el desarrollo regional.
En el ámbito de la vivienda, el acuerdo prevé la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas, así como incentivos fiscales y facilidades para el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias. También se incluye un sistema de acceso basado en criterios de arraigo y vinculación con el territorio.
Respecto al sector primario, el documento recoge el compromiso de proteger la actividad agraria frente a regulaciones que puedan afectar a su competitividad, así como la modernización de regadíos e infraestructuras rurales.
En materia de sanidad, el acuerdo contempla una inversión adicional de 500 millones de euros anuales, junto con planes para reducir listas de espera y aumentar el número de profesionales sanitarios.
En el apartado migratorio, se incluyen medidas orientadas al control del gasto y a la gestión de la inmigración dentro del marco legal vigente, así como propuestas para reforzar la seguridad y la convivencia.
Finalmente, el acuerdo incorpora iniciativas en educación, familia y natalidad, así como auditorías del gasto público y la reducción de subvenciones consideradas improductivas, con el objetivo de optimizar los recursos y mejorar los servicios públicos en Extremadura.
