La coordinadora nacional jurídica de VOX, Marta Castro, ha afirmado que la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz fue «un traje a medida» para David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.
Castro ha reaccionado así a la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. La resolución todavía puede ser recurrida.
«Ya tiene nombre jurídico: prevaricación administrativa. No es un bulo, no es “lawfare” ni una opinión política», ha manifestado la representante de VOX.
Un «plan preconcebido», según la sentencia
La resolución judicial considera acreditada la existencia de un «plan preconcebido» desarrollado desde las instancias superiores de la Diputación para favorecer a David Sánchez mediante la creación urgente de una plaza que el tribunal califica de innecesaria y vacía de contenido.
La sentencia también señala que el puesto fue posteriormente modificado para adaptar sus condiciones a las preferencias personales de Sánchez por las actividades operísticas.
El tribunal ha condenado además al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a dos penas de nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. David Sánchez y otros nueve acusados han recibido condenas de nueve años, aunque todos fueron absueltos del delito de tráfico de influencias.
VOX reivindica su actuación judicial
Castro ha recordado que VOX ejerció la acusación popular durante el procedimiento, mientras que la Fiscalía solicitó la absolución de los acusados. La coordinadora jurídica considera que la sentencia respalda el trabajo desarrollado por las acusaciones que impulsaron el proceso.
«La utilización de las instituciones para proteger al círculo íntimo de Pedro Sánchez es corrosiva y mina los principios democráticos», ha denunciado.
Castro ha concluido asegurando que VOX continuará personándose en los procedimientos judiciales que considere necesarios para defender «la igualdad de todos los españoles ante la ley».
