Marta Castro: «Nadie puede estar por encima de la ley»
La coordinadora nacional jurídica de VOX, Marta Castro, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la sesión celebrada este lunes en el procedimiento judicial en el que la formación ejerce la acusación popular y que afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno.
Durante su intervención, Castro ha reivindicado el papel que desempeña VOX en distintas causas relacionadas con presuntos casos de corrupción y ha defendido la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas conforme a los principios recogidos en la Constitución.
⚖️ VOX reivindica la acusación popular como herramienta de control democrático
Marta Castro ha recordado que la formación participa activamente en distintos procedimientos judiciales con el objetivo de velar por la legalidad y la transparencia institucional.
Según ha explicado, la presencia de VOX como acusación popular responde al compromiso de la formación con la defensa de la igualdad ante la ley, la neutralidad administrativa y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.
La dirigente ha subrayado que todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones actúen conforme a los principios constitucionales y dentro del marco legal vigente.
🏛️ Defensa de la legalidad y la neutralidad institucional
La coordinadora jurídica ha insistido en la necesidad de preservar la imparcialidad de las instituciones y evitar cualquier utilización de los recursos públicos para fines particulares.
En este sentido, ha señalado que la legalidad, la transparencia y la neutralidad deben ser pilares fundamentales del funcionamiento de la Administración y ha advertido de las consecuencias que puede tener la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
VOX considera que la defensa del Estado de Derecho exige que cualquier actuación pública se someta a los mismos criterios de legalidad y responsabilidad.
📑 VOX reclama responsabilidades ante los casos de corrupción
Durante su comparecencia, Castro ha sostenido que determinadas actuaciones investigadas judicialmente evidencian problemas relacionados con el uso de las instituciones para intereses particulares.
Por ello, la formación mantiene su posición procesal en las distintas causas en las que participa y considera necesario que se depuren todas las responsabilidades que correspondan dentro del marco legal.
🇪🇸 Igualdad ante la ley y respeto al Estado de Derecho
Marta Castro ha concluido defendiendo que todos los españoles deben ser iguales ante la ley y que las instituciones deben actuar siempre con plena sujeción a los principios constitucionales.
La coordinadora nacional jurídica ha reiterado que VOX continuará ejerciendo las acciones legales que considere oportunas para garantizar el respeto a la legalidad y la protección de las instituciones democráticas.
Marta Castro: «Queremos los chats de Feijóo, Sánchez y todos los responsables»
La coordinadora nacional jurídica de VOX, Marta Castro, ha comparecido ante los medios en la puerta de los juzgados de Catarroja, donde está citado a declarar Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la investigación por la gestión de la riada. Castro ha señalado que “es una buenísima oportunidad para que Feijóo aclare cuál fue su relación con el Gobierno Central y qué actuación concreta se llevó a cabo desde Moncloa”.
VOX quiere saber si existieron ofrecimientos de ayuda, tanto nacional como internacional, y si fueron rechazados o gestionados con la debida diligencia. “Queremos saber con exactitud cuál fue la actuación del Gobierno Central durante aquellos días críticos”, ha insistido Castro.
Por su parte, el portavoz de VOX en la Comisión de Investigación de la Riada, José María Llanos, ha sido contundente:
“Vamos a intentar dirimir responsabilidades, caiga quien caiga, tanto en el ámbito judicial como político”.
Además, Llanos ha subrayado la necesidad de conocer no solo las comunicaciones de Feijóo, sino también las de Pedro Sánchez y sus ministros, especialmente desde su estancia en la India, que coincidió con los días de la tragedia. “Queremos ver qué mensajes intercambió con Robles, Bolaños y compañía mientras el país sufría”, ha señalado.
Llanos también ha acusado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de impedir el despliegue del Ejército durante las primeras 96 horas tras la riada. “Negaron refuerzos cuando más falta hacían”, ha denunciado.
Por último, VOX ha vuelto a señalar las graves deficiencias de gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuya documentación revela que la protección de vidas humanas tenía un horario de oficina. “Según su propio informe, la seguridad de los ciudadanos dependía de un reloj”, han lamentado.
VOX ha reiterado su compromiso con la verdad, la transparencia y la depuración de responsabilidades, sin importar nombres ni colores políticos. “Los ciudadanos merecen respuestas, no más silencio institucional”, han concluido.
Del buzón al juzgado: VOX destapa la red de corrupción oculta en Correos.
Los delitos que se contemplan son FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (ART. 436 CP), PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA (ART. 404 CP), MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ARTS. 432 Y SS. CP) y TRÁFICO DE INFLUENCIAS (ARTS. 428 Y SS. CP), sin descartar otros que pudieran aparecer de la investigación.
En el escrito dirigido por VOX al Juzgado, se desgranan 12 situaciones realizadas en el ámbito de la sociedad estatal Correos, durante la presidencia de Juan Manuel Serrano Quintana, y durante el periodo en el que Leire Díez Castro tuvo cargo en la entidad.
El análisis de VOX va analizando las irregularidades en los contratos pandemia con la sociedad de Aldama, en las actividades intragrupo que fueron puestas de manifiesto por la CNMC, las adjudicaciones con conflicto de interés como el cese del jefe de seguridad de Correos, vinculado al caso Delcy., también el cese del subdirector de Correos vinculada a la contratación de una persona vinculada sentimentalmente , la existencia de modificados en contratos que alteraban las condiciones de licitación, la contratación con empresas bajo sanción del Banco de España.
También se analizan los contratos de terminales de venta, televisores, en un proyecto ruinoso, y la adjudicación de la limpieza de las oficinas de red de Correos a una empresa que por impagos originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores.
También se analiza la operación Correos cargo, y la contratación de Evelop Airlaines, S.L. del grupo Globalia entonces y actualmente Avoris, realizada al mismo tiempo que el rescate a Air Europa, mediando la intervención directa de la SEPI en un proceso sin licitación publica.
VOX solicita que se investigue esas operaciones y aquellas con entidades que comparten vinculaciones societarias con Víctor de Aldama -al que solicitamos se cite como testigo- también en otros países como Brasil y República Dominicana, al aparecer vinculaciones con personas muy involucradas en proyectos de negocio energético, y la adjudicación directa de proyectos a una sociedad filial en España de una matriz con vinculaciones en Panamá y con el expresidente Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, así como la coincidencia en clientes comunes entre algunos de los contratistas.
Se hace hincapié en el escrito de VOX que la gestión de la sociedad estatal de Correos, concurren causas que superan la infracción administrativa, y que de forma coincidente surge la actividad de personas que vinculadas con el Gobierno del PSOE, son beneficiadas por la contratación pública.
Se solicita que el Juzgado requiera, además de documentos a Correos, la declaración de los querellados, y las testificales de las personas intervinientes y/o favorecidas por estos contratos, entre los que se encuentran, Pedro Saura actual presidente de Correos, el jefe y el director de seguridad, el ex responsable de correos del voto por correo, trabajadores de Correos, director de compras, los representantes de las empresas favorecidas por estas adjudicaciones.
Marta Castro: «No se puede utilizar el Congreso para hacer un acto donde se justifique la violencia de Hamás y pedir por la desaparición del Estado de Israel».
VOX ha presentado una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra Jaldia Abubakra, fundadora del Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama, y Míriam Ojeda, presidente de la Red Samidoun, así como contra todos aquellos que resulten responsables de la convocatoria y organización del acto celebrado el lunes 3 de junio en el Congreso de los Diputados, bajo el título «Defensa de Palestina y criminalización en Europa». En la organización del evento participó la diputada de Podemos Ione Belarra.
En concreto, la coordinadora Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, considera que se puede imputar un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la dignidad de las víctimas, contemplado en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal, en relación con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Destaca el escrito que durante la jornada las querelladas profirieron declaraciones en defensa de los actos perpetrados por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre de 2023 en Cisjordania. De hecho, Abubakra llegó a invocar el uso de la violencia y la lucha armada como mecanismo “legítimo del pueblo palestino a resistir”. Incluso se refirió a los actos terroristas de Hamas del 7 de octubre como “valiente iniciativa de la resistencia palestina”, expresando no sólo afirmación sino admiración a modo de laudatorio. También llegó a afirmar: “El Estado de Israel no tiene derecho a existir”.
Por su parte, Ojeda llegó a agradecer los actos del 7 de octubre en tanto que -se infiere- han sido útiles para poner en el centro la cuestión palestina. En definitiva, las querellados ensalzan o justifican actos terroristas. Y es que, todas las expresiones analizadas «se refieren a los actos perpetrados por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre y reflejan el apoyo -más bien explícito- y justificativo de tales actos, motivo por el cual debe concluirse que cumplen con los elementos del tipo para ser calificados como delito de enaltecimiento de terrorismo».
De modo que la formación que lidera Santiago Abascal ha solicitado que se interrogue a las querelladas; así como una copia de la solicitud de la celebración de la jornada en el registro del Congreso de los Diputados, y su expediente de aprobación. Y, por último que se solicite a la Policía Judicial informe para acreditar el contenido aportado por esta parte.