El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Almería ha reclamado una modificación de los criterios de acceso a la vivienda protegida con el objetivo de priorizar a quienes acrediten una mayor necesidad y un mayor arraigo en la ciudad.
El concejal de VOX, Martín de los Reyes, ha criticado que el actual sistema de adjudicación de viviendas protegidas se base fundamentalmente en un sorteo, una fórmula que considera insuficiente para garantizar una distribución justa de los recursos públicos.
Por ello, la formación propone sustituir este mecanismo por un sistema de baremación objetiva que tenga en cuenta factores como la situación económica, las circunstancias familiares, la necesidad acreditada de vivienda y la vinculación con el municipio.
“Es de sentido común que para conceder una vivienda se valore el arraigo de quienes llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo al desarrollo de Almería”, ha señalado De los Reyes.
VOX considera que una vivienda protegida debe adjudicarse atendiendo a criterios de necesidad real y no depender exclusivamente del azar, garantizando así que las ayudas públicas lleguen a quienes más las necesitan.
Asimismo, la formación ha defendido la implantación de la prioridad nacional en el acceso a este tipo de viviendas, argumentando que los recursos financiados por los contribuyentes deben destinarse preferentemente a quienes mantienen una vinculación estable con el municipio y con España.
Martín de los Reyes también ha criticado que la legislación vigente no contemple restricciones específicas para impedir el acceso a viviendas protegidas a personas condenadas por delitos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles o por impago reiterado de alquileres.
En este sentido, VOX plantea incorporar criterios que excluyan de estos programas públicos a quienes hayan sido condenados por delitos de usurpación de viviendas o hayan incumplido gravemente sus obligaciones como arrendatarios.
La formación sostiene que estas modificaciones permitirían reforzar la justicia y la transparencia en el acceso a la vivienda protegida y garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos destinados a políticas de vivienda.
