El diputado autonómico y portavoz de Salud del Partido Popular de Cantabria, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que el archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia presentada por Podemos contra el convenio del Hospital Santa Clotilde demuestra, a juicio de su formación, que la actuación de la Consejería de Salud se ajustó a la legalidad.
Vargas ha señalado que la resolución confirma que “nunca existió caso penal” y ha criticado que se utilizara un asunto relacionado con la sanidad para generar sospechas y desgastar políticamente al Gobierno regional.
Según ha explicado el diputado popular, la documentación de la Fiscalía no aprecia indicios de delito y recoge que la modificación del convenio contaba con cobertura presupuestaria.
El PP sostiene que no hubo aumento del gasto
El portavoz de Salud ha subrayado que el convenio no habría supuesto un incremento del gasto público, sino que habría agrupado y reorganizado contratos que ya existían.
Vargas ha definido esta modificación como un “ajuste técnico” destinado a responder a las necesidades estructurales del sistema sanitario de Cantabria.
“La actuación de la Consejería de Salud se ha desarrollado siempre dentro de la legalidad y nunca existió el supuesto caso penal que algunos intentaron construir”, ha afirmado.
El diputado ha insistido en que la resolución de la Fiscalía, según la interpretación del PP, descarta cualquier conducta penalmente reprochable relacionada con el convenio del Hospital Santa Clotilde.
Críticas a la utilización política de la Justicia
Miguel Ángel Vargas ha reprochado a Podemos que trasladara al ámbito penal una discrepancia que, en su opinión, debía haberse mantenido dentro del debate político.
“La Justicia no se puede utilizar para intentar ganar un debate político”, ha señalado el portavoz popular, quien considera que presentar denuncias sin recorrido penal puede afectar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
También ha lamentado que se utilizara un asunto tan sensible como la salud para “fabricar titulares” y desarrollar una campaña contra el Gobierno de Cantabria.
Vargas ha asegurado que el procedimiento obligó a movilizar recursos públicos y el trabajo de distintos organismos para concluir finalmente con el archivo de la denuncia.
Vargas acusa a Podemos de instrumentalizar las instituciones
El portavoz de Salud ha acusado a quienes promovieron la denuncia de instrumentalizar las instituciones y generar gastos innecesarios.
“Hablan de proteger las instituciones, pero las instrumentalizan; hablan de defender el dinero público, pero provocan gastos innecesarios”, ha afirmado.
A su juicio, el archivo demuestra que no existían fundamentos suficientes para convertir la controversia sobre el convenio en un procedimiento penal.
Por ello, ha reclamado explicaciones a los responsables de la denuncia por haber intentado trasladar una discrepancia política al terreno judicial.
El PP reivindica la gestión sanitaria del Gobierno cántabro
Frente a la estrategia que atribuye a la oposición, Vargas ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno de Cantabria presidido por el Partido Popular.
El diputado ha señalado que el Ejecutivo autonómico continúa trabajando para reducir las listas de espera, incorporar profesionales sanitarios e impulsar nuevas inversiones.
“Esa es la diferencia entre la política del ruido y la política de la gestión”, ha manifestado.
Vargas ha concluido que, tras el archivo de la denuncia, corresponde a sus promotores explicar por qué impulsaron un procedimiento penal que, según sostiene, nunca debió abandonar el ámbito del debate democrático.
