El diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Miguel Pascual, ha recordado durante su intervención en el Pleno que «hemos escuchado a Sánchez decir que la okupación es un bulo y al ministro del Interior, Marlaska, afirmar indirectamente que los españoles exageran con este tema. Que fácil es banalizar un problema cuando se vive en urbanizaciones protegidas con muros o vigiladas con seguridad privada.»
El diputado ha hecho hincapié en que «sí, la ocupación ilegal es un problema y hay que extirparlo de raíz. Por eso, VOX está aquí para traer a debate esta cuestión y aprobar medidas que solucionen este problema. Nosotros sí hemos ido a los barrios, al centro histórico y a todos aquellos sitios donde los vecinos tienen que vivir con miedo porque la ocupación campa a sus anchas. A pesar de que el Partido Socialista diga que es un bulo o sus compis de Compromís la nieguen, la realidad es que sí que existe y que ha ido en aumento.»
A continuación, Pascual ha afirmado que «los datos no dejan lugar a dudas y es que según el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del interior, en el año 2024 los hechos conocidos por allanamiento y usurpación de inmuebles, han aumentado casi un 8%, respecto al año 2023. Además, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, este tipo de delitos se han incrementado en un 35%.»
«A día de hoy, en toda España se ocupan diariamente 45 viviendas, una cada 32 minutos. La Comunidad Valenciana no es una excepción, somos la tercera Comunidad Autónoma en este tipo de delitos.»
El diputado se ha dirigido a Pedro Sánchez y ha explicado que «lo primero que debería hacer es dar un giro de 180° en sus políticas para que sí o sí se acabe de una vez con todas las formas de ocupación ilegal y de inquiocupación que sufren los ciudadanos. Ese giro pasa inevitablemente porque el gobierno reconozca a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler cómo otra forma más de ocupación. Así Pedro Sánchez ya no podrá decir que la inquiocupación no existe porque no está tipificado como delito.»
«También hay que dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los ciudadanos de las herramientas legales necesarias para que se garantice la seguridad jurídica de los propietarios. Solamente así los pequeños propietarios podrán sentirse seguros para ofrecer sus viviendas en alquiler y así, con este aumento en la oferta, reducir la tensión que sufre ahora el mercado del alquiler.»
