El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha criticado denuncia el uso “partidista y torticero” de la urgencia parlamentaria en la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico.
Así lo ha manifestado hoy en las Cortes regionales, donde el diputado regional ha insistido en que la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico en la región, “ha limitado la acción de los grupos de la oposición en beneficio del Gobierno de Emiliano García-Page”.
Moreno Moya ha explicado que, al ser declarado de urgencia, redujo los plazos de presentación de enmiendas, que finalizaron el pasado 13 de diciembre. Sin embargo, ha subrayado, “dos meses y medio después tenemos la comisión, lo que demuestra que no se ha tramitado esta ley de forma urgente, sino todo lo contrario”.
En este sentido, el parlamentario popular ha afirmado que esta declaración de urgencia ha comprometido tanto la seguridad jurídica, como la integridad de este procedimiento. Y ante esta situación, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular se está planteando elevar una queja formal a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, “por el uso partidista y torticero del presidente de la Cámara, que con estas declaraciones de urgencia se pervierten los procesos democráticos dentro de estas Cortes”.
Moreno Moya ha advertido que el texto acumula diferentes consideraciones del Consejo Consultivo en su informe, “que cuestionan mucho la continuidad de la tramitación de esta ley conforme el Gobierno quiere que se realice”. Según ha detallado, el Consejo Consultivo señala que “no se exponen las razones por las que se proponen las modificaciones de distintos organismos y lo más grave, no se aportan ni los expedientes a los que se aluden dentro de la tramitación para fundamentar dichas modificaciones”.
Asimismo, ha criticado que el Gobierno regional no haya incorporado informes fundamentales, como el de la Dirección General de Presupuestos, un documento que, según el Consejo Consultivo, es “de vital importancia dentro de todo lo que es el expediente”.
“Además, no existe memoria económica cuando sí habrá costes para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, especialmente porque el texto contempla la dotación de más personal directivo, concretamente para el Centro de Análisis, Documentación y Evaluación de Políticas Sanitarias. Algo que en ningún momento de la tramitación cuenta con memoria económica, ni presupuesto, ni con la justificación suficiente. Es decir, Page crea puestos de trabajo sin explicar cómo se cubrirán”.
Por todo ello, el diputado regional ha anunciado que el GPP ha presentado 32 enmiendas al proyecto de ley, que “vienen a mejorarlo y que vienen a recoger el sentir de los colectivos afectados”.
Entre ellas, ha destacado la comunicación médico-farmacéutico, que consideran “vital en los tiempos que corren”; la regulación de los establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos veterinarios; la atención farmacéutica en centros penitenciarios; la conciliación familiar en un sector autónomo como el farmacéutico; la atención farmacéutica domiciliaria; y la jubilación activa.
“Todo ello cuestiones que recoge el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico en Castilla-La Mancha, que no es más que otra chapuza del Gobierno de Emiliano García-Page”, y ha reiterado la voluntad del GPP de defender un texto que garantice seguridad jurídica, transparencia y consenso con los sectores implicados.
