El Partido Popular, a través del portavoz adjunto del GPP, Pedro Muñoz Abrines, ha criticado duramente el uso de la Ley de Memoria por parte del Gobierno, alertando de sus consecuencias jurídicas, históricas e institucionales.
Muñoz Abrines ha denunciado que el PSOE “ha asumido un relato que no se corresponde con la realidad histórica” y ha advertido de que el Partido Popular no será cómplice de lo que considera un proceso de “deconstrucción constitucional”.
Críticas al uso del decreto ley
El dirigente popular ha calificado el decreto como “un despropósito jurídico” y ha cuestionado el uso reiterado de esta vía legislativa sin que concurran las condiciones de “extraordinaria y urgente necesidad” exigidas por el Tribunal Constitucional.
El Partido Popular considera que recurrir a este mecanismo para regular cuestiones de carácter histórico o indemnizatorio supone un uso inadecuado del instrumento legislativo y un perjuicio para el normal funcionamiento de las Cortes Generales.
Defensa de la Transición y la Constitución
Muñoz Abrines ha reivindicado el valor de la Transición como base del sistema democrático actual, subrayando que España consolidó su democracia tras las elecciones de 1977.
En este sentido, el Partido Popular defiende la vigencia de la Transición española y de la Constitución Española de 1978 como pilares fundamentales del sistema democrático, tal y como recoge su proyecto político .
Cuestionamiento de las indemnizaciones
El portavoz adjunto ha señalado que el reconocimiento de indemnizaciones por hechos ocurridos hace décadas no responde a un supuesto de urgencia, y ha advertido de que estas iniciativas pueden afectar a la interpretación histórica y jurídica del periodo democrático.
Asimismo, ha indicado que determinados casos concretos deben abordarse desde el marco jurídico adecuado, respetando los procedimientos establecidos.
Defensa del rigor histórico e institucional
El Partido Popular ha insistido en la necesidad de preservar el rigor histórico, el respeto a las instituciones y el equilibrio de poderes, evitando decisiones que puedan generar inseguridad jurídica o cuestionar los fundamentos del sistema democrático.
