La parlamentaria del Partido Popular Vasco, Muriel Larrea, ha pedido explicaciones a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, por las respuestas que, según denuncia, la Administración está dando ante casos graves de violencia o acoso escolar.
Larrea considera que la lucha contra el acoso exige “un seguimiento riguroso, continuo e individualizado de cada expediente abierto por los centros educativos” y ha registrado una pregunta parlamentaria para conocer cómo supervisa el Gobierno Vasco estos casos.
La diputada popular afirma tener constancia de denuncias de familias que describen respuestas “genéricas, despersonalizadas e insuficientes” incluso ante situaciones severas y con atención médica o psiquiátrica acreditada.
El PP pide un registro centralizado de los casos
Larrea ha reclamado saber si el Departamento de Educación dispone de un registro individualizado y centralizado que permita hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución técnica, psicológica y legal de cada expediente de acoso escolar abierto en Euskadi.
La parlamentaria considera imprescindible conocer qué herramientas tiene la Administración para seguir cada caso y evitar que las familias reciban respuestas estandarizadas ante situaciones que requieren atención específica.
Larrea pregunta si las medidas protegen de verdad a las víctimas
El PP vasco también quiere conocer qué protocolo o criterio técnico aplica Educación para evaluar si las medidas organizativas adoptadas por los centros han servido realmente para proteger a la víctima y frenar las agresiones.
Larrea solicita además datos sobre el número de casos registrados durante el último curso en los que el propio Departamento de Educación haya actuado de oficio para revisar, intervenir o modificar decisiones adoptadas internamente por los centros.
Traslados, transparencia y seguridad jurídica
La parlamentaria popular ha puesto también el foco en las resoluciones de traslado de centro en casos graves de acoso escolar.
Larrea pregunta a la consejera si considera adecuado que algunas resoluciones denegatorias se comuniquen mediante canales automatizados y sin firma de una autoridad responsable, y si ese procedimiento cumple con los principios de transparencia, empatía y seguridad jurídica exigibles a una administración pública.
El Partido Popular Vasco defiende que los casos de acoso escolar deben abordarse de forma individualizada, con seguimiento real, protección efectiva de las víctimas y una respuesta administrativa clara para las familias.
