El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España. En concreto, se hace una referencia directa a las Zonas de Bajas Emisiones y al ‘basurazo’. Ambas medidas ya se están aplicando en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, con nefastas consecuencias para los contribuyentes de cada zona.
Cabe recordar que la primera de las medidas, las ZBE, parte de una imposición ideológica desde Bruselas que llega a nuestra nación por la laxitud del bipartidismo (PP y Psoe). En cuanto al basurazo, el gobierno socialista lo insertó en un decreto ómnibus en el Congreso con la férrea oposición de VOX. Bajo promesas compensatorias para Canarias se introdujeron “los impuestazos que hoy sufren los canarios”, ha denunciado con el portavoz de VOX en el Parlamento canario, Nicasio Galván.
Las ZBE se materializan en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, pretextos que han condicionado de forma drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.
VOX denuncia que el Gobierno de España, en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos, se haya limitado a acatar “con alegría” las órdenes de Bruselas, mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a implantar ZBE. Bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50% para 2030, se ha condenado a más de 25 millones de españoles que residen en 149 municipios.
La realidad de este plan con enfoque preservacionista es que hoy día miles de canarios se ven obligados a sustituir sus vehículos por otros “etiquetados” por la Dirección General de Tráfico, con precios inaccesibles para la mayoría —un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros más que uno de gasolina-.
El ‘basurazo’
En la misma línea de imposiciones verdes, Bruselas adoptó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Para trasponer esta normativa el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal, que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bajo el engañoso principio de “quien contamina, paga”, se obliga a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica. En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por hogar, un incremento del 16,2% respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década. Y lo más grave: esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos años.
El panorama, explican en el texto de la PNL desde el grupo, no es fatalista, pues es reversible ya que en otras comunidades se han logrado detener o frenar estas imposiciones.
Por todo, ello, el GPVOX en Canarias instará al Parlamento de Canarias a:
- Manifestar su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
- Instar al gobierno de la Nación a revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles.
- Instar al gobierno de la Nación a anular la normativa que ha implantado “el basurazo”.
- Mostrarse favorable a que se reviertan todas las ZBE aprobadas en los municipios de nuestra región o que, en su caso, queden sin efecto y no se impongan sanciones a los vecinos.
Tal y como apostilla Galván, “es cuestión exclusivamente de voluntad política, de si queremos asfixiar a impuestos a nuestros ciudadanos o les permitimos holgura para hacer uso de sus finanzas, pues la administración debe de revisar su gestión propia antes de seguir recaudando como solución para todo”.
