El diputado regional de VOX Pascual Salvador Hernández ha logrado el respaldo de la Asamblea Regional de Murcia a una iniciativa para reforzar la capacidad operativa de la Guardia Civil frente al narcotráfico y las organizaciones dedicadas al tráfico irregular de personas en el litoral murciano.
La propuesta salió adelante este miércoles tras incorporar enmiendas parciales del PP y del Grupo Mixto. Entre las medidas finalmente respaldadas se encuentran solicitar que la Región de Murcia sea considerada Zona de Especial Singularidad para la operatividad de la Guardia Civil y reclamar el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo.
“La Guardia Civil necesita embarcaciones, tecnología, protección, personal especializado y seguridad jurídica para poder hacer frente al crimen organizado”, defendió Salvador.
VOX pide patrulleras capaces de responder a las lanchas rápidas
El parlamentario centró buena parte de su intervención en los medios disponibles para el Servicio Marítimo y reclamó contar con varias embarcaciones capaces de perseguir e interceptar las lanchas utilizadas por organizaciones criminales.
En concreto, Salvador pidió dos patrulleras rápidas para el litoral murciano, además de sistemas de comunicación, protección, armamento, personal especializado y una inversión estable destinada al mantenimiento y renovación de la flota.
“Una embarcación moderna sin tripulación suficiente no resuelve el problema. Una plantilla suficiente sin medios navales adecuados tampoco”, argumentó.
El diputado también criticó que haya sido necesario recurrir a embarcaciones procedentes de otros puntos de España para reforzar temporalmente la vigilancia de la Región y reclamó una capacidad permanente adaptada a la extensión del litoral.
Tres guardias civiles heridos en Cabo Cope
Uno de los episodios utilizados por Salvador para justificar la iniciativa ocurrió el pasado 2 de septiembre en Cabo Cope, Águilas.
La Guardia Civil confirmó que una embarcación de alta velocidad trató de huir después de ser localizada por el SIVE. Durante la persecución realizó una maniobra que terminó en una colisión con la patrullera oficial. Tres guardias civiles resultaron heridos leves y los dos ocupantes fueron detenidos. La embarcación transportaba todavía 28 garrafas de gasolina.
A los detenidos se les atribuyeron, entre otros, delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, daños, piratería y transporte ilícito de combustibles líquidos.
“Una narcolancha no es solo una embarcación”, sostuvo Salvador durante su intervención, al defender que los agentes necesitan medios adecuados para afrontar maniobras que pueden poner en riesgo sus vidas.
Los incidentes de Huelva y Almería
El diputado recordó además la muerte de dos guardias civiles el pasado 8 de mayo durante una persecución contra una narcolancha en aguas próximas a Huelva.
En este punto, la información oficial de Interior precisa que las dos embarcaciones de la propia Guardia Civil colisionaron entre sí durante la persecución, por causas que entonces seguían bajo investigación. El accidente provocó la muerte de dos agentes y heridas a otros dos.
Una semana después, una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera resultó dañada durante otra persecución en aguas de Almería tras un choque con una lancha vinculada al tráfico ilícito de combustible. No hubo agentes heridos.
Salvador utilizó estos episodios para defender protocolos de actuación claros y una mayor protección jurídica para los efectivos que se enfrentan a situaciones de extrema peligrosidad.
62 migrantes desembarcaron ante bañistas en Cartagena
El debate también alcanzó los desembarcos de embarcaciones rápidas registrados durante el verano en la Región.
El 19 de agosto, una lancha llegó a Cala del Barco, en Cartagena, y desembarcó a 62 migrantes, entre ellos 15 menores, ante personas que se encontraban en la playa. La Guardia Civil localizó posteriormente a todos los ocupantes, que fueron atendidos por Cruz Roja y puestos a disposición de Policía Nacional.
Las imágenes de aquella llegada provocaron una controversia política sobre los medios destinados a la vigilancia marítima.
Salvador citó el episodio para reclamar una mayor capacidad de detección e interceptación antes de que las embarcaciones alcancen la costa.
Seguridad jurídica y profesión de riesgo
La iniciativa aprobada va más allá de las embarcaciones.
VOX reclamó también protocolos claros para las actuaciones contra organizaciones criminales y mayor seguridad jurídica para los agentes cuando deban tomar decisiones durante persecuciones de alto riesgo.
“Necesitan esa seguridad jurídica para que ningún agente tenga que preguntarse en mitad de una persecución si luego el Gobierno estará de su lado si tienen que utilizar las armas”, señaló Salvador.
El PSOE respaldó la iniciativa finalmente aprobada, aunque durante el debate rechazó el diagnóstico de abandono defendido por VOX y destacó el crecimiento de las plazas ofertadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante los últimos años. PP y Grupo Mixto defendieron también incrementar la protección y los recursos destinados a los agentes.
La Asamblea dejó así una posición común sobre el objetivo central de la iniciativa: reforzar los medios de las fuerzas de seguridad que actúan contra el narcotráfico y las redes de tráfico irregular de personas en las costas de la Región de Murcia.
