El dirigente de VOX Sergio Macián ha advertido de las graves consecuencias que está teniendo el anuncio de regularización masiva impulsado por el Gobierno, denunciando que España se ha convertido en un polo de atracción no solo para la inmigración ilegal procedente de África, sino también para miles de inmigrantes asentados en Francia que están bajando a nuestro país para regularizar su situación.
Macián ha relatado cómo incluso ciudadanos españoles perciben ya este fenómeno de manera directa. “Un taxista de Badalona me decía que no podía más, que estaba harto de llevar continuamente a personas a consulados que vienen desde Francia para regularizarse en España”, ha explicado, subrayando que se trata de inmigrantes magrebíes —principalmente argelinos y marroquíes— que buscan obtener la residencia legal y, con ella, la puerta de entrada a la ciudadanía europea.
Desde VOX se alerta de que este proceso genera un efecto llamada masivo, con millones de personas esperando en África para pagar a las mafias del tráfico de seres humanos y llegar a España. A ello se suma la inmigración procedente de otros países europeos, lo que multiplica de forma exponencial el impacto del anuncio del Gobierno.
Macián ha advertido además de que la regularización no se limita a las personas que ya están en territorio nacional, sino que activa automáticamente la reagrupación familiar. “Transcurrido un año desde la autorización inicial, podrán traer a cónyuges, parejas, hijos propios y del cónyuge, e incluso ascendientes. Los 500.000 que se quieren regularizar se convertirán fácilmente en dos millones de personas”, ha afirmado.
Para VOX, las consecuencias son directas y devastadoras: colapso de los servicios públicos, aumento del gasto social, presión sobre la vivienda, deterioro de la seguridad, pérdida de identidad nacional y alteración del censo electoral. “La regularización abre de par en par las puertas al sistema sanitario, a la educación gratuita, a las ayudas sociales, al ingreso mínimo vital y a las prestaciones autonómicas. Todo ello tiene un coste enorme que pagan los españoles”, ha señalado.
“Esto no es solidaridad, es irresponsabilidad. Es un modelo que empobrece a los españoles, premia a quienes incumplen la ley y pone en riesgo la cohesión social”, ha concluido Macián, reiterando la necesidad de una política migratoria firme, legal y ordenada, con prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos.
