Alberto Nadal: «La reforma fiscal del PP devolvería 3.200 millones a los contribuyentes»
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular ha defendido una reforma fiscal estructural orientada a devolver a los ciudadanos parte de la renta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido extrayendo a través de impuestos, con especial atención a las familias con hijos y a las rentas más modestas, a las que ha definido como “las grandes olvidadas del sanchismo”.
Según ha explicado, la propuesta del PP busca revalorizar el salario de los españoles mediante el IRPF, incrementando en un 10 % el mínimo vital por contribuyente, duplicando el mínimo vital por hijo y actualizando los tramos del impuesto entre un 10 % para los tramos más bajos y un 3 % para los más altos.
“Todos los contribuyentes se beneficiarían de estas medidas, pero especialmente las familias con hijos y las rentas más bajas que pagan IRPF”, ha señalado.
Beneficio para 16 millones de contribuyentes
El dirigente popular ha avanzado que esta reforma del IRPF beneficiaría a 16 millones de contribuyentes, lo que supondría devolver a las familias españolas unos 3.200 millones de euros.
En este sentido, ha denunciado que desde la llegada del PSOE al Gobierno las familias han perdido poder adquisitivo debido a que los salarios no han crecido por encima de la inflación mientras los impuestos han aumentado.
Como ejemplo, ha destacado que la recaudación por IRPF se ha incrementado en 80.000 millones de euros desde que gobierna Pedro Sánchez.
Las familias con hijos, las más perjudicadas
El vicesecretario del PP ha subrayado que quienes más han sufrido esta pérdida de poder adquisitivo han sido las clases medias y las familias con hijos, ya que el Gobierno no ha actualizado los mínimos fiscales ni ha deflactado el impuesto.
“Cuantos más hijos tienes, más impuestos has terminado pagando”, ha explicado.
Medidas ante la subida de la energía
Además de la reforma del IRPF, el Partido Popular propone medidas específicas para hacer frente al encarecimiento de la energía provocado por la situación internacional.
Entre ellas destacan:
- Reducir el IVA de los productos energéticos del 21 % al 10 %.
- Eliminar el impuesto de generación eléctrica, que supone entre el 3 % y el 5 % del recibo de la luz.
Según ha detallado, el conjunto de estas medidas permitiría devolver a un hogar medio con dos adultos y dos hijos cerca de 75 euros al mes y alrededor de 900 euros al año si se mantienen durante todo el ejercicio.
Medidas para el tejido productivo
El Partido Popular también ha avanzado que presentará iniciativas parlamentarias en las Cortes para apoyar al sector productivo y a las empresas, especialmente a aquellas que dependen en mayor medida del consumo energético.
“El objetivo es recuperar el poder adquisitivo perdido tras casi ocho años de subida de impuestos, con salarios que no crecen por encima de la inflación y con clases medias cada vez más castigadas”, ha concluido.
Nadal: «El Gobierno quiere evitar la crítica y controlar los reguladores»
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha denunciado que la propuesta del Gobierno para el relevo en la presidencia de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) “es un ejemplo más de cómo el Ejecutivo invade desde la política la independencia de los órganos reguladores y destruye su credibilidad”.
Nadal ha reprochado al Ejecutivo que “lo único que le importa es evitar la crítica y extender su brazo político a todas aquellas instituciones cuyo objetivo debería ser la independencia y el funcionamiento regular del Estado”.
“Del Ministerio de Hacienda a evaluar al propio Gobierno”
El dirigente popular ha criticado que la persona propuesta para presidir la AIReF procede directamente del Ministerio de Hacienda, dependiente de la vicepresidenta María Jesús Montero, y ha estado vinculada a la política fiscal del Gobierno.
“Es la persona que diseñó la quita de la deuda y la propuesta de financiación autonómica que fue rechazada por varias comunidades autónomas”, ha subrayado Nadal.
A su juicio, resulta “incompatible” que alguien que ha formado parte del diseño de la política fiscal del Ejecutivo pase ahora a evaluar si el propio Gobierno cumple o no con sus compromisos presupuestarios y con las reglas fiscales.
“Se pone en riesgo la neutralidad institucional”
Nadal ha advertido de que esta decisión “pone en riesgo la neutralidad institucional” y puede afectar a la confianza en los informes y evaluaciones de la AIReF, organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento de los objetivos fiscales.
“Vienes del propio Gobierno y vas a evaluar si el Gobierno cumple o no con sus compromisos fiscales y si las comunidades autónomas, incluidas las del PP, respetan las reglas fiscales”, ha recalcado.
El vicesecretario popular ha concluido que la independencia de los órganos reguladores es “clave para la estabilidad económica y la credibilidad internacional de España”, y ha alertado de que decisiones como esta “debilitan las instituciones y generan dudas sobre su imparcialidad”.
Plan hídrico del PP: 100.000 millones hasta 2035 para infraestructuras hidráulicas.
El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha mantenido una reunión de trabajo con asociaciones de ingenieros y expertos en presas para analizar la situación del mantenimiento de estas infraestructuras críticas y presentarles el plan de emergencia impulsado por el Partido Popular para reforzar su seguridad y conservación.
En el encuentro también participaron César Sánchez, portavoz de Cambio Climático, y Joaquín Melgarejo, portavoz de Medio Ambiente, quienes, junto a los representantes técnicos, evaluaron los datos de conservación y el déficit acumulado de inversión, que algunos análisis sitúan ya en 5.000 millones de euros.
El valor patrimonial estimado de las presas españolas asciende a 25.000 millones de euros, y el estándar técnico recomendado fija una inversión anual de entre el 1% y el 2% de ese valor, lo que supondría entre 250 y 500 millones de euros al año para garantizar su correcto mantenimiento.
Por parte de las asociaciones estuvieron presentes representantes de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), la Asociación de Ingenieros de Caminos del Estado (AICAPE), el CEDEX y el Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR), entre otros expertos del sector.
Un plan prioritario para la seguridad hidráulica
Alberto Nadal ha subrayado que el Partido Popular considera este plan como una prioridad estratégica, al estar directamente vinculado a la seguridad ciudadana. “No es una cuestión ideológica ni secundaria; es una auténtica política de Estado”, ha afirmado.
El plan del PP contempla:
- Una partida específica de 500 millones de euros para el mantenimiento de presas de titularidad estatal.
- Un programa extraordinario de 4.000 millones de euros para las cuencas mediterráneas.
- Una inversión acumulada hasta 2035 de 100.000 millones de euros en políticas hídricas.
Además, el Partido Popular propone actualizar el marco legislativo para que la Ley de Aguas incorpore de forma expresa la prevención, protección y preparación frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías, reforzando una planificación hidrológica rigurosa basada en criterios técnicos y científicos.
Los asistentes coincidieron en la necesidad de que prime el criterio técnico en la toma de decisiones en materia hidráulica, alejando estas infraestructuras críticas de planteamientos ideológicos.
Asimismo, el plan del PP incluye la realización de una auditoría técnica exhaustiva del estado de todas las presas estatales, comenzando por las más antiguas o con patologías estructurales detectadas, con el objetivo de priorizar inversiones en función del riesgo real.
Finalmente, los participantes acordaron mantener un canal permanente de comunicación para avanzar en las iniciativas que permitan reforzar la seguridad y garantizar una gestión responsable de las infraestructuras hidráulicas.
Alberto Nadal defiende flexibilizar la transición tecnológica en la automoción frente a la rigidez del Gobierno.
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha defendido la necesidad de introducir flexibilidades en el periodo de transición entre tecnologías en el sector de la automoción, ante lo que ha calificado como una posición de “rigidez y planteamientos ideológicos estrictos” por parte del Gobierno.
Nadal ha señalado que el Partido Popular considera que existen más soluciones tecnológicas y que todas ellas deben ser exploradas. “Hay que ofrecer el máximo diálogo y la máxima capacidad para introducir flexibilidad y adaptar el proceso de transición al ritmo que permita la evolución de la demanda y de la tecnología existente”, ha afirmado.
El dirigente popular ha advertido de que la Unión Europea ha generado desconcierto en el sector al establecer fechas “excesivamente rígidas”, basadas más en la regulación que en la realidad del mercado, la tecnología disponible o las infraestructuras necesarias. Asimismo, ha subrayado que los hitos intermedios fijados trasladan una enorme responsabilidad a los fabricantes, independientemente de si disponen o no de los instrumentos necesarios para cumplirlos.
“El sector del automóvil soporta un peso regulatorio muy elevado y los objetivos fijados no siempre son realistas ni alcanzables en los plazos establecidos”, ha explicado Nadal, quien ha asegurado que la industria tendrá siempre al Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, de su lado en todos los procesos de diálogo y negociación.
En materia de comercio internacional, el vicesecretario económico ha defendido que “el campo de juego sea equivalente para todos los competidores” y ha garantizado que el PP estará vigilante para evitar que la industria española se encuentre en desventaja frente a otros mercados.
Además, ha apostado por reforzar el componente tecnológico de la industria, avanzando que el Partido Popular utilizará todos los instrumentos fiscales e incentivos a su alcance para impulsar la investigación y el desarrollo en España y en el conjunto de Europa.
Nadal ha asegurado que cuando el Partido Popular llegue al Gobierno impulsará “una política volcada en la mejora de la productividad y la competitividad de la economía española”, con especial atención a sectores estratégicos como el automóvil.
Ha recordado que España es el segundo productor europeo y el noveno mundial, con 17 fábricas, 40 modelos asignados —22 de ellos electrificados— y una producción anual de 2,4 millones de vehículos, de los que el 86% se destinan a la exportación. El sector representa cerca del 7,5% del PIB y el 9% del empleo, con una balanza comercial positiva de casi 16.000 millones de euros en 2024.
“El automóvil es un pilar estratégico para nuestra economía y merece una transición realista, competitiva y dialogada”, ha concluido.
Raquel Jurado planta cara al abandono y exige que MAYASA deje de ser un lastre para Almadén.
La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha mantenido una reunión de trabajo con el vicesecretario económico del Partido Popular, Alberto Nadal, para analizar la situación actual de la empresa pública Minas de Almadén (MAYASA) y avanzar en un plan de reindustrialización que permita generar empleo y actividad económica en la comarca.
En el encuentro han participado también el presidente regional del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y del PP provincial, Miguel Ángel Valverde.
Durante la reunión, Jurado ha solicitado un compromiso firme para que un futuro Gobierno del Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijóo, impulse una apuesta decidida por la industrialización de Almadén. En este sentido, ha defendido la necesidad de una gestión eficaz, profesional y orientada a resultados en todas las áreas de actividad de MAYASA, con el objetivo de poner en marcha un proyecto ambicioso de generación de empleo que garantice además un retorno económico directo para el municipio.
Uno de los ejes principales abordados ha sido la posibilidad de desarrollar un modelo de gestión integral de la Dehesa de Castilseras que permita dinamizar su potencial económico y que los beneficios obtenidos puedan revertir tanto en el Parque Minero como en el parque empresarial proyectado en la zona, reforzando así el tejido productivo local.
Asimismo, se ha subrayado la importancia de que, en el futuro, tanto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como la Diputación Provincial asuman un compromiso claro para garantizar una gestión coordinada y eficaz del Centro Tecnológico del Mercurio.
La alcaldesa ha insistido en que Almadén necesita seguridad jurídica y compromisos reales para poder avanzar en una estrategia de recuperación industrial liderada desde el Ayuntamiento. Una hoja de ruta que, según ha defendido, debe contar con el respaldo del próximo Gobierno de España y del futuro Ejecutivo regional, con el objetivo de transformar Castilseras en un auténtico motor de desarrollo y oportunidades para toda la comarca.
Jurado ha explicado que el plan alternativo propuesto nace desde el propio municipio y persigue que MAYASA deje de ser una empresa deficitaria para convertirse en un instrumento útil al servicio de Almadén. El objetivo es claro: generar más empleo y garantizar que parte de los beneficios reviertan directamente en la población, contribuyendo a compensar la pérdida de puestos de trabajo tras el cese de la actividad minera.
“Almadén no puede resignarse al declive. Tiene recursos, patrimonio y potencial para volver a ser un referente económico. Lo que necesita es gestión, compromiso y un proyecto serio de futuro”, ha concluido.
Nadal: «El problema no es el dinero, es la incapacidad de gestionarlo»
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular ha asegurado que el denominado “fondo soberano” anunciado por el Gobierno no es más que una maniobra para encubrir su incapacidad en la gestión de los fondos europeos y evitar la devolución de 10.000 millones de euros correspondientes a préstamos concedidos por Bruselas.
A juicio del dirigente popular, esta iniciativa responde a “la incapacidad manifiesta del Ejecutivo para ejecutar correctamente los 160.000 millones de euros asignados a España, de los cuales poco más de la mitad eran préstamos”. En este sentido, ha recordado que el Gobierno “ya ha tenido que devolver 60.000 millones” por no haber sido capaz de canalizarlos adecuadamente hacia la economía real.
“Estamos ante humo y propaganda para intentar salvar 10.000 millones de los préstamos que nos daba Bruselas, no tener que devolverlos y crear un instrumento financiero a disposición del Gobierno que no va a tener ningún impacto sobre la economía española, el crecimiento o la productividad, como no lo ha tenido ninguno de los instrumentos anteriores”, ha afirmado.
El Partido Popular considera que el Ejecutivo vuelve a recurrir a anuncios grandilocuentes sin respaldo real en resultados. “Nos venden unas supuestas capacidades de financiación y apalancamiento que son inverosímiles”, ha subrayado, insistiendo en que los instrumentos previos puestos en marcha con cargo a los fondos europeos “no han logrado impulsar ni la productividad ni la competitividad de nuestro país”.
Desde el Partido Popular se insiste en que España necesita una gestión rigurosa, transparente y orientada a resultados de los recursos europeos, priorizando proyectos que generen crecimiento sostenible, empleo y mejora de la competitividad, en lugar de “ingeniería financiera sin impacto real”.
El vicesecretario de Economía ha concluido que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión eficaz: “El Gobierno ha demostrado su incapacidad para ejecutar los fondos europeos y ahora intenta maquillar ese fracaso con un nuevo anuncio sin recorrido económico”.
Alberto Nadal: «Crear empleo de calidad es la clave para la prosperidad del país»
El Vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular Alberto Nadal ha advertido de que el principal problema de la economía española no es el empleo en términos cuantitativos, sino la baja productividad y un sistema de incentivos “mal diseñado” que penaliza el esfuerzo y el trabajo y no favorece la creación de empleo de calidad.
Nadal ha señalado que, pese a que el Gobierno presume de récords de empleo, la realidad es que España mantiene la tasa de actividad estancada, registra niveles récord de pluriempleo y cuenta con cerca de 880.000 fijos discontinuos inactivos. “Esto no es creación de empleo de calidad, es maquillaje del empleo”, ha afirmado.
En este contexto, ha subrayado que el verdadero objetivo de la política económica debería ser cerrar la brecha de renta con países como Alemania y, en una segunda fase, con Estados Unidos. “Cuando analizamos la diferencia de renta con Alemania, la mitad se explica por productividad y la otra mitad por tasa de ocupación”, ha explicado.
Nadal ha detallado que, mientras en España trabaja en torno al 72% de la población de entre 20 y 64 años, en Alemania lo hace el 82%. “Si tuviéramos un 14% más de población ocupada y repartiéramos la misma recaudación entre más trabajadores, sería como bajar impuestos a todos”, ha señalado, destacando además que aumentaría la sostenibilidad del sistema y se reduciría el gasto público.
El dirigente popular ha criticado que actualmente “los incentivos están puestos al revés”, ya que quien trabaja, se forma, mejora y gana experiencia “solo obtiene como premio pagar más impuestos”, mientras que existen sistemas de participación en la renta que no exigen contraprestaciones ni formación ni reincorporación al mercado laboral.
Por ello, ha defendido que “en España tiene que volver a ser rentable trabajar”, lo que pasa por que quien se esfuerza, emprende y progresa “se lleve más a casa”, fundamentalmente a través de una menor carga fiscal sobre el trabajo y la actividad económica.
Nadal ha subrayado que el Partido Popular defiende un sistema de protección social sólido para ayudar a las personas vulnerables, pero siempre ligado a la responsabilidad. “Te ayudo, pero tienes la obligación de formarte y reincorporarte al mercado laboral de forma real”, ha concluido, insistiendo en que solo así se puede construir una economía próspera, justa y sostenible.
Alberto Nadal denuncia un Gobierno incapaz de ejecutar los fondos europeos.
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular ha lamentado que los fondos europeos “no hayan tenido el impacto que se esperaba”, mostrando su preocupación por el deficiente desempeño de España en su ejecución, hasta el punto de que lo que se anunció como una de las grandes políticas transformadoras “ha sido un fiasco” y ha obligado a devolver más del 37% de los fondos.
En este sentido, ha reafirmado la petición del Partido Popular a la Comisión Europea para que ejerza una “especial vigilancia” sobre los fondos destinados al mantenimiento de infraestructuras, poniendo como ejemplo los más de 100 millones de euros de fondos FEDER adjudicados para renovar la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, al estar catalogada como obsoleta.
“Preocupa especialmente porque es dinero europeo que debía emplearse de forma eficaz para evitar el deterioro de la línea y que, quizás, hubiera evitado el accidente”, ha advertido.
El dirigente popular ha subrayado que el mes de enero ha sido “especialmente negativo” para el empleo, lo que acentúa la inquietud por la situación económica real de las familias, cuyo poder adquisitivo se deteriora cada día desde que gobierna Pedro Sánchez. “Los salarios no alcanzan para cubrir la subida de la cesta de la compra mientras los impuestos no dejan de aumentar”, ha denunciado.
En relación con las pensiones, ha sostenido que “el Gobierno solo acierta cuando rectifica”, señalando que el nuevo decreto de revalorización corrige el error de base de intentar utilizar a los pensionistas como rehenes al incluir en la votación cuestiones ajenas a la subida de las pensiones. Ha advertido de que el voto del PP será favorable siempre que el texto se limite exclusivamente a la revalorización, recordando que el Partido Popular ya registró una iniciativa legislativa en noviembre con ese objetivo.
Asimismo, ha denunciado el “incumplimiento constitucional sistemático” del Gobierno por no presentar los Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma, como exige la Constitución y como resulta imprescindible para garantizar la revalorización automática de las pensiones.
El vicesecretario también ha mostrado su sorpresa por el acuerdo anunciado entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco, después de que los nacionalistas vascos respaldaran el anterior real decreto sin objeciones. “No parece razonable que la política social se haga a costa de los propietarios de viviendas”, ha afirmado, subrayando que los problemas de vulnerabilidad deben ser resueltos por las administraciones públicas y no por los propietarios.
Finalmente, ha puesto el foco en la caída de la productividad durante tres trimestres consecutivos, según la Contabilidad Nacional, advirtiendo de que “esto sí que pone en peligro el sistema de pensiones”. De cara a su próxima visita a Bruselas, ha avanzado que abordará con eurodiputados y responsables de comisiones europeas cuestiones clave como la desregulación, el ajuste de las políticas ambientales y las políticas migratorias, defendiendo un enfoque económico realista y sostenible.