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El Grupo Popular en Les Corts ha pedido al Gobierno de España que declare el Valencia Digital Summit (VDS) como Acontecimiento de Excepcional de Interés Público por su impacto económico directo, indirecto e inducido, estimado en 20,3 millones de euros, y por su capacidad para generar oportunidades de inversión por valor de más de 480 millones de euros para startups participantes.

Así lo ha avanzado la diputada popular Andrea Gigante quien ha subrayado que este encuentro “se ha consolidado, desde su primera edición en 2018, como uno de los eventos tecnológicos más relevantes del panorama europeo. Contribuyendo de forma decisiva a posicionar a la ciudad de Valencia como un referente internacional en innovación, emprendimiento y atracción de talento”.

Gigante ha remarcado el VDS “ha contribuido a la creación de empleo equivalente a 1.853 puestos mensuales a tiempo completo y ha tenido un efecto total en el PIB de 9,3 millones de euros”. Por lo que “ha actuado como catalizador de inversión, con una proyección de más de 480 millones de euros en financiación para startups participantes. Desde 2018, las startups vinculadas al evento han recaudado más de 18.400 millones de euros”.

Para la octava edición del evento, que se celebrará los próximos 22 y 23 de octubre de 2025 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, “consideramos que este reconocimiento oficial por parte del Gobierno de España sería rotundamente significativo como herramienta que aporte beneficios fiscales al tejido empresarial valenciano que quiere involucrarse en dicho evento, fomentando la participación del sector privado y ofreciendo a las empresas colaboradoras un conjunto de incentivos fiscales”.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Andrea Gigante ha defendido una Proposición No de Ley para impulsar la implantación de la figura del facilitador procesal en la Comunitat Valenciana, una herramienta clave para garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad.

Gigante ha recordado que “la tutela judicial efectiva debe estar garantizada para toda la ciudadanía, también -y sobre todo- para quienes enfrentan mayores barreras, y eso no puede depender de la suerte”. Por ello, ha lamentado que no exista una normativa clara por parte del Gobierno de España desde la aprobación de la Ley 8/2021, que ya preveía este apoyo. “Cuatro años después, seguimos sin una regulación estable que garantice su presencia en condiciones de seguridad y eficacia”, ha señalado.

La diputada popular ha explicado que otras comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Canarias ya han comenzado a legislar sobre esta figura y que “la Comunitat Valenciana, con el actual gobierno del PPCV, no va a quedarse atrás”. De hecho, el Consell ya ha elaborado un borrador de decreto, iniciado el expediente administrativo y puesto en marcha la consulta pública previa.

Durante su intervención en defensa de la iniciativa, Gigante ha subrayado que “la existencia de una figura legal, sin unas garantías, no basta. Lo importante es convertir ese derecho en una herramienta efectiva, que acompañe y respalde a quienes más lo necesitan cuando entran en un juzgado”.

La figura del facilitador procesal permite a las personas con discapacidad entender y ser entendidas en un proceso judicial al adaptar el lenguaje, los procedimientos y el acompañamiento durante las diligencias. También proporciona a jueces, fiscales y funcionarios una herramienta para actuar con rigor, sensibilidad y equidad.

“La falta de regulación impide una planificación adecuada de los recursos públicos. Regular esta figura nos permitirá estabilizarla en el tiempo, garantizar su financiación y mejorar la calidad del servicio a través de una formación especializada continua”, ha concluido Gigante.

 La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Andrea Gigante ha reclamado al Gobierno de España que declare el Año Jubilar del Santo Cáliz 2025-2026 como acontecimiento de excepcional interés público, para que cuente con el impulso y los beneficios fiscales recogidos en la Ley de Mecenazgo.

Así lo ha planteado a través de una Proposición No de Ley registrada en Les Corts, en la que el GPP solicita que el Consell inste al Ejecutivo central a aprobar esta declaración, en virtud del artículo 27 de la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo.

“El Santo Cáliz, que se custodia en la Catedral de València, no solo es una reliquia de enorme valor religioso sino también uno de los elementos más representativos de nuestro patrimonio cultural e histórico”, ha señalado Gigante. “Miles de personas visitan cada año la capilla del Santo Cáliz, atraídas por su simbología y su relevancia internacional, y el próximo Año Jubilar es una oportunidad única para proyectar esa riqueza al mundo”.

La diputada popular ha recordado que se trata del tercer Año Jubilar del Santo Cáliz y que, con esta conmemoración, se prevé un importante impacto en la proyección turística, cultural y espiritual de la ciudad de València y de toda la Comunitat. “Estamos ante un evento de enorme proyección que puede generar nuevas oportunidades para el turismo, la hostelería, la cultura y el tejido social”, ha destacado.

Gigante ha subrayado que “el Santo Cáliz es una de las reliquias más investigadas e insignes de la cristiandad, pero también un símbolo que trasciende lo religioso para formar parte del relato identitario de València. Nos conecta con una historia que une tradición, arte, fe y cultura. Por eso pedimos que se reconozca oficialmente el valor de esta celebración como un acontecimiento de Estado”.

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno de Sánchez a respetar la independencia del Poder Judicial y a detener las constantes interferencias en su labor. Esta iniciativa surge en respuesta a los ataques vertidos recientemente por miembros del Ejecutivo socialista contra jueces y magistrados. Una actitud que, en palabras de la diputada del GPP Andrea Gigante, “pone en riesgo la separación de poderes, pilar fundamental de la democracia española”.

La parlamentaria ha recordado que “la independencia judicial es un principio básico de nuestro sistema democrático”, por lo que “cualquier ataque a la profesionalidad e imparcialidad de los jueces es un ataque directo al Estado de derecho”. El propio Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho un llamamiento público a la “contención” tras las críticas vertidas desde el Gobierno socialista contra el juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, solicitando que se permita a los tribunales desarrollar su “potestad jurisdiccional” en cualquier circunstancia.

La iniciativa presentada por el GPP insta al Gobierno central a cesar en sus injerencias sobre el Poder Judicial y a defender la honorabilidad de los miembros de la carrera judicial. “No podemos permitir que se ataque desde la política a los jueces y magistrados, ni que se cuestione su labor y profesionalidad. Debemos garantizar que puedan ejercer sus funciones con plena libertad y sometidos únicamente al imperio de la ley, tal y como recoge nuestra Constitución”, afirma Gigante.

La parlamentaria popular ha reiterado el compromiso del PPCV con la defensa de la democracia y la Constitución, al mismo tiempo que ha advertido de que “el respeto a la separación de poderes es innegociable”. “Los populares valencianos vamos a seguir luchando para que se proteja la independencia de los jueces y magistrados y que los ataques a su labor cesen de inmediato. La democracia española no puede permitirse una intromisión de este tipo en su sistema judicial”, concluye Gigante.

El PPCV ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts solicitando que “no se cierre ningún cuartel ni instalación de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana y que se aumenten los agentes de Policía y Guardia Civil para luchar contra la delincuencia”.

La diputada popular Andrea Gigante ha señalado que “los delitos en la Comunitat Valenciana han crecido un 8,1% en 2023, dos puntos por encima de la media nacional. Y pese a esto, el gobierno de España ha anunciado el cierre de diversos cuarteles de la Guardia Civil en nuestra tierra, poniendo en riesgo el cierre de trece cuarteles en las tres provincias. No tiene sentido cerrar cuarteles sino aumentar recursos y medios para mejorar la seguridad”.

“A día de hoy -ha continuado- la unidad escrita de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana cuenta con 120 efectivos menos que hace una década. Los robos con violencia e intimidación aumentaron un 7,1% y el tráfico de drogas un 24%. Necesitamos aumentar de forma urgente el número de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para devolver la sensación de seguridad a los ciudadanos de la Comunitat. Ya está bien del ninguneo de Sánchez a nuestra tierra, los valencianos merecemos más”.

Andrea Gigante ha indicado que “en la provincia de Castellón se ha anunciado el cierre de cinco cuarteles de la Guardia Civil en las localidades de Artana, Alcossebre, Betxí, Benasal y Lucena, pasando a ser sustituidos por oficinas de información ciudadana. Además, siguen negando reivindicaciones históricas como la construcción inmediata de los cuarteles de Almazora, Nules, Benicasim y Onda. En Alicante, el cuartel de Benissa fue cerrado en 2023; y, otros, como el de Jacarilla están pendientes de traslado a otras dependencias municipales, puesto que se encuentran en ruinas. La provincia de Valencia tiene ocho cuarteles en riesgo, Jarafuel, Vallada, Simat de la Valldigna, Alginet, Sollana, Polinyà del Xuquer y Corbera. La pérdida de estos cuarteles implicaría dejar a estos municipios sin medios para combatir los delitos y mantener la tranquilidad de los ciudadanos. Pedimos que no se sigan recortando medios en la lucha contra la criminalidad, sino que se incrementen”.

El texto de la propuesta de resolución, presentada conjuntamente con el grupo Vox, dice lo siguiente:

Les Corts Valencianes instan al Consell a que a su vez inste al Gobierno de España a:

1. Que no se proceda al cierre de ningún cuartel o instalación de la Guardia Civil, en ninguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
2. Aumentar, de forma urgente, el número de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia y el aumento de la criminalidad en la Comunitat Valenciana, actualizando los desfasados catálogos a la población actual y a los nuevos fenómenos delincuenciales.
3. Dotar de los medios adecuados, para el desempeño de sus funciones, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
4. La cobertura de las vacantes y la renovación urgente del Convenio que regula la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana en condiciones adecuadas para la Comunitat Valenciana.
5. Informar transparentemente desde el Gobierno de la Nación, a los gobiernos regionales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los repartos interregionales de inmigrantes ilegales para poder prevenir y planificar una actuación eficiente y eficaz.
6. El endurecimiento del Código Penal para combatir la oleada de robos en explotaciones agrícolas de la huerta valenciana.
7. La prestación de la colaboración y cooperación necesaria a la Generalitat Valenciana y, en particular, a la Conselleria de Justicia e Interior, en el marco de los órganos dispuestos en las leyes para ello y, singularmente, del Observatorio de Seguridad de la Comunitat Valenciana, previsto en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.