Antonio Ortolá plantea ampliar la prohibición del burka a autobuses.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que su grupo municipal propondrá ampliar la prohibición del uso de prendas que oculten completamente el rostro, como el burka, el niqab o cualquier vestimenta de efecto equivalente, al transporte público de la ciudad, tras el éxito de su reciente aprobación en edificios municipales. Una medida que, según ha señalado, “ha supuesto un avance claro en la defensa de principios fundamentales y que ahora debe tener continuidad en otros ámbitos de la vida pública donde también se producen interacciones constantes entre ciudadanos”.
Ortolá ha valorado positivamente la decisión adoptada en el pleno ordinario de febrero de prohibir el burka en edificios municipales, subrayando que “Castellón ha dado un paso firme en la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, en la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos, con una medida valiente, coherente y necesaria que sitúa a nuestras instituciones del lado de la igualdad real”. En este sentido, ha insistido en que “la actuación del Ayuntamiento no puede quedarse en un ámbito limitado, sino que debe proyectarse hacia otros espacios públicos donde la presencia de estas prendas genera las mismas problemáticas”.
En esta línea, el portavoz ha explicado que “el siguiente paso es lógico y responde a una cuestión de coherencia institucional: extender esta regulación al transporte público, un entorno de uso intensivo en el que miles de ciudadanos conviven diariamente y donde deben garantizarse plenamente tanto la seguridad como la correcta identificación de las personas”. “No tiene sentido exigir el rostro visible en edificios municipales y, sin embargo, no hacerlo en autobuses u otros servicios públicos, donde las necesidades de identificación y control son igualmente evidentes”, ha añadido.
Ortolá ha reiterado que “el burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir, sino que en muchos contextos constituyen la expresión de una imposición que invisibiliza a la mujer, la aparta del espacio público y diluye su identidad. No podemos aceptar como normal ni integrar en nuestra convivencia símbolos que representan desigualdad, subordinación y negación de la identidad personal, especialmente cuando afectan directamente a la dignidad de la mujer”.
El portavoz también ha destacado que la propuesta responde a criterios objetivos de seguridad y correcto funcionamiento de los servicios públicos, señalando que “en el transporte público resulta fundamental que los usuarios puedan ser identificados con normalidad, tanto para prevenir posibles situaciones de riesgo como para facilitar la labor de los profesionales y garantizar el buen funcionamiento del servicio”.
Finalmente, VOX instará al Gobierno de España a adoptar una regulación a nivel nacional que prohíba el uso de este tipo de prendas en todos los medios de transporte, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y garantizar un marco común en todo el país. “No puede haber diferencias en una cuestión tan relevante. La igualdad, la seguridad y la dignidad deben protegerse con las mismas garantías en toda España, sin excepciones ni ambigüedades”, ha concluido Ortolá.
Antonio Ortolá: «No es una cuestión religiosa, sino de identificación y seguridad en espacios públicos»
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón impulsará desde el Gobierno municipal un protocolo para regular el acceso y uso de las dependencias municipales en aquellos casos en los que se produzca una ocultación integral del rostro, como el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente.
El portavoz, Antonio Ortolá, ha explicado que esta iniciativa responde a “una necesidad objetiva de seguridad, correcta identificación de las personas y defensa de la dignidad de la mujer en los espacios públicos municipales”.
Así, ha señalado que las dependencias municipales “son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa a los ciudadanos y se gestionan datos personales, por lo que resulta imprescindible poder identificar visualmente a las personas que acceden a ellas”. En este sentido, ha subrayado que “la ocultación total o parcial del rostro dificulta de manera objetiva la verificación de la identidad, la prevención de posibles suplantaciones y el normal funcionamiento de los servicios públicos”.
Y ha advertido de que “no se puede seguir normalizando en nuestras instituciones públicas el uso de prendas que ocultan completamente el rostro y que, además, están asociadas a costumbres absolutamente machistas que atentan directamente contra la dignidad de la mujer. Desde VOX defendemos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y consideramos incompatible con esa defensa aceptar prácticas que simbolizan la sumisión y la negación de la identidad femenina”.
Ortolá ha querido dejar claro que la moción “no va dirigida contra ninguna persona ni contra ninguna religión”, sino que “se limita a establecer una condición funcional, objetiva y razonable de acceso a los edificios municipales”. “La regulación será aplicable a cualquier prenda —religiosa o no— que produzca el mismo efecto de ocultación facial”, ha explicado, insistiendo en que “lo relevante no es el origen de la prenda, sino la imposibilidad de identificar a la persona en un espacio donde dicha identificación es necesaria”.
Por último, ha defendido que “las instituciones públicas deben ser espacios seguros, transparentes y coherentes con nuestros valores constitucionales. No podemos mirar hacia otro lado ni ceder ante el relativismo cultural cuando están en juego la seguridad ciudadana y la dignidad de la mujer”.
Antonio Ortolá: «El problema de la vivienda es nacional, no municipal»
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha denunciado que la grave situación de acceso a la vivienda que sufre la ciudad y el país “no es consecuencia de la gestión municipal, sino el resultado directo de las políticas ideológicas, irresponsables y fallidas del Gobierno de Pedro Sánchez, que están provocando una falta de oferta de vivienda, un encarecimiento artificial de los precios y una inseguridad jurídica que impide que el mercado funcione con normalidad”.
En este sentido, Ortolá ha insistido en que “para que se construya vivienda de forma sencilla hacen falta condiciones básicas que hoy no existen, y esas condiciones dependen en su mayoría del Gobierno central”. “Lo vamos a repetir una y mil veces: si no hay seguridad jurídica, si no hay incentivos y si se castiga fiscalmente a quien construye o compra, la vivienda no se construye”, ha afirmado, subrayando que “ningún gobierno municipal puede solucionar un problema cuya raíz es estrictamente nacional”.
Como primer factor clave, el portavoz de VOX ha exigido la derogación inmediata de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023, una norma que, según ha explicado, “ha generado una absoluta inseguridad jurídica que ha espantado a promotores, constructores y propietarios”. Ortolá ha señalado que esta ley “ha reducido la oferta de vivienda disponible y ha provocado exactamente lo contrario de lo que prometía: precios más altos y menos opciones para las familias”, recalcando que “esta ley no la ha aprobado el Ayuntamiento de Castellón, sino el Gobierno de Sánchez, y por el momento solo el Gobierno de Sánchez puede derogarla”.
En segundo lugar, Ortolá ha denunciado el vacío real de inversión en vivienda pública por parte del Ejecutivo central, criticando que “los anuncios de miles de millones y de miles de viviendas que hace Pedro Sánchez se quedan en propaganda. Si el Gobierno quiere que se construya vivienda pública, tendrá que dotar económicamente a su propio Ministerio de Vivienda para que esas promesas se traduzcan en hechos y no en titulares”.
Otro de los elementos fundamentales señalados por Ortolá ha sido la asfixia fiscal que soporta la vivienda en España, reclamando una bajada drástica de impuestos que afectan a promotores, constructores y, especialmente, a los compradores. “Entre el 22% y el 33% del coste final de una vivienda son impuestos que se quedan las administraciones públicas”, ha explicado, añadiendo que “mientras se siga exprimiendo fiscalmente la vivienda, será imposible abaratarla”. En este punto, ha recordado que “el Ayuntamiento de Castellón no tiene capacidad para reducir la carga fiscal estatal, que sigue aumentando con nuevas imposiciones aprobadas por el Gobierno nacional”.
Asimismo, el portavoz de VOX ha defendido “la liberalización del suelo y una profunda desregulación urbanística, denunciando que la burocracia excesiva, los plazos interminables y la proliferación de prohibiciones hacen inviable construir vivienda con agilidad”. “La falta de libertad, la maraña normativa y la obsesión intervencionista están bloqueando el desarrollo de suelo y retrasando proyectos durante años”, ha afirmado, destacando que VOX trabaja a nivel nacional con un enfoque claro de desregulación para reducir trabas administrativas y facilitar que se pueda construir más y más rápido.
En este contexto, Ortolá ha vinculado el problema de la vivienda con el modelo migratorio del Gobierno de Sánchez, reclamando el endurecimiento de los requisitos de empadronamiento y la prioridad para los nacionales. “En los últimos siete años han entrado en España más de tres millones de personas de forma ilegal, y ahora el Gobierno pretende regularizar a más de 500.000 más, generando un efecto llamada brutal y un aumento exponencial de la población a través de la reagrupación familiar”, ha advertido. Ortolá ha subrayado que “no existe ningún gobierno capaz de crear vivienda al mismo ritmo que la inmigración legal e ilegal que está fomentando el PSOE”.
“Este modelo de inmigración es sencillamente inviable”, ha afirmado Ortolá, quien ha asegurado que “el principal causante del fenómeno de la infravivienda y del hacinamiento familiar es la corrupción política y la irresponsabilidad del Gobierno socialista”. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de promover un sistema que “termina costando vidas”, al incentivar la inmigración ilegal y empujar a miles de personas a jugarse la vida en el mar.
Por último, el portavoz de VOX se ha dirigido a Compromís y al Grupo Municipal Socialista, recordándoles que “tras ocho años gobernando el Ayuntamiento de Castellón no hicieron absolutamente nada por la vivienda. Ahora, de repente, parece que les preocupa este problema. Esperamos que con la misma insistencia con la que exigen medidas a este gobierno municipal, exijan responsabilidades al Gobierno central que sostienen y apoyan en Madrid”.
Antonio Ortolá: «Presupuestos de Castellón priorizan vivienda, empleo y seguridad»
El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado de forma definitiva en un pleno extraordinario los presupuestos para el año 2026, que ascienden a 253 millones de euros. Unas cuentas que, tal y como ha explicado el portavoz del Grupo Municipal VOX, Antonio Ortolá, “consolidan un modelo de gestión basado en la seriedad, el rigor presupuestario y el sentido común, y que sitúan como ejes prioritarios la vivienda, el empleo, la bajada de impuestos, la seguridad, la limpieza y la movilidad”.
Ortolá ha recordado que los presupuestos municipales son “el documento más importante que aprueba el Pleno cada año” y ha lamentado que el proceso se haya visto retrasado por la presentación de unas alegaciones que ha calificado de “absolutamente insustanciales y vacías de contenido”, lo que ha obligado a convocar un pleno extraordinario “innecesario”, ya que su único desenlace posible era la desestimación de las mismas. En este sentido, ha defendido que “Castellón no puede permitirse bloqueos artificiales y necesita que sus presupuestos estén plenamente vigentes cuanto antes para seguir avanzando”.
El portavoz de VOX ha subrayado que “las cuentas aprobadas apuestan claramente por el control del gasto, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la eliminación de partidas superfluas, alejándose de aventuras ideológicas que no aportan nada al bienestar de los vecinos”. “Para VOX existe una línea roja muy clara: cada euro que sale del bolsillo de los ciudadanos debe tener un destino útil, claro y perfectamente justificable”, ha señalado.
En este sentido, Ortolá ha destacado que se han priorizado las partidas destinadas a servicios públicos esenciales, la mejora de los barrios, la limpieza, el mantenimiento de infraestructuras y la seguridad, porque, según ha afirmado, “los vecinos quieren calles limpias, barrios cuidados y sentirse seguros, y este equipo de gobierno va decididamente en esa dirección”. Todo ello, ha añadido, sin incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos.
En materia económica, el portavoz municipal ha recalcado que los presupuestos envían un mensaje claro a familias, autónomos y pequeños empresarios. “Castellón no puede seguir castigando fiscalmente a quienes abren cada día su negocio, generan empleo y sostienen los servicios públicos con su esfuerzo”, ha afirmado, defendiendo un modelo que fortalece el músculo económico de la ciudad y favorece la actividad comercial e industrial como vía para generar más oportunidades y riqueza.
Respecto al área social, Ortolá ha puesto en valor que “el presupuesto incrementa el Capítulo I hasta los 70 millones de euros, reforzando especialmente las áreas de Bienestar Social y Seguridad, que son las más beneficiadas en cuanto a creación de nuevas plazas en la plantilla municipa”l. “Frente a lo que pretende hacer ver la oposición, estos presupuestos refuerzan el área social con hechos y no con discursos”, ha subrayado, recordando que la creación de plazas estructurales en Servicios Sociales y en el área de Familia e Infancia es una voluntad clara del actual equipo de gobierno.
Asimismo, ha destacado el impulso del Grupo Municipal VOX en la creación de la concejalía de Familia e Infancia, así como el refuerzo de personal en este ámbito, como muestra de la sensibilidad real del gobierno municipal hacia las familias y las personas más vulnerables. Ortolá ha explicado que “estas mejoras han sido posibles gracias a una drástica reducción del gasto superfluo, especialmente en determinadas subvenciones, lo que ha permitido destinar recursos a actuaciones concretas y necesarias para la ciudad”.
Entre ellas, ha citado la reparación y mantenimiento de calzadas para evitar accidentes, la mejora de numerosos kilómetros de caminos en la Marjalería, la limpieza de cauces o el inicio de obras antiinundaciones, como las de la avenida de Valencia, fruto de una inversión “minuciosamente estudiada y pensada para resolver problemas reales de los vecinos”.
En el ámbito fiscal, Ortolá ha remarcado que estos presupuestos se aprueban bajando casi todos los impuestos o prorrogando su suspensión, como el IBI, la plusvalía, el impuesto de vehículos o las tasas de terrazas. La única excepción, ha explicado, es la tasa de residuos, “impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos”, cuyas consecuencias el Ayuntamiento de Castellón ha tratado de atenuar en 2026 mediante numerosas bonificaciones.
Finalmente, el portavoz de VOX ha defendido un modelo que apuesta por ayudar a los vecinos “a salir adelante por sí mismos”, facilitando la actividad económica y evitando la dependencia permanente de subvenciones. “Cuando se dinamiza el comercio y la industria y se le pone fácil a quienes emprenden, se genera más actividad económica, más riqueza y también más recaudación, sin necesidad de subir impuestos”, ha afirmado.
Antonio Ortolá: «Nos obligan a pagar por un invento que no sirve y encima es peligroso»
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una Declaración Institucional para suspender la obligatoriedad del uso de las balizas de emergencia V16, una medida impuesta por el Gobierno que obliga a sustituir los tradicionales triángulos de emergencia. Esta iniciativa se enmarca en una acción conjunta de VOX en los ayuntamientos, en Las Cortes Valencianas y en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de frenar una normativa “injusta, innecesaria y perjudicial para los conductores”.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha denunciado que “esta obligación se ha impuesto sin consenso y sin aportar estudios técnicos independientes que demuestren de forma concluyente que la baliza V16 mejora realmente la seguridad vial frente a los sistemas que se han venido utilizando hasta ahora”. Ortolá ha subrayado que la medida afecta únicamente a los vehículos matriculados en España, lo que “genera una clara situación de desigualdad con respecto a los vehículos extranjeros que circulan por nuestras carreteras, algo especialmente grave en una ciudad turística y de tránsito como Castellón”.
Desde VOX también se ha puesto el acento en el impacto económico que supone esta imposición. Según Ortolá, “en un contexto de encarecimiento del coste de la vida y de pérdida de poder adquisitivo para muchas familias y empresas, obligar a asumir un nuevo gasto resulta desproporcionado y carente de sensibilidad social”. El portavoz municipal ha insistido en que “no se puede legislar de espaldas a la realidad económica de los ciudadanos ni convertir la seguridad vial en una excusa para imponer más cargas”.
Ortolá ha señalado igualmente que existen dudas razonables sobre la eficacia del dispositivo en determinadas circunstancias. “Diversos colectivos han advertido de posibles limitaciones de la baliza V16 en ciertos tipos de vehículos, en tramos con visibilidad reducida o en condiciones meteorológicas adversas”, ha explicado, añadiendo que “además, esta normativa puede transmitir el mensaje equivocado de que es más seguro permanecer dentro del vehículo tras una avería o accidente, cuando los protocolos de seguridad vial aconsejan justamente lo contrario en muchos casos”.
Propuestas de acuerdo
En primer lugar, el Grupo Municipal VOX insta al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad del uso de la baliza de emergencia V16, permitiendo que los conductores puedan seguir utilizando los tradicionales triángulos de emergencia u otros sistemas de señalización.
Además, desde VOX se insiste en que “cualquier cambio normativo en materia de seguridad vial debe estar respaldado por estudios técnicos y periciales independientes, rigurosos y concluyentes, que acrediten de manera objetiva su eficacia en condiciones reales de tráfico, en distintos tipos de vías y bajo climatología adversa, y no basarse en decisiones unilaterales carentes de evidencia contrastada”.
En segundo lugar, VOX reclama que el Ejecutivo garantice que ninguna normativa de seguridad vial incentive, ni directa ni indirectamente, la permanencia de los conductores dentro del vehículo tras una avería o accidente, en coherencia con los protocolos de prevención de riesgos y las recomendaciones básicas de seguridad en carretera.
Al mismo tiempo, el Grupo Municipal defiende la necesidad de impulsar medidas de apoyo a familias y empresas para mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico, desde un enfoque tecnológicamente neutro y sin imposiciones ideológicas. Además, en la Declaración Institucional también se insta al Gobierno de España a “evitar la aprobación de normativas que impongan cargas económicas innecesarias a la ciudadanía sin un beneficio real, acreditado y proporcional en términos de seguridad y bienestar”.
Antonio Ortolá: «La defensa de la pesca en Castellón es una obligación institucional y moral».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una Declaración Institucional para exigir medidas urgentes frente a las nuevas restricciones de la Comisión Europea, que ponen en grave riesgo al sector pesquero del Mediterráneo, y muy especialmente a la flota de arrastre del Grao de Castellón. La propuesta de Bruselas reduce los días de actividad de 27 a apenas 9,7 por embarcación para 2026, condicionando cualquier incremento a planes inciertos y medidas técnicas insuficientes.
“Los pescadores del Grao están cansados de decisiones tomadas desde despachos lejanos, sin conocer las condiciones reales del Mar. Nuestros marineros no son cifras, son familias que luchan día a día por ganarse el pan mientras la Comisión Europea permite que barcos extranjeros faenen sin límite y nuestras flotas sufren recortes injustificados”, ha declarado Antonio Ortolá, portavoz de VOX en Castellón. Ortolá ha subrayado que “la situación refleja una absoluta desconexión de Bruselas con la realidad local y exige una defensa firme de las familias que dependen de la pesca”.
El portavoz de VOX ha insistido en que “el Ayuntamiento tiene la obligación moral de alzar la voz y buscar el consenso del resto de grupos políticos para proteger a los pescadores. La defensa del sector no es solo una cuestión económica, sino también social y patrimonial: preservar la flota de arrastre del Grao es garantizar la continuidad de un legado que forma parte de la identidad de Castellón”.
Un ataque ideológico y arbitrario a la pesca local
El Grupo Municipal VOX ha denunciado que las medidas de la Comisión Europea responden a una agenda ideológica, ignorando los informes científicos del STECF, que muestran mejoras en la biomasa de especies como la merluza. Un ejemplo de ello es que, para justificar recortes adicionales, Bruselas ha cambiado unilateralmente la “especie principal” a la cigala, un recurso que según los pescadores es de escasa relevancia en nuestras aguas, demostrando que las restricciones no obedecen a criterios técnicos ni biológicos.
“El consenso progre, que ha apoyado estas normas, ignora la realidad productiva, social y económica de Castellón. Se trata de imponer políticas basadas en ideología y en el Pacto Verde, sin evaluar los impactos reales sobre quienes salen al mar cada día. Europa legisla desde despachos, mientras nuestros pescadores sufren las nefastas consecuencias”, ha subrayado Ortolá.
Para VOX, estas políticas no solo son injustas, sino también peligrosas, porque comprometen la preservación de un modo de vida que forma parte del patrimonio cultural de Castellón. El partido reclama la revisión de las normativas europeas y la adopción de medidas que respeten la realidad del Mediterráneo español, protegiendo a los pescadores de decisiones arbitrarias y centralizadas en Bruselas.
Propuesta de acuerdos y apoyo institucional
Ortolá ha denunciado que “exigimos respeto, criterios científicos y la posibilidad de que nuestros pescadores puedan seguir trabajando. La pesca en Castellón forma parte de nuestro patrimonio, nuestra seguridad alimentaria y la vida de nuestras familias. Las cuotas injustas y las normas ideológicas están destruyendo un sector fundamental en nuestra economía, mientras el Ministerio y las instituciones europeas miran hacia otro lado”.
VOX reclama medidas concretas para garantizar la supervivencia del sector, incluyendo el rechazo de la propuesta del Comisario europeo, la evaluación de los impactos socioeconómicos antes de aprobar cualquier restricción, la incorporación de la realidad biológica de nuestras costas y la defensa de la soberanía alimentaria y del producto nacional. Estas demandas buscan, además, crear un consenso local que haga frente a las imposiciones externas.
La Declaración Institucional de VOX propone apoyar de manera firme y decidida a los pescadores del Grao, instando al Gobierno de España a negociar en Bruselas con criterios científicos y no ideológicos. Asimismo, reclama apoyo económico, fiscal y administrativo para cofradías y empresas pesqueras, así como la implicación de todas las administraciones y fuerzas políticas para proteger conjuntamente al sector.
“Trasladaremos esta declaración a la Cofradía de Pescadores de Castellón, a la Secretaría General de Pesca, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Comisión Europea y a los eurodiputados españoles. Queremos que se entienda que defender a nuestros pescadores no es opcional, es una obligación institucional y moral”, ha afirmado Antonio Ortolá.
El trabajo de VOX en la Generalitat Valenciana
Cabe recordar que gracias a la presión de VOX en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, se han eliminado todas las tasas y se ha sufragado el 100% de la adquisición de nuevas redes, lo que permite que los pescadores puedan faenar más días según las directrices de la Comisión Europea. En palabras de Ortolá, “esto demuestra que donde VOX tiene fuerza se trabaja para dar todas las facilidades posibles a nuestros pescadores”.
Además, Ortolá ha recordado que “VOX ha sido el único partido que ha votado sistemáticamente en contra tanto en Madrid como en Bruselas de políticas impositivas que buscan asfixiar a nuestra pesca. Seguiremos defendiendo a nuestros pescadores cueste lo que cueste. Queremos pescado de nuestro mar y justicia y respeto para quienes lo sacan cada día de nuestras aguas”.
Antonio Ortolá: «La izquierda ha blindado la impunidad legal de los delincuentes».
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón y concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha alertado de que la ciudad continúa sufriendo los efectos de un problema que se repite semana tras semana: la delincuencia reincidente, una realidad que —según advierte— lastra la convivencia en muchos barrios y que es consecuencia directa de “unas leyes nacionales blandas e incapaces de ofrecer una respuesta eficaz frente a quienes cometen delitos una y otra vez”. Ortolá señala que “este fenómeno no es aislado ni puntual, sino que se confirma con la actividad diaria de las fuerzas de seguridad, que ven cómo los mismos individuos reinciden sin que el marco legal permita actuar con la firmeza necesaria”.
El concejal ha recordado que “recientemente la Policía Local detuvo en la Marjalería a un individuo con un largo historial delictivo que fue sorprendido intentando acceder a una vivienda. Apenas unos días después, la Policía Nacional arrestó a otro ladrón, también conocido por su reiteración en delitos contra la propiedad, presunto autor de numerosos robos en comercios del distrito marítimo. “Estos casos no son anécdotas —explica Ortolá—, sino la prueba de un patrón que se repite sin descanso. Se detiene a multirreincidentes, pero el sistema los devuelve a las 72 horas a las calles, y los castellonenses vuelven a sufrir sus delitos”.
Para el portavoz de VOX, lo verdaderamente alarmante es que esta situación se ha normalizado hasta el punto de resultar previsible: “Entran en una vivienda, roban en un comercio, son detenidos y, a las pocas horas, quedan de nuevo en libertad, listos para volver a delinquir. La ley no solo no corrige, sino que permite que estos perfiles encadenen delitos con total sensación de impunidad”. Según Ortolá, esta dinámica es consecuencia directa del marco penal promovido y sostenido por el PSOE y sus socios, “que han convertido la seguridad ciudadana en un asunto secundario, con leyes pensadas desde los despachos, alejadas de la realidad y que protegen más al delincuente que al vecino honrado”.
La propuesta de VOX para modificar la ley
En este contexto, Ortolá lamenta profundamente que todos los grupos parlamentarios tumbaran la Proposición de Ley Orgánica presentada por VOX en el Congreso, una iniciativa que pretendía frenar precisamente este problema con medidas claras, actualizadas y adaptadas a la realidad delictiva actual. La reforma proponía rebajar la edad de responsabilidad penal a los 12 años, endurecer las sanciones para evitar la reincidencia múltiple, aumentar los tiempos máximos de internamiento en casos de pluralidad de delitos, ampliar los plazos de prescripción y permitir medidas como la expulsión o la pérdida de nacionalidad adquirida en casos de menores extranjeros condenados por delitos graves.
Finalmente, Ortolá insiste en que “España necesita un cambio profundo y valiente en materia de seguridad. Ese cambio debe incluir un endurecimiento real de las penas, un freno efectivo a la reincidencia, un control firme de la inmigración ilegal y más medios y respaldo para los cuerpos de seguridad”. Y ha concluido asegurado que “solo VOX ha demostrado la determinación de afrontar este problema sin complejos ni excusas. Mientras otros prefieren mantener leyes fallidas que condenan a los ciudadanos a convivir con la inseguridad, nosotros seguiremos defendiendo reformas que protejan la vida, la propiedad y la tranquilidad de los castellonenses”.
Antonio Ortolá: «Con nuestros impuestos no se financian causas ajenas».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón ha anunciado que presentará una enmienda en el próximo pleno ordinario de octubre con el objetivo de modificar una partida de la modificación de crédito que se someterá a aprobación. En concreto, la formación propone que 60.000 euros de cooperación al desarrollo que el Partido Popular pretende enviar a una ONG de Palestina se queden en Castellón, destinándose a proyectos que beneficien directamente a los vecinos del Grao.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha explicado que “esta enmienda a la modificación de crédito no es una crisis de gobierno, lo hemos hablado con nuestros socios y queremos mostrar una postura constructiva en la que damos a entender que el dinero de los castellonenses debe ir en beneficio de los propios vecinos de la ciudad, y no tanto de proyectos que por muy buenos que sean están lejos de aquí”.
En este sentido, Ortolá ha añadido que “el Grao agotó su partida para este ejercicio y es necesario, en beneficio de todos los vecinos del distrito marítimo, aumentar esta partida para emprender acciones de dinamización de la zona en este último trimestre del año”.
El portavoz ha insistido en que “la solidaridad debe nacer de los propios ciudadanos, no de la administración pública”, y ha recordado que “desde VOX queremos construir desde el diálogo y con propuestas útiles para los castellonenses, siempre con respeto y lealtad hacia nuestro socio de gobierno, el Partido Popular. Nuestra intención es aportar ideas que mejoren la gestión municipal y que prioricen a quienes pagan los impuestos: los ciudadanos de Castellón”.
En este sentido, ha explicado que “Castellón necesita inversión, promoción y oportunidades. Cada euro que se destine a generar empleo o a dinamizar barrios como el Grao tiene un retorno directo en la economía local. Nosotros creemos que la mejor forma de ayudar a los demás es tener primero una ciudad fuerte, con trabajo, con servicios y con futuro. Y para eso queremos que el dinero de los castellonenses se quede aquí, en nuestra ciudad”.
Finalmente, Ortolá ha recordado que “la postura de VOX en este asunto es clara. Ya hemos logrado en anteriores ejercicios reducir partidas de cooperación al desarrollo para que esos fondos se queden en Castellón, donde realmente hacen falta. Sin embargo, en ocasiones todavía se sigue enviando dinero al extranjero sin sentido, y desde VOX vamos a seguir trabajando para poner fin a este despilfarro y garantizar que cada euro de los castellonenses se destine a mejorar su ciudad”.