Actualidad Política

14 de agosto de 2026

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El portavoz del Grupo Provincial VOX en la Diputación de Castellón, Luciano Ferrer, llevará al próximo pleno una moción para la defensa del sector cerámico, uno de los pilares económicos fundamentales de la provincia, frente a las políticas de desindustrialización impulsadas desde Europa.

La iniciativa pone el foco en la grave situación que atraviesa la industria cerámica, que genera decenas de miles de empleos directos e indirectos y sitúa a Castellón como referente internacional. Sin embargo, advierte Ferrer, “este motor económico está siendo asfixiado por el encarecimiento de la energía, la inseguridad regulatoria y unas políticas climáticas ideológicas que ignoran la realidad industrial”.

Tal y como recoge la moción, el sector cerámico depende de procesos productivos intensivos en energía —especialmente gas natural— para los que actualmente no existen alternativas tecnológicas viables a gran escala. Pese a ello, las exigencias derivadas del Pacto Verde Europeo y el sistema de comercio de emisiones están incrementando los costes y reduciendo la competitividad de las empresas.

Ferrer alerta de que estas políticas están provocando “una desindustrialización silenciosa de Europa”,favoreciendo la deslocalización hacia países con menos exigencias ambientales, lo que no reduce las emisiones globales, pero sí destruye empleo y tejido productivo en España.

Además, el diputado de VOX denuncia la falta de un marco estable para la cogeneración industrial, una tecnología clave para mejorar la eficiencia energética del sector y reducir emisiones. “La incertidumbre regulatoria está poniendo en peligro numerosas instalaciones y miles de puestos de trabajo”, ha subrayado.

MEDIDAS CONCRETAS PARA SALVAR EL SECTOR

La propuesta que Ferrer defenderá en el pleno incluye una batería de medidas dirigidas a garantizar la viabilidad de la industria cerámica:

  • Defensa firme del sector como industria estratégica nacional
  • Medidas urgentes para asegurar energía competitiva
  • Marco estable para la cogeneración
  • Revisión del sistema europeo de emisiones (ETS)
  • Rechazo al Pacto Verde Europeo por su impacto industrial
  • Impulso de la soberanía energética, incluyendo la energía nuclear
  • Protección frente a la competencia desleal de terceros países

Asimismo, reclama trasladar estos acuerdos al Gobierno de España, a las instituciones europeas y a los principales organismos del sector.

“NO PODEMOS SACRIFICAR NUESTRA INDUSTRIA”

Ferrer es contundente: “España no puede aceptar políticas que castigan a nuestros trabajadores y empresas mientras se permite la entrada de productos de países que no cumplen las mismas normas. Defender la cerámica es defender el empleo, la industria y el futuro de Castellón”.

VOX insiste en que esta moción busca que la Diputación lidere un posicionamiento claro en defensa de la industria provincial y exija un cambio de rumbo en las políticas energéticas y climáticas que están debilitando la economía real.

El portavoz adjunto de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Alberto Vidal, ha anunciado que su grupo presentará este mes una Declaración Institucional para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el uso de banderas en centros educativos y edificios públicos del municipio.

Según ha explicado Vidal, la iniciativa responde a la detección de incumplimientos reiterados en colegios públicos y dependencias municipales, donde, a su juicio, no se estaría respetando la legislación vigente en materia de símbolos oficiales. El edil ha señalado que esta situación ya fue trasladada a la administración educativa, aunque considera que no se han adoptado medidas suficientes para corregirla.

“El uso adecuado de las banderas no es una cuestión estética, sino una obligación legal vinculada al respeto institucional”, ha afirmado, subrayando que los centros educativos deben ser ejemplo en el cumplimiento de la normativa.

La propuesta de VOX incluye instar a la Generalitat Valenciana a garantizar el cumplimiento de la ley en todos los centros educativos públicos, así como solicitar a la Inspección Educativa que recuerde a los equipos directivos su obligación de exhibir correctamente las banderas oficiales.

Asimismo, la formación plantea promover el mantenimiento adecuado de estos símbolos en edificios públicos y reforzar el seguimiento por parte de las administraciones competentes para evitar incumplimientos prolongados.

El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ha registrado una Proposición no de ley con el objetivo de proteger la industria cerámica española, motor económico fundamental que en 2025 alcanzó una facturación de 4.834 millones de euros y sustenta más de 15.900 empleos directos. La iniciativa denuncia que las actuales políticas climáticas de la Unión Europea y el incremento de los costes energéticos están asfixiando la viabilidad del sector.

El diputado en el Congreso de VOX por Castellón, Alberto Asarta, señala que “el sector cerámico, concentrado mayoritariamente en Castellón, se enfrenta a una reducción drástica del 34% en la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 para el periodo 2026-2030 y, según estimaciones del sector, esta medida sumada al sistema de comercio de emisiones podría suponer un sobrecoste anual de hasta 163 millones de euros”. A esto -explica Asarta- se añade “el impacto de 30 millones de euros anuales provocado por la reducción en la retribución a la cogeneración, tecnología clave para la eficiencia de esta industria”.

Asimismo, advierte sobre la «competencia asimétrica» que supone la apertura del mercado europeo a producciones de terceros países, como la India, que no cumplen con los mismos estándares ambientales ni laborales. Y critica “las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático, que podría reducir los aranceles de importación al 5% y devastar a los fabricantes nacionales”.

Asarta insta al Gobierno a “impulsar un Plan Nacional de Soberanía Energética que comience por la derogación de normativas climáticas como la Ley de Cambio Climático española, el Pacto Verde Europeo y la denuncia del Acuerdo de París, al considerarlos incompatibles con la seguridad del suministro”.

Esta estrategia incluye “una apuesta decidida por la energía nuclear, reconociendo su carácter estratégico, prorrogando la vida útil de las centrales actuales y planificando la construcción de nuevas para garantizar un suministro estable y asequible”.

Asimismo, propone “una profunda reforma fiscal energética que rebaje permanentemente el IVA de la electricidad al 4% y suprima impuestos específicos como el de Hidrocarburos, el Especial sobre la Electricidad y las tasas que gravan la generación nuclear.”

Finalmente, exige “una protección comercial firme que rechace acuerdos internacionales que perjudiquen los intereses del sector productivo español y la competitividad de la industria cerámica”.

Con esta propuesta, VOX busca garantizar un marco regulatorio que devuelva la competitividad a la cerámica española, alejándose de postulados ideológicos que ponen en riesgo miles de familias y el liderazgo exportador de nuestra industria.

El diputado por Castellón y portavoz de VOX en la comisión mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, Alberto Asarta, ha defendido con contundencia los pilares de la política migratoria de VOX: “Remigración, repatriación y deportación como única vía para frenar el descontrol migratorio y proteger la seguridad de los españoles”.

Asarta ha anunciado que VOX apoyará la creación de la Ponencia para analizar el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros impulsado por el Gobierno y respaldado por el Partido Popular, aunque ha denunciado la “hipocresía e incoherencia” de los populares.

Votaron a favor de la regularización masiva en el Congreso, financian en las comunidades donde gobiernan a ONG que fomentan el efecto llamada y en el Senado rechazaron las enmiendas de VOX para expulsar a delincuentes extranjeros”, ha criticado.

Frente a esta política, Asarta ha reivindicado una actuación firme del Estado: “Remigración para quienes vienen a vivir de las ayudas, repatriación de todos los que han entrado ilegalmente y deportación inmediata de los extranjeros que delinquen”.

El que no respeta nuestras leyes ni nuestras costumbres no puede quedarse en España”, ha subrayado.

El diputado ha insistido en que la ponencia debe abordar con rigor el impacto real de la inmigración ilegal en la seguridad nacional, revisar las políticas actuales que favorecen regularizaciones masivas sin control y plantear medidas eficaces como el refuerzo de fronteras, la lucha contra las mafias y una cooperación internacional basada en resultados.

Por último, ha advertido de que “la seguridad nacional está hoy seriamente comprometida por una política migratoria errática, improvisada y profundamente irresponsable”, y ha defendido que solo con medidas firmes “España podrá recuperar el control de sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que su grupo municipal propondrá ampliar la prohibición del uso de prendas que oculten completamente el rostro, como el burka, el niqab o cualquier vestimenta de efecto equivalente, al transporte público de la ciudad, tras el éxito de su reciente aprobación en edificios municipales. Una medida que, según ha señalado, “ha supuesto un avance claro en la defensa de principios fundamentales y que ahora debe tener continuidad en otros ámbitos de la vida pública donde también se producen interacciones constantes entre ciudadanos”.

Ortolá ha valorado positivamente la decisión adoptada en el pleno ordinario de febrero de prohibir el burka en edificios municipales, subrayando que “Castellón ha dado un paso firme en la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, en la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos, con una medida valiente, coherente y necesaria que sitúa a nuestras instituciones del lado de la igualdad real”. En este sentido, ha insistido en que “la actuación del Ayuntamiento no puede quedarse en un ámbito limitado, sino que debe proyectarse hacia otros espacios públicos donde la presencia de estas prendas genera las mismas problemáticas”.

En esta línea, el portavoz ha explicado que “el siguiente paso es lógico y responde a una cuestión de coherencia institucional: extender esta regulación al transporte público, un entorno de uso intensivo en el que miles de ciudadanos conviven diariamente y donde deben garantizarse plenamente tanto la seguridad como la correcta identificación de las personas”. “No tiene sentido exigir el rostro visible en edificios municipales y, sin embargo, no hacerlo en autobuses u otros servicios públicos, donde las necesidades de identificación y control son igualmente evidentes”, ha añadido.

Ortolá ha reiterado que “el burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir, sino que en muchos contextos constituyen la expresión de una imposición que invisibiliza a la mujer, la aparta del espacio público y diluye su identidad. No podemos aceptar como normal ni integrar en nuestra convivencia símbolos que representan desigualdad, subordinación y negación de la identidad personal, especialmente cuando afectan directamente a la dignidad de la mujer”.

El portavoz también ha destacado que la propuesta responde a criterios objetivos de seguridad y correcto funcionamiento de los servicios públicos, señalando que “en el transporte público resulta fundamental que los usuarios puedan ser identificados con normalidad, tanto para prevenir posibles situaciones de riesgo como para facilitar la labor de los profesionales y garantizar el buen funcionamiento del servicio”.

Finalmente, VOX instará al Gobierno de España a adoptar una regulación a nivel nacional que prohíba el uso de este tipo de prendas en todos los medios de transporte, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y garantizar un marco común en todo el país. “No puede haber diferencias en una cuestión tan relevante. La igualdad, la seguridad y la dignidad deben protegerse con las mismas garantías en toda España, sin excepciones ni ambigüedades”, ha concluido Ortolá.

VOX ha registrado iniciativas en todos los ayuntamientos de la provincia de Castellón donde cuenta con representación para rechazar la implantación del menú halal en los centros educativos públicos, tras la consulta pública del proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según la formación, el borrador introduce cambios en el funcionamiento de los servicios públicos que, a su juicio, afectan al principio de neutralidad institucional. En este sentido, VOX defiende que los comedores escolares deben regirse por criterios nutricionales, sanitarios y de eficiencia.

La iniciativa señala que la introducción de menús específicos responde a demandas particulares y podría generar, según VOX, una mayor complejidad en la gestión de los comedores escolares, así como un incremento de costes y posibles desigualdades en la prestación del servicio.

Defensa de la dieta mediterránea y del sector primario

VOX ha subrayado que la prioridad en los comedores escolares debe ser garantizar una alimentación saludable y de calidad basada en la dieta mediterránea, además de apoyar a los productores locales y al sector primario español.

Desde la formación consideran que los comedores escolares deben ser espacios de cohesión social y no ámbitos en los que se introduzcan elementos que, a su juicio, puedan generar división.

Posicionamiento institucional y defensa de las tradiciones

A través de estas iniciativas, VOX reclama a los ayuntamientos que se posicionen en defensa de la neutralidad de los servicios públicos, el mantenimiento de las tradiciones y una gestión eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, la formación ha reiterado su defensa de la igualdad en el acceso a los servicios públicos y de aquellos elementos que consideran parte de la cultura nacional, como la dieta mediterránea.

VOX sostiene que las instituciones públicas deben regirse por criterios comunes y ha manifestado su rechazo a la incorporación de medidas que, según su valoración, no responden al interés general.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Vinaroz ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de esta semana para prohibir el acceso a dependencias municipales con burka, niqab o cualquier prenda que oculte total o sustancialmente el rostro.

La medida se aplicará exclusivamente en el interior de edificios municipales y no afectará a la vía pública. El objetivo es garantizar la identificación en trámites oficiales, proteger datos personales y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración.

El portavoz de VOX en Vinaroz, Josué Brito, ha sido claro: “En el Ayuntamiento no se puede entrar con el rostro oculto. Aquí se gestionan expedientes, se verifican identidades y se ejercen derechos y obligaciones. La identificación es una condición básica.”

Brito subraya que las dependencias municipales no son espacios privados, sino lugares donde se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos y donde la seguridad y la verificación de identidad son imprescindibles. “No es un ataque a nadie. Es una norma objetiva que se aplica a cualquier prenda que impida identificar a la persona. Las reglas son iguales para todos”, aclara.

La moción establece como condición de acceso permitir la identificación visual del rostro y contempla únicamente excepciones justificadas por razones médicas, de salud pública o seguridad laboral.

Para Brito, el debate es de fondo: “La integración significa adaptarse a las normas comunes del país en el que se vive. En España, la Administración exige identificación. Y quien quiera utilizar un servicio público debe cumplir esa condición mínima.”

Así, defiende que el Ayuntamiento tiene plena competencia para regular el uso de sus instalaciones y establecer condiciones proporcionadas de acceso en materia de seguridad y funcionamiento administrativo. “No vamos a mirar hacia otro lado por miedo a la corrección política. Nuestra obligación es defender la seguridad jurídica, la igualdad y el respeto a nuestras instituciones”, apunta.

El Grupo Municipal VOX pedirá que los servicios jurídicos redacten el reglamento correspondiente y que la norma se publicite de forma clara en todos los accesos municipales.

Con esta iniciativa, VOX sitúa el debate donde corresponde: en la defensa del orden institucional, la seguridad y la primacía de las normas comunes frente a imposiciones culturales incompatibles con el funcionamiento normal de la Administración.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón impulsará desde el Gobierno municipal un protocolo para regular el acceso y uso de las dependencias municipales en aquellos casos en los que se produzca una ocultación integral del rostro, como el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente.

El portavoz, Antonio Ortolá, ha explicado que esta iniciativa responde a “una necesidad objetiva de seguridad, correcta identificación de las personas y defensa de la dignidad de la mujer en los espacios públicos municipales”.

Así, ha señalado que las dependencias municipales “son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa a los ciudadanos y se gestionan datos personales, por lo que resulta imprescindible poder identificar visualmente a las personas que acceden a ellas”. En este sentido, ha subrayado que “la ocultación total o parcial del rostro dificulta de manera objetiva la verificación de la identidad, la prevención de posibles suplantaciones y el normal funcionamiento de los servicios públicos”.

Y ha advertido de que “no se puede seguir normalizando en nuestras instituciones públicas el uso de prendas que ocultan completamente el rostro y que, además, están asociadas a costumbres absolutamente machistas que atentan directamente contra la dignidad de la mujer. Desde VOX defendemos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y consideramos incompatible con esa defensa aceptar prácticas que simbolizan la sumisión y la negación de la identidad femenina”.

Ortolá ha querido dejar claro que la moción “no va dirigida contra ninguna persona ni contra ninguna religión”, sino que “se limita a establecer una condición funcional, objetiva y razonable de acceso a los edificios municipales”. “La regulación será aplicable a cualquier prenda —religiosa o no— que produzca el mismo efecto de ocultación facial”, ha explicado, insistiendo en que “lo relevante no es el origen de la prenda, sino la imposibilidad de identificar a la persona en un espacio donde dicha identificación es necesaria”.

Por último, ha defendido que “las instituciones públicas deben ser espacios seguros, transparentes y coherentes con nuestros valores constitucionales. No podemos mirar hacia otro lado ni ceder ante el relativismo cultural cuando están en juego la seguridad ciudadana y la dignidad de la mujer”.

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