Alberto Asarta: «La cerámica española está asfixiada por las políticas climáticas»
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ha registrado una Proposición no de ley con el objetivo de proteger la industria cerámica española, motor económico fundamental que en 2025 alcanzó una facturación de 4.834 millones de euros y sustenta más de 15.900 empleos directos. La iniciativa denuncia que las actuales políticas climáticas de la Unión Europea y el incremento de los costes energéticos están asfixiando la viabilidad del sector.
El diputado en el Congreso de VOX por Castellón, Alberto Asarta, señala que “el sector cerámico, concentrado mayoritariamente en Castellón, se enfrenta a una reducción drástica del 34% en la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 para el periodo 2026-2030 y, según estimaciones del sector, esta medida sumada al sistema de comercio de emisiones podría suponer un sobrecoste anual de hasta 163 millones de euros”. A esto -explica Asarta- se añade “el impacto de 30 millones de euros anuales provocado por la reducción en la retribución a la cogeneración, tecnología clave para la eficiencia de esta industria”.
Asimismo, advierte sobre la «competencia asimétrica» que supone la apertura del mercado europeo a producciones de terceros países, como la India, que no cumplen con los mismos estándares ambientales ni laborales. Y critica “las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático, que podría reducir los aranceles de importación al 5% y devastar a los fabricantes nacionales”.
Asarta insta al Gobierno a “impulsar un Plan Nacional de Soberanía Energética que comience por la derogación de normativas climáticas como la Ley de Cambio Climático española, el Pacto Verde Europeo y la denuncia del Acuerdo de París, al considerarlos incompatibles con la seguridad del suministro”.
Esta estrategia incluye “una apuesta decidida por la energía nuclear, reconociendo su carácter estratégico, prorrogando la vida útil de las centrales actuales y planificando la construcción de nuevas para garantizar un suministro estable y asequible”.
Asimismo, propone “una profunda reforma fiscal energética que rebaje permanentemente el IVA de la electricidad al 4% y suprima impuestos específicos como el de Hidrocarburos, el Especial sobre la Electricidad y las tasas que gravan la generación nuclear.”
Finalmente, exige “una protección comercial firme que rechace acuerdos internacionales que perjudiquen los intereses del sector productivo español y la competitividad de la industria cerámica”.
Con esta propuesta, VOX busca garantizar un marco regulatorio que devuelva la competitividad a la cerámica española, alejándose de postulados ideológicos que ponen en riesgo miles de familias y el liderazgo exportador de nuestra industria.
Alberto Asarta: «Remigración, repatriación y deportación»
El diputado por Castellón y portavoz de VOX en la comisión mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, Alberto Asarta, ha defendido con contundencia los pilares de la política migratoria de VOX: “Remigración, repatriación y deportación como única vía para frenar el descontrol migratorio y proteger la seguridad de los españoles”.
Asarta ha anunciado que VOX apoyará la creación de la Ponencia para analizar el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros impulsado por el Gobierno y respaldado por el Partido Popular, aunque ha denunciado la “hipocresía e incoherencia” de los populares.
“Votaron a favor de la regularización masiva en el Congreso, financian en las comunidades donde gobiernan a ONG que fomentan el efecto llamada y en el Senado rechazaron las enmiendas de VOX para expulsar a delincuentes extranjeros”, ha criticado.
Frente a esta política, Asarta ha reivindicado una actuación firme del Estado: “Remigración para quienes vienen a vivir de las ayudas, repatriación de todos los que han entrado ilegalmente y deportación inmediata de los extranjeros que delinquen”.
“El que no respeta nuestras leyes ni nuestras costumbres no puede quedarse en España”, ha subrayado.
El diputado ha insistido en que la ponencia debe abordar con rigor el impacto real de la inmigración ilegal en la seguridad nacional, revisar las políticas actuales que favorecen regularizaciones masivas sin control y plantear medidas eficaces como el refuerzo de fronteras, la lucha contra las mafias y una cooperación internacional basada en resultados.
Por último, ha advertido de que “la seguridad nacional está hoy seriamente comprometida por una política migratoria errática, improvisada y profundamente irresponsable”, y ha defendido que solo con medidas firmes “España podrá recuperar el control de sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.
Antonio Ortolá plantea ampliar la prohibición del burka a autobuses.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que su grupo municipal propondrá ampliar la prohibición del uso de prendas que oculten completamente el rostro, como el burka, el niqab o cualquier vestimenta de efecto equivalente, al transporte público de la ciudad, tras el éxito de su reciente aprobación en edificios municipales. Una medida que, según ha señalado, “ha supuesto un avance claro en la defensa de principios fundamentales y que ahora debe tener continuidad en otros ámbitos de la vida pública donde también se producen interacciones constantes entre ciudadanos”.
Ortolá ha valorado positivamente la decisión adoptada en el pleno ordinario de febrero de prohibir el burka en edificios municipales, subrayando que “Castellón ha dado un paso firme en la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, en la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos, con una medida valiente, coherente y necesaria que sitúa a nuestras instituciones del lado de la igualdad real”. En este sentido, ha insistido en que “la actuación del Ayuntamiento no puede quedarse en un ámbito limitado, sino que debe proyectarse hacia otros espacios públicos donde la presencia de estas prendas genera las mismas problemáticas”.
En esta línea, el portavoz ha explicado que “el siguiente paso es lógico y responde a una cuestión de coherencia institucional: extender esta regulación al transporte público, un entorno de uso intensivo en el que miles de ciudadanos conviven diariamente y donde deben garantizarse plenamente tanto la seguridad como la correcta identificación de las personas”. “No tiene sentido exigir el rostro visible en edificios municipales y, sin embargo, no hacerlo en autobuses u otros servicios públicos, donde las necesidades de identificación y control son igualmente evidentes”, ha añadido.
Ortolá ha reiterado que “el burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir, sino que en muchos contextos constituyen la expresión de una imposición que invisibiliza a la mujer, la aparta del espacio público y diluye su identidad. No podemos aceptar como normal ni integrar en nuestra convivencia símbolos que representan desigualdad, subordinación y negación de la identidad personal, especialmente cuando afectan directamente a la dignidad de la mujer”.
El portavoz también ha destacado que la propuesta responde a criterios objetivos de seguridad y correcto funcionamiento de los servicios públicos, señalando que “en el transporte público resulta fundamental que los usuarios puedan ser identificados con normalidad, tanto para prevenir posibles situaciones de riesgo como para facilitar la labor de los profesionales y garantizar el buen funcionamiento del servicio”.
Finalmente, VOX instará al Gobierno de España a adoptar una regulación a nivel nacional que prohíba el uso de este tipo de prendas en todos los medios de transporte, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y garantizar un marco común en todo el país. “No puede haber diferencias en una cuestión tan relevante. La igualdad, la seguridad y la dignidad deben protegerse con las mismas garantías en toda España, sin excepciones ni ambigüedades”, ha concluido Ortolá.
Llanos Massó impulsa una ofensiva contra el menú halal en colegios de Castellón.
VOX ha registrado iniciativas en todos los ayuntamientos de la provincia de Castellón donde cuenta con representación para rechazar la implantación del menú halal en los centros educativos públicos, tras la consulta pública del proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Según la formación, el borrador introduce cambios en el funcionamiento de los servicios públicos que, a su juicio, afectan al principio de neutralidad institucional. En este sentido, VOX defiende que los comedores escolares deben regirse por criterios nutricionales, sanitarios y de eficiencia.
La iniciativa señala que la introducción de menús específicos responde a demandas particulares y podría generar, según VOX, una mayor complejidad en la gestión de los comedores escolares, así como un incremento de costes y posibles desigualdades en la prestación del servicio.
Defensa de la dieta mediterránea y del sector primario
VOX ha subrayado que la prioridad en los comedores escolares debe ser garantizar una alimentación saludable y de calidad basada en la dieta mediterránea, además de apoyar a los productores locales y al sector primario español.
Desde la formación consideran que los comedores escolares deben ser espacios de cohesión social y no ámbitos en los que se introduzcan elementos que, a su juicio, puedan generar división.
Posicionamiento institucional y defensa de las tradiciones
A través de estas iniciativas, VOX reclama a los ayuntamientos que se posicionen en defensa de la neutralidad de los servicios públicos, el mantenimiento de las tradiciones y una gestión eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, la formación ha reiterado su defensa de la igualdad en el acceso a los servicios públicos y de aquellos elementos que consideran parte de la cultura nacional, como la dieta mediterránea.
VOX sostiene que las instituciones públicas deben regirse por criterios comunes y ha manifestado su rechazo a la incorporación de medidas que, según su valoración, no responden al interés general.
Josué Brito defiende impedir el acceso con el rostro oculto al Ayuntamiento de Vinaroz.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Vinaroz ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de esta semana para prohibir el acceso a dependencias municipales con burka, niqab o cualquier prenda que oculte total o sustancialmente el rostro.
La medida se aplicará exclusivamente en el interior de edificios municipales y no afectará a la vía pública. El objetivo es garantizar la identificación en trámites oficiales, proteger datos personales y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración.
El portavoz de VOX en Vinaroz, Josué Brito, ha sido claro: “En el Ayuntamiento no se puede entrar con el rostro oculto. Aquí se gestionan expedientes, se verifican identidades y se ejercen derechos y obligaciones. La identificación es una condición básica.”
Brito subraya que las dependencias municipales no son espacios privados, sino lugares donde se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos y donde la seguridad y la verificación de identidad son imprescindibles. “No es un ataque a nadie. Es una norma objetiva que se aplica a cualquier prenda que impida identificar a la persona. Las reglas son iguales para todos”, aclara.
La moción establece como condición de acceso permitir la identificación visual del rostro y contempla únicamente excepciones justificadas por razones médicas, de salud pública o seguridad laboral.
Para Brito, el debate es de fondo: “La integración significa adaptarse a las normas comunes del país en el que se vive. En España, la Administración exige identificación. Y quien quiera utilizar un servicio público debe cumplir esa condición mínima.”
Así, defiende que el Ayuntamiento tiene plena competencia para regular el uso de sus instalaciones y establecer condiciones proporcionadas de acceso en materia de seguridad y funcionamiento administrativo. “No vamos a mirar hacia otro lado por miedo a la corrección política. Nuestra obligación es defender la seguridad jurídica, la igualdad y el respeto a nuestras instituciones”, apunta.
El Grupo Municipal VOX pedirá que los servicios jurídicos redacten el reglamento correspondiente y que la norma se publicite de forma clara en todos los accesos municipales.
Con esta iniciativa, VOX sitúa el debate donde corresponde: en la defensa del orden institucional, la seguridad y la primacía de las normas comunes frente a imposiciones culturales incompatibles con el funcionamiento normal de la Administración.
Antonio Ortolá: «No es una cuestión religiosa, sino de identificación y seguridad en espacios públicos»
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón impulsará desde el Gobierno municipal un protocolo para regular el acceso y uso de las dependencias municipales en aquellos casos en los que se produzca una ocultación integral del rostro, como el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente.
El portavoz, Antonio Ortolá, ha explicado que esta iniciativa responde a “una necesidad objetiva de seguridad, correcta identificación de las personas y defensa de la dignidad de la mujer en los espacios públicos municipales”.
Así, ha señalado que las dependencias municipales “son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa a los ciudadanos y se gestionan datos personales, por lo que resulta imprescindible poder identificar visualmente a las personas que acceden a ellas”. En este sentido, ha subrayado que “la ocultación total o parcial del rostro dificulta de manera objetiva la verificación de la identidad, la prevención de posibles suplantaciones y el normal funcionamiento de los servicios públicos”.
Y ha advertido de que “no se puede seguir normalizando en nuestras instituciones públicas el uso de prendas que ocultan completamente el rostro y que, además, están asociadas a costumbres absolutamente machistas que atentan directamente contra la dignidad de la mujer. Desde VOX defendemos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y consideramos incompatible con esa defensa aceptar prácticas que simbolizan la sumisión y la negación de la identidad femenina”.
Ortolá ha querido dejar claro que la moción “no va dirigida contra ninguna persona ni contra ninguna religión”, sino que “se limita a establecer una condición funcional, objetiva y razonable de acceso a los edificios municipales”. “La regulación será aplicable a cualquier prenda —religiosa o no— que produzca el mismo efecto de ocultación facial”, ha explicado, insistiendo en que “lo relevante no es el origen de la prenda, sino la imposibilidad de identificar a la persona en un espacio donde dicha identificación es necesaria”.
Por último, ha defendido que “las instituciones públicas deben ser espacios seguros, transparentes y coherentes con nuestros valores constitucionales. No podemos mirar hacia otro lado ni ceder ante el relativismo cultural cuando están en juego la seguridad ciudadana y la dignidad de la mujer”.
Antonio Ortolá: «El problema de la vivienda es nacional, no municipal»
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha denunciado que la grave situación de acceso a la vivienda que sufre la ciudad y el país “no es consecuencia de la gestión municipal, sino el resultado directo de las políticas ideológicas, irresponsables y fallidas del Gobierno de Pedro Sánchez, que están provocando una falta de oferta de vivienda, un encarecimiento artificial de los precios y una inseguridad jurídica que impide que el mercado funcione con normalidad”.
En este sentido, Ortolá ha insistido en que “para que se construya vivienda de forma sencilla hacen falta condiciones básicas que hoy no existen, y esas condiciones dependen en su mayoría del Gobierno central”. “Lo vamos a repetir una y mil veces: si no hay seguridad jurídica, si no hay incentivos y si se castiga fiscalmente a quien construye o compra, la vivienda no se construye”, ha afirmado, subrayando que “ningún gobierno municipal puede solucionar un problema cuya raíz es estrictamente nacional”.
Como primer factor clave, el portavoz de VOX ha exigido la derogación inmediata de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023, una norma que, según ha explicado, “ha generado una absoluta inseguridad jurídica que ha espantado a promotores, constructores y propietarios”. Ortolá ha señalado que esta ley “ha reducido la oferta de vivienda disponible y ha provocado exactamente lo contrario de lo que prometía: precios más altos y menos opciones para las familias”, recalcando que “esta ley no la ha aprobado el Ayuntamiento de Castellón, sino el Gobierno de Sánchez, y por el momento solo el Gobierno de Sánchez puede derogarla”.
En segundo lugar, Ortolá ha denunciado el vacío real de inversión en vivienda pública por parte del Ejecutivo central, criticando que “los anuncios de miles de millones y de miles de viviendas que hace Pedro Sánchez se quedan en propaganda. Si el Gobierno quiere que se construya vivienda pública, tendrá que dotar económicamente a su propio Ministerio de Vivienda para que esas promesas se traduzcan en hechos y no en titulares”.
Otro de los elementos fundamentales señalados por Ortolá ha sido la asfixia fiscal que soporta la vivienda en España, reclamando una bajada drástica de impuestos que afectan a promotores, constructores y, especialmente, a los compradores. “Entre el 22% y el 33% del coste final de una vivienda son impuestos que se quedan las administraciones públicas”, ha explicado, añadiendo que “mientras se siga exprimiendo fiscalmente la vivienda, será imposible abaratarla”. En este punto, ha recordado que “el Ayuntamiento de Castellón no tiene capacidad para reducir la carga fiscal estatal, que sigue aumentando con nuevas imposiciones aprobadas por el Gobierno nacional”.
Asimismo, el portavoz de VOX ha defendido “la liberalización del suelo y una profunda desregulación urbanística, denunciando que la burocracia excesiva, los plazos interminables y la proliferación de prohibiciones hacen inviable construir vivienda con agilidad”. “La falta de libertad, la maraña normativa y la obsesión intervencionista están bloqueando el desarrollo de suelo y retrasando proyectos durante años”, ha afirmado, destacando que VOX trabaja a nivel nacional con un enfoque claro de desregulación para reducir trabas administrativas y facilitar que se pueda construir más y más rápido.
En este contexto, Ortolá ha vinculado el problema de la vivienda con el modelo migratorio del Gobierno de Sánchez, reclamando el endurecimiento de los requisitos de empadronamiento y la prioridad para los nacionales. “En los últimos siete años han entrado en España más de tres millones de personas de forma ilegal, y ahora el Gobierno pretende regularizar a más de 500.000 más, generando un efecto llamada brutal y un aumento exponencial de la población a través de la reagrupación familiar”, ha advertido. Ortolá ha subrayado que “no existe ningún gobierno capaz de crear vivienda al mismo ritmo que la inmigración legal e ilegal que está fomentando el PSOE”.
“Este modelo de inmigración es sencillamente inviable”, ha afirmado Ortolá, quien ha asegurado que “el principal causante del fenómeno de la infravivienda y del hacinamiento familiar es la corrupción política y la irresponsabilidad del Gobierno socialista”. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de promover un sistema que “termina costando vidas”, al incentivar la inmigración ilegal y empujar a miles de personas a jugarse la vida en el mar.
Por último, el portavoz de VOX se ha dirigido a Compromís y al Grupo Municipal Socialista, recordándoles que “tras ocho años gobernando el Ayuntamiento de Castellón no hicieron absolutamente nada por la vivienda. Ahora, de repente, parece que les preocupa este problema. Esperamos que con la misma insistencia con la que exigen medidas a este gobierno municipal, exijan responsabilidades al Gobierno central que sostienen y apoyan en Madrid”.
Antonio Ortolá: «Presupuestos de Castellón priorizan vivienda, empleo y seguridad»
El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado de forma definitiva en un pleno extraordinario los presupuestos para el año 2026, que ascienden a 253 millones de euros. Unas cuentas que, tal y como ha explicado el portavoz del Grupo Municipal VOX, Antonio Ortolá, “consolidan un modelo de gestión basado en la seriedad, el rigor presupuestario y el sentido común, y que sitúan como ejes prioritarios la vivienda, el empleo, la bajada de impuestos, la seguridad, la limpieza y la movilidad”.
Ortolá ha recordado que los presupuestos municipales son “el documento más importante que aprueba el Pleno cada año” y ha lamentado que el proceso se haya visto retrasado por la presentación de unas alegaciones que ha calificado de “absolutamente insustanciales y vacías de contenido”, lo que ha obligado a convocar un pleno extraordinario “innecesario”, ya que su único desenlace posible era la desestimación de las mismas. En este sentido, ha defendido que “Castellón no puede permitirse bloqueos artificiales y necesita que sus presupuestos estén plenamente vigentes cuanto antes para seguir avanzando”.
El portavoz de VOX ha subrayado que “las cuentas aprobadas apuestan claramente por el control del gasto, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la eliminación de partidas superfluas, alejándose de aventuras ideológicas que no aportan nada al bienestar de los vecinos”. “Para VOX existe una línea roja muy clara: cada euro que sale del bolsillo de los ciudadanos debe tener un destino útil, claro y perfectamente justificable”, ha señalado.
En este sentido, Ortolá ha destacado que se han priorizado las partidas destinadas a servicios públicos esenciales, la mejora de los barrios, la limpieza, el mantenimiento de infraestructuras y la seguridad, porque, según ha afirmado, “los vecinos quieren calles limpias, barrios cuidados y sentirse seguros, y este equipo de gobierno va decididamente en esa dirección”. Todo ello, ha añadido, sin incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos.
En materia económica, el portavoz municipal ha recalcado que los presupuestos envían un mensaje claro a familias, autónomos y pequeños empresarios. “Castellón no puede seguir castigando fiscalmente a quienes abren cada día su negocio, generan empleo y sostienen los servicios públicos con su esfuerzo”, ha afirmado, defendiendo un modelo que fortalece el músculo económico de la ciudad y favorece la actividad comercial e industrial como vía para generar más oportunidades y riqueza.
Respecto al área social, Ortolá ha puesto en valor que “el presupuesto incrementa el Capítulo I hasta los 70 millones de euros, reforzando especialmente las áreas de Bienestar Social y Seguridad, que son las más beneficiadas en cuanto a creación de nuevas plazas en la plantilla municipa”l. “Frente a lo que pretende hacer ver la oposición, estos presupuestos refuerzan el área social con hechos y no con discursos”, ha subrayado, recordando que la creación de plazas estructurales en Servicios Sociales y en el área de Familia e Infancia es una voluntad clara del actual equipo de gobierno.
Asimismo, ha destacado el impulso del Grupo Municipal VOX en la creación de la concejalía de Familia e Infancia, así como el refuerzo de personal en este ámbito, como muestra de la sensibilidad real del gobierno municipal hacia las familias y las personas más vulnerables. Ortolá ha explicado que “estas mejoras han sido posibles gracias a una drástica reducción del gasto superfluo, especialmente en determinadas subvenciones, lo que ha permitido destinar recursos a actuaciones concretas y necesarias para la ciudad”.
Entre ellas, ha citado la reparación y mantenimiento de calzadas para evitar accidentes, la mejora de numerosos kilómetros de caminos en la Marjalería, la limpieza de cauces o el inicio de obras antiinundaciones, como las de la avenida de Valencia, fruto de una inversión “minuciosamente estudiada y pensada para resolver problemas reales de los vecinos”.
En el ámbito fiscal, Ortolá ha remarcado que estos presupuestos se aprueban bajando casi todos los impuestos o prorrogando su suspensión, como el IBI, la plusvalía, el impuesto de vehículos o las tasas de terrazas. La única excepción, ha explicado, es la tasa de residuos, “impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos”, cuyas consecuencias el Ayuntamiento de Castellón ha tratado de atenuar en 2026 mediante numerosas bonificaciones.
Finalmente, el portavoz de VOX ha defendido un modelo que apuesta por ayudar a los vecinos “a salir adelante por sí mismos”, facilitando la actividad económica y evitando la dependencia permanente de subvenciones. “Cuando se dinamiza el comercio y la industria y se le pone fácil a quienes emprenden, se genera más actividad económica, más riqueza y también más recaudación, sin necesidad de subir impuestos”, ha afirmado.