Actualidad Política

13 de abril de 2026

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El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), tras los graves escándalos judiciales y parlamentarios que sacuden actualmente a la institución y que evidencian, a juicio de VOX, el colapso de un sistema que ha dejado de proteger a los menores más vulnerables.

A lo largo del año 2025, VOX lideró una ofensiva institucional para defender a los menores barceloneses y a sus familias, encontrándose con el bloqueo sistemático del gobierno municipal del PSC y con los ataques del bloque de izquierdas e independentista. “Mientras VOX advertía de los riesgos y exigía controles, el resto de partidos miraban hacia otro lado por puro sectarismo ideológico”, ha señalado el concejal de VOX, Liberto Senderos.

Iniciativas bloqueadas por el PSC y el separatismo

En enero de 2025, VOX solicitó la creación de un censo de menores cuyos progenitores estuvieran empadronados en Barcelona, con el objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo de su situación dentro de los centros gestionados por la DGAIA. Esta iniciativa buscaba garantizar que los menores no fueran expuestos a agresiones ni convivieran con perfiles conflictivos. Asimismo, VOX exigió a la Generalitat el fin de la mezcla indiscriminada de niños plenamente integrados con menores extranjeros llegados ilegalmente, cuyas realidades sociales, culturales y personales son radicalmente distintas.

Posteriormente, en noviembre de 2025, el Grupo Municipal de VOX presentó un ruego para que el Ayuntamiento atendiera de forma prioritaria a mujeres barcelonesas a las que se les hubiera retirado la patria potestad por motivos ajenos al maltrato. La propuesta incluía facilitar el acceso preferente a vivienda social, apoyo psicológico y empleo con el fin de favorecer la reagrupación familiar. Ambas iniciativas fueron rechazadas por el equipo de gobierno del PSC, en un clima de ataques políticos por parte de la izquierda y el separatismo.

El PSC prefirió proteger su relato ideológico antes que escuchar propuestas sensatas para defender a los menores y ayudar a las familias. Hoy, los hechos demuestran que VOX tenía razón”, ha denunciado Liberto Senderos.

Escándalo financiero y abusos sexuales

La gravedad de la situación quedó confirmada en mayo de 2025, cuando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió diligencias tras un informe de la Sindicatura de Cuentas que detectó pagos indebidos por más de 167 millones de euros en prestaciones y subvenciones vinculadas al sistema de protección de menores.

A este presunto desfalco millonario se suma la denuncia por abusos sexuales a una menor de tan solo 12 años tutelada por la DGAIA, un caso que ha generado una profunda alarma social. Estos hechos han derivado en investigaciones judiciales en curso y en la creación de una comisión de investigación en el Parlament de Cataluña para depurar responsabilidades políticas, por lo que VOX califica como una “gestión negligente y criminal” del sistema de tutela.

Estamos ante un sistema opaco, sin controles eficaces y que ha fallado estrepitosamente en su función más básica: proteger a los menores”, ha denunciado Liberto Senderos, quien ha añadido que “la izquierda ha convertido la DGAIA en un pozo sin fondo de dinero público y en un entorno inseguro para los niños”.

Desde el Grupo Municipal de VOX han reiterado su compromiso de seguir trabajando para que el Ayuntamiento de Barcelona deje de dar la espalda a las familias barcelonesas y exija una auditoría integral, transparencia total y responsabilidades políticas. “No vamos a permitir que se silencien estos escándalos ni que se siga jugando con la vida de los menores”, ha concluido Senderos.

VOX denuncia la persecución del Ayuntamiento de Barcelona contra los usuarios de vehículo privado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Una situación insostenible que está llevando a los vecinos a vivir un auténtico calvario para desplazarse en coche.

El consejero de VOX en el distrito, Carlos Oliva, ha señalado que «el gobierno socialista está estrechando el cerco contra los usuarios de vehículo privado, eliminando masivamente estacionamientos, suprimiendo carriles de circulación, redoblando vigilancias para recaudar en multas y multiplicando las tarifas de aparcamiento».

Desde VOX indican que en Sarrià-Sant Gervasi hay registrados aproximadamente 60.000 vehículos privados. Las sanciones por estacionamiento alcanzaron las 55.107 en 2023 y 63.350 en 2024, lo que supone que de media más del 100% de los vecinos que utilizan vehículo privado ha sido multado en 2024. Además, en ese mismo año se impusieron un total de 131.323 multas de tráfico, con una recaudación récord de 12,5 millones de euros.

Oliva ha señalado que «el Ayuntamiento ha convertido Sarrià-Sant Gervasi en una máquina de recaudar, donde aparcar o circular se ha transformado en una trampa constante para el vecino». Oliva denuncia que «se han eliminado horarios gratuitos como el de 14 a 16 horas y la gratuidad en verano, se han reducido un 33% las zonas azules y se han disparado las tarifas hasta el punto de pagar siete euros por dos horas», una situación que califica de «asfixiante e impracticable».

Desde VOX recuerdan que han propuesto habilitar nuevos aparcamientos en zonas infrautilizadas como la Llosa de Sarrià, recuperar la gratuidad de 14:00 a 16:00 horas y en el mes de agosto agosto, así como rebajar unas tarifas escandalosamente caras. «El gobierno debe abandonar sus delirios climáticos y dejar de hacer la vida imposible a los vecinos con el dinero de sus propios impuestos», ha concluido Oliva.

VOX ha condenado con rotundidad el asesinato producido en el número 15 de la calle Santa Ana de L’Hospitalet de Llobregat, ocurrido en el interior de una casa okupada, y ha señalado directamente la inacción del gobierno municipal del PSC como responsable político de una situación que había sido advertida desde hace tiempo.

La formación recuerda que esa vivienda okupada ya fue denunciada por VOX como un foco grave de conflictividad, inseguridad y problemas de convivencia, sin que el Ayuntamiento haya adoptado ninguna medida eficaz para poner fin a la okupación ni para proteger a los vecinos de la zona. VOX llevó en el pleno de septiembre de 2025 este tema, y el gobierno decidió, como siempre, mirar hacia otro lado. El 8 de enero, ya se produjo otro intento de asesinato, en el mismo lugar. 

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, Francisco González, ha afirmado que “este asesinato es la consecuencia directa de años de dejadez y pasividad del gobierno municipal del PSC, que ha permitido que las okupaciones ilegales se conviertan en auténticos polvorines de violencia. Concretamente, el de la calle Santa Ana se ha convertido en un foco de delincuencia y tráfico de droga”.

González ha subrayado que “se avisó claramente de que esta casa okupada era conflictiva y peligrosa. El PSC decidió no actuar, mirar hacia otro lado y hoy lamentamos un asesinato que se podría haber evitado”.

Desde VOX denuncian que el gobierno socialista ha abandonado a los vecinos, priorizando una política de permisividad con la okupación ilegal que genera inseguridad, deterioro de los barrios y, en casos extremos como este, consecuencias fatales.

Mientras el PSC protege al okupa, los vecinos viven con miedo. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo la gran olvidada de este Ayuntamiento”, ha señalado el portavoz, exigiendo actuaciones inmediatas contra la okupación ilegal, más presencia policial y el restablecimiento del principio de autoridad.

VOX ha reiterado su compromiso de seguir denunciando estas situaciones y de defender el derecho de los vecinos de L’Hospitalet a vivir con seguridad, frente a un gobierno municipal que, a juicio del partido, “ha fallado en su obligación más básica: proteger a sus ciudadanos”.

VOX Terrassa denuncia públicamente la grave situación de degradación que sufre el entorno del Auditori Municipal de Terrassa, convertido en un foco permanente de personas sin techo que duermen en sus accesos y alrededores ante la pasividad del gobierno municipal.

Los vecinos de la zona llevan tiempo alertando de un deterioro progresivo del espacio público, una situación que no es aislada y que se repite en numerosos barrios de la ciudad. Zonas como la Plaza Hedy Lamarr, el entorno del Auditori Municipal, la Riera de Terrassa, la Plaza 11 de Septiembre y muchos otros puntos del municipio están viendo cómo empeora la convivencia, aumenta la inseguridad y se degrada el entorno urbano.

Desde VOX Terrassa se señala además que L’Andana de la Cruz Roja es el único albergue existente en todo el Vallès Occidental, una circunstancia que provoca que personas sin techo de toda la comarca terminen concentrándose en Terrassa, sin que el Ayuntamiento haya previsto soluciones reales ni coordinadas con otros municipios.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Terrassa, Alicia Tomás, ha sido contundente al respecto: “El socialismo empobrece: lo vemos cada día en nuestras calles. Más droga, más delincuencia y una Terrassa cada vez más degradada. Los vecinos pagan las consecuencias de unas políticas ideológicas que han fracasado y que solo generan abandono y deterioro«. 

VOX Terrassa exige al gobierno municipal que asuma sus responsabilidades, actúe de manera inmediata para recuperar el orden, la seguridad y la dignidad de los barrios, y ponga fin a unas políticas que están condenando a Terrassa a la degradación continua.

Desde VOX se insiste en que la solidaridad no puede servir de excusa para el abandono del espacio público ni para la inseguridad de los vecinos, y se reclama una gestión firme, eficaz y responsable que proteja tanto a los ciudadanos como al propio municipio.

VOX ha denunciado hoy el alarmante incremento de la delincuencia en el Área Metropolitana de Barcelona a la luz de los últimos datos de la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona, elaborada por el Institut Metròpoli, que reflejan una situación “insostenible” para vecinos y trabajadores.

Según el informe, uno de cada cuatro habitantes del Área Metropolitana de Barcelona sufrió un delito en 2024. La situación es aún más grave en la ciudad de Barcelona, donde el 35 % de los residentes afirma haber sido víctima de al menos un delito durante el pasado año. Además, el 71,7 % del total de delitos del área metropolitana se concentra en la ciudad de Barcelona, confirmando que la capital catalana actúa como epicentro de la inseguridad.

El estudio también revela que la mayoría de los delitos se cometen en calles transitadas y en el transporte público, lo que, a juicio de VOX, “deja en evidencia la impunidad con la que actúan los delincuentes y la falta de control efectivo en los espacios públicos”.

Otro dato especialmente preocupante es el aumento de personas que no denuncian los delitos sufridos. La mayoría de los encuestados reconoce que no lo hace porque considera que el proceso es demasiado complicado y porque confía poco en la justicia y en la policía, lo que agrava la sensación de abandono institucional.

La inseguridad golpea con especial dureza a las mujeres: más de una de cada tres afirma sentir un alto grado de miedo a ser víctima de un delito, y muchas reconocen que no se sienten seguras ni siquiera en su propio barrio.

La percepción ciudadana confirma esta realidad: el 81,6 % de los barceloneses considera que la inseguridad continúa igual de mal o peor que el año anterior, mientras que solo un 9,8 % percibe alguna mejoría.

Ante esta situación, VOX exige un cambio urgente de rumbo en las políticas de seguridad y una actuación firme contra la delincuencia. El portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha declarado que “los datos oficiales confirman lo que los vecinos llevan años sufriendo en su día a día: Barcelona y su área metropolitana se han convertido en territorios inseguros, donde el delincuente actúa con total impunidad y el ciudadano honrado vive con miedo. Las políticas buenistas y la falta de autoridad han fracasado estrepitosamente”.

Desde VOX exigimos más presencia policial, tolerancia cero con la delincuencia y apoyo real a las víctimas. La seguridad es una condición básica para la libertad y la convivencia, y hoy en Barcelona está gravemente amenazada”, ha añadido Gonzalo de Oro. 

VOX reitera su compromiso de seguir denunciando esta situación y de defender medidas contundentes para devolver la seguridad a las calles y al transporte público del Área Metropolitana de Barcelona.

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha señalado en rueda de prensa que los culpables del accidente de Rodalies son el Partido Socialista y sus socios: los separatistas, Comuns y Podemos. Asimismo, la formación ha asegurado que “no parará hasta esclarecer toda la verdad”.

Garriga ha señalado que “Cataluña ha vuelto a ser escenario de una tragedia tan solo dos días después del accidente mortal de Adamuz, en Córdoba”. En este sentido, ha enumerado que tan solo ayer, en Cataluña, se produjeron “un descarrilamiento en Massanet-Massanes, Girona; un incidente de marquesina en Premià de Mar, Barcelona; un tren detenido en Girona; un tren R11 que choca con un árbol; un tren sin tensión en el Garraf; un tren atrapado en Caldes; la caída de un árbol sobre la vía en Viladecans; Viladecavalls, perdón, Barcelona; y agujas bloqueadas en la salida de trenes en dirección Barcelona-Terrassa. Y lo más trágico: el descarrilamiento en Gelida, Barcelona. Un nuevo descarrilamiento en nuestra red ferroviaria que se ha cobrado la vida de un español”.

Por este motivo, ha expresado las condolencias por parte de la formación a la víctima mortal y a su familia, aunque ha advertido de que “junto al duelo llega la exigencia de responsabilidades y de justicia”. Desde VOX, ha subrayado, “no queremos abrazos conjuntos mientras los catalanes se juegan la vida cada día cuando suben al tren para ir a trabajar”.

Por ello, ha anunciado que “VOX continuará fiscalizando hasta la última responsabilidad de este siniestro”, mediante la presentación de solicitudes para la comparecencia de Salvador Illa; de la consejera de Territorio; de la consejera de Interior; del presidente de Renfe; del presidente de ADIF; del director operativo de Rodalies de Cataluña; del director de Rodalies de Cataluña; así como seis solicitudes de información.

Este suceso no “es un hecho aislado”, ha lamentado el portavoz, sino que “es el resultado de años de dejadez y de despreocupación por nuestras infraestructuras”. Y es que, según Garriga, “los catalanes no podemos ser ciudadanos de segunda mientras vemos cómo nuestro dinero se destina a cosas por todo el mundo, a infraestructuras por todo el mundo, a cooperación exterior o a pintar los bancos de nuestras calles del color del arcoíris”.

“Los culpables tienen siglas: el PSC y el PSOE, y sus socios separatistas: Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Llevan siete años gobernando España”. Unos socios que, ha añadido, “son tan culpables del desastre de Rodalies como el PSOE y el PSC, porque son socios tanto en el Congreso de los Diputados como aquí, en el Parlamento de Cataluña”, ha denunciado el portavoz.

Además, ha señalado que “desde el año 2000, la inversión pública en infraestructuras ha caído en picado. En concreto, en el ámbito ferroviario, la inversión ha caído casi un 15 %, responsabilidad de quienes llevan siete años gobernando nuestra nación”.

Por último, ha denunciado que “es una vergüenza que en España, en pleno siglo XXI, el PSOE y el separatismo nos ofrezcan vías del tercer mundo, totalmente del tercer mundo, y sueldos de élite para sus dirigentes y sus amigos”.

VOX ha denunciado el preocupante aumento de la delincuencia y la sensación de inseguridad que sufren los vecinos de Montcada i Reixac, una realidad que —según la formación— queda demostrada por los robos que se vienen produciendo en los últimos meses en distintos puntos de la ciudad.

Desde VOX alertan de que la situación se está agravando y afecta tanto a comercios como a espacios de ocio y convivencia. Como ejemplo reciente, un bar del centro del municipio ha sufrido dos robos en la última semana, un hecho que refleja la vulnerabilidad de los negocios locales y la falta de medidas eficaces para prevenir estos delitos.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, Santiago Hernández, ha señalado que “la inseguridad ya no es una percepción, es una realidad diaria para muchos vecinos y comerciantes. Los robos se repiten, los delincuentes actúan con impunidad y el gobierno municipal mira hacia otro lado”.

Hernández ha añadido que “Montcada i Reixac necesita una respuesta firme e inmediata. No podemos normalizar que los comercios sean asaltados una y otra vez ni que las familias vivan con miedo. Exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad y actúe”.

En este sentido, VOX exige la puesta en marcha inmediata de un plan integral para reforzar la seguridad en Montcada i Reixac, que incluya un aumento de la presencia policial, más medios y recursos para las fuerzas de seguridad, coordinación efectiva entre administraciones y medidas reales de prevención del delito.

La seguridad es una prioridad básica. Sin seguridad no hay libertad, ni convivencia, ni futuro para nuestra ciudad”, ha concluido Hernández.

VOX ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha entrado en funcionamiento en Cornellà de Llobregat desde el pasado 1 de enero.

La formación ya presentó más de 70 páginas de alegaciones durante el periodo de exposición pública, en las que advertía de la falta de base técnica y jurídica de la medida, así como de su impacto negativo sobre miles de vecinos del municipio. Sin embargo, dichas alegaciones fueron rechazadas en su totalidad por el equipo de gobierno municipal, lo que ha llevado a VOX a acudir a la vía judicial.

El portavoz de VOX en Cornellà de Llobregat, Iván Cánovas, ha sido contundente al valorar la decisión del consistorio: “Esta Zona de Bajas Emisiones es una medida ideológica que castiga directamente a los vecinos con menos recursos, aquellos que no pueden permitirse cambiar de coche o comprar un vehículo nuevo. No protege el medio ambiente, ataca el bolsillo de las familias trabajadoras”.

Cánovas ha denunciado además que el gobierno municipal ha implantado la ZBE sin disponer de ningún estudio previo serio que avale su eficacia: “El propio gobierno no sabe si esta medida va a servir para reducir los niveles de contaminación. No existe ningún informe técnico riguroso que demuestre su utilidad real. Han decidido restringir derechos y movilidad sin datos, sin planificación y sin alternativas”.

Desde VOX insisten en que la lucha contra la contaminación no puede hacerse a costa de discriminar a una parte de la población ni mediante decisiones improvisadas: “Defendemos un medio ambiente sano, pero con medidas realistas, proporcionadas y socialmente justas, no con prohibiciones que criminalizan al vecino que necesita su coche para trabajar”, ha concluido Cánovas.

Con este recurso, VOX reafirma su compromiso de defender a los vecinos de Cornellà de Llobregat frente a lo que considera una política injusta, improvisada y carente de respaldo técnico, y anuncia que utilizará todas las vías legales disponibles para frenar la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones.

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