Actualidad Política

8 de noviembre de 2026

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El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha denunciado la «grave irresponsabilidad» del gobierno municipal tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, asegurando que la convocatoria se ha realizado de forma tardía y con el objetivo de construir un relato político que oculte la evolución real de la delincuencia en el municipio.

Desde la formación señalan que el encuentro se ha producido después de meses de reclamaciones por parte de VOX ante la creciente preocupación de los vecinos por la seguridad en la ciudad. Según explican, el ejecutivo local optó por ignorar durante ese tiempo los indicadores oficiales publicados por el Ministerio del Interior.

De acuerdo con estos datos, la criminalidad convencional en Esplugues ha experimentado un aumento significativo. Los delitos registrados pasaron de 2.845 en 2024 a 3.244 en 2025, lo que supone un incremento del 14%.

VOX denuncia una “operación de propaganda”

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Esplugues, Daniel Lafuente, ha mostrado su indignación por lo que considera una estrategia para proteger la imagen del gobierno municipal en lugar de afrontar el problema de la seguridad.

“Es una vergüenza que el gobierno municipal no haya reaccionado cuando se conocieron los datos oficiales y que ahora pretenda salir del paso con maquillaje de datos, propaganda institucional y un relato falso sobre la seguridad en nuestra ciudad”, ha afirmado.

Según Lafuente, el ejecutivo local habría priorizado el “escaparatismo político” frente a la gestión efectiva de la delincuencia en el municipio.

Exigen transparencia y soluciones

Desde VOX insisten en que la Junta Local de Seguridad no debe utilizarse para “disfrazar cifras”, sino para analizar con transparencia la situación y adoptar medidas eficaces que garanticen la seguridad de los vecinos.

El portavoz municipal ha concluido señalando que los ciudadanos de Esplugues merecen explicaciones claras y soluciones reales ante el aumento de la criminalidad.

“Los vecinos merecen verdad y no manipulación”, ha afirmado Lafuente.

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha denunciado el intento de agresión sexual a una mujer de 45 años que fue atacada mientras paseaba a su perro en Montjuïc durante las declaraciones a medios en una carpa en el distrito de Sants-Montjuïc. Según ha explicado Garriga, la víctima fue abordada por un hombre que “le cogió del cuello, la tiró al suelo y le agredió sexualmente”, un individuo que, según el testimonio de la propia víctima, sería de origen magrebí.

Garriga ha señalado que esto “no es un caso aislado”, sino que forma parte de una “tendencia que se repite tanto en Barcelona como en el conjunto de Cataluña y de España”. En este sentido, ha denunciado que “en los últimos diez años las violaciones han aumentado hasta un 400 % en Cataluña y las agresiones sexuales han crecido hasta un 275 % en el conjunto de España”.

El secretario general de VOX ha señalado la actuación del Partido Socialista, que “intenta tapar esta realidad en lugar de combatirla”. En cambio, sí que se dedican a “crear ministerios, consejerías y a destinar recursos a charlas y puntos violeta”, mientras que “las mujeres cada día están más desprotegidas”.

En este contexto, Garriga ha defendido que lo que reclaman las mujeres y los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España es “que los delincuentes sexuales sean deportados y que se protejan las fronteras”.

Durante las declaraciones a los medios, Ignacio Garriga ha criticado el decreto aprobado por el Gobierno que pretende convertir el sistema sanitario español en “los hospitales del mundo”. “El Gobierno de España va a promover el turismo sanitario y eso es una auténtica vergüenza”, ha afirmado.

Garriga ha asegurado que VOX trabajará “para proteger las fronteras, expulsar a los delincuentes extranjeros y garantizar que los recursos sanitarios se destinen a los españoles”. “No podemos tolerar que mientras un catalán o un español tarda más de cuatro meses en ser operado en un hospital, el Gobierno decida convertir nuestros hospitales en los hospitales del mundo”, ha asegurado. “España no es una ONG ni nuestros hospitales son los hospitales del mundo”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha denunciado en el pleno de la cámara autonómica el escándalo en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) por los pagos indebidos a jóvenes extutelados y ha anunciado el voto favorable del Partido Popular para exigir la devolución de este dinero.

Desde la tribuna del Parlament, Roldán ha cuestionado la gestión del Govern y ha advertido que aún queda por esclarecer si se trata de un simple error administrativo o de algo más grave. “Ya veremos si lo de la DGAIA fue un error o era un chollazo corrupto a costa de los más vulnerables”, ha afirmado.

Renovación de contratos a empresas investigadas

La portavoz popular ha criticado que el Govern haya decidido renovar el contrato con empresas investigadas en este escándalo, pese a las irregularidades detectadas.

“Han tenido a empresas privadas gestionando recursos públicos con una impunidad alarmante”, ha denunciado, reprochando que el Ejecutivo autonómico haya vuelto a adjudicar contratos a las mismas entidades mientras se investigan los hechos.

En este sentido, Roldán también ha preguntado por qué se coaccionó al denunciante de corrupción para que no continuara adelante con la denuncia.

Falta de control y responsabilidad política

Roldán ha censurado la falta de control del Govern sobre la gestión de los recursos públicos destinados a este ámbito, señalando que durante años la administración ha sido incapaz de detectar y evitar irregularidades millonarias.

“La administración gestiona mal, durante años fallan sus controles, permite irregularidades millonarias y la solución política consiste en borrar hoy el problema con un decreto”, ha señalado.

Doble vara de medir del Govern

La diputada popular ha advertido que este caso evidencia la doble vara de medir del Govern, que mantiene una elevada presión fiscal sobre los ciudadanos mientras se producen errores millonarios en la gestión pública.

“El dinero que los catalanes pagan con tanto esfuerzo es para financiar buenos servicios públicos, no para que unos cuantos, casualmente los de siempre, se llenen los bolsillos”, ha concluido.

El grupo municipal de VOX en El Prat de Llobregat ha denunciado la falta de compromiso del equipo de gobierno local ante una problemática tan grave como el acoso escolar. El portavoz de la formación, Rafael Millán, presentó en el último pleno una moción orientada a la creación de un protocolo integral que, pese a su necesidad, fue rechazada por el actual ejecutivo municipal.

Rafael Millán ha lamentado la negativa del gobierno local ante una propuesta que buscaba una respuesta coordinada y efectiva. “En el último pleno presenté una moción muy clara: que El Prat tenga un protocolo municipal contra el acoso escolar, y fue rechazada por el equipo de gobierno”, ha señalado el portavoz.

La propuesta de VOX se centraba en establecer una red de colaboración estrecha entre todos los agentes implicados en la vida de los menores. Según ha detallado Millán, el objetivo era “coordinar a los centros educativos con servicios sociales, salud mental, policía local y familias para detectar antes, actuar mejor y acompañar a la víctima”.

La moción incluía también herramientas prácticas para garantizar la seguridad de los alumnos, como la creación de “un canal directo y confidencial para denunciar casos sin miedo” y la elaboración de una memoria anual que permitiera “evaluar qué funciona y qué falla” en las políticas municipales.

Millán ha hecho especial hincapié en la necesidad de proteger a los colectivos más frágiles dentro del ámbito escolar, solicitando “medidas específicas para los alumnos con necesidades educativas especiales, que son especialmente vulnerables”.

Para el portavoz de VOX, el rechazo a esta iniciativa evidencia una falta de responsabilidad por parte del gobierno municipal frente a una cuestión que trasciende la política partidista. “No era ideología, era protección y responsabilidad”, ha afirmado con contundencia.

Finalmente, Rafael Millán ha asegurado que su grupo no abandonará esta reivindicación a pesar del bloqueo institucional. “Nosotros no vamos a mirar a otro lado. Seguiremos insistiendo, porque un niño acosado no puede esperar”, ha concluido.

El portavoz del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha exigido al Govern que baje impuestos de manera inmediata para ayudar a las familias a hacer frente a la escalada de precios provocada por la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio.

Fernández ha reprochado al Ejecutivo catalán que, ante el aumento del coste de la energía, el combustible y los precios de producción, no haya planteado medidas concretas para aliviar la situación económica de los ciudadanos.

“Mucho diagnóstico, mucha geopolítica, mucha proclama y ni una sola medida concreta para los catalanes”, ha afirmado el portavoz popular, quien ha defendido que la Generalitat dispone de herramientas suficientes para aplicar rebajas fiscales que ayuden a compensar el impacto de la inflación.

El dirigente del PP ha señalado que Cataluña cuenta con algunos de los tramos autonómicos del IRPF más elevados de España, lo que sitúa a las familias catalanas en una posición de mayor presión fiscal frente al resto de ciudadanos.

En este sentido, Fernández ha insistido en que la Generalitat puede actuar sobre el tramo autonómico del IRPF sin necesidad de reclamar nuevas competencias o financiación al Estado. “No faltan herramientas, falta voluntad política”, ha subrayado.

El portavoz popular también ha criticado la política presupuestaria del Govern, a la que ha calificado de “presupuesto soviético”, al considerar que incrementa el aparato político mientras penaliza a las familias, a los autónomos y a las empresas.

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo catalán que deje de centrar su acción política en la ampliación de competencias y se dedique a utilizar las que ya tiene para aliviar la carga fiscal de los ciudadanos.

“Cuando sube la energía, sube la gasolina y suben los precios, hay algo que podría bajar para compensar: los impuestos”, ha concluido.

El diputado del Grupo Popular en el Parlament de Catalunya, Hugo Manchón, ha exigido la dimisión del presidente del PSC, Miquel Iceta, tras las informaciones que apuntan a que habría intervenido para que su pareja fuera contratada como piloto en una aerolínea rescatada con fondos públicos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Manchón ha denunciado que Iceta participó en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate de esta aerolínea con 320 millones de euros de fondos públicos, y que posteriormente habría reclamado la contratación de su pareja en la misma compañía.

“El dinero público es de todos los ciudadanos y los catalanes merecen saber si sus impuestos se están utilizando para beneficiar a personas cercanas al poder”, ha afirmado el diputado popular. En este sentido, ha reclamado explicaciones y ha exigido responsabilidades políticas por lo que considera un posible uso indebido de recursos públicos.

Asimismo, Manchón ha vinculado este caso con lo que ha definido como una “gestión fallida de la izquierda”, especialmente perjudicial para los jóvenes. Según el diputado del PP, las políticas impulsadas por los gobiernos de izquierdas están dificultando el acceso de los jóvenes a oportunidades laborales, vivienda y servicios públicos de calidad.

En este sentido, ha denunciado que muchos jóvenes se enfrentan a alquileres inasumibles, destinando en algunos casos hasta el 90 % de su salario al pago de la vivienda. También ha criticado la presión fiscal y la situación de los servicios públicos, asegurando que “mientras se suben los impuestos, los ciudadanos ven cómo se producen enchufes, casos de corrupción o colocaciones de personas cercanas al poder”.

Para Manchón, los ciudadanos tienen derecho a conocer si el dinero de sus impuestos se utiliza con criterios de interés general o para beneficiar a personas vinculadas al poder político. “Si los impuestos se utilizan para esto, que paguen sus fiestas y chanchullos del bolsillo de Pedro Sánchez y Salvador Illa, no del de los ciudadanos”, ha concluido.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha alertado sobre las «alarmantes irregularidades» detectadas en los comercios de conveniencia gestionados por extranjeros en el distrito de Sant Martí. Según un reciente informe emitido por el propio consistorio, los datos confirman las constantes denuncias de la formación sobre la falta de control administrativo y la degradación del tejido comercial local.

El documento oficial revela que, de los 291 supermercados de 24 horas registrados en el distrito bajo gestión extranjera, se realizaron inspecciones en 75 de ellos entre los años 2023 y 2025. El resultado de estas actuaciones es contundente: en 64 de los 75 establecimientos fiscalizados se detectaron infracciones, lo que supone que más del 85% de los comercios inspeccionados incumple la normativa vigente en la ciudad.

Manuel Martínez, consejero de VOX en el Distrito de Sant Martí, ha calificado estas cifras de inasumibles y ha señalado directamente la responsabilidad política de los sucesivos gobiernos municipales. Martínez sostiene que tanto el anterior ejecutivo de Colau como el actual del PSC han permitido una proliferación descontrolada de estos negocios, lo que a su juicio genera una situación de indefensión para el comerciante de barrio que sí cumple con sus obligaciones fiscales y legales.

En sus declaraciones, el consejero de VOX ha sido tajante al afirmar que esta permisividad institucional supone una competencia desleal y un perjuicio grave para los comercios locales y autóctonos. Martínez ha subrayado que la ley debe ser igual para todos y que no se pueden consentir ventajas competitivas basadas en el incumplimiento sistemático de las ordenanzas.

«A España se viene a cumplir la Ley. Quienes quieran hacer trampas, que se vuelvan a su país de origen«, ha aseverado el representante de VOX, quien además ha reafirmado el compromiso de su partido para seguir denunciando estas prácticas. La formación ha anunciado que continuará exigiendo un aumento de las inspecciones y la aplicación rigurosa de las sanciones correspondientes para proteger el comercio de proximidad frente a lo que consideran una ocupación comercial que ignora las reglas del juego.

La diputada del Grupo Popular en el Parlament de Cataluña, Ángeles Esteller, ha reclamado una regulación moderna del taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que permita aumentar la oferta de movilidad y sitúe al ciudadano en el centro de las decisiones políticas.

Durante su intervención en el Parlament, Esteller ha defendido que la regulación del sector debe orientarse a mejorar el servicio y no a restringir la oferta, advirtiendo de que la proposición de ley debatida pretende declarar el taxi como servicio de interés económico general para justificar restricciones a los VTC sin evaluar adecuadamente su impacto en la movilidad, la innovación o la actividad económica.

La diputada popular ha señalado que el transporte urbano bajo demanda ha experimentado una profunda transformación en los últimos años debido a la aparición de plataformas digitales y nuevos hábitos de movilidad, por lo que considera que no se puede seguir regulando el sector “con la lógica del siglo pasado”.

“Cualquier regulación del transporte público debe situar siempre al ciudadano en el centro, garantizando un servicio de calidad, fiable y con capacidad suficiente para atender la demanda”, ha subrayado.

Más oferta de movilidad en Barcelona

Esteller ha recordado que en Barcelona y su área metropolitana existen franjas horarias en las que la oferta de taxi resulta insuficiente para absorber toda la demanda, especialmente durante horas punta, grandes eventos, congresos o en horario nocturno, así como en conexiones con nodos de transporte.

Por ello, ha advertido de que restringir la actividad de las VTC o expulsar operadores del mercado reduciría las opciones de movilidad, afectando no solo a los usuarios, sino también a sectores económicos clave como el turismo, la cultura o la organización de eventos.

Desde el Partido Popular de Cataluña defienden un modelo que mantenga el papel fundamental del taxi, pero que al mismo tiempo permita introducir mayor flexibilidad y modernización del sector, facilitando su adaptación a las nuevas tecnologías y a la colaboración con plataformas digitales.

Seguridad jurídica y normativa europea

Durante el debate, Esteller también ha señalado que la regulación del sector debe tener en cuenta el marco normativo estatal y europeo, así como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de junio de 2023, que anuló diversas restricciones impuestas a los VTC en el Área Metropolitana de Barcelona.

En este sentido, ha advertido de que la proposición de ley se tramita como iniciativa parlamentaria y no como proyecto del Gobierno, lo que implica que no incorpora informes técnicos ni análisis de impacto que justifiquen las medidas propuestas.

Finalmente, la diputada popular ha defendido un sistema de transporte “moderno, plural y competitivo”, en el que el taxi continúe siendo un pilar del servicio público, pero en el que otros operadores puedan aportar valor, fomentando la innovación, la libertad de elección de los usuarios y la seguridad jurídica del sector.

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