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El diputado autonómico de VOX en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha criticado duramente el modelo económico y social actual durante una reciente intervención, señalando el contraste entre el abandono a los jóvenes españoles formados y el alto coste que suponen los menores extranjeros no acompañados (menas) para las arcas públicas.

“Lo que no es de recibo es que nuestros jóvenes titulados tengan que marcharse al extranjero a buscar trabajo, mientras cada mena le cuesta al contribuyente entre 3.700 y 4.000 euros al mes”, afirmó Arranz, apuntando a la existencia de un sistema “que va mal” y que, a su juicio, “se ha convertido en un negocio”.

En su intervención, Arranz puso de relieve la necesidad de reordenar las prioridades del gasto público y defender el principio de justicia intergeneracional. “Para repartir riqueza, primero hay que crearla”, sentenció, aludiendo a la carga que soportan los autónomos y pequeños empresarios.

“En Aragón, el 94 o 95% del tejido empresarial son pymes o microempresas, muchos de ellos autónomos con uno o dos empleados. Esa gente no es rica, abrir la persiana cada día les cuesta mucho”, explicó el diputado, en defensa del sector productivo que sostiene la economía regional.

Arranz también ironizó sobre el lenguaje inclusivo, defendiendo el uso del español correcto y directo: “Yo hablo español. Si tengo que decir empresario o empresaria, niño o niña, acabamos desnaturalizando el idioma”, concluyó.

El diputado autonómico de VOX en Aragón, David Arranz, ha señalado el coste oculto y las consecuencias jurídicas derivadas de la tutela de los llamados MENA, una situación que, según afirma, “no solo es insostenible económicamente, sino que además se oculta deliberadamente a la ciudadanía”.

“Tutelar a cada MENA cuesta unos 50.000 euros al año en manutención, residencia, ropa, paga mensual, formación y sanidad. Pero eso no es todo”, ha advertido Arranz. “Cuando alguno de ellos comete un delito, es el Gobierno de Aragón —es decir, todos los aragoneses— quien debe hacerse cargo de las indemnizaciones por responsabilidad civil”.

Arranz ha citado un caso concreto ocurrido en Zaragoza, donde una mujer de 94 años resultó gravemente herida tras sufrir un tirón de bolso por parte de un MENA argelino. “La víctima está en estado casi vegetal y la responsabilidad civil por ese delito asciende a 300.000 euros. Ese dinero saldrá de los impuestos de todos los aragoneses”, ha denunciado.

Además, el diputado de VOX ha puesto en duda la edad real de muchos de los tutelados: “Cuando VOX estuvo en el Gobierno de Aragón, con Alejandro Nolasco como vicepresidente, se realizaron pruebas óseas y entre el 85% y el 90% resultaron ser mayores de edad. Aun así, seguimos costeando su tutela como si fueran niños”.

Arranz también ha criticado la opacidad mediática y política que rodea esta cuestión. “Esto no sale nunca a la luz. Y es una vergüenza. Nos dijeron que eran 20 niños de luz. Ni son 20 ni son de luz. Esto es un negocio y los aragoneses están pagando las consecuencias en silencio”.

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha reclamado “modificar el modelo de gestión de los centros de menas para que, en vez de estar gestionados de manera indirecta y mixta, pasen a estar gestionados directamente y supervisados por la consejería”. Así se ha expresado este jueves el diputado David Arranz. Ha añadido en sus demandas “revocar los convenios con las entidades y ONGs que se lucran y colaboran con el tráfico de personas”, mencionando los existentes con Accep, Apip Acam, Cepaim o Cruz Roja. “Si ellos no se hacen cargo de los menores que tienen acogidos, deberá revocarse ese convenio”, ha indicado.

Arranz ha analizado que los asuntos de “regular y supervisar la gestión de los centros de ‘menas’ y su régimen interno”, es algo a lo que “han renunciado las comunidades autónomas, al haber externalizado esta cuestión en entidades y ONGs pro inmigración ilegal”. “La dejación de funciones a este respecto provoca graves problemas de convivencia, delincuencia y criminalidad, así como agresiones contra los propios trabajadores, usuarios o instalaciones de estos centros, como hemos visto en el centro de menores de Juslibol, en la calle Comadre en Teruel o en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero”, ha agregado.

Precisamente, respecto al CATIM de Torrero, Arranz ha acusado a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, de “evitar responder” respecto a si el ejecutivo autonómico “sigue tutelando al interno o internos que provocaron el incendio en el CATIM” que tuvo lugar el 20 de septiembre. “Sin embargo, la consejera Susín se salió por la tangente como es habitual y no aclaró si seguimos pagando la manutención, el alojamiento, los servicios sanitarios, el servicio de telefonía móvil, la ropa, las paguitas y las responsabilidades civiles a quienes han incendiado y dañado unas instalaciones del Gobierno de Aragón. Esto nos lleva a pensar que sí seguimos haciéndolo -en referencia a mantener la tutela-, y que entre todos los aragoneses seguimos concediendo lujos y privilegios a estos ‘menas’ que han provocado el incendio del CATIM de Torrero”.

Arranz ha expresado que ante “las preguntas procedentes y coherentes sobre las competencias propias del departamento que dirige Susín”, la consejera de Bienestar Social “viene mostrando en reiteradas ocasiones una actitud hostil, prepotente y de opacidad con las preguntas” formuladas por el grupo parlamentario de VOX.

Respecto a la protección de los trabajadores y educadores, ha calificado como “un poco vergonzoso” que la respuesta del Gobierno de Aragón sea “solicitar formalmente al Gobierno de España que considere dar acceso directo al sistema AlertCops a los trabajadores de los centros de protección y reforma de menores”, tal y como fue publicado en el portal del ejecutivo -‘Aragón Hoy’- el 1 de abril de este año. Arranz ha ironizado señalando que “un educador a quien le estén practicando un ‘mataleón’ puede estar seguro porque cuenta con una aplicación”.

Del mismo modo, Arranz ha reivindicado “la elaboración de un Decreto en el que se detallen las exigencias debidas de los reglamentos de régimen interno”, con el fin de “restar autonomías a los centros de menas”. Ha concluido insistiendo en la elaboración de pruebas de edad, en colaboración con la Fiscalía, porque “no tenemos que tutelar a ningún mayor de edad” y alcanzar acuerdos desde la comunidad de Aragón con terceros países para la repatriación de esos menores inmigrantes conforme faculta el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería”.

El portavoz de VOX en Aragón, David Arranz, ha denunciado la política del Gobierno autonómico en materia de inmigración y menores extranjeros no acompañados, después de que se anunciara la creación de 66 nuevas plazas para su alojamiento.

Arranz ha recordado que incluso se han liberado 40 plazas adicionales tras alcanzar algunos jóvenes la edad máxima, y ha acusado al Ejecutivo de “sacar pecho” con medidas que suponen un enorme coste para los aragoneses.

“VOX es firme y claro: los menas deben ser repatriados, deben educarse con sus padres y familias en sus países y dentro de sus culturas. Existe un acuerdo bilateral con Marruecos, firmado en 2007, que debe cumplirse”, ha afirmado.

El parlamentario ha criticado que mientras en comunidades como Cataluña o el País Vasco se han negado a recibir menas, Aragón ha aceptado más plazas, “sin informar a los ciudadanos y destinando ingentes cantidades de dinero público a la inmigración ilegal”.

Arranz ha subrayado que esos recursos deberían destinarse a las verdaderas prioridades sociales de los aragoneses, como la educación, la sanidad y los servicios públicos, en lugar de a “subsidios, ayudas y vivienda social para los de fuera”.

“Los gobiernos del Partido Popular han alcanzado acuerdos con VOX en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. En Aragón lo que falta no es ley, es voluntad política de llegar a acuerdos y defender la prioridad nacional. No queremos inmigración ilegal. Billete de vuelta”, ha sentenciado.

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha registrado un total de 20 propuestas de resolución de cara a la tercera sesión del Debate de Política General sobre el estado de la comunidad autónoma de Aragón que tiene lugar este jueves. Después de que ayer el diputado Fermín Civiac informara del contenido de las propuestas relativas a Hacienda, fiscalidad, medio rural y educación; hoy el diputado David Arranz ha desgranado las propuestas referidas a las políticas migratorias.

El grupo parlamentario de VOX ha solicitado la reprobación de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, por su “complicidad con las políticas irresponsables de fronteras abiertas y efecto llamada a la inmigración ilegal”, así como por su “colaboración con las entidades que cooperan con las mafias de tráfico de personas y se lucran de ese negocio”. Ha criticado “la creación de 66 nuevas plazas para alojamiento de menas” en Aragón, y ha cuestionado “qué va a hacer con los 40 menas” cuyas plazas han sido liberadas. “¿Están en la calle? ¿Están sembrando la inseguridad? ¿Van a ser repatriados?”, ha preguntado.

Arranz ha calificado al Partido Popular como “estafa” porque “un día quieren regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales y dicen que los menas son tan españoles como Abascal” y “otro día parecen copiar el discurso de VOX” en lo referido a las políticas migratorias. “Se mueven por encuestas, sondeos demoscópicos o intereses electoralistas; no se mueven por ideas o principios”, ha analizado.

Arranz ha apelado al cumplimiento de los artículos 35.2 y 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería. El artículo 35.2 refleja que “las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia”. “Esto no es contrario a la ley como nos dice la señora Susín. Es el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería”, ha recalcado.

Asimismo, para los supuestos en los que no se pueda establecer con seguridad la minoría de edad de un extranjero indocumentado, el artículo 35.3 de la mencionada ley dice que “de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias”. En esta línea, Arranz ha recordado que “cuando VOX estaba en el Gobierno de Aragón con Alejandro Nolasco, al hacer esas pruebas obtuvimos un resultado de que el 90% eran mayores de edad”.

Ha lamentado que, así como “los Gobiernos del PP han llegado a acuerdos con VOX en Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares, en Aragón no hay voluntad de llegar a acuerdos con nosotros”. Ha expresado que “no creo que hayan contravenido la ley para fijar esos acuerdos”.

Otra de las propuestas de resolución que VOX defenderá este jueves pretenden elaborar un “análisis del gasto directo e indirecto asumido por la administración de la comunidad autónoma de Aragón destinado a inmigración ilegal”. “Queremos que deje de ser todo tan oscuro, porque el departamento de Susín no informa de estas cuestiones. El dinero que se va a raudales a inmigración ilegal está dejando de ir a cuestiones de bienestar social de todos”, ha argumentado Arranz.

Otras propuestas son para “instar al Gobierno de Aragón a oponerse a la reubicación o acogida en Aragón de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España” e “instar al Gobierno de Aragón a impulsar las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito regional para incorporar el principio de prioridad nacional para el acceso a los servicios y prestaciones sociales en Aragón”.

Al margen de las políticas migratorias, Arranz también ha informado que otra de las propuestas registradas toca el tema de los indultos a dos miembros de ‘Los Seis de Zaragoza’, a quienes ha definido como “los seis delincuentes de Zaragoza”. “Estamos en contra de los indultos y de la violencia política. Queremos que cada grupo se retrate al respecto”, ha concluido.