Gerardo Oliván: «La izquierda solo respeta las sentencias que le gustan»
Las Cortes de Aragón han aprobado una iniciativa impulsada por el Partido Popular y Vox para reprobar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por sus declaraciones sobre la sentencia que ordena la devolución de los bienes de Sijena.
Durante el debate parlamentario, el diputado del Partido Popular Gerardo Oliván ha defendido que las manifestaciones del ministro constituyen un ataque a una resolución judicial firme y ha reivindicado el respeto al Estado de Derecho y a las decisiones de los tribunales.
“Respetar el Estado de Derecho es una obligación. Lo que pasa es que la izquierda solo respeta aquellas sentencias que le gustan y rechaza aquellas que no encajan en su marco ideológico”, ha afirmado.
Oliván ha recordado que la sentencia sobre los bienes de Sijena es firme y obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a proceder a su devolución, por lo que considera que no existe margen para cuestionar judicialmente una resolución ya adoptada por los tribunales.
El diputado popular ha defendido que el retorno de los bienes supone “un acto de justicia, dignidad e historia para Aragón” y ha criticado que un miembro del Gobierno de España cuestione públicamente una decisión judicial de esta relevancia.
La iniciativa aprobada por las Cortes también insta al Gobierno de Aragón a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia, incluida la solicitud de ejecución forzosa si fuera necesario.
“Estamos hablando de una sentencia firme que debe cumplirse. No cabe más debate ni más excusas”, ha señalado Oliván.
Asimismo, el parlamentario popular ha lamentado la abstención del PSOE durante la votación y ha considerado que los socialistas han evitado censurar unas declaraciones que, a su juicio, resultan incompatibles con el respeto institucional debido a las resoluciones judiciales.
Para el Partido Popular, la devolución de los bienes de Sijena constituye una reivindicación histórica de Aragón y un ejemplo de defensa del patrimonio cultural, la legalidad y los derechos de la comunidad autónoma.