Gonzalo Centeno: «La falta de suelo y la inseguridad jurídica disparan los precios de la vivienda».
El diputado de VOX Asturias, Gonzalo Centeno, explicó en la Junta General el planteamiento de su partido para atajar el grave problema de acceso a la vivienda y solicitó el voto de la Cámara “para unas propuestas que entendemos llenas de sentido común, mejorables como todo, pero alineadas con la mayoría de las peticiones realizadas por las asociaciones del sector, cámaras de comercio y agencias inmobiliarias”, dijo. Finalmente, la Moción presentada por VOX fue tumbada por los votos en contra de las izquierdas.
Centeno advirtió que “necesitamos construir viviendas, especialmente viviendas asequibles, destinadas a la compra. El problema de la escasez de viviendas en alquiler es un derivado del anterior agravado por la falta de seguridad jurídica que han provocado las políticas de la izquierda. Sí los precios de venta y de alquiler suben es debido a la falta de oferta, que en el caso del alquiler se ve agravada con la sobreprotección del inquilino ante posibles desahucios por impagos y al fomento de la ocupación, a lo que la propiedad responde con fianzas, avales y otras rigideces que encarecen los contratos, cuando no el desistimiento a contratar o la huida a otros usos menos intervenidos como el turístico”.
Ante esta situación, “proponemos liberalizar suelo” porque “la falta de suelo es el gran cuello de botella para la construcción de viviendas. Se tarda de media entre 5 y 10 años en desarrollar suelo finalista, un plazo inasumible sujeto a vaivenes políticos. A corto plazo, deben movilizarse los suelos públicos para la construcción de vivienda asequible y facilitar cambios de uso de solares vacantes en las ciudades. Esto permitiría solicitar licencias inmediatas para construir cientos de viviendas en los principales ayuntamientos”.
Además, “es necesaria la colaboración público-privada y el fomento de la vivienda protegida que tan buenos resultados dio en el pasado”, dijo, para añadir sobre la financiación que “el nuevo plan de vivienda debe incluir importantes recursos, especialmente para la construcción de alquiler asequible y movilizarlos de forma ágil a través de líneas ICO, avales públicos, garantías reciprocas y figuras similares. Se requieren acciones coordinadas entre las administraciones y los actores clave en el problema como son los promotores, constructores y financiadores”.
Entre otras medidas, Gonzalo Centeno también aludió a la fiscalidad dado que “los impuestos suponen más del 25% del precio total de una vivienda. Para abaratarla tanto el IVA, como el ITP para el tráfico civil, deben declararse exentos en el caso de la compra de la primera vivienda como ya lo están en el supuesto del alquiler, más en el caso de jóvenes, familias numerosas y discapacitados, dentro de unos límites cuantitativos razonables. En el IRPF volver a la deducción por vivienda habitual y al fomento fiscal de las rentas destinadas a alquiler asequible”.
Y respecto a la seguridad para los propietarios, “es imprescindible una legislación clara que de seguridad a los propietarios para que pongan las viviendas en alquiler, que regule las actualizaciones de las rentas y garantice el cobro en caso de impago”, señaló.
Finalmente, “hay que derogar la nefasta Ley 12/2023 que, aparte de otras rigideces que harán huir a los propietarios como la declaración de zonas tensionadas, pretende fijar los precios del mercado desde el poder público, al más puro estilo soviético, al albur de lo que diga el político de turno o esas comisiones de sabios compuestas por quien todos sabemos desde la pandemia”, concluyó Gonzalo Centeno.
Gonzalo Centeno: «Los destinatarios de las ayudas de la PAC no pueden esperar a octubre».
Tras preguntar en el Pleno de la Junta General celebrado esta mañana por el lucro mediante el cobro de intereses que hacen la banca y Asturgar por los anticipos que realizan sobre las ayudas de la PAC, el diputado de VOX, Gonzalo Centeno comentó que “con el nuevo paquete de ayudas de la PAC para los ejercicios 2023 a 2027, el pago anticipado de las ayudas directas de la misma se ha elevado a un máximo del 70% del importe de la ayuda solicitada y el periodo de pago total de estas ayudas vence a los 6 meses de finalizar el año de referencia, cuando por regla general se liquida el resto de la subvención o ayuda”, y advirtió que “algunas comunidades autónomas ejecutan la totalidad de ese 70% en el periodo referenciado, otras realizan pagos inferiores, y algunas comunidades autónomas no efectúan ningún adelanto, como Asturias, Cantabria y Cataluña”. El abono de estos anticipos “requiere la realización de controles previos para garantizar el uso reglado de los fondos de la Unión Europea”, añadió.
Ciñéndose a Asturias, donde existen alrededor de 30.000 explotaciones agrarias y ganaderas, resaltó que “son pequeños empresarios que intentan sobrevivir en un mercado caracterizado por oligopolios o cárteles de demanda, fuertes aumentos de los costes energéticos y cada vez menor protección arancelaria frente al exterior. Sin la protección del sistema de subvenciones y ayudas de la PAC, todas estas explotaciones serían inviables, siendo su efecto final la pérdida de soberanía alimentaria, no solo de Asturias sino de Europa entera”.
Con estos argumentos, Gonzalo Centeno advirtió de que “los destinatarios de las ayudas de la PAC no pueden esperar a octubre, en el mejor de los casos, para financiar los gastos diarios de sus explotaciones, o a la venta de sus cosechas o ganado como en tiempos medievales, así que no les queda otra más que acudir a la banca para que esta les anticipe unos fondos que son suyos por derecho, que no cobran en tiempo y forma debido a su burocracia y a su nefasta gestión”.
“Y la banca no es una institución de caridad porque cobra intereses. Y Asturgar, la sociedad de garantía recíproca encuadrada en Sekuens, por supuesto que avala este tipo de operaciones con comisiones de riego, apertura y compra de participaciones”.
Poniendo encima de la mesa cifras concretas, si los pagos en ayudas directas de la PAC para el 2023 serán 46 millones de euros, como ha dicho el ministerio, “en el peor de los casos, sí todos sus titulares solicitaran de la banca su anticipo durante un año, y estuviera el riesgo cubierto por Asturgar, el coste financiero total resultaría de 3.484.939 euros”, dijo.
“Para este problema que se les genera a los ganaderos y agricultores, ni un euro”, concluyó Gonzalo Centeno.