Actualidad Política

15 de agosto de 2026

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VOX ha denunciado el deterioro ambiental que sufre el río Negro, en el concejo asturiano de Aller, y ha reclamado una actuación inmediata y coordinada para ejecutar las infraestructuras de saneamiento pendientes y poner fin a los vertidos que continúan llegando al cauce.

El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, y el portavoz municipal de la formación en Aller, Antonio del Peño, han acusado al Principado de Asturias, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Ayuntamiento de llevar años trasladándose mutuamente la responsabilidad sin resolver el problema.

La formación considera especialmente grave que esta situación se mantenga en un espacio natural integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona Especial de Conservación.

VOX registra una moción para construir el colector interceptor

Antonio del Peño ha anunciado que VOX ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Aller para reclamar la construcción del colector interceptor y exigir la coordinación de las tres administraciones competentes.

La propuesta será debatida en el próximo Pleno municipal y la formación espera que reciba el respaldo unánime de los grupos políticos.

“Estamos hablando de una cuestión de sentido común. El río Negro es el mayor patrimonio natural que tiene nuestro concejo, forma parte de la Red Natura 2000 y está declarado Zona Especial de Conservación. No podemos seguir permitiendo que continúe esta situación”, ha señalado Del Peño.

VOX sostiene que la ejecución del colector resulta imprescindible para impedir que las aguas residuales continúen llegando al río y para garantizar un sistema de saneamiento adecuado en el valle.

Los vecinos pagan el canon mientras continúan los vertidos

El portavoz municipal ha recordado que los vecinos de Aller abonan el correspondiente canon de saneamiento, pese a que las infraestructuras necesarias siguen sin ejecutarse y los vertidos continúan produciéndose.

También ha señalado que el propio Ayuntamiento ha llegado a ser sancionado por esta situación, aunque algunas de las actuaciones necesarias dependen de otras administraciones.

“Resulta incomprensible que los ciudadanos paguen por un servicio que no se está prestando adecuadamente y que, además, el Ayuntamiento termine siendo sancionado cuando las infraestructuras necesarias dependen de otras administraciones”, ha afirmado.

Del Peño ha reclamado que se abandonen los enfrentamientos competenciales y se acometan definitivamente las obras pendientes de saneamiento y abastecimiento de agua.

Centeno denuncia aguas residuales y malos olores

Por su parte, Gonzalo Centeno ha asegurado que existen canalizaciones que vierten directamente al cauce aguas residuales, detergentes y otros desechos.

Según ha explicado, la contaminación se hace especialmente visible cuando disminuye el caudal del río, momento en el que los malos olores afectan a diferentes puntos del valle.

“Es inadmisible que esto ocurra en un espacio natural con el máximo nivel de protección ambiental”, ha manifestado el diputado de VOX.

Centeno considera que el estado del río Negro representa una muestra del abandono institucional que, a su juicio, sufre el concejo de Aller.

VOX acusa a las administraciones de “pasarse la pelota”

El parlamentario ha responsabilizado de la situación a la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Aller.

“La Confederación Hidrográfica, el Principado y el Ayuntamiento se pasan la responsabilidad unos a otros mientras el colector sigue sin construirse y el Plan Director de Saneamiento continúa guardado en un cajón”, ha criticado.

Centeno ha asegurado que existen fondos para ejecutar las actuaciones, pero ha lamentado que las obras no lleguen a materializarse.

VOX exige que las administraciones establezcan un calendario concreto de ejecución, determinen las responsabilidades de cada organismo y garanticen la financiación necesaria para completar las infraestructuras.

“Hablan de Agenda 2030 mientras permiten vertidos”

El diputado también ha acusado a los gobiernos de izquierda de mantener una contradicción entre su discurso ambiental y la gestión de los problemas reales de contaminación.

“Hablan constantemente de Agenda 2030 y de protección del medio ambiente, pero permiten que un río protegido por la Red Natura 2000 siga recibiendo vertidos porque son incapaces de ejecutar una infraestructura básica”, ha denunciado.

Centeno ha defendido que la protección ambiental debe comenzar por garantizar redes de saneamiento adecuadas y conservar los cauces fluviales.

“La mejor política ambiental empieza por garantizar un saneamiento digno y conservar nuestros ríos en condiciones”, ha concluido.

El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, ha rechazado la proposición de ley presentada por Izquierda Unida para declarar de utilidad pública los talleres de Barros y proceder a su expropiación con el objetivo de facilitar la implantación de Indra en Langreo.

Centeno considera que esta iniciativa representa un ataque a la propiedad privada y un nuevo ejemplo del intervencionismo económico promovido por la izquierda.

«¿Pero esto va en serio? ¿Quieren que participemos o les demos el visto bueno para intervenir en la actividad económica de las empresas mediante la expropiación de sus activos?», ha cuestionado el parlamentario.

El diputado de VOX ha acusado a IU de intentar dirigir por la fuerza las decisiones empresariales y ha definido su propuesta como «puro soviet».

VOX rechaza que la Administración dirija la actividad empresarial

Centeno ha defendido que las administraciones públicas deben garantizar las condiciones adecuadas para atraer inversión y generar empleo, pero no intervenir directamente en las decisiones de las empresas ni expropiar sus activos.

«El Estado tiene que promover las condiciones para que el entorno económico, fiscal y laboral sea favorable a la creación de riqueza y a la implantación de empresas, no dirigir su actividad ni expropiar sus activos», ha afirmado.

Para el representante de VOX, la propuesta de Izquierda Unida se aproxima a un modelo de colectivización que ya ha demostrado, según sostiene, sus efectos negativos en distintos sistemas económicos.

«Eso es la colectivización. Eso es el soviet. Y todos conocemos ya los resultados de este tipo de políticas», ha subrayado.

Centeno responsabiliza al socialismo del declive industrial

El parlamentario también ha rechazado que la pérdida de actividad industrial en las Cuencas pueda atribuirse a la iniciativa privada.

Centeno ha señalado que la cuenca del Nalón ha perdido, según los datos expuestos por VOX, alrededor del 80% de su industria y el 40% de su población.

A su juicio, este deterioro es consecuencia de décadas de políticas públicas socialistas que habrían favorecido el desmantelamiento industrial y la pérdida de oportunidades económicas.

«Si la desafortunada cuenca del Nalón ha perdido el 80% de su industria y el 40% de su población no es por la empresa privada», ha indicado.

El diputado ha atribuido esta situación a «cincuenta años de socialismo en Asturias» y a unas políticas económicas que considera equivocadas.

Críticas al respaldo de IU a la industria de defensa

Centeno también ha ironizado sobre el apoyo de Izquierda Unida a un proyecto relacionado con la industria de defensa.

«Resulta que ahora los señores de IU y de las siglas parecidas se han hecho belicistas. Asombroso», ha afirmado.

VOX considera contradictorio que una formación tradicionalmente crítica con la industria militar defienda ahora una iniciativa destinada a facilitar la implantación de una empresa vinculada al sector de la defensa.

VOX reclama menos expropiaciones y una fiscalidad competitiva

Frente a la iniciativa de IU, VOX propone reforzar la libertad económica, la seguridad jurídica y la competitividad fiscal de Asturias.

La formación sostiene que la región necesita menos intervencionismo y un marco estable que permita atraer empresas, recuperar la actividad industrial y crear empleo de calidad.

Centeno también ha criticado las ayudas públicas concedidas a determinadas compañías y ha reclamado una política industrial basada en condiciones fiscales favorables para todas las empresas, en lugar de subvenciones o decisiones discrecionales.

«Asturias necesita expropiar menos, regalar menos millones a elegidas de la SEPI como Duro Felguera, y más política fiscal beneficiosa y competitiva para que nuestra tierra vuelva a atraer empresas y crear empleo de calidad», ha concluido.

El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, ha celebrado la reforma de la Ley 1/1997 de Infracciones y Sanciones en materia de Seguridad Minera, una modificación legislativa que incorpora una de las principales propuestas defendidas por su formación tras el accidente de la mina de Cerredo.

La proposición de ley registrada en el Parlamento asturiano contempla que las empresas responsables de infracciones muy graves en materia de seguridad minera puedan enfrentarse no solo a sanciones económicas, sino también a la pérdida de la concesión para explotar el recurso minero.

Centeno ha recordado que esta medida ya fue planteada por VOX en una moción presentada tras la tragedia de Cerredo y las protestas protagonizadas por trabajadores del sector minero.

“Nos alegra que finalmente se imponga el sentido común. Es exactamente lo que defendió VOX hace apenas unas semanas: que las infracciones muy graves en materia de seguridad minera tengan consecuencias reales”, ha señalado.

El parlamentario ha criticado que la iniciativa fuese rechazada inicialmente por la mayoría parlamentaria de izquierdas, pese a perseguir una mayor protección para los trabajadores y una mayor responsabilidad empresarial.

“No aprobaron nuestra propuesta cuando la presentamos en el Pleno. La rechazaron por puro sectarismo político y ahora terminan incorporándola a la ley”, ha afirmado.

Centeno ha asegurado que la seguridad de los trabajadores debe situarse por encima de cualquier otra consideración y ha defendido que la retirada de concesiones constituye una herramienta eficaz para prevenir conductas irresponsables en el sector extractivo.

Asimismo, ha subrayado que determinadas infracciones relacionadas con la seguridad laboral exigen respuestas contundentes, especialmente cuando ponen en riesgo la integridad física o la vida de los trabajadores.

Desde VOX consideran que esta reforma supone un avance importante para reforzar la seguridad minera en Asturias y confían en que contribuya a evitar situaciones similares a las ocurridas en Cerredo.

La formación ha reivindicado su papel en la defensa de medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y proteger a los profesionales que desarrollan su actividad en el sector minero.

VOX denuncia el bloqueo de la izquierda a una investigación independiente sobre los seis millones prestados a Duro Felguera

El diputado de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Gonzalo Centeno, ha denunciado el rechazo del PSOE, Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, a la solicitud para que la Sindicatura de Cuentas elaborase un informe técnico e independiente sobre el préstamo de seis millones de euros concedido a Duro Felguera a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP).

La propuesta, impulsada por los grupos de la oposición y respaldada por VOX, fue rechazada en la Comisión de Hacienda, impidiendo que el órgano fiscalizador pudiera analizar una operación que, según advierte la formación, podría suponer la pérdida íntegra de seis millones de euros de dinero público.

Gonzalo Centeno ha recordado que el Reglamento de la Junta General contempla expresamente la posibilidad de solicitar informes a la Sindicatura de Cuentas sobre cualquier asunto de interés público, por lo que considera incomprensible la negativa de la izquierda a permitir que un organismo independiente examine la operación.

Según explicó el diputado de VOX, el Principado concedió en su día un préstamo participativo a Duro Felguera a través de la SRP con el objetivo de apoyar a la compañía. Sin embargo, ha señalado que las garantías de cobro existentes fueron eliminadas en 2023 y que, posteriormente, el préstamo ha sido sometido a una quita del 100% dentro del proceso de reestructuración empresarial.

Para VOX, resulta imprescindible aclarar por qué se eliminaron dichas garantías y quién tomó las decisiones que han desembocado en una situación en la que los contribuyentes asturianos podrían asumir la pérdida total de los fondos públicos aportados.

Centeno considera que la negativa a permitir un informe independiente incrementa las dudas sobre la gestión de la operación. En este sentido, ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurrió con el dinero público, qué responsabilidades existen y qué criterios se siguieron para modificar las condiciones iniciales del préstamo.

Asimismo, el parlamentario ha reclamado explicaciones sobre el papel desempeñado por las distintas administraciones implicadas en el rescate de la compañía, incluida la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que participó en el proceso con una aportación de 120 millones de euros y representación en el consejo de administración.

Desde VOX consideran especialmente grave que se impida a la Sindicatura de Cuentas realizar una valoración profesional e independiente sobre una operación de estas características. La formación insiste en que la transparencia debe prevalecer cuando están en juego recursos públicos y sostiene que los asturianos merecen conocer toda la información relacionada con el destino de estos fondos.

“Si no hay nada que ocultar, no se entiende el rechazo a que un órgano independiente estudie los hechos y emita un informe técnico”, ha concluido Gonzalo Centeno.

El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, ha defendido una moción parlamentaria para reclamar medidas urgentes que permitan desbloquear la situación que atraviesan empresas y trabajadores del sector minero afectados por la paralización de explotaciones vinculadas a los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC).

Durante su intervención, Centeno acusó al Gobierno de Adrián Barbón de actuar “sin rumbo y a golpe de improvisación” tras el accidente de Cerredo, asegurando que la gestión del Ejecutivo autonómico ha generado una grave inseguridad jurídica que está poniendo en riesgo inversiones y destruyendo empleo en las cuencas mineras.

“El Gobierno del Principado ha creado un escenario de incertidumbre que está paralizando proyectos empresariales y dejando a decenas de familias en una situación insostenible”, denunció.

El parlamentario de VOX criticó además que, tras las iniciativas impulsadas por su grupo en anteriores plenos, la única respuesta recibida haya sido “publicidad institucional y promesas de futuro”, sin aportar soluciones concretas para los trabajadores afectados.

Centeno puso el foco en la situación de los empleados de Mina Miura y TYC Narcea, dos de los casos que considera más graves dentro de la crisis que atraviesa actualmente el sector.

En el caso de TYC Narcea, recordó que más de 70 trabajadores se han visto afectados por la suspensión provisional de la actividad en Vega de Rengos, con decenas de empleados incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo y una inversión superior a cuatro millones de euros paralizada desde hace más de un año.

Respecto a Mina Miura, denunció que sus trabajadores acumulan diez nóminas impagadas y continúan acudiendo diariamente a sus puestos de trabajo sin percibir salario y sin poder acceder a prestaciones por desempleo.

“Todo esto sucede porque la administración permitió durante años actividades amparadas en instrumentos jurídicos utilizados en fraude de ley y ahora pretende eludir sus responsabilidades”, afirmó.

Gonzalo Centeno también criticó la actuación del SOMA-UGT y de determinados sectores de la izquierda, a los que acusó de intentar apropiarse políticamente de las reivindicaciones de los trabajadores tras años de silencio.

Para VOX, la situación actual es consecuencia directa de la “negligencia administrativa” del Principado y exige una respuesta inmediata para evitar que continúe deteriorándose el tejido económico y laboral de las cuencas mineras.

La moción defendida por la formación incluía medidas como la declaración de urgencia de todos los expedientes relacionados con las minas del suroccidente asturiano, la agilización de los trámites pendientes ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto para la Transición Justa, así como la elaboración de un plan específico de recolocación, formación y ayudas para los trabajadores afectados.

Asimismo, VOX propuso reforzar los mecanismos de control sobre los fondos públicos destinados a la reindustrialización y excluir de su gestión a organizaciones condenadas por fraude o corrupción.

Durante el debate, Partido Popular y Foro respaldaron la mayor parte de las medidas planteadas por VOX, aunque la iniciativa fue finalmente rechazada por el bloque de izquierdas.

“Lo que está ocurriendo demuestra que el Gobierno de Barbón va reaccionando según aparecen nuevos damnificados, nuevos informes o nuevos titulares de prensa. Actúan como pollo sin cabeza”, afirmó Centeno.

Finalmente, VOX lamentó que la moción no saliera adelante pese a la situación crítica que atraviesan cientos de trabajadores y familias vinculadas al sector minero asturiano.

El diputado de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Gonzalo Centeno, ha acusado al Gobierno del Principado de haber utilizado de forma “fraudulenta y opaca” los denominados Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) en explotaciones mineras de carbón, convirtiéndolos, según ha denunciado, “en una vía alternativa para otorgar explotaciones sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.

Durante una interpelación al consejero de Transición Ecológica, Industria y Comercio sobre el impacto económico y jurídico derivado de la paralización de explotaciones amparadas por esta figura, Centeno defendió que el problema “no está en la legalidad de los PIC, sino en el uso político y administrativo que se ha hecho de ellos”.

“El problema no es la figura jurídica, que es perfectamente legal, sino haberla utilizado en fraude de ley para resucitar explotaciones cerradas, bordear prohibiciones legales y mantener artificialmente una actividad minera sin asumir responsabilidades políticas”, afirmó el diputado de VOX.

Desde VOX recordaron que desde 2021 se han autorizado alrededor de catorce Proyectos de Investigación Complementaria, aunque señalaron que los casos “más problemáticos” son los relacionados con explotaciones de carbón como Cerredo, TYC Narcea o Mina Miura.

Centeno denunció además que, al amparo de estos proyectos, se autorizaron extracciones de decenas de miles de toneladas de carbón “sin seguir los procedimientos ordinarios de concesión minera”.

Para el diputado de VOX, el uso irregular de estas figuras “no nace de los funcionarios ni de los técnicos”, sino de “decisiones impulsadas desde la cúpula política del Principado”.

“Se ha querido demonizar la figura jurídica para ocultar quién movía realmente los hilos y quién empujaba a las empresas hacia este tipo de autorizaciones desde 2018”, señaló.

En este sentido, Gonzalo Centeno sostuvo que “más regulación no solucionará nada” porque el problema, a su juicio, “no es normativo, sino moral y político”.

“Lo que hace falta es rendición de cuentas y asumir responsabilidades políticas. La lluvia limpia el trigo y a las culpas el castigo”, afirmó durante su intervención.

El diputado de VOX vinculó además esta situación al “fracaso absoluto” de las políticas de descarbonización impulsadas desde Bruselas y asumidas por el Gobierno asturiano.

“El político mediocre que no quiso pelear por la industria en Bruselas acabó cayendo en la tentación de bordear la legalidad para mantener la ilusión de una minería del carbón que no contaminase”, denunció.

Según VOX, el cierre de explotaciones y centrales térmicas ha provocado “la destrucción económica y social” de las cuencas mineras, sustituyendo empleos industriales por “supuestos proyectos verdes incapaces de sostener el tejido económico de las comarcas”.

El diputado de VOX en la Junta General Gonzalo Centeno ha defendido hoy en el Pleno la enmienda a la totalidad presentada por su grupo al proyecto de ley de vivienda del Gobierno autonómico, solicitando su devolución al Consejo de Gobierno al considerar que “agravará la crisis habitacional en lugar de resolverla”.

Durante su intervención, Centeno ha criticado que el texto es un “copia-pega” de la ley estatal de vivienda y de normativas similares aplicadas en otros territorios, cuyas consecuencias han sido la reducción de la oferta y el aumento de los precios. “La experiencia ya ha demostrado que estas políticas intervencionistas provocan exactamente el efecto contrario al que dicen perseguir”, ha señalado.

El diputado de VOX ha insistido en que el problema de la vivienda es, fundamentalmente, un problema de oferta. “La vivienda es un bien esencial, sin sustitutos, cuya demanda no desaparece aunque suban los precios. Si la oferta no crece, los precios seguirán subiendo y los jóvenes seguirán sin poder acceder a una vivienda”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el déficit de vivienda en España alcanza las 600.000 unidades y que Asturias no es una excepción, tras años de escasa construcción. Centeno ha alertado especialmente de la baja producción de vivienda protegida en la última década, con cifras que, según ha indicado, apenas representan una pequeña parte del total.

Asimismo, ha señalado que otras causas de la escasez son también conocidas, entre ellas la burocracia, la inseguridad jurídica, los elevados costes de construcción y la falta de inversión. A ello ha añadido el impacto de la fiscalidad, que puede suponer entre un 25% y un 30% del coste final de una vivienda.

“El Estado es el primero que se beneficia de la subida de precios, porque recauda más cuanto más caro es el acceso a la vivienda”, ha afirmado, criticando la acumulación de impuestos, tasas y cargas administrativas durante todo el proceso de construcción.

Centeno también ha advertido de que las políticas actuales están provocando una reducción del mercado de alquiler, debido a la inseguridad jurídica y a la sobreprotección del inquilino, lo que lleva a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o destinarlas a otros usos.

En el caso de Asturias, ha destacado el incremento de los precios de venta y alquiler en los últimos años, así como la caída de la oferta, lo que, a su juicio, evidencia el fracaso del modelo actual.

Frente a ello, VOX propone actuar sobre la raíz del problema mediante el aumento de la oferta de vivienda, tanto pública como privada, la liberación de suelo edificable, la reducción de la burocracia y de la carga fiscal, así como el refuerzo de la seguridad jurídica.

El diputado de VOX en la Junta Gonzalo Centeno ha denunciado el “rodillo parlamentario” aplicado por la mayoría en la Comisión de Investigación del accidente de la mina de Cerredo, celebrada este lunes, y ha advertido de que se han rechazado nuevas comparecencias pese a la ausencia de documentación relevante en el informe de la Inspección General de Servicios.

Centeno ha señalado que “el 90% de las decisiones ya están tomadas previamente a cualquier debate”, y ha lamentado que esta comisión no haya sido una excepción. “Aquí la mayoría parlamentaria manda y se ha vuelto a pasar el rodillo”, ha afirmado.

El diputado de VOX ha explicado que, tras analizar el informe, se ha detectado la falta de documentación importante para completar la investigación. Entre ella, ha citado el anexo 1 del informe, el escrito motivado de remisión al Ministerio Fiscal y memorias presupuestarias del Servicio de Seguridad Minera en las que, según ha indicado, se solicitaban más recursos y personal ante el cambio de modelo extractivo.

“Como falta documentación, nosotros estábamos a favor de reabrir el plazo”, ha señalado Centeno, quien ha recordado que existen precedentes parlamentarios de reapertura tanto del plan de trabajo como de la fase de instrucción para incorporar nuevas comparecencias.

Según ha explicado, el debate se centró en la posibilidad de reabrir la fase de instrucción, algo que la presidencia planteó únicamente para admitir documentación, pero no nuevas comparecencias. Sin embargo, el letrado de la Cámara indicó que la reapertura debía hacerse “para todo o para nada”, al tratarse de fases tasadas del procedimiento.

Finalmente, y tras el voto dirimente de la presidencia, la comisión acordó no reabrir la fase de instrucción, lo que, según VOX, impide incorporar comparecencias y la documentación que consideran imprescindible.

“Nos quedamos sin comparecencias y sin documentación que consideramos imprescindible los tres grupos de la derecha para complementar el informe”, ha afirmado Centeno.

El diputado ha cuestionado además por qué el informe se remitió sin anexos ni documentación complementaria. “La pregunta importante es por qué no se ha incluido con el informe de la inspección, quién ha dado la orden de remitirlo sin anexos y sin la documentación que lo completaba. Esta costumbre de mandar expedientes capados a medias es llamativa”, ha subrayado.

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