Rocío Dívar: «No son irregularidades, es un sistema organizado»
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Rocío Dívar, ha denunciado la existencia de un “patrón sistemático de procedimientos trucados, presiones a funcionarios y favores cruzados” tanto en el ámbito autonómico, a través del INAGA, como en el Ministerio para la Transición Ecológica.
Dívar ha advertido de que los hechos conocidos apuntan a un sistema “sofisticado”, con estructuras diseñadas para dificultar el rastreo de las operaciones, mediante compraventas de sociedades, entramados interpuestos y operaciones no elevadas a público.
La senadora ha lamentado la falta de respuestas por parte del compareciente en la comisión de investigación, asegurando que “se ha perdido una oportunidad clave para esclarecer los hechos”, que, a su juicio, “no son simples irregularidades, sino un auténtico secuestro de la Administración pública al servicio de intereses privados”.
Investigación sobre Forestalia
Dívar ha señalado que el caso de Forestalia tiene una “clara dimensión política”, al afectar a la tramitación de proyectos de energías renovables durante los años de mayor expansión del sector.
La investigación pone el foco en el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido en ese periodo por Teresa Ribera, así como en responsables administrativos que, según ha indicado, siguen en sus puestos.
Asimismo, ha advertido de posibles irregularidades en Aragón, especialmente en el desarrollo del Clúster del Maestrazgo, donde se investiga si hubo trato administrativo favorable a Forestalia.
Según ha explicado, la investigación apunta a que “cuando los criterios técnicos eran un obstáculo, se modificaban los procedimientos”, lo que podría evidenciar un funcionamiento anómalo de la Administración.
Tramas societarias y subvenciones
La senadora también ha señalado la posible existencia de entramados societarios diseñados para ocultar la titularidad real de las operaciones, mencionando sociedades interpuestas y movimientos empresariales bajo sospecha.
En este contexto, ha planteado interrogantes sobre operaciones vinculadas a subvenciones públicas, entre ellas una ayuda de 17 millones de euros, así como sobre posibles conexiones con distintos actores implicados en la tramitación de proyectos.
Dívar ha denunciado además la posible existencia de una “tramitación paralela” en el Ministerio, lo que ha calificado como una “caja negra administrativa” al margen de los cauces habituales.
La portavoz adjunta ha reiterado la necesidad de esclarecer todos los hechos y depurar responsabilidades, subrayando el compromiso del Partido Popular con la transparencia, el control del gasto público y el correcto funcionamiento de las instituciones.