Actualidad Política

29 de marzo de 2026

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La síndica adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Laura Chulià, ha afirmado que “los sanchistas valencianos están muy preocupados por su futuro tras su hundimiento electoral en Extremadura”, al valorar el impacto en la Comunitat Valenciana de los resultados de las elecciones autonómicas extremeñas.

Chulià ha señalado que los máximos representantes del sanchismo a nivel nacional se concentran hoy en el socialismo valenciano, con cargos destacados en la dirección del PSOE y del PSPV, lo que explica —ha indicado— “el nerviosismo ante el peor resultado del socialismo en su historia y el castigo masivo a la política de Pedro Sánchez”. Un escenario que, ha añadido, anticipa un hundimiento del sanchismo en toda España.

La dirigente popular ha subrayado que el PSOE no está en condiciones de dar lecciones de gestión, y mucho menos en materia de la DANA. “Ha habido una sola administración que ha asumido responsabilidades, que ha sido la Generalitat, mientras que el Gobierno de Sánchez sigue sin reconocer su papel, su gestión y sus errores, y continúa sin asumir responsabilidades”, ha remarcado.

Asimismo, Chulià ha recordado que en Les Corts hay tres grupos parlamentarios en la oposición, pero solo uno ha estado dispuesto a colaborar en tiempo de reconstrucción, poniendo el interés de los valencianos por delante de otros intereses.

Por último, la síndica adjunta del GPP ha informado de que la Junta de Síndics ha aprobado el calendario parlamentario del próximo periodo de sesiones, que se desarrollará del 9 de febrero al 3 de julio, y ha destacado que “el Consell de la Generalitat está en pleno rendimiento”. “El Partido Popular tiene claro que su línea de actuación es poner en el centro el interés de las personas”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Laura Chulià, ha exigido al PSPV que dé explicaciones “si Leire Díez se llevó comisiones por la compra del edificio de Correos por 24 millones de euros”, una operación realizada por el Gobierno del Botànic que, a juicio del Partido Popular, está rodeada de graves irregularidades.

Chulià ha denunciado que “los socialistas valencianos, más allá de seguir hinchando la burbuja de Sánchez, deberían preocuparse de hacer limpieza interna y de aclarar hasta dónde llega la corrupción en su partido, también en su ramificación valenciana, tanto interna como externamente”. En este sentido, ha reclamado transparencia sobre el papel de Leire Díez, a quien ha señalado como “fontanera del PSOE”, y sobre si obtuvo comisiones o privilegios en aquella operación.

La dirigente popular ha recordado que el Gobierno de Ximo Puig destinó 24 millones de euros a la compra del edificio de Correos “con fondos que deberían haberse destinado a vivienda y colegios públicos”, mientras Leire Díez “ofrecía inmuebles de la SEPI, como los edificios de Correos, a cambio de comisiones”. “Todo apunta a que la compra fue una operación montada entre amigos de la administración socialista con dinero de otras partidas”, ha subrayado.

Chulià ha añadido que la adquisición se aprobó “sin contar previamente con el informe preceptivo para el visto bueno correspondiente”, lo que, a su juicio, evidencia que “ya tenían pactada la compra sin conocer siquiera su valor real”. “Todo es sospechoso y alguien tiene que salir a dar explicaciones”, ha insistido.

Asimismo, la portavoz adjunta del PP ha recordado que la Agencia Tributaria ya está investigando esta operación de adquisición “más que sospechosa”, lo que refuerza la necesidad de aclarar responsabilidades políticas.

Por otro lado, en relación con la reunión prevista entre el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat, Chulià ha señalado que el jefe del Consell “acude a la Moncloa a defender los intereses de los valencianos y a reclamar mayor coordinación y trabajo conjunto entre administraciones en un momento clave para la Comunitat Valenciana”. También ha exigido que el Gobierno “respete el autogobierno”, en cuestiones como la ley de costas, recurrida por el Ejecutivo central, y el pacto del agua, “tan necesario para nuestro sector primario”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha pedido explicaciones a Diana Morant por ocultar la trama de corrupción en el CNIO y no comunicar al patronato la nueva denuncia ante la Justicia sobre las irregularidades del exgerente de la que, según la información publicada, tenía conocimiento”.

Laura Chulià ha señalado que “estamos hablando de dinero que tenía que haberse destinado a curar el cáncer, malgastando fondos equivalentes a casi una década de investigación, y la ministra no solo ha mirado hacia otro lado todo este tiempo, sino que incluso ha apartado de sus funciones a los dos funcionarios del CNIO que denunciaron la presunta corrupción”.

“Diana Morant debe salir a dar la cara y explicar por qué ha ocultado de manera consciente al patronato del CNIO las irregularidades internas que ella conocía, con un presunto desfalco de entre 20 y 25 millones de euros en contratos duplicados o de dudosa legalidad. Cuando tuvo conocimiento no actuó y ahora, cuando sale a la luz, se apresura a condenarlo, pero sin asumir ninguna responsabilidad, como es propio del sanchismo. El CNIO no necesita palabras huecas de reconocimiento, sino que no se desvíen los pocos fondos con los que cuenta para la investigación”, ha añadido.

Chulià ha señalado que “la nefasta gestión de Morant en el CNIO responde a su perfil: una simple extensión del sanchismo en el PSPV, impuesta por Santos Cerdán, que se niega a ayudar a los valencianos por mero cálculo político. Su indiferencia y permanente dejación de funciones provoca situaciones de parálisis total como la que atraviesa el CNIO o su propio ministerio. Pero debe explicar por qué su Ministerio no actuó y ella lo ocultó comprometiendo directamente su credibilidad y su gestión”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que “la sombra de sospecha sobre Diana Morant crece mientras se malgastan fondos contra el cáncer equivalentes a casi una década de investigación”. Chulià se ha referido así a la noticia que revela que el Ministerio de Ciencia y Universidades ignoró dos cartas formales enviadas este mismo año por altos cargos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que alertaban del presunto desfalco de entre 20 y 25 millones de euros en contratos duplicados o de dudosa legalidad desde 2007 y que ya está siendo investigado por la Fiscalía. Según la información publicada, las misivas nunca fueron atendidas y acabaron con el despido de los denunciantes.

La cifra presuntamente desviada en 17 años coincide prácticamente con la financiación pública anual que recibe el CNIO desde el Instituto de Salud Carlos III: unos 22 millones de euros. “Estamos hablando de una cantidad equivalente a todo un año de fondos públicos del centro que deberían ir a investigar el cáncer, no a engordar redes clientelares ni a pagar contratos amañados”, ha criticado Chulià.

Además, ha puesto el foco en lo que supone esa cantidad en términos científicos: “25 millones de euros equivalen a cinco millones de minutos de investigación, es decir, 9 años y medio de trabajo ininterrumpido de un laboratorio. Nueve años y medio de retraso en diagnósticos, tratamientos, supervivencia y esperanza para miles de pacientes”. Para la portavoz popular, es “escalofriante” que mientras España necesita más ciencia y más recursos para combatir el cáncer, “el Ministerio de Morant haya mirado hacia otro lado, permitiendo que el CNIO acumule escándalos”.

Para Chulià, estas irregularidades no son un hecho aislado: el CNIO ya fue noticia en diciembre del año pasado por el posible desvío de casi un millón de euros en solo un año para comprar obras de arte con dinero público y casi tres millones en total entre 2018 y 2023, una práctica consentida mientras la anterior directora, María Blasco, permanecía en el cargo. “Arte comprado con fondos del centro, sospechas sobre contratos duplicados, denuncias ignoradas y el despido de quienes alertaron de irregularidades… todo ello ocurrido bajo el mandato de Diana Morant”.

Esta situación no difiere mucho del entorno político de Morant. “Su nombramiento como secretaria general del PSPV y candidata no responde a méritos propios, sino al dedazo de Pedro Sánchez ejecutado por el inquilino de Soto del Real Santos Cerdán; ella misma llevó de número dos a José Luis Ábalos en las últimas elecciones generales. Ese es el círculo que ha aupado a Morant y esa es la gestión que hoy vemos en el CNIO”, ha señalado la parlamentaria.

La portavoz popular ha afeado a Morant que “esté más centrada en hacer campaña en la Comunitat Valenciana que en impulsar la investigación contra el cáncer” pero, a pesar de ello, “no arranca en las encuestas y ya hay quien trabaja internamente para sustituirla por Pilar Bernabé de cara a las autonómicas”. Por todo ello, ha exigido explicaciones inmediatas sobre “por qué su Ministerio no actuó, por qué se ignoraron las misivas de denuncia, cómo se permitió el despido de los denunciantes y qué va a hacer para depurar responsabilidades en un escándalo que compromete directamente su credibilidad y su gestión”, ha concluido Chulià.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha afirmado que “será un buen día para los valencianos cuando tengamos las mejores y más actualizadas medidas de protección en nuestras cuencas, sistemas de alerta temprana y las obras antirriadas que permitan honrar la memoria de muchas personas y dejar dormir tranquilas a muchas otras tantas”. La diputada se ha expresado así tras la Junta de Síndics del parlamento valenciano el día en que se abre el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la Generalitat por parte de los grupos parlamentarios.

En este proceso, Chulià ha abogado por defender los “principios y valores” de la sociedad valenciana por encima de “sigas y personalismos”. En esta línea, ha asegurado que el GPP presentará una candidatura “en tiempo y forma”, una propuesta que sea capaz de “continuar liderando las necesidades e intereses de los valencianos” para evitar paralizar la reconstrucción durante meses con una convocatoria electoral. Un Consell capaz de plantar cara y no solo de hacer reverencias a Madrid “como hace la oposición”.

“El pueblo valenciano tiene muy claro que la siguiente diana está en el sanchismo. El pueblo valenciano lo que quiere es dormir tranquilo, por encima de todo”, ha asegurado Chulià, quien ha sostenido que para que eso sea posible es necesario que el Consell del cambio “continúe liderando la reconstrucción y las ayudas que sí llegan a los afectados, impulsando a nuestras empresas y las infraestructuras”.

La portavoz popular ha explicado que el grupo parlamentario trabajará en que “la mejor propuesta” obtenga los apoyos y el consenso necesarios para mantener vivo el proyecto por el que la ciudadanía valenciana votó mayoritariamente en mayo de 2023. Por eso, ha insistido en que “lo mejor para el conjunto de la sociedad valenciana que el Consell continúe trabajando en la línea de la recuperación y el impulso de la Comunitat Valenciana exigiendo la financiación, el agua y las inversiones que nos corresponden”.

Por último, ha lamentado “el uso del dolor ajeno y la falta de respeto” de la izquierda en un momento tan sensible”. “Personalmente, me duele muchísimo que se utilice la tragedia de las víctimas, que se insulte a compañeras o que se falte al respeto a los afiliados de mi partido diciendo que el PP es ETA. Nosotros no fomentamos el odio, creemos en el respeto, el consenso y los valores compartidos”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha afirmado que “las declaraciones de alcaldes socialistas, como la de Benetússer, confirman el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana en la reconstrucción tras la dana”. “Ni siquiera los gobernantes de su propio partido pueden ocultar la falta de eficacia, empatía y compromiso del Ejecutivo central con los valencianos y valencianas”, ha denunciado.

La portavoz popular ha celebrado que los alcaldes socialistas empiecen a “desmontar los bulos del Gobierno de Sánchez” sobre su gestión antes, durante y después de la tragedia. En este sentido, ha recordado que el 29 de octubre de 2024 el aviso de AEMET para la zona era naranja entre las 12 del mediodía y la medianoche y el Estado “no actuó con la previsión necesaria para proteger a la población”. La propia alcaldesa de Benetússer “reconoce que no convocó el Cecopal y que gestionó la situación como una ‘emergencia básica’, por lo que no tomó medidas previstas en su propio Plan Local de Emergencias como el cierre del túnel hacia Alfafar”.

Otra muestra de la escasa coordinación institucional que también denuncia la regidora es que “ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni Adif han cumplido sus compromisos en Benetússer, donde las obras de accesibilidad de la estación de tren siguen sin comenzar pese a las promesas del Gobierno”, ha señalado Chulià. A esta falta de acción se suma la ausencia de empatía institucional por parte del Gobierno de Sánchez: “Once meses después seguimos esperando la comisión mixta de reconstrucción que en La Palma, tras el volcán, se constituyó en solo once días. ¿Y dónde está la empatía de la alta comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, cuya primera decisión fue reunirse únicamente con alcaldes del PSOE?”, ha reprochado.

“Casi un año después de la tragedia, los municipios siguen esperando inversiones y ayudas básicas mientras la Generalitat ha cumplido con sus vecinos agilizando los pagos, reduciendo la burocracia y asumiendo incluso competencias que son del Estado”, ha insistido la síndica adjunta del GPP. “El Consell de Carlos Mazón ha demostrado eficacia y empatía real, resolviendo ya el 69% de las ayudas directas mientras que el Gobierno de Sánchez solo ha pagado el 39%”, ha señalado. Unos pagos, los de la Generalitat, sin tasas ni trabas burocráticas frente a los del Ejecutivo socialista, que en muchos casos se plantean como préstamos con intereses o conllevan el pago de impuestos.

Además, ha destacado que el Consell ha actuado de manera integral en Benetússer y en otros municipios afectados a través de medidas como el Plan de Apoyo Social, la oferta de viviendas públicas y ayudas al alquiler para quienes no pudieron regresar a sus casas, la reconstrucción de las residencias, la apertura de una nueva oficina PROP con personal específico para atender las gestiones de los vecinos, y la limpieza y reparación de accesos y viales a polígonos industriales, incluso en zonas que no eran de su competencia.

Por último, cabe destacar que la alcaldesa socialista de Benetússer también ha reconocido la implicación directa del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y del vicepresidente del Consell para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols. Por todo ello, Chulià ha subrayado que “mientras el Gobierno de Sánchez miraba hacia otro lado, el Consell de Carlos Mazón ha estado donde debía: al lado de los ayuntamientos y de las víctimas”.

La portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha acusado al síndic del PSPV de hacer una “enmienda a la totalidad” a la declaración en sede judicial del presidente de la CHJ, Miguel Polo. La diputada popular ha recordado que “en un lugar donde estaba obligado a decir la verdad, Polo reconoció que ninguno podía saber lo que venía, que la información de lo que bajaba por el Poyo no era relevante y que durante las tres horas más fatídicas del día de la dana no se avisó del caudal” de dicho barranco.

Chulià también le ha reprochado que pretenda rectificar las palabras de Polo ante la jueza de Catarroja cuando indicó que la Confederación “retiró desde las 15 horas a sus agentes de control y vigilancia de los barrancos y cauces”. Para la portavoz del GPP “resulta cuanto menos curioso que sea el PSOE el que haga una enmienda a la totalidad de la declaración del socialista Miguel Polo”.

Unos hechos que, según Laura Chulià, “demuestran que los socialistas valencianos una vez más dejan de ser socialistas y valencianos, para seguir la línea del relato marcada por Moncloa y por Pedro Sánchez”.

En cuanto a los últimos vídeos publicados del día de la trágica riada, Chulià ha hecho hincapié en que “vienen a corroborar la versión y comparecencia de Pradas y el Consell sobre ese día” y ha destacado que “desde Emergencias se estuvo al tanto y trabajando todo el día en base a la alerta que había”.

La diputada popular ha insistido en que durante las horas más críticas del 29 de octubre “no hubo información” y ha recordado que en sede judicial “tanto los responsables de AEMET, CHJ y la propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dijeron que no se habló en ningún momento del caudal del Poyo y que en el momento que se empieza a hablar de la posible rotura de Forata, a partir de las 7 de la tarde, es cuando se habla del envío masivo del EsAlert”.

Laura Chulià ha avanzado que el Grupo Popular exigirá al Gobierno en el próximo pleno que se ejecuten las obras antirriadas y la limpieza de cauces y barrancos, porque que los vecinos de las zonas afectadas “no pueden vivir pendientes del estado de ansiedad que provoca saber que no tenemos esas infraestructuras y el sistema de alerta temprana como sí tienen el resto de cuencas”.

Chulià recuerda que “fue el Botànic el que eliminó la segunda prueba de cribado del cáncer de mama”

En cuanto al cribado del cáncer de mama, a la portavoz adjunta del GPP le resulta “incomprensible que sea el síndic socialista quien venga a dar lecciones de prevención” de esta enfermedad. Una actitud, que ha lamentado supone una “defensa a capa y espada de todos los postulados marcados por el Sanchismo, utilizando una vez más el dolor de las personas, ya lo están haciendo con las víctimas de la dana y ahora lo hacen por intereses partidistas con el dolor de las mujeres que padecen cáncer”.

En ese sentido, Chulià ha recordado que “fue el Botànic el gobierno que eliminó esa segunda prueba de cribado del cáncer de mama” por lo que desde el PSPV “no tienen legitimidad para hablar” de este tema y ha subrayado que “saben que en la Comunitat Valenciana se está haciendo un sobreesfuerzo en la lucha contra el cáncer de mama”.

El PPCV ha pedido en Les Corts que el Gobierno de Pedro Sánchez “pague de una vez” las ayudas de primera necesidad a las personas, familias y empresas afectadas por la dana de octubre de 2024 y acelere las indemnizaciones del seguro. Así consta en la propuesta de resolución aprobada en el Debate de Política General por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.

La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, ha denunciado que “once meses después, más del 80% de los damnificados siguen atrapados en un calvario burocrático mientras el Ejecutivo de Sánchez presume de cifras infladas y anuncios vacíos”. La parlamentaria se refiere al hecho de que, según datos del propio Gobierno, “solo 7.497 familias han recibido alguna ayuda de las más de 41.000 solicitudes presentadas, apenas un 17%, lo que deja a más de 34.000 familias a la espera de los 565 millones de euros que se les deben”.

Justo cuando se cumplen 11 meses de la peor tragedia ambiental que ha sufrido la Comunitat Valenciana, “miles de familias siguen esperando un dinero que nunca llega. Los valencianos no podemos seguir soportando en solitario las consecuencias de aquella riada, y menos aún con el lastre de la infrafinanciación que padece nuestra tierra desde hace años”, ha lamentado Chulià.

Frente a la parálisis del Gobierno socialista y la dejadez de sus representantes en la Comunitat, la diputada popular ha destacado que la Generalitat Valenciana ha actuado con rapidez y eficacia. Entre las acciones llevadas a cabo, ha señalado que se han movilizado unos 2.500 millones de euros, de los que casi 1.500 son ayudas directas a familias y empresas.

Además el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció a principios de este mes una ampliación de 350 millones en ayudas inmediatas que llegaron en apenas tres semanas a 81.760 familias. “Esa es la diferencia: mientras la Generalitat paga en semanas, el Gobierno de Sánchez no cumple en casi un año”, ha recalcado.

La resolución aprobada en Les Corts incluye, además, otras peticiones urgentes como la inclusión en los Decretos de ayudas de los 28 municipios de la provincia de Valencia y 71 de la provincia de Castellón que el Gobierno de Sánchez excluyó injustamente, la prórroga del cese de actividad de los autónomos, la exención de impuestos por las ayudas recibidas y la concesión de ayudas directas a fondo perdido a las empresas en lugar de préstamos con intereses que solo aumentan su carga financiera.

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