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La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que “la trama corrupta del PSOE salpica de lleno a la Comunitat Valenciana con adjudicaciones dudosas y dirigentes señalados”. La parlamentaria se ha referido así a las informaciones que vinculan a representantes del PSPV con la red que lideraban José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que durante años se benefició de contratos públicos presuntamente amañados.

Chulià ha subrayado que “esta trama no solo operaba desde el Gobierno central, sino que extendía sus tentáculos a través de ayuntamientos gobernados por el PSOE y Compromís, donde se adjudicaron decenas de contratos a una de las principales empresas investigadas”.

“Y en el epicentro de este escándalo, él: José Luis Ábalos. El exministro fue el padrino político de buena parte del socialismo valenciano actual y ocupó el número dos en la candidatura por Valencia a las últimas elecciones generales, justo por detrás de Diana Morant”, ha recordado la dirigente popular.

Entre las adjudicaciones señaladas, una del exalcalde socialista de Jávea y hoy portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, José Chulvi, quien nada más llegar Ábalos al Gobierno adjudicó a la empresa investigada unas obras que jamás se ejecutaron. U otra contratación millonaria para esta compañía del exalcalde de Valencia con Compromís, Joan Ribó, y la exconcejala de Urbanismo y actual eurodiputada socialista, Sandra Gómez.

Chulià ha lamentado que, si bien estos hechos son “gravísimos, más indignante aún es el silencio del PSPV ante este escándalo, tan vergonzoso como los audios de la trama hablando de mujeres prostituidas como si fueran mercancía”.

Para la síndica popular, “la Comunitat Valenciana no puede seguir representada en Madrid por dirigentes salpicados por esta red de corrupción”. “Desde el PP valenciano exigimos explicaciones inmediatas, responsabilidades políticas y una investigación de todas las adjudicaciones municipales que puedan haber servido para financiar o alimentar esta trama”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha advertido que, según la agencia internacional Standard and Poor’s “la sostenibilidad financiera de la Comunitat Valenciana depende de las decisiones que debe adoptar el Gobierno de Pedro Sánchez y que hasta ahora sigue sin tomar”. Decisiones “vitales” para el funcionamiento de los servicios públicos como son la reforma del modelo de financiación, el fondo de nivelación o la aprobación del FLA extraordinario.

Chulià se ha pronunciado así en el debate de la proposición no de ley del GPP que exige al Gobierno de España la aprobación urgente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, bloqueado por primera vez en 13 años. Este fondo, imprescindible para garantizar el bienestar de la ciudadanía “ya llega seis meses tarde” y su retraso pone en riesgo los servicios públicos fundamentales.

La síndica adjunta ha recordado que la Comunitat Valenciana es la peor financiada de España y sufre un déficit estructural no por gastar más que otras autonomías, sino por tener menos ingresos debido al sistema actual. Esa infrafinanciación se traduce en una deuda insostenible y en unos intereses que ya superan los 1.100 millones de euros anuales.

El presidente de la Generalitat reclamó formalmente el pasado mes de diciembre la aprobación del FLA extra, pero hasta hoy no ha habido ninguna respuesta ni notificación formal por parte del Ejecutivo. “Sánchez nos da la espalda en el momento en que más falta nos hace”, ha denunciado Chulià.

“A nadie se le escapa que cuando hablamos de financiación, hablamos de sanidad, educación, dependencia e infraestructuras, de calidad de vida de los ciudadanos”, ha afirmado Chulià, quien ha lamentado que los valencianos soporten un esfuerzo mayor que el resto de comunidades por culpa de un sistema injusto que no se reforma porque, según ha dicho, “el prófugo de la justicia instalado en Waterloo no ha dado la orden”.

Chulià ha criticado que el Ejecutivo socialista priorice las exigencias de Carles Puigdemont, como la condonación de deuda o el control de competencias como inmigración, mientras desatiende las demandas del resto de autonomías, que reclaman una reforma justa del sistema de financiación y equidad en el reparto de recursos. “Mientras exista este Gobierno en España, los valencianos solo podemos esperar abandono, mentiras y corrupción”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha acusado al socialista Muñoz de “mentir y tergiversar porque Carlos Mazón sí ha entregado a las Cortes la documentación existente de los movimientos del vehículo del presidente de todo el mes de octubre”.
“Es mentira que no haya entregado la documentación. Presidencia entregó en tiempo y forma el pasado mes de enero la documentación solicitada que es la que existe en los archivos y que sigue el mismo procedimiento habitual en el que se indica en los partes la hora de inicio del servicio del conductor y la hora final. No se incluyen trayectos de ningún otro tipo”.
La diputada popular ha señalado que “quizá el señor Muñoz no sabe cómo funciona la administración de Presidencia porque nunca formó parte del equipo de Ximo Puig, ni por supuesto de Pedro Sánchez que sigue ocultando los trayectos del Falcón”.
Además, la portavoz adjunta del GPP ha anunciado que “desde el PPCV vamos a solicitar los partes del actual vehículo de Ximo Puig, ya que tiene vehículo oficial por ser ex-President, para que el señor Muñoz deje de mentir de una vez”.
Laura Chulià ha recordado que “estos son los mismos que han vetado la comparecencia de Pedro Sánchez con el beneplácito de Sumar-Compromís, que han sido los últimos en poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso, que echan por tierra la labor del poder judicial al sostener que la verdad solo saldrá de esa comisión de investigación del Congreso y cuyo Consell de Puig fue condenado en más de un centenar de ocasiones por no entregar la documentación requerida a la oposición”.

La síndica adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez “está provocando el colapso de la Comunitat Valenciana al negar la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario por primera vez desde la puesta en marcha de los Mecanismos de Liquidez del Estado en 2012”.

Una decisión, que además “se ha tomado en el peor momento” ya que “nos enfrentamos al reto de la recuperación social y económica tras la mayor catástrofe natural de nuestra historia”.

Ante esta situación el Grupo Popular ha presentado en Les Corts una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia para exigir la aprobación urgente del fondo de liquidez extraordinario. En ese sentido, Chulià ha apuntado que la falta de estos fondos “sobre todo en un contexto como el actual, pone en peligro los servicios públicos fundamentales de los valencianos como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

La diputada popular ha reprochado al Gobierno “la asfixia a la que está sometiendo a los proveedores de la Generalitat Valenciana que, al contrario que en años anteriores, no pueden tener un horizonte de cobro concreto, lo que les provoca una enorme incertidumbre y obstaculiza que adopten sus propias medidas de gestión de la tesorería”.

“Estamos hablando también de sectores como agricultura, industria y transporte, servicios de limpieza, seguridad y todos los vinculados con los servicios y prestaciones públicas, que necesitan seguridad jurídica y certidumbre” ha subrayado.

“La Comunitat Valenciana mantiene un déficit estructural, no por gastar más que el resto de autonomías sino por ser la peor financiada” ha recalcado Chulià, quien ha recordado que “según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas el 80% de la deuda valenciana se debe a la infrafinanciación”.

 La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que “el Gobierno de Pedro Sánchez presume de unas ayudas que no paga y abandona a empresas y familias damnificadas por la riada. La diputada ha apuntado directamente a la gestión de las ayudas del Ejecutivo socialista, que mantiene a miles de valencianos en una situación de total desatención.

Chulià ha lamentado el abandono de los parques empresariales, con un 85% de negocios que, siete meses después, siguen sin cobrar la totalidad de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, tal y como han denunciado los representantes de las zonas industriales afectadas. “Los pagos no están llegando a las empresas, que se ven obligadas a endeudarse o a poner el dinero de su propio bolsillo para no tener que cerrar. Esperemos no tener que enfrentarnos a una segunda tragedia: la de los despidos”, ha advertido. Casi 34.000 trabajadores están o han estado en situación de ERTE desde el día de la riada.

La síndica adjunta del GPP ha recalcado que hay cerca de 5.000 autónomos que, tras perder sus negocios, siguen sin percibir la prestación por cese de actividad que el Ejecutivo prometió prorrogar hace cuatro meses y aún no ha activado. Chulià ha criticado que Sánchez haya “dejado nuevamente en la estacada a uno de los colectivos más golpeados por la riada, generando una situación de inseguridad e incertidumbre para miles de familias”.

De hecho, siete meses después de la tragedia, el 90% de las familias que solicitaron las ayudas de primera necesidad siguen esperando: más de 38.000 hogares, según datos de ejecución del Gobierno. Tampoco han recibido la indemnización del Consorcio de Seguros todos los valencianos que perdieron su vehículo, a pesar de que estos fondos se nutren de las pólizas de los propios asegurados y cuentan con un plazo de tres meses para realizar los pagos.

Por todo ello, Chulià ha reprochado a Pedro Sánchez que su modelo “alimenta la catástrofe y eleva la presión fiscal a las familias y empresas al estar sujetas a intereses e impuestos”. Y es que el Gobierno ha disparado su recaudación en la provincia de Valencia al ingresar un 26% más que en el mismo periodo del año anterior.

La portavoz popular ha destacado que, “mientras Sánchez gana dinero con la tragedia, la Generalitat hace un esfuerzo para llegar allí donde el Estado no actúa”. Como muestra de ello ha citado la financiación a coste cero para empresas y autónomos, los pagos directos a ayuntamientos para mejorar áreas industriales, las ayudas al alquiler para las familias o las indemnizaciones por vehículos siniestrados, “sin condiciones ni exigencias”.

Por último, Chulià ha exigido al presidente del Gobierno “que deje la propaganda y empiece a pagar lo que debe”. “Si quieren ayuda, que la pidan, dijo aquel que lo único que ha hecho es bloquear fondos, cobrar impuestos y cargar sobre los hombros de la Generalitat el esfuerzo de la reconstrucción”, ha concluido.

La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, ha señalado que  “el PSPV utiliza el dolor de las víctimas mintiendo con falsedades sobre la comisión de investigación”.

Laura Chulià ha respondido así a las declaraciones de José Muñoz sobre un veto a las víctimas. “Nunca hemos vetado a nadie respecto a la comparecencia de las víctimas y damnificados en la comisión de investigación. El PP ha dejado claro desde el primer día que está a favor de que vengan y Muñoz miente a sabiendas para confundir y hacer ruido, utilizando a las víctimas para hacer ruido y montar jaleo”.

Chulià ha señalado que “por activa y por pasiva hemos anunciado que el PP está a favor de la comparecencia en la comisión de investigación de todas las asociaciones de víctimas y damnificados que así lo deseen. Lo hemos dicho el pasado 27 de febrero cuando presentamos nuestra propuesta de plan de trabajo; un mes más tarde cuando se registró el plan de trabajo definitivo, lo ha reiterado en varias ocasiones el síndic del grupo… y a pesar de eso desde el PSPV siguen empeñados en mentir y difamar para montar el espectáculo y el circo, que es lo contrario del objetivo de la Comisión”.

La portavoz popular ha señalado que “estamos trabajando con rigor y coherencia para que la Comisión sea de utilidad porque queremos saber qué pasó , por qué pasó y, sobre todo, cómo prevenir que no vuelva a suceder, escuchando a todos aquellos que tengan algo que aportar, sin vetos ni sesgos políticos. Más le valdría al señor Muñoz preocuparse para que sus compañeros de partido en el Gobierno de España den la cara y vengan a explicar qué ocurrió y qué medidas tomarán para evitar que se repita”.

La síndica adjunta del GPP, Laura Chulià, ha reclamado a Pedro Sánchez «más celeridad» en el pago de las ayudas a las víctimas de la riada del 29 de octubre y ha señalado que, casi 7 meses después, «el Gobierno no ha pagado ni siquiera un 20% de las ayudas prometidas, frente al más del 50% que lleva pagada la Generalitat Valenciana a pleno pulmón».

El Ejecutivo central “ha pagado menos de un 10% de las ayudas de primera necesidad a las familias valencianas que lo solicitaron” ha lamentado la diputada popular y ha apuntado que “únicamente 4.160 familias han recibido las ayudas, de las más de 43.000 que las han pedido”.

Por otro lado, muchas de las empresas de la zona afectada “se están quedando sin tiempo para reabrir sus negocios por la falta de diligencia en los pagos”. “El Gobierno los deja a su suerte, sin saber si podrán contar con los recursos suficientes para revertir la situación” ha remarcado Chuliá. En esa línea ha incidido en que “las indemnizaciones del Consorcio de Seguros no son una ayuda del Gobierno, ni un pago que se haga por voluntad de ningún Ministerio, sino un derecho adquirido que se nutre de las aportaciones que los valencianos hacen cuando pagan a sus compañías de seguros”.

En este sentido, “apoyamos a la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta, quienes han denunciado que el 80 % de sus empresas han recibido únicamente una anticipo” y que, siete meses después de la riada, “solo el 15 % ha cobrado la indemnización completa. Nos parece un retraso inasumible que puede tener consecuencias graves en el tejido económico de la zona cero”.

«Estamos hablando de unas ayudas que vienen sin Presupuestos Generales del Estado, lo que supone prácticamente 5 millones de euros menos al día para los valencianos». En ese sentido, la diputada popular ha exigido una reforma del modelo de financiación porque «somos la comunidad autónoma peor financiada y más maltratada por el Gobierno de Pedro Sánchez».

La denegación del Fondo de Liquidez Autonómico «por primera vez en más de una década» deja a los valencianos sin 3.000 millones de euros «en el peor momento de la historia y cuando más falta hacen, para que no tengamos que ser los valencianos, con esa presión fiscal nacional, quienes hagamos frente con nuestros impuestos únicamente a toda esta reconstrucción» ha subrayado Chuliá.

En cuanto a la visita de Pedro Sánchez este jueves a Valencia y su reunión con algunas de las asociaciones de las víctimas de la riada, la diputada popular ha señalado que el presidente del Gobierno «llega tarde como siempre». En ese contexto ha recordado que «el president Mazón lleva desde el mes de marzo recibiendo a las víctimas que así lo desean para atenderles, para mostrar su apoyo y escucharles, que es lo más importante».

Mientras, Sánchez «viene mañana sin convocar a la Generalitat para temas precisamente relacionados con la riada». La portavoz popular también ha pedido que el presidente explique «por qué siete meses después seguimos sin noticias de ese funeral de Estado para las víctimas de la riada y por qué no vino a ese primer funeral que se celebró en memoria de todas las víctimas en la catedral de Valencia».

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado la “estafa piramidal” de Sánchez al dispararse la recaudación por la dana: “con una mano dan y con la otra recaudan más”.

Chulià ha indicado que “es un escándalo que Sánchez se haya dedicado a engordar la caja del Estado a costa del bolsillo de los valencianos por la dana. Entre enero y febrero el Gobierno ha cobrado por impuestos 620 millones más que en los mismos meses de 2024. Es un 26% más que antes de la DANA”.

En concreto, según los datos oficiales del Ministerio ha recaudado en la provincia de Valencia 3.019,83 millones de euros, frente a los 2.399,34 millones que obtuvo en los mismos meses de 2024.

“Los socialistas, en lugar de ayudar tras la tragedia, se han dedicado a asfixiarnos fiscalmente. Sólo el 9% de las ayudas anunciadas por el Estado a los afectados son directas. Es decir, el 91% de las ayudas cobran IVA y están sujetas a impuestos. Sánchez cobra más IVA por sus ayudas que lo que entrega a los afectados. Esto contrasta con la Generalitat donde las ayudas directas se elevan hasta el 61%”, ha añadido.

Para Chulià “las ayudas del Gobierno están condicionadas y llevan aparejadas el pago de impuestos, como es el caso de la compra de vehículos. Esto es un escándalo y una estafa. Con una mano anuncian ayudas y con la otra las cobran recaudando más con impuestos, vía renta e IVA. Dan ayudas para luego recaudar más”.

Laura Chulià ha indicado que “mientras el Gobierno gana más a costa de la tragedia, obliga a la Generalitat a hipotecarse para ayudar a los afectados”.

“Por si fuera poco, además, el Gobierno tan solo ha abonado un 16% de las ayudas frente al 50% de la Generalitat. Y se niega a dar ayudas a la Generalitat a fondo perdido para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas, un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud o residencias”.

La portavoz popular ha indicado que, por ejemplo, “la Generalitat ha abonado 313 millones de euros en ayudas para paliar la pérdida de bienes y enseres y la destrucción de vehículos de las personas afectadas por la riada frente a los apenas 140 millones pagados por el Gobierno de Sánchez por estos mismos conceptos».

Por último, Chulià ha recordado que “el infierno fiscal del Gobierno se resume en las 97 subidas de impuestos y cotizaciones de Sánchez desde 2018 y que no se ha visto atenuado ni siquiera para los afectados por la dana. Los españoles ya sufren un esfuerzo fiscal de un 20 % por encima de la media de la Unión Europea, y la recaudación tributaria sigue batiendo récords. Mientras, hay un desprestigio y un deterioro creciente de los servicios públicos estatales como estamos viendo con el apagón nacional o los problemas con las infraestructuras”.