Actualidad Política

27 de septiembre de 2026

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La portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha mostrado su rechazo al paso subterráneo de Alfafar propuesto por Adif y ha reclamado al Gobierno que “escuchen las demandas de los vecinos para acabar con uno de los puntos negros ferroviarios con más víctimas mortales de España”.

La diputada popular ha hecho hincapié en que “ninguno de los municipios afectados está a favor de este proyecto que no pondría fin al problema y continuaría la senda de inseguridad que llevan años sufriendo por culpa de estas vías que forman una barrera arquitectónica entre Alfafar, Benetússer y Sedaví”. En ese sentido, Chulià ha subrayado que “la mejor opción es el soterramiento, sería la única manera efectiva y la más segura para todos”.

La construcción de un paso subterráneo “no es lo más idóneo para uno de los territorios que más afectados se vio por la dana del pasado mes de octubre, supondría un grave riesgo por su alta probabilidad de inundabilidad”.

Laura Chulià ha remarcado que “desde el Consell de Carlos Mazón se ha reclamado al Gobierno de Sánchez en numerosas ocasiones que actúe de manera urgente y soterre las vías para acabar con este paso a nivel mortal”.

Además, la portavoz del GPP ha remarcado que este proyecto “conllevaría un desvío del tráfico rodado, lo que afectaría de forma negativa al comercio local de la zona, tratándose de una calle que concentra casi un centenar de negocios y empresas”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha acusado al PSPV de “pretender silenciar la voz de las víctimas de ETA” al criticar el acto en memoria a Miguel Ángel Blanco celebrado en Valencia.

Chulià ha recordado que el homenaje a Blanco y todas las víctimas de ETA “era un acto organizado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, no por ninguna institución ni partido político”.

“Caballero se descalifica a sí misma cuando tacha de indecentes las palabras de los familiares de las víctimas de ETA. Los socialistas valencianos no respetan nada. Ni siquiera la libertad de los familiares para dar su opinión en un acto organizado por ellos mismos. Entendemos que no aplaudan y les moleste que alguien diga las cosas como son. Es lógico que prefieran mirar hacia otro lado porque la verdad les resulte incómoda, pero, aunque pretendan ocultarlo, la realidad es que Sánchez se mantiene en el Gobierno gracias al apoyo de Bildu, que es el partido político heredero de HB, brazo político de ETA”, ha añadido.

Para Chulià, “es lamentable que el PSPV, por boca de su secretaria de memoria democrática y diputada abalista, Mercedes Caballero, vuelva a utilizar el dolor de las víctimas y sus familiares para hacer política. Su catadura moral no tiene límites”.

Por último, Laura Chulià ha indicado que “las declaraciones de Mercedes Caballero no contribuyen a la convivencia y la concordia que deben imperar en un Estado de derecho como el nuestro. Esperamos que recapacite y pida disculpas por sus desafortunadas palabras”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que “el escándalo de la trama Koldo ha alcanzado una nueva dimensión en la Comunitat Valenciana tras conocerse que el PSPV adjudicó más de 15 millones de euros en contratos a una de las empresas bajo sospecha por el presunto pago de comisiones ilegales”.

Chulià ha alertado de que “las conexiones entre esta empresa y altos cargos del PSOE están dejando de parecer una coincidencia para convertirse en un patrón de adjudicaciones que generan serias dudas”. “Desde el Consell del Botànic se repartieron contratos a la firma valenciana desde varias consellerias con firmas como la de Rebeca Torró, flamante secretaria de Organización socialista”, ha señalado. También hay contratos bajo sospecha desde la Diputación de Valencia autorizadas por el alcalde de Burjassot, pasando por contratos del Ayuntamiento de l’Alcora, gobernado por el actual portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Ferrocarrils de la Generalitat o distintos ayuntamientos socialistas.

La dirigente popular ha calificado de “indignante” el doble rasero del PSPV, que “se esconde detrás de la excusa de la normalidad administrativa cuando han convertido la gestión pública en una red clientelar al servicio del sanchismo”. Al mismo tiempo, “cuando es el PP quien contrata con empresas que también han trabajado con gobiernos socialistas, el PSOE pide comparecencias y presenta denuncias, como ocurrió con las ayudas a la reconstrucción tras la dana”.

Chulià ha recordado que “la empresa LIC figura en el epicentro del caso Koldo, una trama de corrupción vinculada a nombres clave del socialismo español como el citado asesor del PSOE, o el exsecretario de Organización del partido y exministro José Luis Ábalos, quien fue número dos por Valencia en las elecciones generales por detrás únicamente de la líder del PSPV, Diana Morant. “Estamos ante una red que utilizó las instituciones para beneficiar a una trama corrupta. Y eso requiere respuestas, no silencios ni excusas”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que “la trama corrupta del PSOE salpica de lleno a la Comunitat Valenciana con adjudicaciones dudosas y dirigentes señalados”. La parlamentaria se ha referido así a las informaciones que vinculan a representantes del PSPV con la red que lideraban José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que durante años se benefició de contratos públicos presuntamente amañados.

Chulià ha subrayado que “esta trama no solo operaba desde el Gobierno central, sino que extendía sus tentáculos a través de ayuntamientos gobernados por el PSOE y Compromís, donde se adjudicaron decenas de contratos a una de las principales empresas investigadas”.

“Y en el epicentro de este escándalo, él: José Luis Ábalos. El exministro fue el padrino político de buena parte del socialismo valenciano actual y ocupó el número dos en la candidatura por Valencia a las últimas elecciones generales, justo por detrás de Diana Morant”, ha recordado la dirigente popular.

Entre las adjudicaciones señaladas, una del exalcalde socialista de Jávea y hoy portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, José Chulvi, quien nada más llegar Ábalos al Gobierno adjudicó a la empresa investigada unas obras que jamás se ejecutaron. U otra contratación millonaria para esta compañía del exalcalde de Valencia con Compromís, Joan Ribó, y la exconcejala de Urbanismo y actual eurodiputada socialista, Sandra Gómez.

Chulià ha lamentado que, si bien estos hechos son “gravísimos, más indignante aún es el silencio del PSPV ante este escándalo, tan vergonzoso como los audios de la trama hablando de mujeres prostituidas como si fueran mercancía”.

Para la síndica popular, “la Comunitat Valenciana no puede seguir representada en Madrid por dirigentes salpicados por esta red de corrupción”. “Desde el PP valenciano exigimos explicaciones inmediatas, responsabilidades políticas y una investigación de todas las adjudicaciones municipales que puedan haber servido para financiar o alimentar esta trama”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha advertido que, según la agencia internacional Standard and Poor’s “la sostenibilidad financiera de la Comunitat Valenciana depende de las decisiones que debe adoptar el Gobierno de Pedro Sánchez y que hasta ahora sigue sin tomar”. Decisiones “vitales” para el funcionamiento de los servicios públicos como son la reforma del modelo de financiación, el fondo de nivelación o la aprobación del FLA extraordinario.

Chulià se ha pronunciado así en el debate de la proposición no de ley del GPP que exige al Gobierno de España la aprobación urgente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, bloqueado por primera vez en 13 años. Este fondo, imprescindible para garantizar el bienestar de la ciudadanía “ya llega seis meses tarde” y su retraso pone en riesgo los servicios públicos fundamentales.

La síndica adjunta ha recordado que la Comunitat Valenciana es la peor financiada de España y sufre un déficit estructural no por gastar más que otras autonomías, sino por tener menos ingresos debido al sistema actual. Esa infrafinanciación se traduce en una deuda insostenible y en unos intereses que ya superan los 1.100 millones de euros anuales.

El presidente de la Generalitat reclamó formalmente el pasado mes de diciembre la aprobación del FLA extra, pero hasta hoy no ha habido ninguna respuesta ni notificación formal por parte del Ejecutivo. “Sánchez nos da la espalda en el momento en que más falta nos hace”, ha denunciado Chulià.

“A nadie se le escapa que cuando hablamos de financiación, hablamos de sanidad, educación, dependencia e infraestructuras, de calidad de vida de los ciudadanos”, ha afirmado Chulià, quien ha lamentado que los valencianos soporten un esfuerzo mayor que el resto de comunidades por culpa de un sistema injusto que no se reforma porque, según ha dicho, “el prófugo de la justicia instalado en Waterloo no ha dado la orden”.

Chulià ha criticado que el Ejecutivo socialista priorice las exigencias de Carles Puigdemont, como la condonación de deuda o el control de competencias como inmigración, mientras desatiende las demandas del resto de autonomías, que reclaman una reforma justa del sistema de financiación y equidad en el reparto de recursos. “Mientras exista este Gobierno en España, los valencianos solo podemos esperar abandono, mentiras y corrupción”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha acusado al socialista Muñoz de “mentir y tergiversar porque Carlos Mazón sí ha entregado a las Cortes la documentación existente de los movimientos del vehículo del presidente de todo el mes de octubre”.
“Es mentira que no haya entregado la documentación. Presidencia entregó en tiempo y forma el pasado mes de enero la documentación solicitada que es la que existe en los archivos y que sigue el mismo procedimiento habitual en el que se indica en los partes la hora de inicio del servicio del conductor y la hora final. No se incluyen trayectos de ningún otro tipo”.
La diputada popular ha señalado que “quizá el señor Muñoz no sabe cómo funciona la administración de Presidencia porque nunca formó parte del equipo de Ximo Puig, ni por supuesto de Pedro Sánchez que sigue ocultando los trayectos del Falcón”.
Además, la portavoz adjunta del GPP ha anunciado que “desde el PPCV vamos a solicitar los partes del actual vehículo de Ximo Puig, ya que tiene vehículo oficial por ser ex-President, para que el señor Muñoz deje de mentir de una vez”.
Laura Chulià ha recordado que “estos son los mismos que han vetado la comparecencia de Pedro Sánchez con el beneplácito de Sumar-Compromís, que han sido los últimos en poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso, que echan por tierra la labor del poder judicial al sostener que la verdad solo saldrá de esa comisión de investigación del Congreso y cuyo Consell de Puig fue condenado en más de un centenar de ocasiones por no entregar la documentación requerida a la oposición”.

La síndica adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez “está provocando el colapso de la Comunitat Valenciana al negar la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario por primera vez desde la puesta en marcha de los Mecanismos de Liquidez del Estado en 2012”.

Una decisión, que además “se ha tomado en el peor momento” ya que “nos enfrentamos al reto de la recuperación social y económica tras la mayor catástrofe natural de nuestra historia”.

Ante esta situación el Grupo Popular ha presentado en Les Corts una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia para exigir la aprobación urgente del fondo de liquidez extraordinario. En ese sentido, Chulià ha apuntado que la falta de estos fondos “sobre todo en un contexto como el actual, pone en peligro los servicios públicos fundamentales de los valencianos como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

La diputada popular ha reprochado al Gobierno “la asfixia a la que está sometiendo a los proveedores de la Generalitat Valenciana que, al contrario que en años anteriores, no pueden tener un horizonte de cobro concreto, lo que les provoca una enorme incertidumbre y obstaculiza que adopten sus propias medidas de gestión de la tesorería”.

“Estamos hablando también de sectores como agricultura, industria y transporte, servicios de limpieza, seguridad y todos los vinculados con los servicios y prestaciones públicas, que necesitan seguridad jurídica y certidumbre” ha subrayado.

“La Comunitat Valenciana mantiene un déficit estructural, no por gastar más que el resto de autonomías sino por ser la peor financiada” ha recalcado Chulià, quien ha recordado que “según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas el 80% de la deuda valenciana se debe a la infrafinanciación”.

 La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que “el Gobierno de Pedro Sánchez presume de unas ayudas que no paga y abandona a empresas y familias damnificadas por la riada. La diputada ha apuntado directamente a la gestión de las ayudas del Ejecutivo socialista, que mantiene a miles de valencianos en una situación de total desatención.

Chulià ha lamentado el abandono de los parques empresariales, con un 85% de negocios que, siete meses después, siguen sin cobrar la totalidad de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, tal y como han denunciado los representantes de las zonas industriales afectadas. “Los pagos no están llegando a las empresas, que se ven obligadas a endeudarse o a poner el dinero de su propio bolsillo para no tener que cerrar. Esperemos no tener que enfrentarnos a una segunda tragedia: la de los despidos”, ha advertido. Casi 34.000 trabajadores están o han estado en situación de ERTE desde el día de la riada.

La síndica adjunta del GPP ha recalcado que hay cerca de 5.000 autónomos que, tras perder sus negocios, siguen sin percibir la prestación por cese de actividad que el Ejecutivo prometió prorrogar hace cuatro meses y aún no ha activado. Chulià ha criticado que Sánchez haya “dejado nuevamente en la estacada a uno de los colectivos más golpeados por la riada, generando una situación de inseguridad e incertidumbre para miles de familias”.

De hecho, siete meses después de la tragedia, el 90% de las familias que solicitaron las ayudas de primera necesidad siguen esperando: más de 38.000 hogares, según datos de ejecución del Gobierno. Tampoco han recibido la indemnización del Consorcio de Seguros todos los valencianos que perdieron su vehículo, a pesar de que estos fondos se nutren de las pólizas de los propios asegurados y cuentan con un plazo de tres meses para realizar los pagos.

Por todo ello, Chulià ha reprochado a Pedro Sánchez que su modelo “alimenta la catástrofe y eleva la presión fiscal a las familias y empresas al estar sujetas a intereses e impuestos”. Y es que el Gobierno ha disparado su recaudación en la provincia de Valencia al ingresar un 26% más que en el mismo periodo del año anterior.

La portavoz popular ha destacado que, “mientras Sánchez gana dinero con la tragedia, la Generalitat hace un esfuerzo para llegar allí donde el Estado no actúa”. Como muestra de ello ha citado la financiación a coste cero para empresas y autónomos, los pagos directos a ayuntamientos para mejorar áreas industriales, las ayudas al alquiler para las familias o las indemnizaciones por vehículos siniestrados, “sin condiciones ni exigencias”.

Por último, Chulià ha exigido al presidente del Gobierno “que deje la propaganda y empiece a pagar lo que debe”. “Si quieren ayuda, que la pidan, dijo aquel que lo único que ha hecho es bloquear fondos, cobrar impuestos y cargar sobre los hombros de la Generalitat el esfuerzo de la reconstrucción”, ha concluido.

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