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El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice una compensación justa y proporcional a los agricultores de la Comunitat Valenciana afectados por la dana que han perdido sus parcelas, ahora catalogadas como Dominio Público Hidrográfico (DPH).

Martínez ha denunciado que el Ministerio de Transición Ecológica mantiene un silencio inaceptable mientras las organizaciones agrarias advierten de que alrededor del 6% de las parcelas afectadas por las trágicas inundaciones podrían quedar fuera de producción sin que se aclare si sus propietarios recibirán una indemnización. “No se puede condenar a los agricultores a perder sus tierras y su medio de vida sin una indemnización adecuada a la zona y al tipo de cultivo del terreno”, ha afirmado.

El diputado popular ha recordado que ya en mayo el Gobierno comenzó a difundir listados de explotaciones agrarias afectadas, pero no ha dado ninguna certeza sobre quién cobrará, cuánto y en qué condiciones, lo que mantiene a centenares de familias valencianas en una situación de absoluta inseguridad jurídica y económica. La propuesta inicial de retribución está muy por debajo del valor de mercado y no se aclara en función de qué conceptos se aplica.

Martínez ha lamentado que “han pasado ya muchos meses desde la riada y el Ministerio sigue sin responder; los agricultores han tenido que rogar incluso para cobrar unas ayudas por pérdidas que llegaron tarde y ahora ni siquiera saben si recibirán algo por la tierra que han perdido para siempre”. Por su parte, ha asegurado que “el PPCV va a estar al lado de los agricultores valencianos frente a un Gobierno que juega con el futuro de un sector que es clave para nuestra economía y nuestro territorio”.

El diputado popular ha contrastado la dejadez del Ejecutivo socialista con el esfuerzo que realiza el Consell de Carlos Mazón por la reconstrucción tras las riadas. Así, la Conselleria de Agricultura ha movilizado un total de 145 millones de euros para agricultores y ganaderos, de los cuales 103,2 millones se ejecutarán a lo largo de este 2025.

El portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, Luis Martínez, ha puesto en valor la apuesta del Consell de Carlos Mazón para regular la superpoblación de jabalíes en la Comunitat Valenciana para «mitigar los efectos negativos que producen sobre la agricultura, sobre la seguridad vial y sobre la convivencia ciudadana».

Martínez ha recordado que «desde la Generalitat se han convocado ayudas para la lucha contra el crecimiento descontrolado de estos animales» puesto que están provocando «destrozos en zonas de cultivo además de los problemas que pueden ocasionar en cuanto al tráfico».

El Consell distribuirá 900.000 euros entre los ayuntamientos y en colaboración con la Federación de Caza para la puesta en marcha de una “gestión cinegética moderna, regulada y eficaz, como así nos comprometimos en campaña tras ocho años de inacción de Botànic», ha remarcado el diputado popular.

Luis Martínez ha apuntado además que «el Consell tiene previsto publicar un decreto de gestión de cinegética de ungulados silvestres» que tiene como objetivo «ampliar los periodos de caza, simplificar la normativa para la gestión de estas capturas y dotar de nuevas herramientas para los cazadores y para los ayuntamientos».

Una creciente superpoblación de especies como ciervos, corzos o cabras montesas que actualmente afecta «a 440 municipios de toda la Comunitat Valenciana», ha subrayado el portavoz de Agricultura del Grupo Popular.

El portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, Luis Martínez, ha exigido al Gobierno la declaración de zona catastrófica de las comarcas de Los Serranos, la Plana Baixa, el Camp de Morvedre y el Alto Palancia, gravemente afectadas por los episodios de pedrisco sucedidos en los últimos meses. El diputado popular ha lamentado que «Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda a la agricultura valenciana».

Martínez ha señalado que el temporal «afectó gravemente cosechas agrícolas y frutales» ante lo que el Consell de Carlos Mazón solicitó «que se declarara zona catastrófica» sin embargo, «hasta estos momentos, Sánchez no ha respondido, nos ha dado la espalda y es incomprensible porque los daños están ahí».

Para el diputado popular «es indignante» el silencio del Ejecutivo Central y ha subrayado que se trata «de una muestra más del sectarismo del Gobierno hacia la Comunitat Valenciana y sus agricultores que viene a sumarse al sectarismo que está teniendo también con los afectados de la dana o al no ingreso del FLA».

Asimismo, Luis Martínez ha puesto en valor el trabajo del Consell, «que sí apuesta por la agricultura, como así lo demuestra su aportación de 33 millones de euros a Agroseguro, sistema a través del cual los agricultores pueden asegurar sus cosechas para que en caso de episodios como estos puedan recuperar parte de la inversión». En ese sentido ha destacado que «la Comunitat Valenciana es la autonomía que más aporta a este fondo, mientras que el Gobierno de España ha reducido su aportación”.

El portavoz del GPP ha recordado que “hasta que el Gobierno no declare la zona catastrófica no se pueden dar ayudas y que los agricultores puedan paliar esas pérdidas en algunos casos millonarias”. Además, ha añadido que “en el momento que se declare es cuando Conselleria puede dar ayudas que sean compatibles con las de Agroseguro”.

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley urgente para exigir al Gobierno que no imponga a los regantes el coste de las obras de emergencia ejecutadas tras la dana en el Canal Júcar-Turia y el Canal Principal del Camp del Túria. En opinión del portavoz de Agricultura del GPP, Luis Martínez, se trata de un nuevo intento de Pedro Sánchez de hacer caja a costa de los afectados por la riada, como hace el Ejecutivo socialista a través de los impuestos e intereses de las ayudas y créditos para los damnificados.

Martínez ha advertido de que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende repercutir 45 millones de euros sobre los agricultores valencianos “por unas reparaciones que son responsabilidad directa del Ejecutivo, propietario de los cauces y responsable del deterioro de estas infraestructuras tras años de abandono”.

“Es injustificable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, competente en materia de cauces, intente ahora eludir su responsabilidad cargando este coste a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua. Esto es inasumible para unos regantes que ya están sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una riada fruto de años de dejadez y falta de mantenimiento”, ha señalado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha comunicado que trasladará los costes para restablecer el riego en más de 50.000 hectáreas a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua, amparándose en la Ley de Aguas. Pero el portavoz popular recuerda que existen precedentes legislativos para evitarlo, como se ha hecho en otras catástrofes naturales o episodios de sequía extrema, por lo que “si se quiere, se puede”.

Según Martínez, esta decisión supondría un nuevo golpe para el sector agrícola, al que no se le puede pedir que asuma una factura millonaria por infraestructuras que son vitales para garantizar el suministro de agua. Por ello, la iniciativa reclama una normativa específica que impida trasladar estos costes a los usuarios y asegure que se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Frente a la falta de apoyo de Sánchez, el portavoz de Agricultura ha defendido el compromiso del Consell de Carlos Mazón, que ha activado una línea de 5,3 millones de euros en ayudas directas para cultivos afectados por la riada que beneficiarán a 500 agricultores y más de 1.500 hectáreas. Además, la Generalitat ha movilizado ya cerca de 70 millones de euros para recuperar el 100% de la capacidad agraria y ganadera de la Comunitat Valenciana, lo que demuestra, ha dicho, “que este Consell sí está a la altura”.

El portavoz de Agricultura del GPP, Luis Martínez, ha destacado “la importancia para la recuperación del sector que el Consell de Carlos Mazón está adelantando el pago de las ayudas agrícolas”.

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ya ha transferido 63,2 millones de euros a 30.670 agricultores y ganaderos correspondientes a las ayudas de la Solicitud Única 2024 de la Política Agrícola Común (PAC).

Para el portavoz popular, “en estos momentos tan complicados para los agricultores, es importante que se adelanten los pagos. Somos conscientes de que el sector necesita la ayuda de la administración, pero de verdad. No nos valen las palabras huecas del ministro Planas, que se le llena la boca haciendo anuncios, pero luego las ayudas llegan tarde por la burocracia”.

Martínez ha explicado que “aunque el plazo ordinario para el pago del saldo de las ayudas de la PAC concluye el 30 de junio de 2025, la Generalitat ya ha realizado la transferencia de los fondos de una manera anticipada para apoyar al sector, mejorar la liquidez de agricultores y ganaderos e impulsar la competitividad de las explotaciones”.

El portavoz de Agricultura del GPP, Luis Martínez, ha señalado que “este Consell cumple con los agricultores y atiende el pago inmediato de las ayudas para evitar en la medida de lo posible la situación habitual de continuas trabas y la lentitud por parte de la administración estatal”.

“Además de este adelanto, el Consell de Mazón ha aportado más de 51 millones de euros extraordinarios para atender casos de emergencia ante la falta de respuesta en las ayudas del Estado que no terminan de llegar. En concreto, ha destinado 20 millones para reparación de caminos rurales, otros 20 millones para las comunidades de regantes, 2,7 millones de euros para retirada de animales y explotaciones ganaderas, o -entre otros- 3,3 millones de adelanto de la PAC para los arroceros y los agricultores profesionales de las zonas con limitaciones naturales”.

El portavoz de Agricultura y Pesca del GPP en Les Corts, Luis Martínez, ha denunciado que la propuesta de la Unión Europea de reducir los días de pesca de arrastre de 133 a tan solo 27, “representa un golpe letal para nuestro sector pesquero, ya que implicaría una reducción del 79% de los días de pesca”.

Ante esto, el GPP ha presentado una propuesta no de ley para su aprobación en Les Corts para exigir al Gobierno de España que se oponga ante las instituciones europeas a esta iniciativa que supondría “condenar a la desaparición a un sector que ya de por sí atraviesa grandes dificultades”.

El diputado popular ha alertado que se verían afectados un total de 483 buques en la Comunitat Valenciana, de los que 201 son de pesca de arrastre: 60 en la provincia de Castellón, 24 en la de Valencia y 117 en la de Alicante.

“La pesca de arrastre no solo garantiza el empleo directo e indirecto de miles de familias, sino que también abastece a mercados locales y regionales con productos esenciales” ha destacado Martínez. En ese sentido, el portavoz de Pesca en Les Corts ha insistido en que “reducir las jornadas de pesca no deja margen para la sostenibilidad económica de las flotas ni para la supervivencia de quienes dependen de esta actividad clave para el tejido económico y social de la Comunitat Valenciana”.

El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha puesto en valor “la tradición de los bous al carrer en nuestra Comunitat” y ha subrayado “la defensa del Consell de Carlos Mazón de una de nuestras señas de identidad a través de la puesta en marcha del servicio del veterinario de guardia en estos festejos”. 

Martínez ha indicado que “esta medida supone un gran adelanto de cara a los ayuntamientos, organizadores y ganaderos que tenían dificultades para su contratación durante los fines de semana”. En ese sentido, el diputado popular ha destacado que “la Generalitat se ha comprometido a asumir este servicio y así favorecer a la promoción y protección de una de nuestras tradiciones”. 

“Con esta iniciativa se da respuesta a una de las grandes demandas del sector, lo que demuestra que nuestro president cumple con lo prometido y atiende las necesidades de los valencianos” ha incidido Luis Martínez. 

El portavoz del GPP ha apuntado además que “este servicio gratuito tiene como objetivo realizar trámites en días festivos o que estén fuera del horario habitual de trabajo cuando las Oficinas Comarcales Agrarias estén cerradas”. 

Luis Martínez ha remarcado que “durante el año se desarrollan alrededor de 9.000 festejos taurinos en la Comunitat Valenciana, lo que supone un impacto económico de unos 300 millones de euros al año y generan aproximadamente 3.000 puestos de trabajo, según un estudio de la Facultad de Economía de la UV”.