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30 de septiembre de 2026

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El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura en la ha propuesto el reconocimiento institucional y la mejora de las instalaciones del Club Boxeo Málaga, una entidad que imparte clases gratuitas a más de doscientos menores de familias con pocos recursos en la ciudad, iniciativa, que finalmente, el equipo de gobierno popular ha desestimado

Un ejemplo de deporte como herramienta social

La iniciativa destaca el valor del club como referente en la integración y la educación en valores a través del deporte.

Desde su local en la calle Fernández Fermina, el Club Boxeo Málaga ofrece un entorno de respeto, disciplina y superación personal para jóvenes que, de otro modo, podrían verse expuestos a entornos de riesgo.

“El Club Boxeo Málaga es mucho más que un gimnasio. Es un espacio donde se forjan personas, no solo deportistas. Es un ejemplo claro de cómo el deporte puede transformar vidas y barrios, ya que en él hay muchísimos niños en riesgo de exclusión social”, ha señalado Antonio Alcázar, portavoz del grupo municipal VOX Málaga.

Propuesta de mejora de instalaciones

La moción, que solicitaba al equipo de Gobierno que elaborase un plan de actuaciones para mejorar las instalaciones de titularidad municipal donde el club desarrolla su actividad, incluyendo la ampliación del local, la adecuación del espacio para uso deportivo y la instalación de un sistema de climatización adecuado, ya que actualmente carece de él, ha sido desestimada por el edil de Deportes, Borja Vivas, alegando que “si se beneficia a un club hay que beneficiar a todos que tengan el mismo problema”.

Por su parte, Alcázar ha añadido que “no pedimos subvenciones económicas, sino medidas concretas que permitan al club seguir desarrollando su labor en condiciones dignas. Una inversión así no es un gasto, es apostar por el tejido social de Málaga”.

El portavoz del Grupo Provincial VOX en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, ha anunciado la presentación de dos mociones al Pleno provincial centradas en la defensa de la sanidad pública y la atención educativa a los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Luna ha calificado de “imperdonable” la situación generada por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, recordando que “tantas mujeres se han visto afectadas por un sistema que ha fallado durante años y que el Gobierno de Moreno Bonilla no ha sabido corregir”.

“Es imperdonable que durante tantos años el Partido Socialista y el Partido Popular hayan mantenido un sistema de detección del cáncer de mama que fallaba y que ha afectado a tantas mujeres. El PSOE dejó la sanidad en un estado crítico y el PP la ha rematado con su nefasta gestión”, ha declarado el portavoz provincial de VOX.

VOX considera que el presidente andaluz, Moreno Bonilla, “es el responsable directo de esta situación” y que “sabía lo que estaba ocurriendo con los fallos del cribado del cáncer de mama y no hizo nada para solucionarlo”.

«Moreno Bonilla tiene un corazón muy grande para los de fuera, pero un corazón miserable para los de dentro. Por eso pedimos su dimisión inmediata y lo hacemos también desde la Diputación de Málaga», ha recalcado Luna.

Además, la moción de VOX, que se debatirá en el Pleno provincial, exige responsabilidades políticas y administrativas, insta a la Junta de Andalucía a revisar todos los protocolos de detección precoz del cáncer y otras enfermedades, y solicita que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Apoyo educativo a los alumnos con TEA

En la segunda de las mociones presentadas, VOX aborda la situación de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Andalucía y la precariedad laboral de los monitores o “sombras” que los acompañan en el aula.

Según ha explicado Luna, en el curso 2024-2025 fueron escolarizados en Málaga más de 35.000 alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo, de los cuales 17.000 presentan necesidades educativas especiales, lo que supone un aumento del 6 % en los últimos seis años.

El portavoz ha recordado que el 6 de octubre entró en vigor el convenio entre la Junta de Andalucía y la Federación de Autismo de Andalucía, que incluye la figura de los monitores TEA, “pero cuya situación sigue siendo de total precariedad”.

“Son voluntarios sin contrato laboral, que trabajan muchas horas sin regulación y con compensaciones económicas insuficientes. Esta situación debe terminar. Pedimos que la Junta regule su situación, los profesionalice y los integre en el sistema educativo andaluz con derechos y estabilidad”, ha reclamado Luna.

La moción también propone aumentar el número de especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, logopedas y profesores especializados, así como respetar el criterio familiar en la elección de la modalidad educativa de los alumnos con TEA, “tal y como recoge la ley y siempre bajo el interés del menor”.

VOX Málaga presenta su escrito de conclusiones en el procedimiento judicial interpuesto contra el Ayuntamiento de Málaga, con el objetivo de anular la Ordenanza de Movilidad y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Según ha explicado el vicesecretario jurídico de VOX Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, el expediente del Ayuntamiento “está plagado de errores, imprecisiones y defectos que deberían llevar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a declarar la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza”.

Un expediente con informes fraudulentos y carencias graves

Durante el proceso, el equipo jurídico de VOX Málaga ha comprobado que el informe pericial económico presentado por el Ayuntamiento es deficiente y fraudulento.

“No evalúa las consecuencias reales que la implantación de la ZBE traerá a los malagueños, y además presenta un defecto insubsanable: lo elaboró un jurista, no un economista. Aunque lo firman dos personas, el economista ha declarado que no es el autor. Eso convierte el documento en nulo y en un fraude procesal en toda regla”, ha denunciado Ruiz Ballesteros.

Asimismo, VOX califica la actuación del Consistorio como una auténtica “chapuza”, señalando que la ZBE obliga a los ciudadanos a atravesar calles por las que luego se prohibirá circular para llegar a destinos esenciales como el hospital.

“Todo apunta a que el único objetivo es recaudar multas y fondos europeos, no mejorar el aire que respiramos”, añade el jurista de VOX Málaga.

Falta de alternativas y restricción de la libertad de movimiento

El Grupo Municipal denuncia que el Ayuntamiento no ha ofrecido alternativas reales de transporte público antes de imponer la ZBE.

“El metro no cubre toda la ciudad, la red de autobuses es insuficiente y cara, y mientras tanto se coacciona a los ciudadanos eliminando su libertad de movimiento y desplazamiento”, ha declarado Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga.

Un informe ambiental ridículo y sin validez técnica

Desde VOX también se critica que el informe técnico medioambiental utilizado para justificar la ZBE carece de rigor científico.

El estudio se basó en solo 5 puntos de medición en un área de 400 hectáreas, durante un periodo de apenas cuatro meses (de diciembre de 2022 a marzo de 2023).

Además, el rediseño posterior de las estaciones de control dejó tres cabinas fuera del área de la ZBE, por lo que las mediciones resultan “absolutamente insuficientes y sesgadas”.

“El informe no evalúa las consecuencias de desviar el tráfico hacia calles colindantes, ni demuestra un problema de contaminación real. Con estos datos, imponer restricciones al tráfico es un abuso injustificable”, ha explicado Ruiz Ballesteros.

No hay emergencia climática, hay imposición ideológica

Para la Formación, la ZBE responde a una agenda política e ideológica, no a una necesidad ambiental.

“No hay ninguna emergencia climática en Málaga. España, y menos aún nuestra ciudad, no emite gases que justifiquen cierres o restricciones. Estas medidas sólo se entienden como un intento de control social y recaudación”, ha afirmado Alcázar.

El propio informe del Ayuntamiento contempla como único objetivo forzar a los ciudadanos a abandonar el coche privado, sin estudiar el impacto del tráfico desviado ni ofrecer alternativas reales.

“La calidad del aire en Málaga es buena y ha mejorado. Los datos del propio Ayuntamiento demuestran que implantar una ZBE no solo es innecesario, sino contraproducente”, subraya el edil.

Una medida desproporcionada, injusta e ilegal”

La portavoz adjunta del Grupo Municipal, Yolanda Gómez, ha agradecido la labor de sus compañeros y ha reforzado la denuncia de VOX Málaga al subrayar que “la Zona de Bajas Emisiones es una medida desproporcionada, injusta e ilegal, y no lo dice VOX, lo dicen los tribunales”.

Gómez ha recordado que “esta medida no es obligatoria, como afirman Partido Popular y Partido Socialista, ya que la directiva europea solo establece una recomendación para reducir emisiones, pero no impone su implantación”.

“La Ley de Cambio Climático, impulsada por el PSOE y respaldada por el PP, transpone esa directiva de la manera más restrictiva posible. Sin embargo, sigue siendo ilegal, porque prevalece la normativa y la jurisdicción de la Unión Europea”, ha añadido.

La edil ha destacado que “tenemos precedentes en ciudades como Barcelona, donde el Tribunal Supremo ha anulado la ZBE al considerar que no se ha justificado y que se ha hecho una pobre ponderación de sus consecuencias. En Málaga ocurre lo mismo: ni el informe medioambiental ni el económico —que ni siquiera existe— avalan su implantación”.

“Es una medida meramente recaudatoria, sin justificación alguna. El propio informe medioambiental se desmorona: solo analiza tres de las doce sustancias exigidas por la normativa europea y concluye que solo se superan los límites en un punto donde ni siquiera hay tráfico rodado”, ha explicado Gómez.

Por último, la portavoz adjunta ha advertido que “estas políticas radicales derivan de la Agenda 2030, una agenda globalista que PP y PSOE abrazan mientras castigan a las clases medias y trabajadoras, los que menos pueden permitirse cambiar de coche”.

“España solo emite un 0,58 % de las emisiones globales, mientras China, India y Estados Unidos alcanzan el 70 %. Sin embargo, aquí se desindustrializa el país y se penaliza a los ciudadanos. Estas políticas vulneran derechos fundamentales y restringen la libertad de movimiento”, ha concluido.

La libertad no contamina

Desde el partido se concluye que la Zona de Bajas Emisiones “no protege el medio ambiente, pero sí amenaza el empleo, la economía familiar y la libertad de circulación”.

“Queremos una Málaga sostenible, pero también libre y justa. La sostenibilidad no puede construirse a costa de los trabajadores. La libertad no contamina; lo que contamina es la imposición, la desigualdad y la falta de respeto a los malagueños”, ha declarado Antonio Alcázar.

VOX ha reclamado desde Mijas una regulación clara y equilibrada de la vivienda turística que proteja los derechos de los residentes, brinde confianza a los propietarios y preserve el modelo turístico local sin imponer controles excesivos ni nuevas trabas burocráticas.

El concejal de Turismo, Francisco Jerez, ha subrayado que “Mijas necesita seguridad jurídica, no más burocracia ni vigilancia constante. La vivienda turística debe gestionarse con sensatez —no como fuente de conflicto— y respetando la libertad del pequeño propietario”.

Jerez ha recordado que la oferta hotelera en el municipio es limitada, por lo que la vivienda turística complementa esa carencia, ayudando a absorber visitantes y dinamizar la economía local sin desbordar el tejido residencial. “Quienes cumplen la ley no pueden ser tratados con desconfianza. En lugar de imponer un control masivo, lo que necesitamos son normas que aporten estabilidad y no más incertidumbre”, ha señalado.

Desde VOX se ha alertado además sobre el hipercontrol que el Gobierno está estableciendo mediante el nuevo registro de viajeros, una medida que —según la formación— vulnera la privacidad, incrementa la carga administrativa y perjudica la competitividad del sector turístico frente a otros destinos. “El Estado no puede convertir al empresario o al pequeño arrendador en un vigilante de sus propios clientes”, sostiene el partido.

Estos planteamientos están alineados con la posición expresada por el portavoz nacional de VOX en materia de Vivienda, Carlos Hernández Quero, quien ha defendido la necesidad de una normativa homogénea a nivel estatal que ponga fin al actual mosaico de legislaciones autonómicas. En palabras del diputado, “no puede haber 17 normas distintas según la comunidad o el color político del gobierno. Hace falta seguridad jurídica, igualdad de condiciones y protección real para el pequeño propietario”.

Jerez ha añadido que “muchas familias han recurrido al alquiler turístico porque se han visto desprotegidas ante la okupación o los impagos. No puede ser que el propietario que actúa legalmente tenga más obstáculos que quien ocupa una vivienda de forma ilegal”.

El edil ha concluido afirmando que “Mijas debe seguir siendo un municipio libre y equilibrado, donde el turismo sea una oportunidad para todos y no se sienta como una amenaza para quienes viven aquí todo el año”.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción, en la que propone una reducción drástica de la carga fiscal sobre la vivienda y que todos los ingresos tributarios generados por el sector se reinviertan en vivienda protegida.

La iniciativa, defendida por la portavoz adjunta de la Formación, Yolanda Gómez, busca “aliviar la presión fiscal que asfixia a las familias trabajadoras y devolver a la vivienda su función social, no recaudatoria”.

Una fiscalidad “asfixiante” que encarece el acceso a la vivienda

Desde el Grupo Municipal denuncian que España soporta una de las mayores presiones fiscales sobre la vivienda de toda Europa, con un tipo efectivo del 30,3%, frente al 6,5% de media en la Unión Europea.

Según la Formación, el proceso que va desde la compra del suelo hasta la adquisición del inmueble implica hasta 16 figuras tributarias diferentes, que “se acumulan sobre promotores y compradores, elevando artificialmente el precio final hasta en un 25%”.

“Uno de cada cuatro euros del precio de una vivienda son impuestos. No es el mercado quien encarece la vivienda, son los políticos”, ha señalado Yolanda Gómez, quien ha recordado que “los gobiernos del PSOE y del PP han convertido la vivienda en un negocio fiscal que castiga el ahorro y penaliza la propiedad”.

En Málaga, la situación “es todavía más preocupante”, con un tipo del 3,8% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el máximo permitido por ley, y un incremento del 40% en el precio de la vivienda en los últimos cinco años, mientras los salarios “se han mantenido prácticamente estancados”.

“Mientras rebajan impuestos al aceite o a los coches eléctricos, mantienen la vivienda como un producto de lujo fiscal. Es un sinsentido que los malagueños paguen más por tener un techo que por tener un coche”, ha añadido la portavoz adjunta.

 “Queremos una Málaga de propietarios, no de inquilinos precarios”

Gómez ha advertido que España “ha pasado de ser un país de propietarios a ser un país de inquilinos precarios, de familias con ahorro a generaciones sin futuro”.
Según ha explicado, la combinación de alta fiscalidad, salarios estancados y alquiler disparado está expulsando a los jóvenes del mercado de la vivienda.

“Queremos una Málaga de propietarios, donde los jóvenes puedan formar una familia sin tener que endeudarse de por vida ni resignarse a vivir de alquiler en la precariedad”, ha afirmado Gómez.

 Propuestas concretas de VOX Málaga

La moción incluye una batería de medidas destinadas a reducir la presión fiscal sobre la primera vivienda en todos los niveles de la administración:

  • Reducción del tipo de IVA estatal aplicable a la vivienda habitual.
  • Recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF.
  • Rebaja de los tipos autonómicos del ITP y del AJD para la compra de primera vivienda.
  • Reducción de los tributos municipales vinculados a la construcción y propiedad de vivienda, como el ICIO, el IBI, el IAE y las tasas por licencias de obra.

Asimismo, VOX propone que todos los ingresos públicos derivados de la construcción, promoción y compraventa de vivienda se destinen “de forma finalista” a crear y promover viviendas de protección oficial (VPO).

Una política real de acceso a la vivienda digna

El Grupo Municipal VOX Málaga insiste en que esta iniciativa persigue “recuperar el sentido social y familiar de la vivienda”, garantizando que cada euro recaudado en este ámbito se traduzca en más vivienda protegida y en menos impuestos para las familias trabajadoras.

“Si de verdad queremos que los malagueños puedan acceder a una vivienda digna, hay que dejar de usar la vivienda como fuente de ingresos para las administraciones y empezar a convertirla en lo que siempre debió ser: un derecho y una oportunidad de futuro”, ha concluido Yolanda Gómez.

El portavoz de VOX en Alhaurín el Grande, Antonio Jesús Fernández, ha lamentado durante el último pleno municipal la postura del equipo de gobierno, de 100% Alhaurín, PSOE e IU, respecto a la gestión de la fauna salvaje, un problema que —según ha advertido— “ya está afectando a municipios vecinos, donde los jabalíes y otros animales salvajes bajan hasta las playas o zonas habitadas, poniendo en riesgo la seguridad de las personas”.

Fernández ha reprochado al alcalde, Anthony Bermúdez, su falta de determinación para actuar frente a una situación que, a su juicio, “no se resuelve por culpa de la burocracia y de las normativas impuestas desde Bruselas”. En este sentido, el portavoz ha criticado, de igual manera, que, en el Gobierno de la Junta de Andalucía del PP, “Moreno Bonilla parece obedecer más a Ursula von der Leyen que a los andaluces”, y ha recordado que “la presidenta de la Comisión Europea es capaz de cambiar una ley cuando le afecta a ella personalmente, pero cuando los problemas los sufren los agricultores, los ganaderos o los cazadores, la respuesta siempre es la misma: más burocracia y más prohibiciones”.

El representante de VOX ha recordado que la caza es una herramienta necesaria para el control de las poblaciones silvestrder al tiempo que ha reivindicado su valor social y económico. “No hablamos sólo de una tradición, sino de una actividad esencial para mantener el equilibrio natural, evitar accidentes, proteger los cultivos y garantizar la seguridad de nuestros vecinos”, ha explicado.

Fernández ha insistido en que es necesario acabar con la demonización del sector cinegético y escuchar al mundo rural, “que lleva años sufriendo las consecuencias de las políticas dictadas desde los despachos de Bruselas”.

Para concluir, el portavoz ha subrayado el compromiso firme de VOX con los cazadores, agricultores y ganaderos del municipio: “Seguiremos defendiendo a quienes trabajan y viven del campo, frente a las imposiciones ideológicas que sólo sirven para alejar a Europa de la realidad de los pueblos”.

Javier Herreros, portavoz del Grupo Municipal VOX en Vélez-Málaga, ha comparecido ante los medios de comunicación para urgir al Ayuntamiento del municipio que solucione la «grave situación» que se vive en el poblado chabolista de Las Casillas ubicado en Torre del Mar.

Herreros ha recordado que el Grupo Municipal VOX presentó meses atrás una moción solicitando a la Junta de Andalucía que arreglase el «eterno problema» que existe en Las Casillas y pese a que el Partido Popular «prometió dar una solución, vemos cómo esta situación precaria que sufren decenas de familias se perpetúa en el tiempo».

«Este problema está impidiendo el desarrollo urbanístico de esa zona, que podría generar riqueza y empleo. Urge dar respuesta a ese entorno tan degradado de nuestra ciudad», ha declarado Herreros.

Según ha denunciado Herreros, el Partido Popular «se ha puesto de perfil» con ese problema. Es por ello por lo que el edil de VOX exige al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, que «dé una solución inmediata» a las familias que viven en ese entorno chabolista.

El diputado del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla, ha pedido a la Consejería de Fomento que aclare si tiene constancia oficial del proyecto de viviendas de protección oficial (VPO) anunciado por el Ayuntamiento de Benalmádena, así como si se ha iniciado algún expediente sobre esta promoción y cuál es la valoración del Gobierno andaluz respecto a la idoneidad de la ubicación elegida.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha anunciado recientemente la adquisición de unos terrenos en la zona de Rocas Blancas, por un valor de cinco millones de euros, con la intención de construir hasta 290 viviendas públicas destinadas a jóvenes y personas con necesidades especiales.

“Se trata, en principio, de una buena noticia que desde VOX apoyamos, porque siempre hemos defendido el acceso a la vivienda para los jóvenes y los colectivos más vulnerables”, ha afirmado Antonio Sevilla. “Pero, dicho esto, nos encontramos con una falta total de transparencia por parte del Partido Popular, que gobierna en el municipio”.

El parlamentario ha señalado que el concejal de VOX en el Ayuntamiento de Benalmádena, Joaquín Amann, “lleva meses intentando obtener información concreta sobre este proyecto sin recibir documentación ni respuestas claras”.

Por ello, VOX ha solicitado a la Consejería de Fomento que confirme si el Ayuntamiento ha solicitado la calificación de Vivienda de Protección Oficial o remitido algún tipo de documentación técnica o administrativa, así como si existe expediente alguno abierto en la Junta de Andalucía sobre esta promoción.

“Una ubicación sin servicios básicos”

Antonio Sevilla también ha mostrado su preocupación por la ubicación de la parcela, que, según ha señalado, se encuentra fuera del circuito de servicios esenciales.

“La zona de Rocas Blancas está al otro lado de la autovía, en un área de monte sin apenas infraestructuras básicas. No cuenta ni siquiera con parada de autobús”, ha explicado. “Nos preguntamos si ese es el lugar más adecuado para levantar viviendas sociales destinadas a jóvenes o personas con necesidades especiales”.

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