María Jesús Moro denuncia el veto del Gobierno a enmiendas de seguridad aprobadas en el Senado.
El Partido Popular, a través de su portavoz de Justicia en el Congreso, María Jesús Moro, ha denunciado el veto del Gobierno a dos enmiendas del Grupo Popular aprobadas en el Senado, que incluían medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y el sistema judicial.
Moro ha criticado que esta decisión se haya producido “en contra de la doctrina constitucional y del criterio técnico del propio Letrado”, señalando que supone una limitación de la capacidad legislativa del Parlamento.
Críticas al veto y al procedimiento
La dirigente popular ha calificado el veto como “antidemocrático” y ha advertido de que “vulnera la Constitución”, al impedir que el Congreso pueda debatir y votar iniciativas previamente aprobadas por otra Cámara.
El Partido Popular defiende el respeto al procedimiento parlamentario y a la soberanía popular como pilares fundamentales del sistema democrático, en línea con su proyecto político .
Medidas rechazadas en seguridad y justicia
Moro ha lamentado que el Gobierno haya rechazado iniciativas que incluían el incremento de la plantilla de fiscales en los próximos años, así como reformas en materia de extranjería para reforzar los controles sobre antecedentes penales y policiales.
El Partido Popular considera que estas medidas eran necesarias para mejorar la prevención del delito y reforzar la seguridad jurídica.
Defensa de la seguridad y las instituciones
La portavoz popular ha subrayado que la propuesta legislativa se había elaborado escuchando a profesionales del ámbito judicial, fuerzas de seguridad, administraciones locales y colectivos afectados.
Asimismo, ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos humanos en la Justicia, especialmente en zonas con mayor presión, y de apoyar a policías y guardias civiles en su labor diaria.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la seguridad, el respeto a las instituciones y el fortalecimiento del Estado de derecho.
María Jesús Moro: «España necesita una fiscal general libre, no otra pieza del engranaje gubernamental».
La portavoz de Justicia del GPP, María Jesús Moro, exige a la fiscal propuesta para asumir el cargo de fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que “rechace los ataques que está sufriendo el Tribunal Supremo por el Gobierno que la propone”, así como los llevados a cabo por el presidente del Gobierno. “No es aceptable la tibieza, la justificación, el silencio y la valoración que ha hecho respecto a su antecesor”, denuncia
Le pide que condene los exabruptos de fiscales que “increpan y faltan al respeto al Tribunal Supremo, sembrando dudas sobre la condena a Álvaro García Ortiz”, como hizo el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales al afirmar que el Supremo actuaba con “violencia y maltrato institucional”, y que “se comprometa a abrir las investigaciones internas oportunas”
Reclama recuperar la credibilidad de la Fiscalía “con acciones inequívocas y contundentes, proponiendo un código ético muy exigente y los imprescindibles contrapesos a sus facultades”
Le advierte de que tiene por delante dos retos esenciales: “recuperar la credibilidad y la confianza en la institución, y reparar los daños causados a sus compañeros de carrera, que cada día desempeñan su labor con compromiso y profesionalidad”. “Usted debe derribar esa frase lapidaria que tanto daño ha hecho de ‘¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso’”
Considera que Peramato llega con “una doble sombra”, por quien la propone, “por sus comportamientos y declaraciones nunca vistas en democracia, en boca de un presidente del Gobierno”, y por las actuaciones de su antecesor, del que no se ha desvinculado
Le recuerda que “la gran anomalía que nos ha traído hasta este trámite y a su nombramiento es que un garante de la legalidad ataque a la legalidad que debe defender” y cree que su tarea debe ser borrar esa situación “de forma decidida, sin atajos ni excusas”
Afirma que la percepción de la ciudadanía sobre la Fiscalía “ha quedado marcada por la dureza de la imagen insólita de ver a un fiscal general enjuiciado y condenado, y la de unos fiscales convertidos en abogados defensores y no en garantes de la legalidad”
“Su antecesor dedicó todo su esfuerzo a seguir instrucciones gubernamentales o asimilarse plenamente a esa posición política, con decisiones meramente políticas impropias de un fiscal general del Estado”, sostiene
Le pide recuperar la normalidad institucional perdida en los últimos años con el anterior fiscal general, quien “no atendió las solicitudes ni compareció para defender la memoria anual, que no es otra cosa que el reflejo del trabajo de muchos fiscales, a los que también debe respeto”
Espera que Teresa Peramato “no cambie nunca la Cámara por un plató de televisión o un atril para rueda de prensa” porque el respeto al Congreso y a la Comisión de Justicia “es el que todos debemos a los españoles a los que representamos”
María Jesús Moro: «Esta ley nace para controlar la justicia, no para mejorarla».
La portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, María Jesús Moro, afirma que la ley que nos presenta “es una Ley de interés particular y de inoportunidad general”. “La ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECRIM) no se impulsa para modernizar el proceso penal, sino para blindar al presidente del Gobierno y tener más controlada la justicia”, asevera al tiempo que sentencia que “debería ser una ley de Estado, pero es de parte”
Asegura que “no importa tanto la antigüedad de la norma como la torpeza de las reformas, que es lo que sucede ahora más que nunca”. “Las reformas no se planifican ni se analizan adecuadamente, no están redactadas con corrección, y el poder pre legislativo termina sustituyendo al legislativo”, critica
“No señor Bolaños. No hay que sentirse orgulloso de dar pasaporte a un texto que ha resistido desde el siglo XIX, porque en sus debilidades no encontraba rival de conjunto”, espeta al tiempo que sostiene que los objetivos de esta reforma “no resultan claros”
Reprocha al ministro de Justicia que haya evitado el consenso y que silencie “la inoportunidad de incrementar las competencias del fiscal general del Estado y la concentración de poderes, además de hacer caso omiso a las indicaciones de los órganos consultivos”
Explica que “el Ministerio Fiscal es actualmente una mera prolongación jerárquica del Gobierno, y los cambios imprescindibles para superar esta situación —logrando su autonomía e imparcialidad mediante adecuados equilibrios internos de control— no son, precisamente, los que se están acometiendo en la reforma simultánea del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”
Remarca que es una ley “para un fiscal general todopoderoso y al servicio del Gobierno y concentra todavía más poderes para éste, justo en el momento en que está causando un enorme daño a la Institución”. Tras el juicio, que ha quedado visto para sentencia, certifica que “el fiscal general del Estado debió anteponer el respeto y la salvaguarda de la Institución que representa al suyo propio. No lo ha hecho, y ya no tiene remedio”
“Se trata de una ley contraria a la independencia judicial, porque no garantiza la autonomía necesaria para que la instrucción pase del juez al fiscal y, además, condiciona la acción de la justicia”, aclara
“Bolaños ha dicho que esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y que no afectará a los procesos en curso. Sabe que no es así”, sostiene, a la vez que explica que “a los 20 días de su publicación entrará gran parte de lo referente al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”
“Muchos juristas de renombre son partidarios de una nueva ley procesal penal e incluso de atribuir la investigación al fiscal, pero coinciden en afirmar: ‘ahora no, así no’, advierte. “La mejor medida de regeneración es mantener siempre las manos alejadas de la justicia”, concluye