El regreso de Puigdemont ya no es una hipótesis: Llarena levanta su orden de detención.
El escenario judicial de Carles Puigdemont ha dado este martes un vuelco decisivo. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca, captura y detención que pesaba sobre el expresidente de la Generalitat, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la aplicación de la amnistía al delito de malversación vinculado al procés.
La decisión permite a Puigdemont regresar a España sin riesgo de ser detenido en virtud de esa orden, después de años fuera del país y tras una larga batalla judicial alrededor de la aplicación de la Ley de Amnistía.
Llarena ha adoptado la misma decisión respecto de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
El Constitucional cambia el escenario
El origen del giro está en la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de estimar el recurso de amparo presentado por la exconsellera Dolors Bassa frente a la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía por el delito de malversación.
La resolución ha salido adelante con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco magistrados del sector conservador.
El Constitucional considera que la interpretación realizada por el Supremo se había apartado de la finalidad de la Ley de Amnistía al considerar que el empleo de fondos públicos para financiar actuaciones vinculadas al proceso independentista suponía un enriquecimiento personal que impedía aplicar la norma.
La doctrina fijada en el caso de Bassa tiene una repercusión mucho mayor que su caso particular, ya que afecta directamente al tratamiento de la malversación cometida durante el procés y abre la puerta a aplicar la misma interpretación al resto de condenados y procesados.
Entre ellos se encuentran Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, además de dirigentes como Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.
Llarena actúa de inmediato
Pocas horas después de conocerse el criterio del Constitucional, Pablo Llarena ha reaccionado y ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de detención.
El instructor explica que todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia del Constitucional y que necesitará estudiarlo antes de adoptar una decisión definitiva sobre la aplicación formal de la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig.
Sin embargo, considera que existe una coincidencia sustancial entre los hechos analizados por el Constitucional y los que afectan a los tres dirigentes independentistas.
Por ese motivo, mantener activas las órdenes podría provocar una privación de libertad que posteriormente resultara improcedente.
El auto ordena comunicar inmediatamente la decisión a Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y al resto de autoridades que tenían conocimiento de las órdenes de detención.
Puigdemont puede regresar, pero la amnistía todavía no está formalmente aplicada
Aquí aparece el principal matiz jurídico de la decisión.
Llarena ha levantado la orden de detención, pero aclara que esta resolución no supone todavía aplicar formalmente la amnistía a Puigdemont ni declarar extinguida su eventual responsabilidad penal.
Se trata, por ahora, de una revisión provisional de las medidas cautelares mientras el Supremo recibe y analiza íntegramente la sentencia del Constitucional.
Una vez que disponga del texto completo, el magistrado deberá adoptar una nueva resolución sobre la situación procesal definitiva de Puigdemont.
En la práctica, sin embargo, la consecuencia inmediata es clara: el expresidente catalán puede entrar en España sin ser detenido por la orden nacional que permanecía vigente contra él.
Nueve años después, Puigdemont queda a las puertas del regreso
La decisión supone uno de los mayores cambios judiciales desde el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Puigdemont abandonó España tras la declaración unilateral de independencia y se instaló en Bélgica, desde donde ha desarrollado buena parte de su actividad política.
Durante años, su posible regreso estuvo condicionado por las diferentes órdenes judiciales y posteriormente por la discusión sobre el alcance de la Ley de Amnistía.
Todavía en septiembre, Llarena había rechazado aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación y mantenía activa su orden de detención.
El criterio adoptado ahora por el Constitucional cambia completamente aquella situación.
Una decisión con enorme impacto político a las puertas del 29-N
La resolución llega además en un momento especialmente sensible: España acaba de entrar en campaña política rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Ley de Amnistía fue precisamente una de las piezas centrales de la legislatura iniciada tras las elecciones de 2023 y uno de los acuerdos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez gracias al respaldo de Junts.
Ahora, apenas semanas antes de que los españoles vuelvan a las urnas, Puigdemont queda en condiciones de regresar a España.
Pedro Sánchez ha celebrado la decisión del Constitucional y ha defendido que la amnistía ha contribuido a la normalización política de Cataluña.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha vuelto a cargar contra la medida y ha sostenido que la amnistía constituye “otro engaño más de Sánchez”.
La resolución judicial coloca así nuevamente el procés, la amnistía y Puigdemont en el centro de una campaña electoral que ya estaba marcada por la vivienda, los pactos parlamentarios y la ruptura de la mayoría que sostenía al Gobierno.
Puigdemont todavía no ha anunciado cuándo regresará.
Pero desde este martes la gran diferencia es que, jurídicamente, la puerta para hacerlo está abierta.