Actualidad Política

7 de noviembre de 2026

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 La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha señalado que “las liquidaciones sanitarias están fiscalizadas y resueltas con criterios técnicos y objetivos”.

Matínez ha señalado que “la Conselleria de Sanidad procedió a resolver liquidaciones de ejercicios pendientes con las empresas concesionarias asumiendo la responsabilidad de un deber de la Administración y, en todo momento, ha liquidado siguiendo criterios jurisprudenciales y del propio Consell Jurídic Consultiu. Además, la Intervención de la Generalitat siempre ha fiscalizado favorablemente las liquidaciones”.

Nieves Martínez ha señalado que “la Administración no tuvo más opción que proceder a liquidar los ejercicios pendientes, teniendo en cuenta que no podía modificar un contrato de forma unilateral saltándose el dictamen del Consell Jurídic de 2012 que establecía el cálculo de la cápita”.

La diputada popular ha continuado explicando que “la Intervención fiscalizó de conformidad todas las liquidaciones, haciendo la observación de que se realizara la consulta al Consell Jurídic respecto a la repercusión del gasto COVID, ya que solo el CJC está legitimado para modificar el criterio de cálculo de la capita. La Conselleria realizó esa y, en función de su respuesta, esta Administración actuará en consecuencia para defender hasta el último euro de los valencianos. Eso sí, sin chapuzas ni atajos, como hizo el Botànic, que puedan dificultar posteriormente la defensa de los intereses de la Administración”.

“Una vez más -ha añadido- queda demostrada la transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión de las liquidaciones practicadas por parte de la Conselleria, y cuya finalidad es garantizar que los valencianos no dejen de percibir ni un solo euro que les corresponda”.

La portavoz popular ha explicado que “la determinación de la cápita que se debe abonar a las concesionarias es un proceso totalmente objetivo, es un ajuste matemático, que no se negocia, al igual que las liquidaciones, en las que se aplican criterios técnicos y objetivos establecidos en resoluciones judiciales y por la Intervención General de la Generalitat”.

Nieves Martínez ha afirmado que “durante los ocho años del Botànic se resolvieron 26 liquidaciones con las concesionarias, mientras que sólo en los 18 primeros  meses de esta legislatura 23. Estas últimas liquidaciones se han resuelto con un saldo a favor de la Generalitat de más de 300 millones de euros”.

Martínez ha concluido que “por tanto no hay ninguna irregularidad ni ningún regalo o pelotazo. Lo que hay es cinismo e hipocresía por parte de los socialistas al hacer unas acusaciones gratuitas sin ningún fundamento”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es capaz de todo” y ha anunciado una reforma del suplicatorio para evitar que pueda utilizarse como vía para eludir la acción de la Justicia. “Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo ni en el archivo de ningún delito. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad”, ha subrayado.

Feijóo ha anunciado además una reunión con los presidentes autonómicos del PP el próximo fin de semana en Aragón para dar una respuesta conjunta al modelo de financiación pactado por Sánchez con Oriol Junqueras, que, a su juicio, “ha dilapidado la igualdad entre españoles”. “El separatismo exige y los españoles pagan”, ha resumido.

El líder del PP ha sintetizado el acuerdo entre el Gobierno y ERC en tres consecuencias claras: “Más impuestos para los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez”. “Esto va de unos políticos insolidarios exprimiendo a millones de españoles para mantener sus privilegios. Y eso no es gobernar: es usar el dinero que es de todos para salvarse ellos”, ha denunciado.

Feijóo ha reprochado también a Sánchez y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero su conchaveo durante años con el régimen de Nicolás Maduro, asegurando que “no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad”. “La historia no les perdonará; la historia les juzgará”, ha advertido.

Frente a un “Gobierno ambiguo con las dictaduras”, el presidente del PP ha fijado una posición clara en política exterior: “Nosotros no vamos a equivocarnos de aliados. Al PP no le van a ver con los líderes populistas que arruinan sus países”. En este sentido, ha celebrado que Venezuela esté “en los inicios del fin de una dictadura tramposa, criminal y miserable”, aunque ha advertido de que el trabajo no estará terminado hasta la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los desterrados y la derrota definitiva del régimen.

En materia de defensa, Feijóo ha descartado un apoyo ciego al envío de tropas y ha exigido conocer al detalle la política del Gobierno. “La seguridad nacional es para proteger al país, no para que el Ejecutivo se proteja de su precariedad parlamentaria y alargue una legislatura absurda y agotada”, ha señalado. Ha reiterado el apoyo del PP a Ucrania, a su soberanía y a la seguridad de Europa, pero ha advertido de que no habrá respaldo “sin explicaciones, sin datos y sin detalle”.

El presidente del PP ha situado la regeneración democrática como el primer compromiso de su proyecto político: “Nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer y yo voy a garantizar que nadie, nunca, pueda volver a hacerlo”. Asimismo, ha calificado la seguridad como una “necesidad básica” frente a un Gobierno que “ha desprotegido a las mujeres, a las víctimas de los okupas y a quienes viven sin certezas”.

Finalmente, Feijóo ha reivindicado que “tiene que volver a merecer la pena trabajar” en España, para que el empleo permita acceder a una vivienda, llegar a fin de mes, sostener a la familia y garantizar pensiones y servicios públicos. En este contexto, ha movilizado a los parlamentarios del PP para “trabajar por lo importante”: “El vacío de Gobierno no se llena con proclamas, se llena con un gran proyecto. Y el gran proyecto de España está en el Partido Popular”.

El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid Carlos Díaz Pache ha denunciado el grave deterioro institucional que atraviesa España y ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una relación de confrontación permanente con la Justicia como estrategia para preservar su poder político.

Díaz Pache ha afirmado que el entorno político que rodea al presidente del Gobierno está marcado por alianzas con dirigentes condenados, prófugos o vinculados a causas judiciales, en referencia a sus interlocutores políticos habituales como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi.

Asimismo, ha reprochado el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha señalado por su cercanía y colaboración política con el régimen de Nicolás Maduro, una dictadura que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y las libertades democráticas.

“El problema no es una decisión aislada, sino un modelo de poder que pretende normalizar lo anómalo, deslegitimar a las instituciones y presentar como persecución judicial lo que es exigencia de responsabilidades”, ha subrayado Díaz Pache.

El dirigente popular ha alertado de que España vive un momento crítico, en el que se está produciendo un “asalto a las instituciones” y una erosión consciente del Estado de derecho. “Esto no es un simulacro. Lo que está en juego es la supervivencia de nuestras instituciones democráticas”, ha advertido.

En este sentido, ha recordado que otros países que perdieron el control de sus instituciones están hoy intentando recuperarlas, y ha señalado que España no es inmune a ese riesgo si no se actúa con determinación.

Por ello, Díaz Pache ha defendido la necesidad de mantener un diagnóstico claro de la situación y de ofrecer soluciones políticas firmes y democráticas. “Los españoles deben tener la certeza de que sabemos lo que hay que hacer y de que, juntos, vamos a devolver a España la normalidad institucional, el respeto a la Justicia y la dignidad democrática”, ha concluido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su agradecimiento irónico y sincero a Reyes Maroto por persistir en su intención de ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, al considerar que su trayectoria y actuación política evidencian una clara falta de credibilidad y de proyecto para la ciudad.

Martínez-Almeida ha señalado que Maroto arrastra “graves problemas de credibilidad”, recordando que fue la ministra con peor ejecución presupuestaria entre los 22 ministros del Gobierno, una gestión que —ha subrayado— plantea serias dudas sobre su capacidad para gobernar Madrid.

Asimismo, el alcalde ha aludido a la situación judicial que rodea al Ministerio que dirigió Maroto, situado en el centro de la conocida trama de los hidrocarburos, y ha indicado que será la justicia quien determine las responsabilidades que correspondan.

En el plano municipal, Martínez-Almeida ha criticado que el único mensaje político de la candidata socialista se haya basado en la confrontación y el deterioro del debate público, recordando que en el primer Pleno del Ayuntamiento fue incapaz de exigir responsabilidades tras una agresión protagonizada por un concejal de su grupo.

“El único proyecto que hemos visto hasta ahora es embarrar y ensuciar la política municipal”, ha afirmado, cuestionando que esa actitud pueda atraer al electorado moderado de la ciudad.

El alcalde ha reconocido que las declaraciones de Maroto, en las que afirmaba que si Almeida no se presentaba habría “una oportunidad para la izquierda”, refuerzan su determinación. “Comprenderá que dar una oportunidad a la izquierda en Madrid no es algo que me resulte atractivo”, ha señalado.

“Si mi no presentación es lo que la izquierda desea, todo indica que lo responsable es hacer exactamente lo contrario”, ha concluido Martínez-Almeida.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha denunciado que el modelo de financiación autonómica anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez “perjudica claramente a la Comunidad de Madrid y a los madrileños”.

Serrano ha advertido de que se trata de un modelo que concede el principio de ordinalidad únicamente a Cataluña, en detrimento del resto de comunidades autónomas, con el único objetivo de “contentar a los socios separatistas de Sánchez para que pueda seguir al frente del Gobierno de España”.

“El Partido Socialista pretende que aplaudamos un modelo que otorga una media de 375 euros por habitante a los madrileños frente a más de 500 euros a los catalanes, únicamente porque Sánchez necesita sus votos. No lo vamos a aplaudir”, ha afirmado.

El dirigente popular ha criticado además que el nuevo sistema pretenda limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y, en particular, la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid. “No existe dumping fiscal en Madrid. Ejercemos nuestras competencias de manera legal y somos una comunidad solidaria con el conjunto de España”, ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que si el Partido Socialista quiere defender este modelo, “que lo hagan sus delegados en Madrid”, en referencia a los representantes del PSOE, a quienes ha acusado de estar “únicamente para sostener a Sánchez”.

Serrano ha advertido a los socialistas madrileños de que “debería darles vergüenza defender un modelo que perjudica a Madrid por mantener su acta de concejal o diputado”, y ha recordado que “en 2027 los madrileños no olvidarán quién defendió sus intereses y quién se plegó a Sánchez”.

“Desde el Partido Popular de Madrid vamos a seguir firmes defendiendo los intereses de todos los madrileños y la solidaridad de la que siempre nos hemos sentido orgullosos”, ha concluido.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular ha denunciado que “no se puede negociar con uno lo que es de todos”, tras la reunión mantenida ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la posterior rueda de prensa de la vicepresidenta María Jesús Montero, en la que explicó el nuevo sistema de financiación autonómica.

El dirigente popular ha advertido de que cuando “solo se habla con uno de lo que se tiene que repartir entre todos”, el resultado nace “mal desde el principio”, y ha subrayado que lo correcto es sentar a todas las comunidades autónomas en los foros previstos para ello, como la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Ayer Sánchez dio una patada a la unidad de España y a la igualdad de todos los territorios al sellar con el independentismo los principios de la financiación autonómica”, ha afirmado, reprochando que el acuerdo alcanzado supone “el principio de la desigualdad y de la insolidaridad”.

En este sentido, ha aludido al “ataque de sinceridad” de la vicepresidenta Montero al reconocer que el nuevo modelo es fruto de “un trabajo muy político”. Frente a ello, ha defendido que el sistema de financiación debe ser el resultado de “un trabajo técnico, de expertos, de equilibrio y de solidaridad”, y no de “un sistema político e ideológico que responde únicamente a la supervivencia de Pedro Sánchez”.

El vicesecretario del PP ha criticado especialmente la asunción del principio de ordinalidad para Cataluña, que implica que “los que más tienen seguirán teniendo más y los que menos tienen seguirán teniendo menos”, y ha recordado que la propia Montero, cuando era consejera en Andalucía, calificaba este principio de “imposible e inaceptable” por vulnerar la equidad.

“¿Cómo puede defender esto alguien que se llama socialista?”, se ha preguntado, para concluir que “con Sánchez, el PSOE ha acabado siendo más separatista que socialista”. “Sánchez ha matado al PSOE y lo ha hecho desaparecer; hoy solo existe el partido sanchista”, ha añadido.

El dirigente popular ha destacado que el lema de la 28ª Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña, ‘Por lo importante’, refleja el espíritu del encuentro, centrado en las verdaderas preocupaciones de los españoles: vivienda, economía y empleo, fiscalidad y regeneración democrática.

“España tiene muchos problemas, pero a los españoles les preocupan especialmente la vivienda, la fiscalidad disparatada, la seguridad y la regeneración democrática”, ha señalado, ironizando con que el presidente del Gobierno “no tenga tiempo para estos asuntos porque dedica la mayor parte de su tiempo a defenderse de la corrupción que rodea a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar”.

Finalmente, ha recordado que el Partido Popular ha registrado una doble petición de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique los casos de corrupción que le rodean y la posición de España ante la necesaria transición democrática en Venezuela.

El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una iniciativa en la que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que rebaje la carga burocrática que van a tener que soportar los pescadores tras la entrada en vigor, este fin de semana, de la nueva normativa para los buques faeneros. El portavoz de Pesca del GPP, Wences Alós Valls, ha denunciado que estos requisitos están “totalmente alejados de la realidad de la pesca mediterránea”.

Alós Valls ha explicado que, a partir del 10 de enero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impone un preaviso electrónico obligatorio de dos horas y media para la entrada a puerto de los buques de más de 12 metros, además de eliminar el umbral mínimo de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas, lo que obliga a declarar cada especie desde el primer kilo.

“Estamos hablando de una flota de bajura que faena cerca de puerto, con jornadas cortas condicionadas por el estado del mar y la propia dinámica de las capturas. Exigir dos horas y media de preaviso en ese contexto no tiene ningún sentido”, ha señalado.

El portavoz popular ha advertido de que estas medidas “desplaza al patrón y a la tripulación de su trabajo real para convertirlos en administrativos”, lo que les supone un riesgo de sanciones por errores formales. En su opinión, no se trata de una medida más sostenible, sino de “más papeleo y más inseguridad jurídica para quien vive del mar”.

Por ello, el GPP plantea en su iniciativa que Les Corts insten al Gobierno a eliminar ese preaviso para la flota de bajura y a restablecer el mínimo de 50 kilos en el registro de capturas. Allós Valls ha defendido la necesidad de elaborar “una política pesquera que combine sostenibilidad con viabilidad económica, apoyo a la modernización de la flota y un marco normativo realista”. “El pescador valenciano no es el problema, es parte de la solución”, ha concluido el diputado del GPP.

José Luis Martínez-Almeida ha advertido de que el modelo de financiación que plantea el Gobierno de España supone una quiebra del principio de solidaridad interterritorial y perjudica a las comunidades autónomas con mayores necesidades.

El alcalde de Madrid ha explicado que el sistema defendido por el Ejecutivo se basa en el principio de “tanto aportas, tanto recibes”, lo que implica que las comunidades con mayor capacidad económica acabarían recibiendo más recursos, en detrimento de aquellas que necesitan más apoyo para garantizar la igualdad y el equilibrio territorial.

Martínez-Almeida ha subrayado que “si las comunidades que más tienen son las que más reciben, las que menos tienen recibirán menos”, y ha señalado que, por mucho que se intente presentar de otra forma, el elemento clave es la ruptura del actual sistema de solidaridad.

En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid aporta cerca del 70% de los fondos de solidaridad interterritorial y que Madrid “nunca se ha quejado de esta aportación”, porque entiende su papel como motor económico al servicio del conjunto de España.

“Madrid jamás ha reclamado aportar menos para recibir más”, ha recalcado el alcalde, al tiempo que ha denunciado que eso es precisamente lo que se le está ofreciendo a Cataluña, rompiendo el principio de equilibrio entre territorios.

El alcalde ha insistido en que, aunque Madrid pudiera verse beneficiada de forma puntual, “eso no significa que el conjunto de España salga beneficiado”, y ha defendido que tan importante como la suficiencia financiera de los servicios públicos es mantener un principio real de solidaridad y cohesión territorial.

Desde el Partido Popular se ha reiterado el rechazo a cualquier financiación singular o a la carta que rompa la igualdad entre comunidades autónomas y se ha reafirmado el compromiso con un sistema justo, solidario y pensado para el interés general de todos los españoles.

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