Alejandro Gómez: «No permitiremos que la izquierda destruya la historia de Santa Cruz»
El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha salido al paso de las críticas formuladas por el partido Podemos en una rueda de prensa celebrada el pasado viernes 26 de diciembre en relación con el Monumento a la Paz de Tenerife.
Gómez ha recordado que, actualmente, se está tramitando la declaración del Monumento a la Paz como Bien de Interés Cultural (BIC), conforme a lo establecido en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, lo que implica que este conjunto escultórico debe recibir la protección legal que marca el artículo 28 de la citada norma.
Asimismo, el portavoz de VOX ha enfatizado que el expediente para la declaración del conjunto como BIC fue incoado por el Cabildo de Tenerife en cumplimiento de una resolución judicial, lo que hace absurda y carente de fundamento la reacción de Podemos — que ha denunciado al Ayuntamiento ante la Fiscalía por supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación en relación con este asunto.
“Que Podemos, sin representación por decisión de los ciudadanos ni en el Parlamento de Canarias, ni en el Cabildo de Tenerife ni en el Ayuntamiento de Santa Cruz, recurra a la Fiscalía con denuncias infundadas demuestra el profundo desprecio de la izquierda radical por instituciones públicas como el Ministerio Fiscal o el Poder Judicial”, ha señalado Gómez.
Por último, el portavoz municipal de VOX ha instado al Ayuntamiento a llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias en el Monumento a la Paz, así como a emplear todos los medios a su alcance para prevenir nuevos actos de vandalismo, en defensa de un patrimonio que, según su formación, debe preservarse y protegerse para las generaciones futuras.
Alejandro Gómez: «Si no tienes coche eco, te expulsan del centro y te cobran fuera»
El grupo municipal de VOX en Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su rechazo a la implantación de zonas de estacionamiento regulado de pago en la capital tinerfeña, una medida que el Ayuntamiento prevé aplicar progresivamente a lo largo de este año 2026, mediante zonas azules y verdes. Desde la formación señalan que esta política vuelve a cargar el coste de la movilidad sobre los vecinos, especialmente sobre quienes viven, trabajan o mantienen pequeños comercios en la ciudad.
El portavoz de VOX, Alejandro Gómez, considera que pagar por aparcar en la vía pública “no soluciona el problema de fondo, que es la escasez de plazas y la falta de alternativas”, y advierte de su carácter claramente recaudatorio. Gómez recuerda además que “esta medida se suma a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a la que VOX también se opuso”, al entender que ambas políticas responden a la misma lógica restrictiva que es la de limitar el uso del vehículo privado sin ofrecer soluciones eficaces.
Gómez califica de “despropósito” pagar por aparcar en la calle, sumado a la ZBE “Los que no puedan permitirse un coche eco no podrán acceder ni aparcar en la ZBE, y si además tienen que pagar por aparcar fuera de esa zona verán restringida su movilidad cotidiana y penalizado su bolsillo”.
Para el grupo municipal VOX, la movilidad urbana no puede construirse sobre prohibiciones y tasas, sino buscar soluciones al problema del aparcamiento en el municipio y se elijan un conjunto de medidas técnicas, informativas y de gestión que mejoren el uso del espacio público como por ejemplo el acondicionamiento de solares, o el fomento de aparcamientos disuasorios que permita el uso de aparcamientos en la cercanía que permitan el trayecto a pie o conectados con transporte público de estar más alejados. “Desarrollar una serie de medidas que eviten que desplazarse por la ciudad se convierta en un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo”, concluye Gómez.
Noemí Campillo critica que el Ayuntamiento de Tacoronte suba impuestos sin mejorar servicios.
La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Tacoronte, Noemí Campillo, ha denunciado la forma en que se desarrolló el Pleno Extraordinario de Presupuestos celebrado el pasado 22 de diciembre, calificándolo como un procedimiento “a la carrera”, con interrupciones impropias y una clara falta de respeto institucional hacia los vecinos presentes.
Durante la sesión, Campillo presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Municipales de 2026, al considerar que se trata de un documento “tardío, poco realista y que aprieta el bolsillo de los tacoronteros sin garantizar mejores servicios”. La edil criticó que un expediente de más de 30 millones de euros fuera entregado con apenas margen de estudio, “con el reloj encima”.
La portavoz de VOX alertó de la elevada dependencia de transferencias externas, que superan los 18 millones de euros y representan más del 60 % del presupuesto municipal. “Un Ayuntamiento no puede funcionar como una casa que depende de que le pasen dinero desde fuera; si un mes falla, ¿quién paga?”, advirtió.
Asimismo, denunció el incremento de tasas y precios públicos que recaen directamente sobre los vecinos, destacando especialmente la subida del servicio de recogida de basura, cuya previsión de recaudación pasa de algo más de 1,2 millones de euros en 2025 a más de 2,2 millones en 2026. Campillo también criticó el aumento de costes para autónomos y emprendedores a través de licencias y trámites municipales, sin que ello se traduzca en una mejora del servicio.
Otro de los puntos más graves señalados por VOX es la desaparición del fondo de contingencia, que pasa de más de 315.000 euros en 2025 a cero en 2026. “Sin fondo de contingencia no hay previsión, y eso aboca al Ayuntamiento a gobernar a base de modificaciones de crédito”, afirmó.
En materia de personal, Campillo aclaró que su crítica no se dirige a los trabajadores municipales, sino a la gestión política, denunciando un incremento de más del 22 % en el Capítulo I sin contar con una Relación de Puestos de Trabajo aprobada. “Subir gasto fijo sin una RPT es jugar con fuego”, advirtió, reclamando además mayor control y transparencia en el sistema de subvenciones, donde VOX detecta “gasto ideológico sin evaluación pública”.
La concejal concluyó que el Presupuesto 2026 “no es un plan de ciudad”, ya que llega tarde, se ha estudiado con prisas, depende excesivamente de dinero externo y carga a los vecinos con más tasas y licencias. Por ello, VOX Tacoronte solicitó la devolución del proyecto y la elaboración de unas nuevas cuentas “con prioridades claras, menos ideología y más transparencia”.
Campillo también denunció la opacidad del gobierno local respecto al proyecto de la desaladora de Mesa del Mar, un asunto que motivó la convocatoria del Pleno extraordinario. Según explicó, el grupo de gobierno utilizó el debate presupuestario como punto principal para restar protagonismo a este asunto, reconociendo durante la sesión que “no existen los permisos requeridos” y que se iniciaron obras sin la debida autorización. VOX lamenta que se cortara el turno de palabra a la portavoz cuando pedía explicaciones y documentación sobre un proyecto de enorme impacto para el municipio.
“No pedimos nada extraordinario: respeto institucional, cuentas claras y decisiones basadas en documentos oficiales. El Ayuntamiento no está para excusas ni recesos incongruentes, sino para servir a los vecinos”, concluyó Campillo, reiterando el compromiso de VOX con una gestión municipal transparente y responsable.
Caso Valka: VOX acusa al gobierno municipal de bloquear la verdad.
VOX solicita una comisión de investigación, una auditoría externa y la revisión de despidos vinculados a GEURSA.
El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael de Juan Miñón, ha intervenido con firmeza en el Pleno extraordinario sobre el denominado Caso Valka, denunciando el grave deterioro institucional derivado de la gestión urbanística en la ciudad y reclamando medidas urgentes de control y fiscalización.
Durante su intervención, De Juan Miñón subrayó que la investigación judicial en curso y la intervención de la Guardia Civil en las dependencias municipales, incluyendo registros en GEURSA y domicilios particulares, demuestran que no se trata de simples irregularidades administrativas, sino de indicios de una posible trama de corrupción urbanística. Señaló especialmente la implicación de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada como prueba de la gravedad de los hechos.
El concejal criticó duramente la actitud de la alcaldesa al mantener en su cargo a la gerente de GEURSA, Marina Mas, pese a su condición de investigada, permitiéndole incluso continuar dirigiendo reuniones del Consejo de Administración. Esta decisión, afirmó, compromete la integridad de la documentación y representa una falta de respeto hacia los ciudadanos.
VOX también cuestionó la validez del llamado “informe interno” promovido por el grupo de gobierno, cuya principal autora también figura entre los investigados, lo que, según el edil, refleja “una soberbia infinita” y una estrategia orientada a ocultar la verdad.
Ante esta situación, el representante de VOX exigió la realización de una auditoría externa e independiente que abarque la gestión económica de GEURSA y de la Sociedad de Promoción, así como los contratos de Parques y Jardines y todas las certificaciones de obra. Asimismo, reclamó una revisión exhaustiva de los despidos realizados en estas entidades, con el objetivo de restituir derechos si se demuestra que alguna salida estuvo motivada por represalias ante posibles denuncias internas.
“El pueblo está harto de la opacidad mientras sus impuestos se vinculan a tramas presuntamente corruptas y los barrios siguen abandonados”, denunció De Juan Miñón, quien reiteró el compromiso de VOX de “levantar todas las alfombras” y depurar responsabilidades, tanto políticas como judiciales, “por acción o por omisión”.
Finalmente, recordó que VOX ya había solicitado en abril una comisión de investigación sobre GEURSA, apoyada por el Partido Popular pero bloqueada por el gobierno municipal. El concejal concluyó reafirmando que VOX continuará fiscalizando este caso con un único objetivo: conocer la verdad y defender los intereses de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.
Alejandro Gómez carga contra el presupuesto: «Menos agenda 2030 y más sentido común».
El portavoz del Grupo Municipal VOX en Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha intervenido en el debate del Pleno de Presupuestos para 2026 cuestionando el modelo político y de gestión que, a su juicio, reflejan las cuentas presentadas por el gobierno municipal.
Gómez ha criticado que, previéndose que en 2026 aumenten considerablemente los ingresos provenientes de otras administraciones, el ayuntamiento no se haya planteado una rebaja en los impuestos que alivie la presión fiscal a los chicharreros, aun sabiendo que a partir de 1 de enero de 2026 todos los vecinos de Santa Cruz van a tener que hacer frente al basurazo.
Gómez ha criticado también el abusivo incremento de los ingresos derivados de sanciones, multas y recargos, que superan los once millones de euros en el presupuesto de 2026, incluyendo más de 4,6 millones previstos por multas de tráfico. A su juicio, estas previsiones evidencian un enfoque recaudatorio que descansa en los errores y sanciones a los ciudadanos, en lugar de apostar por políticas preventivas que reduzcan la conflictividad y las infracciones.
Durante su segunda intervención, Gómez ha respondido a las críticas del portavoz de Coalición Canaria, acusando al gobierno municipal de hacer descansar la estabilidad presupuestaria sobre los hombros de los vecinos manteniendo la recaudación, en vez de contener el gasto: “a lo mejor lo que tienen que plantearse es reducir los gastos superfluos, esos que a usted no le gusta que yo ponga en las enmiendas que deben causar baja”, ha señalado Gómez.
En este marco, el edil ha cuestionado determinadas partidas de gasto que considera prescindibles o de eficacia limitada como, por ejemplo, la cantidad destinada a publicidad y propaganda, que alcanza cifras similares a las de áreas como educación y juventud. También mostró su preocupación por el peso de partidas vinculadas a estudios, campañas y proyectos relacionados con políticas medioambientales y de bienestar animal, que, a su juicio, contrastan con la escasa dotación destinada a políticas sociales para las personas mayores y al fomento del deporte juvenil.
En materia de vivienda, el edil de VOX ha reclamado una apuesta más decidida y coherente, cuestionando la dotación destinada a la adquisición de terrenos “sin que exista una estrategia clara para resolver los problemas urbanísticos y acelerar la construcción de vivienda”, ha señalado. El concejal de VOX ha defendido las enmiendas presentadas por su grupo explicando que responden a las carencias estructurales del propio Ayuntamiento para desarrollar proyectos con mayor agilidad y a la necesidad de iniciar actuaciones concretas.
El portavoz de VOX ha manifestado que los presupuestos de 2026 “reflejan un incremento de recursos que no se deben a una mejora real de la economía local, sino a la llegada de fondos externos”, y lamentó que las prioridades municipales estén “excesivamente condicionadas por políticas vinculadas a la Agenda 2030, las zonas de bajas emisiones y la movilidad sostenible basada en un fanatismo climático”. Frente a este modelo, Gómez ha defendido unos presupuestos centrados en las personas, en el empleo, en el comercio local, en la vivienda y en el futuro de los jóvenes de Santa Cruz de Tenerife.
Para concluir, Gómez ha recalcado que la prioridad deben ser las personas, especialmente ante la situación del sinhogarismo y sus efectos en la convivencia. El edil de VOX ha lamentado el rechazo a sus enmiendas, que considera asumibles, anunciando así el voto negativo de su grupo a los presupuestos presentados por el equipo de gobierno para el 2026, finalizando su intervención pidiendo al gobierno municipal que “cambien de canal” y miren lo que está ocurriendo en Europa respecto a las zonas de bajas emisiones y la inmigración ilegal. “Ojalá Santa Cruz pudiese ser ejemplo de ese cambio”
Noemí Campillo propone en Tacoronte la figura del Agente Tutor para proteger a los menores.
La concejal de VOX en Tacoronte, Noemí Campillo, ha presentado en el Pleno municipal una moción para la creación de la figura del Agente Tutor, una unidad especializada de la Policía Local destinada a proteger a los menores, prevenir el acoso escolar y combatir el absentismo. Para Campillo “la seguridad de nuestros hijos, el respeto a la autoridad y la protección de un entorno escolar libre de violencia son deberes ineludibles de cualquier administración responsable”.
Campillo ha expuesto con rotundidad que esta propuesta “pretende mejorar la vida de los tacoronteros, porque proteger a nuestros hijos es la primera obligación de cualquier administración responsable”, y añade: “Cada niño que sufre, cada familia que vive en silencio un problema, cada menor que abandona la escuela porque tiene miedo o porque nadie lo acompaña es un fracaso institucional, y ese fracaso no podemos permitirlo”.
Según detalla la edil, “Tacoronte ya está evidenciando señales preocupantes ya que hemos visto cómo casi 200 alumnos de quinto de Primaria han participado en actos contra el acoso escolar. Niños que reclaman protección. piden seguridad y nos recuerdan que algo no está funcionando”. En el ámbito autonómico, Campillo ha recordado que “el absentismo global supera el 5% y el abandono escolar temprano llega al 14,4%, por encima de la media nacional”, insistiendo en que “detrás de cada número hay un rostro, un hogar, una historia de dolor que pudo evitarse”.
La concejal de VOX ha afirmado que Tacoronte no dispone de estadísticas públicas actualizadas, pero que “informes previos sitúan el absentismo entre un 2 y un 8% en la ESO, lo que constituye un problema estructural”. Mientras tanto, municipios cercanos como La Orotava o Puerto de la Cruz ya han implantado el Programa Agente Tutor “con una reducción del 65% de ausencias injustificadas y resultados positivos contrastados”, ha señalado.
Campillo ha explicado que un agente tutor es un policía local con formación específica en infancia, adolescencia y resolución de conflictos. “Es el guardián que vela por la seguridad de los menores en su entorno escolar y social, la figura que previene el acoso, combate el absentismo, detecta riesgos y acompaña a las familias que orienta, protege y actúa antes de que los problemas exploten”, ha afirmado. La moción presentada por VOX solicita adherirse al Protocolo Marco del Programa Agente Tutor de la FEMP y el Ministerio del Interior, en la cual crear una unidad especializada en la Policía Local, designar un agente tutor con formación específica, elaborar un Plan Local de Actuación junto a centros educativos y servicios sociales, desarrollar actividades preventivas anuales y presentar una memoria anual de resultados
“Lo que hoy planteamos no es teoría ni populismo sino una realidad que estamos viendo en Tenerife. Además, hace unos días, un periódico de la provincia publicó que ya hay asociaciones pidiendo policías fijos en los colegios ante el aumento del acoso escolar, porque los centros no dan abasto y los menores están cada vez más expuestos”, ha asegurado Campillo, y añade: “Cuando una provincia entera empieza a pedir presencia policial estable en las aulas, es que el problema ha superado todos los límites”.
La concejal ha afirmado que “cuando las familias piden ayuda, cuando los docentes piden apoyo y cuando los menores piden seguridad, la política debe estar a la altura”. “El acoso está creciendo, la alarma está ahí, la prensa la recoge y la calle la confirma. No es un debate ideológico, es una cuestión de protección, de responsabilidad y de valentía, y Tacoronte no puede quedarse atrás, es hora es el momento de dar soluciones”, ha concluido la edil de VOX.
Sin embargo, la moción no ha salido adelante contando con el voto en contra del Partido Popular y Partido Socialista.
Christian Comellas: «Adeje no puede seguir ignorando los riesgos del narcotráfico».
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Adeje, Christian Comellas, ha llevado al Pleno dos mociones orientadas a mejorar la seguridad en el municipio. Por un lado, Comellas ha presentado una propuesta para la actualización de la señalización vial, y por otro lado, para el impulso de actuaciones municipales frente al narcotráfico y sus consecuencias en Adeje sin embargo han sido rechazadas con los votos en contra del PSOE y Podemos.
En la moción relativa a la señalización vial, Comellas ha recordado que corresponde al titular de la vía la responsabilidad de mantenerla “en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación” y de conservar “las adecuadas señales y marcas viales”. Por ello, ha reclamado la inmediata retirada y, cuando proceda, la sustitución de aquellas señales que hayan perdido su objeto o se encuentren deterioradas.
Según ha explicado Comellas, son varias las señales y marcas viales que “están muy desgastadas, inclinadas o incluso son invisibles”, lo que genera inseguridad tanto para conductores como para peatones. La moción destaca que este deterioro “dificulta al conductor la identificación adecuada de los límites de los carriles, límites de velocidad, zonas de cruce peatonal o áreas de giro”, originando riesgos y maniobras peligrosas. Por ello, entre las medidas propuestas por VOX se encuentra la revisión y actualización integral de las señales y marcas viales del municipio, la intensificación de las labores de limpieza que afectan a su visibilidad, la puesta en marcha de un plan anual de mantenimiento y la mejora integral de la carretera TF-583 Los Menores–Taucho.
Con relación a la moción sobre narcotráfico, Comellas ha expuesto que este fenómeno constituye “una de las principales amenazas para la seguridad nacional, la salud pública y la cohesión social en España” y que se ha intensificado especialmente en zonas costeras, estableciéndose Canarias como “un nuevo circuito para la introducción de la droga en toda Europa”. El edil de VOX ha citado operaciones recientes como Sombra Negra, Silbo o El Buque, con intervenciones coordinadas entre diversos organismos nacionales e internacionales, que han culminado en detenciones, registros y la incautación de grandes cantidades de droga, vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y armas. “Estas redes criminales se vinculan con otros delitos graves como el blanqueo de capitales, la corrupción, el tráfico de personas y el tráfico de armas”, apunta Comellas y denuncia su presencia en municipios como Adeje mediante la compra directa de inmuebles en efectivo, la creación de empresas pantalla, inversiones en alquiler turístico, la adquisición de fincas aisladas para usos logísticos o el uso de negocios de hostelería “como tapadera”.
Para concluir, Comellas ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” y que la lucha contra el narcotráfico debe complementarse con acciones educativas y sociales. Entre las medidas propuestas se incluyen reforzar la acción de la Policía Local contra la venta de drogas al menudeo, incrementar sus recursos materiales y humanos, impulsar acciones contra el blanqueo de capitales, promover campañas municipales de prevención dirigidas especialmente a jóvenes, fomentar la cooperación con Policía Nacional y Guardia Civil y apoyar programas de desintoxicación y reinserción social.
Alejandro Gómez: «Hoy decimos NO a las multas, sí a la libertad de conducir».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado que el Pleno del Ayuntamiento se posicione en contra de la imposición de la Zona de Bajas Emisiones. Así, la formación municipal liderada en el Consistorio por Alejandro Gómez, si bien no ha logrado que el pleno acuerde solicitar al Gobierno central la derogación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, sí ha podido parar el efecto de la ZBE con el acuerdo de que el pleno solicite al Estado la no obligatoriedad de la imposición de la ZBE a los municipios de más de 50 mil habitantes. Tal y como ha explicado el portavoz municipal de VOX, Alejandro Gómez, “lo que ha pasado hoy es el mejor ejemplo de la imposibilidad de aplicar las ensoñaciones climáticas a la vida real de los chicharreros. Los tiempos y las dinámicas de la ZBE solo coartan la libertad de los vecinos y los empobrecen”.
La iniciativa, defendida en la sesión plenaria de este viernes (28) por Gómez, sostiene que las ZBE son el resultado de un modelo normativo europeo impuesto desde Bruselas, aplicado en España por el Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Coalición Canaria (CC), y que generan restricciones a la movilidad que, según ha relacionado el portavoz de VOX, “perjudican a familias, trabajadores y pequeños autónomos”. La moción aprobada denuncia que estas políticas han incrementado allá donde se aplican el coste de la vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo.
VOX subraya que la obligación de implantar ZBE limita la autonomía local provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en “una máquina de recaudar más que una herramienta ambiental eficaz”. El pleno, con la aprobación de esta iniciativa en la que PP y CC se han visto en la necesidad de apoyar que se suprima la obligatoriedad de implantar la ZBE, expresa su rechazo a lo que VOX califica de “fanatismo climático” y a la Agenda 2030, al considerar que han generado restricciones que afectan a la libertad de movimiento, encarecen la vida y debilitan la soberanía energética e industrial del país.
Para sacar adelante la propuesta, el pleno aprobó manifestar que la actual regulación estatal que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar Zonas de Bajas Emisiones no ofrece una solución adecuada ni realista para ciudades con particularidades urbanas, sociales y económicas como Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España la supresión del artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece la implantación obligatoria de las ZBE.
VOX sostiene que las Zonas de Bajas Emisiones representan “el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad” y celebra que países como Francia hayan comenzado a cuestionar “las imposiciones del fanatismo climático”, replanteando una legislación que, según afirman, castiga a las familias y limita la libertad de movimiento.