Mariana Cueva: «Ni empleo, ni vivienda, ni comercio… ¿Para qué sirven estos presupuestos?».
La concejal de VOX en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, Mariana Cueva, votó en contra de los Presupuestos Municipales para 2026 al considerar que “carecen de objetivos claros y no responden a las necesidades reales de los vecinos”. Durante su intervención en el pleno, la edil de VOX presentó una batería de preguntas dirigidas al grupo de gobierno, estructuradas por áreas clave, con el fin de evidenciar la ausencia de planificación y de medidas concretas en las cuentas municipales.
La concejal quiso conocer qué objetivos específicos persigue el presupuesto para fomentar la inversión privada y el crecimiento del empleo, especialmente en sectores fundamentales para el municipio como la hostelería y el comercio. Asimismo, pidió aclarar qué medidas se implementarán para asegurar la continuidad y el éxito de los negocios locales, un ámbito que, según señaló, “continúa abandonado a su suerte pese a ser el motor económico de Santa Úrsula”.
También, Cueva cuestionó la falta de iniciativas dirigidas a incentivar la rehabilitación de viviendas privadas destinadas al alquiler y pidió explicaciones sobre los planes del gobierno para atraer inversiones que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para familias jóvenes. “Hablan mucho de vivienda, pero no vemos resultados ni apuestas valientes”, criticó.
En materia de infraestructuras, la edil de VOX reclamó información sobre qué nuevos proyectos se priorizan, más allá del mantenimiento habitual de calles, abastecimiento de agua o recogida de residuos. Cueva subrayó que los vecinos “merecen saber qué mejoras concretas recibirán a cambio de la creciente carga fiscal que soportan”.
Otro de los bloques de preguntas fue sobre la inversión cultural. Cuevas exigió que se garantice que los fondos destinados a cultura no se limiten a eventos esporádicos, sino que promuevan un acceso real, estable y diversificado a las artes para todos los vecinos. “La cultura debe ser un servicio, no un escaparate”, afirmó Cueva.
Finalmente, la concejal de VOX solicitó explicaciones sobre el objetivo real de la inversión destinada al deporte en los presupuestos de 2026. La edil preguntó qué medidas concretas se pondrán en marcha para ampliar el acceso a la práctica deportiva para todas las edades y perfiles, recordando que “el deporte es una herramienta esencial de salud, integración y bienestar”.
“Los presupuestos presentados “reflejan una gestión continuista, poco ambiciosa y desconectada de las necesidades de los ciudadanos”, afirmó la concejal de VOX, y concluyó: “VOX seguirá defendiendo la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de cada euro público, siempre del lado de los vecinos y de un proyecto para Santa Úrsula”.
Alejandro Gómez: «El canario no necesita promesas, necesita vivienda. Y eso se logra con suelo, ladrillo y libertad fiscal».
Canarias continúa enfrentándose a una de las mayores dificultades sociales y económicas de los últimos años: el acceso a la vivienda. La combinación de precios elevados, escasa oferta, incremento de la demanda y dificultades para ampliar el parque residencial ha situado al territorio entre las comunidades con mayor tensión habitacional de España.
Por ello, el presidente de VOX en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha alertado de que manifestaciones como las de Fernando Clavijo en la Cámara regional sobre la posibilidad de expropiar viviendas, así como las declaraciones en Rtvc del alcalde de La Laguna, Yeray Gutiérrez, apuntando al mercado como el problema de la vivienda en el Archipiélago, son “peligrosas”. El responsable de VOX en la provincia insiste en que “bajo la exposición de un problema real y el drama de la vivienda, se están introduciendo medidas de dudoso éxito que llevarán a los canarios a problemas mayores si no se atajan las soluciones reales y efectivas”.
VOX ha denunciado en el Parlamento de Canarias que ningún grupo político quiere asumir medidas profundas para resolver el acceso a la vivienda. El portavoz parlamentario, Nicasio Galván, señaló que en Canarias existen más de 200.000 viviendas frente a una demanda real de 40.000, pero el Gobierno solo ha conseguido incorporar una vivienda pese a invertir millones en un proyecto para entregar hogares.
La formación sostiene que España vive una emergencia habitacional, con una oferta de casas desplomada, precios inaccesibles y dificultades añadidas por la inseguridad jurídica y la alta presión migratoria. Con salarios medios de 1.683 euros y precios de vivienda que rondan los 246.000 euros, VOX afirma que cada vez más familias canarias no pueden comprar un hogar.
Galván criticó en pleno las restricciones a la construcción, la Ley de Vivienda y la falta de políticas eficaces de vivienda social. Su propuesta pide al Gobierno de Canarias una reducción de impuestos vinculados a la vivienda (IGIC, AJD, ITP, Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) y la ampliación de deducciones en el IRPF para compra, alquiler o rehabilitación, especialmente para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Es decir, VOX defiende que bajar impuestos, aumentar incentivos y asumir competencias autonómicas con responsabilidad permitiría avanzar hacia un Plan Nacional de Vivienda adaptado a Canarias.
Sin embargo, en sesiones anteriores en el Parlamento de Canarias, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo (CC), llegó a señalar que dentro del Plan Canario de Vivienda se había valorado la posibilidad de expropiar viviendas vacías durante más de seis meses como una medida excepcional ante la escasez del parque disponible.
Por otro lado, a nivel municipal, el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha destacado recientemente que la vivienda constituye “un drama nacional” con especial incidencia en su municipio. En una entrevista, afirmó que las soluciones requieren intervenir el mercado para evitar que la vivienda se convierta en un bien inaccesible para la población.
Para dar una solución al problema habitacional, VOX tiene claras cuáles son las medidas necesarias para mejorar la vivienda, entre los que se encuentran:
– La ampliación del suelo disponible para uso residencial, acelerando procesos urbanísticos y flexibilizando parámetros de altura y densidad edificatoria
– Simplificación administrativa y reducción de la carga fiscal asociada a la compra de suelo y a la construcción
– Derogación de medidas intervencionistas en el mercado del alquiler y refuerzo de la actuación contra la ocupación ilegal
– Regulación de las viviendas de uso turístico y fortalecimiento de las labores de inspección para combatir la oferta irregular
– Incentivos fiscales al alquiler de larga duración, así como beneficios en el IRPF dirigidos a jóvenes arrendatarios
– Impulso a la construcción de vivienda protegida, mediante fórmulas de colaboración público-privada como cesión de suelo, subvenciones, avales o créditos en condiciones ventajosas, entre otras medidas.
Estas soluciones, concluye Gómez, tienen efecto si desde la aplicación de una solución nacional hasta la dirección municipal se preserva un plan de acción efectivo con el canario como prioridad de las políticas ejercidas.
Nicasio Galván: «Canarias tapa los datos que confirman la verdad que llevamos años diciendo».
El portavoz del grupo parlamentario VOX en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, ha preguntado en el Parlamento de Canarias si el Ejecutivo regional valora solicitar la publicación de los datos de las personas detenidas, tal y como ya ha hecho la Policía Autonómica Vasca. “De nuevo”, lamenta el diputado, “ha desperdiciado el tiempo en un discurso muy político y acusatorio contra VOX, pero sin anunciar acciones ni dar datos. En definitiva, su respuesta es la misma que cuando eludió aportar el coste de un menor extranjero no acompañado por ‘no dar espacio a VOX’”. En este sentido, ha especificado que ese gasto ya se conoce y asciende hasta el momento a los 200 millones de euros en 2024.
Sobre el País Vasco, “al que tanto se refiere Clavijo cuando le conviene”, desde esta región la policía autonómica ha aportado sus datos para aportar transparencia y señalar el discurso de VOX. “Vaya si lo ha señalado”, subraya el líder de VOX en Canarias, “de hecho nos ha dado la razón en lo que llevamos diciendo más de una década. Entre enero y septiembre del año 2025, el 64% de los detenidos en la comunidad autónoma vasca eran extranjeros, mientras que la población extranjera solo alcanza el 15% en esa comunidad”. Para más datos, añadió que Cataluña se sumará a esta transparencia a la que se resiste Canarias.
Sobre las pasadas declaraciones del presidente del Gobierno canario desde Aragón en las que habló de VOX como anécdota, partido al que despreció por romper los pactos de gobierno; Galván contrapone que cuatro millones de decisiones en España no son anécdota y en que, como tantas veces se ha explicado, VOX cumplió su palabra al irse de los gobiernos por coherencia con su discurso contra la inmigración ilegal, demostrando que no están en la política por sillones. Aún fue más evidente al manifestar que las “ensoñaciones del presidente Clavijo de que VOX desaparezca se contradicen con la realidad y el sentimiento de los canarios por un cambio”.
Como suele suceder, apunta el portavoz parlamentario, “en la parte final el presidente autonómico suele abrir temas a los que desde el arco parlamentario no puedo ya responder. Por eso dice que estamos alarmando a la sociedad canaria con la inseguridad cuando solo hablamos del aumento de criminalidad que cualquier ciudadano puede contrastar en los datos del Ministerio del Interior, apela a la emotividad hablando del pasado de los canarios emigrantes en los años 50 comparando dos emigraciones diferentes y en dos contextos heterogéneos desde el desprecio a la legalidad de la que hace gala para finalmente, volver a dramatizar con un discurso emotivo sobre la infancia cuando no le duelen las 46.000 familias al borde de la pobreza en Canarias”. Así, ha concluido que “la autocrítica que recomienda debe aplicársela para poner como prioridad a los canarios”.
Alejandro Gómez: «De norma ecológica a soga fiscal: VOX denuncia la ZBE como trampa recaudatoria».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defenderá este viernes (28) una moción en la que solicita al pleno posicionarse contra la implantación obligatoria de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y reclamar al Gobierno central la derogación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. La iniciativa sostiene que las ZBE “son el resultado de un modelo normativo europeo impuesto desde Bruselas”, y aplicado en España por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), generando restricciones a la movilidad que, según VOX, están perjudicando a familias, trabajadores y pequeños autónomos.
La moción registrada por VOX denuncia que estas políticas han incrementado los costes de vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo. Además, el Grupo Municipal señala que la implantación obligatoria de esta zona ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para adaptar sus políticas a la realidad local, provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en “una máquina de recaudar más que en una herramienta ambiental eficaz”.
La moción plantea que el pleno del Ayuntamiento exprese su rechazo a las políticas que VOX califica de “fanatismo climático”, así como a la Agenda 2030, al considerar que han generado restricciones que afectan a la libertad de movimiento, encarecen la vida y perjudican la soberanía energética e industrial del país. Asimismo, solicita que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a derogar la Ley 7/2021 o, en su defecto, modificar el artículo 14.3.a) con el fin de eliminar la obligación de imponer ZBE, al entender que se trata de una medida ideológica contraria al interés de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife.
VOX afirma que las ZBE simbolizan hoy el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad, y aplaude que países como Francia hayan dado un paso atrás “cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento”.
Alejandro Gómez: «Cada vez hay más personas sin hogar y menos soluciones reales».
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha solicitado en la Comisión de Control, la comparecencia de la concejal del IMAS, Rosario González, para aclarar la situación actual del sinhogarismo en el municipio y el uso de los recursos municipales destinados a este ámbito. Gómez ha señalado que, pese a que el área ha expuesto los datos recientemente y mantiene reuniones “con diversas instituciones, administraciones y entidades”, la realidad es que el número de personas sin hogar “va en aumento y de forma preocupante en el municipio de Santa Cruz de Tenerife”.
Durante su intervención, el portavoz de VOX ha insistido en la necesidad de revisar la estrategia municipal, porque entiende que “hay que afrontar este fenómeno de otra forma distinta a la vista de la situación actual”. Además, recordó que la administración tiene que distinguir entre “quienes tienen problemas de salud mental y los que su situación económica es simplemente desfavorable”.
En este sentido, el portavoz de VOX ha defendido que esta diferenciación debe reflejarse en el uso de recursos y subvenciones. “Diversas entidades y ONG reciben fondos municipales destinados directa y precisamente a sacar personas de la calle para tener su hogar, pero que en algunas justificaciones se dedican a muchas cosas sin distinguir adecuadamente entre perfiles”, ha afirmado.
Gómez ha advertido que hay beneficiarios que no cumplen con los programas de rehabilitación o reinserción, ya ha recordado que “esas subvenciones no deben de estar destinadas a estas personas”. Además, ha señalado que los recursos deben orientarse principalmente a “las personas en situación de vulnerabilidad económica”, mientras que otras casuísticas requieren “la intervención del Servicio Canario de Salud, de su servicio específico, de sus técnicos”.
De esta forma, VOX reclama que el Ayuntamiento revise los convenios vigentes, refuerce el control de los fondos y adopte una estrategia más precisa y adaptada a los distintos perfiles de personas sin hogar en Santa Cruz.
Alejandro Gómez: «El plátano no se protege con discursos, se defiende en el terreno».
El presidente provincial de VOX en Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, acompañado por la vicepresidente provincial, Paula Jover, y el concejal en Santa Cruz de Tenerife, Luis Sosa, visitó las instalaciones de la Entidad Agrícola Decana de Canarias, La Fast, que actualmente es líder en venta de plátano de Canarias. Se trata de una de las entidades cooperativas agrarias más importantes del norte de la isla ubicada en La Orotava.
La reunión mantenida, previa a una visita por las instalaciones, dio lugar a un intercambio sobre la realidad del sector, especialmente en un momento de gran incertidumbre marcado por las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea. Durante el encuentro con el presidente de la FAST, Fernando Campos Domínguez, el gerente, Ricardo Torres, y el secretario, Antonio Pérez Bencomo, los responsables de la cooperativa expusieron las necesidades más urgentes del campo canario y las consecuencias que podría tener un cambio en el modelo de ayudas europeas.
Durante la reunión, los cargos de VOX coincidieron en que el sector atraviesa un momento decisivo y trasladó su preocupación ante un marco regulatorio que, según señalaron, “está dificultando cada vez más la actividad agraria”. En este sentido, insistieron en su crítica al Pacto Verde Europeo, al que consideran perjudicial para la viabilidad del campo en las islas. Gómez (VOX) afirmó que su formación seguirá defendiendo la soberanía alimentaria, la protección de los productores locales y el mantenimiento de un cultivo cuya continuidad garantiza el sustento de miles de familias. Para VOX el Pacto Verde Europeo es un obstáculo y exige que se reviertan o modifiquen sus efectos en España.
Tras la reunión, los representantes de VOX recorrieron las instalaciones de la cooperativa para conocer de primera mano los procesos de clasificación, empaquetado y distribución del plátano. El equipo de la FAST detalló el funcionamiento diario, así como los retos logísticos y comerciales que afrontan en un mercado cada vez más competitivo.
Nicasio Galván desenmascara las ZBE: «Una estafa ideológica que castiga al ciudadano».
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España. En concreto, se hace una referencia directa a las Zonas de Bajas Emisiones y al ‘basurazo’. Ambas medidas ya se están aplicando en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, con nefastas consecuencias para los contribuyentes de cada zona.
Cabe recordar que la primera de las medidas, las ZBE, parte de una imposición ideológica desde Bruselas que llega a nuestra nación por la laxitud del bipartidismo (PP y Psoe). En cuanto al basurazo, el gobierno socialista lo insertó en un decreto ómnibus en el Congreso con la férrea oposición de VOX. Bajo promesas compensatorias para Canarias se introdujeron “los impuestazos que hoy sufren los canarios”, ha denunciado con el portavoz de VOX en el Parlamento canario, Nicasio Galván.
Las ZBE se materializan en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, pretextos que han condicionado de forma drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.
VOX denuncia que el Gobierno de España, en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos, se haya limitado a acatar “con alegría” las órdenes de Bruselas, mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a implantar ZBE. Bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50% para 2030, se ha condenado a más de 25 millones de españoles que residen en 149 municipios.
La realidad de este plan con enfoque preservacionista es que hoy día miles de canarios se ven obligados a sustituir sus vehículos por otros “etiquetados” por la Dirección General de Tráfico, con precios inaccesibles para la mayoría —un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros más que uno de gasolina-.
El ‘basurazo’
En la misma línea de imposiciones verdes, Bruselas adoptó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Para trasponer esta normativa el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal, que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bajo el engañoso principio de “quien contamina, paga”, se obliga a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica. En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por hogar, un incremento del 16,2% respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década. Y lo más grave: esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos años.
El panorama, explican en el texto de la PNL desde el grupo, no es fatalista, pues es reversible ya que en otras comunidades se han logrado detener o frenar estas imposiciones.
Por todo, ello, el GPVOX en Canarias instará al Parlamento de Canarias a:
- Manifestar su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
- Instar al gobierno de la Nación a revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles.
- Instar al gobierno de la Nación a anular la normativa que ha implantado “el basurazo”.
- Mostrarse favorable a que se reviertan todas las ZBE aprobadas en los municipios de nuestra región o que, en su caso, queden sin efecto y no se impongan sanciones a los vecinos.
Tal y como apostilla Galván, “es cuestión exclusivamente de voluntad política, de si queremos asfixiar a impuestos a nuestros ciudadanos o les permitimos holgura para hacer uso de sus finanzas, pues la administración debe de revisar su gestión propia antes de seguir recaudando como solución para todo”.
Rodríguez Pardo exige un plan de ayudas para los comerciantes afectados por la obra paralizada.
El portavoz de VOX en San Cristóbal de La Laguna, Manuel Rodríguez Pardo, ha presentado en el Pleno una moción para exigir responsabilidades y acciones inmediatas ante la paralización y el retraso de las obras del Barranco La Carnicería, “que están generando graves perjuicios económicos y sociales al comercio local y a los vecinos de la zona”, ha señalado.
Rodríguez Pardo ha recordado que esta obra del soterramiento del Barranco de la Carnicería ha pasado por presupuestos generales y no se ha llevado a término. Sin embargo, “en enero nos encontramos con toda la fanfarria, se hizo un anuncio, los concejales fueron allí, se pusieron un casco amarillo y sacaron fotos e hicieron una representación ante la prensa”, ha señalado el edil.
El portavoz de VOX ha lamentado que, a pesar de que en ese momento se cerró aquel espacio y se quitaron unos 200 aparcamientos, “hasta julio esa obra ha estado completamente parada”. “A principios de julio nos encontramos, sorpresivamente, con que aparecen tres obreros y una pala mecánica que estuvo más de un mes allí con solo tres operarios haciendo unos movimientos de tierra realmente mínimos”, ha señalado Rodríguez Pardo, y añade: “Tras varias quejas por parte de los vecinos ha aparecido la instalación de los famosos micropilotes”.
Rodríguez Pardo ha denunciado que solo hay una máquina instalando esos micropilotes “cuando podemos decir abiertamente que somos una de las provincias que tiene mayores infraestructuras de construcción y, sin embargo, se está utilizando tan solo una máquina para introducir los micropilotes”. “Los vecinos del entorno, sobre todo los que tienen negocios, los que ven su facturación reducirse, temen despedir gente, incurrir en deudas y posiblemente incluso cerrar, incluso la bancarrota”, ha afirmado el concejal.
El edil de VOX ha recordado que en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015 se reconoce el derecho a ser indemnizado por daños derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que en el artículo 34.1 de la misma norma se establece que esa responsabilidad patrimonial requiere un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. “Y, a continuación, el artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa nos recuerda la obligación de la expropiación indirecta cuando una actuación pública provoca una afectación grave, continuada y específica sobre una actividad económica”, afirma, y añade: “Eso creo que, en justicia, deberíamos compensar”.
Por todo ello, Rodríguez Pardo ha exigido al grupo de gobierno la habilitación inmediata de aparcamientos alternativos y accesos provisionales con el objetivo de mitigar el impacto que la paralización y el retraso de la obra están causando en el comercio local; entregar a un órgano técnico independiente un informe urgente que evalúe los daños económicos ocasionados a comerciantes y autónomos con el fin de establecer un plan de compensaciones, exenciones fiscales y ayudas directas; exigir la publicación de un calendario oficial, realista y verificable de la ejecución de la obra, con plazos concretos, finalizaciones y compromisos firmes, de modo que los vecinos y los comerciantes no sigan padeciendo una situación de indefinición y retraso, así como solicitar la creación de una mesa de seguimiento de la obra con participación de representantes municipales con el fin de garantizar la transparencia de la información periódica y la búsqueda de soluciones conjuntas.