Esther Núñez cuestiona la estrategia del Ayuntamiento de Segovia ante la Policía Local.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno con el objetivo de esclarecer la gestión del actual conflicto laboral con la Policía Local y las decisiones adoptadas por el Consistorio para imponer servicios extraordinarios mediante decretos.
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, exige «que el partido popular y el alcalde Mazarías, reevalúen la situación de inmediato». Además desde el grupo municipal piden «que empiecen a dar en pasos de acercamiento» para resolver un problema que, según ha explicado, «está teniendo consecuencias en la seguridad ciudadana».
Desde VOX advierten de que esta forma de actuar puede acarrear importantes riesgos jurídicos y económicos para el Ayuntamiento. En este sentido, el grupo municipal pregunta si se han evaluado las posibles consecuencias legales derivadas de forzar la prestación de servicios extraordinarios, especialmente en el caso de que dichas decisiones sean recurridas ante los tribunales, con el consiguiente impacto negativo para las arcas municipales. Núñez ha señalado que «imponer servicios extraordinarios a base de decretos, no es una solución» y que esta práctica puede derivar en «indemnizaciones que terminaran pagando todos los segovianos, como ya ha ocurrido en otras ciudades».
Asimismo, VOX cuestiona la coherencia del discurso del equipo de gobierno, recordando que, en un Pleno municipal, ante preguntas del Grupo Municipal de VOX, el concejal de Seguridad Ciudadana llegó a negar que la seguridad ciudadana fuera competencia suya y de la Policía Local, atribuyéndola a la Policía Nacional. Sin embargo, ahora el Ayuntamiento utiliza precisamente la seguridad ciudadana como argumento principal para imponer servicios extraordinarios a los agentes en pleno conflicto laboral.
Otra de las cuestiones planteadas por la portavoz de VOX se centra en la ausencia de diálogo con los representantes de los agentes. El grupo municipal pregunta qué medidas concretas piensa adoptar el Ayuntamiento para resolver el conflicto si no existe voluntad de negociación y en qué plazos se prevé restablecer una vía real y efectiva de diálogo con la Policía Local.
Por último, VOX cuestiona la sostenibilidad de la estrategia seguida por el equipo de Gobierno, basada en la imposición reiterada de servicios extraordinarios mediante decretos. La portavoz considera «gobernar a base de imposiciones no es la vía, ni es el cauce adecuado».
Núñez ha aclarado, que la Policía Local, «no está pidiendo privilegios, sino una serie de reivindicaciones históricas». Desde VOX insisten en la necesidad de una gestión responsable, transparente y basada en el diálogo, que garantice tanto la seguridad de los segovianos como el respeto a los derechos laborales de los agentes y la correcta administración de los recursos públicos.
Esther Núñez: «No basta con aprobar acuerdos, hay que cumplirlos y explicarlos»
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno del mes de diciembre con el objetivo de exigir la evaluación, publicación y seguimiento del grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios aprobados durante la legislatura 2023-2027.
La portavoz del Grupo Municipal de VOX, Esther Núñez, ha recordado que el Pleno es el máximo órgano de representación política de los vecinos y que los acuerdos que en él se aprueban «no deben quedarse en un debate o en un mero posicionamiento político, ni en una declaración sin efectos prácticos». Desde VOX explican que los vecinos «entienden que, cuando una iniciativa es aprobada por el Pleno, existe un compromiso real de llevarla a cabo, e incluso la perciben como una decisión de obligado cumplimiento para quienes gobiernan, en la medida en que ha sido respaldada por el máximo órgano de representación municipal».
«Siendo conscientes de que el voto favorable a una moción o propuesta no tiene carácter jurídicamente vinculante en sentido estricto, ello no exime al equipo de gobierno de su responsabilidad política respecto a los acuerdos aprobados por el Pleno», ha señalado Núñez.
La moción pone de manifiesto que, una vez superado el ecuador de la legislatura, no existe información clara, sistematizada y accesible que permita a los vecinos conocer qué acuerdos plenarios se han cumplido, cuáles se encuentran en ejecución y cuáles no se han llevado a cabo, ni las razones de ello. Esta falta de rendición de cuentas, señalan desde VOX, «genera una contradicción institucional evidente: se debaten y aprueban acuerdos en el Pleno, pero posteriormente no existe una rendición de cuentas ordenada sobre su grado de ejecución, sus plazos, sus responsables o las causas que han impedido su cumplimiento».
En la iniciativa presentada, VOX explica que durante la legislatura su grupo municipal, junto al resto de grupos políticos, ha impulsado numerosas propuestas que han sido aprobadas por el Pleno en ámbitos como la mejora de los barrios, la movilidad, la accesibilidad, la seguridad, la protección del patrimonio, el apoyo a las familias o la transparencia en la gestión municipal. Sin embargo, Núñez denuncia que «no existe a día de hoy una información clara, sistematizada, accesible y verificable que permita conocer el grado real de cumplimiento de los acuerdos plenarios aprobados».
Por todo ello, la propuesta de VOX insta al equipo de gobierno a elaborar y remitir, en un plazo máximo de tres meses y sin incremento de gasto público, un informe completo y verificable sobre el cumplimiento de todas las mociones y propuestas aprobadas en el Pleno durante la legislatura. Dicho informe deberá detallar, entre otros aspectos, la fecha de aprobación de cada acuerdo, el área responsable, su estado de ejecución, las actuaciones realizadas, las causas de retraso o incumplimiento y el calendario previsto.
Asimismo, VOX solicita que este informe sea público a través de los canales municipales y que se actualice de manera periódica. Núñez ha explicado que esta iniciativa pretende «garantizar un ejercicio real de transparencia y respeto a la voluntad expresada por el Pleno y por los vecinos de Segovia».
VOX exige en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación de Segovia la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V‑16 por falta de evidencia técnica.
VOX ha registrado iniciativas en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación Provincial de Segovia para instar al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad de la baliza V‑16, ante la ausencia de estudios independientes que acrediten su eficacia en materia de seguridad vial y el impacto económico que esta medida supone para familias y empresas españolas.
El Grupo Parlamentario VOX ha presentado en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación Provincial de Segovia una iniciativa para exigir la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V‑16, cuya entrada en vigor está prevista por el Real Decreto 159/2021 y la Instrucción MOV 2025/1 de la Dirección General de Tráfico (DGT). En la institución provincial, la moción será debatida en el próximo pleno ordinario de diciembre.
La formación política sostiene que esta obligación impone una carga económica innecesaria a millones de familias y empresas españolas, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida, sin que exista una justificación técnica sólida ni estudios independientes que avalen su eficacia real en seguridad vial.
La procuradora de VOX por Segovia en las Cortes de Castilla y León, Susana Suárez, ha denunciado la clara desigualdad normativa que introduce esta obligación, al aplicarse únicamente a los vehículos matriculados en España, mientras los vehículos matriculados en el extranjero quedan exentos del mandato.
Por su parte, el diputado provincial de VOX en Segovia, Pedro Varela, ha señalado la incapacidad del Gobierno para ayudar a las familias en momentos económicamente difíciles. “La obligación de utilizar la baliza V‑16 impone una carga económica injustificada para los segovianos, que ya tienen bastantes problemas como consecuencia de las políticas de este Gobierno y del bipartidismo”, ha declarado.
VOX también ha puesto de manifiesto la deficiente comunicación del Ejecutivo sobre esta norma: una gran parte de los conductores desconoce su entrada en vigor y las sanciones vinculadas, lo que está provocando la compra de dispositivos no homologados y el consecuente riesgo de sanciones. Además, han planteado dudas técnicas sobre la visibilidad real de la baliza, su ineficacia en vehículos industriales, su dependencia de conectividad móvil y su comportamiento en condiciones meteorológicas adversas.
La formación ha advertido, igualmente, de que la obligatoriedad de la baliza V‑16 puede fomentar comportamientos contrarios a los protocolos de seguridad vial, como permanecer dentro del vehículo tras una avería, algo que incrementa el riesgo de sufrir accidentes graves.
Varela ha recalcado el impacto económico de esta medida en la provincia de Segovia: “Si tenemos en cuenta que hay unos 115.000 vehículos matriculados y un coste medio por baliza de unos 30 euros, con un IVA del 21 %, esta medida supone al menos **600.000 euros que el Gobierno detrae directamente de los bolsillos de los segovianos, para además ponerlos en peligro por su menor visibilidad frente a los tradicionales triángulos de emergencia”.
Esther Núñez: «Eliminar EVISEGO fue, es y será nuestra promesa electoral».
La portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha valorado ante los medios de comunicación los acuerdos adoptados en la Junta General de EVISEGO celebrada hoy, en la que se ha aprobado una ampliación de capital por valor de 653.000 euros. VOX ha reiterado su rechazo frontal a la continuidad de esta entidad municipal, a la que considera «un pozo sin fondo».
Según ha denunciado Núñez, EVISEGO fue creada por el PSOE y el Partido Popular, «la sigue manteniendo» a pesar de haber manifestado en varias ocasiones su intención de convertirla en medio propio. «A día de hoy, tras esta Junta General, vemos que no tienen ninguna intención de hacerlo», ha señalado.
VOX sostiene que los recursos públicos destinados a esta empresa deberían dirigirse a necesidades prioritarias de la ciudad, como el mantenimiento urbano o la mejora de la limpieza, cuestiones que, según la portavoz, “demandan todos los vecinos, cuando visitamos los distintos barrios”.
El grupo municipal recuerda que la supresión de EVISEGO figura en su programa electoral y ratifica su compromiso de seguir defendiendo “rotundamente y contundentemente” la eliminación de esta entidad. A juicio de VOX, la gestión de las viviendas sociales que actualmente realiza EVISEGO podría asumirla directamente la Concejalía de Urbanismo, evitando así mantener “una empresa deficitaria”.
Núñez ha defendido que el dinero que se dedica a EVISEGO “ese dinero público revierta en lo que realmente importa a los segovianos y es en su ciudad”
Respecto al estudio de viabilidad de EVISEGO, la portavoz ha trasladado las dudas de su grupo municipal. Según ha explicado, el concejal González Salamanca “no ha definido claramente el plan tienen y como lo van a convertir en medio propio”, y VOX incluso cuestiona que dicha transformación pueda llevarse a cabo legalmente. Desde VOX consideran que están estirando un problema “para que pase el tiempo y seguir manteniendo la empresa. Creemos que el Partido Popular no está siendo valiente y no quiere afrontar su eliminación”, ha concluido.
Susana Suárez: «Libros para adoctrinar, no para educar: el plan del PSOE al desnudo».
La procuradora de VOX en las Cortes de Castilla y León, Susana Suárez, ha denunciado con dureza la propuesta del Partido Socialista de entregar “libros gratis” a escolares diciendo que la medida pretende tapar décadas de deterioro educativo y económico. Según Suárez, el anuncio llega sin un estudio económico, sin un modelo sostenible, y sin explicar de dónde saldrán los recursos necesarios.
“Llevan décadas arruinando a las familias, imponiendo leyes que hunden el nivel educativo —y ahora quieren hacerse la foto regalando libros con el dinero de los demás”, afirmó.
Críticas al sistema autonómico y a la falta de apuesta por la libertad
Para la procuradora de VOX, el problema no radica solo en los libros, sino en un sistema fragmentado: 17 sistemas educativos diferentes que, según ella, han demostrado ser “un total fracaso”. Suárez reprocha que la propuesta socialista solo busca la gratuidad económica, sin garantizar la libertad de elección de los padres, ni la neutralidad ideológica en los contenidos de los libros.
“No se puede presumir de defender a las familias mientras se castiga su libertad de elección, y se atenta contra la educación concertada”, subrayó.
Por otro lado, hizo hincapié en la falta de transparencia sobre cómo se financiaría ese coste adicional en Castilla y León. Preguntó en voz alta: “¿De dónde proponen ustedes que se recorte? ¿De los sindicatos, de las políticas de género, de las políticas climáticas?” Considera, según sus palabras, que el PSOE es responsable de que “muchas familias vivan cada septiembre un auténtico calvario para pagar los libros”.
La propuesta de VOX: ayudas reales, libertad, coherencia
Villagrá defendió que VOX está a favor de avanzar hacia una mayor gratuidad de los libros de texto —pero sin “falsas promesas ni gasto ideológico”. Según VOX, debe garantizarse que, vivan donde vivan, los niños tengan las mismas oportunidades en toda España.
En concreto, planteó las siguientes prioridades:
- Más ayudas directas a las familias —no subvenciones generalizadas ni gasto superfluo en “chiringuitos ideológicos”.
- Defensa de la libertad de elección educativa: el derecho de los padres a elegir centro y modelo.
- Educación sin adoctrinamiento: garantías de neutralidad ideológica en los contenidos escolares.
- Economía doméstica saneada: menos impuestos, menos carga fiscal, y estabilidad para las familias.
“Queremos más libros para enseñar y menos para adoctrinar; más sentido común y menos socialismo”, concluyó Villagrá.
Susana Suárez: «A Segovia no llega el tren, pero sí el castigo ideológico del Gobierno».
La Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes de Castilla y León ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno de España el restablecimiento de las paradas de Alta Velocidad en Segovia en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, así como la vuelta a los horarios anteriores. Además, solicitan que se incremente de manera inmediata la frecuencia de los trenes AVANT, que cubren la línea Madrid-Segovia-Valladolid. La iniciativa fue aprobada con el único voto en contra del Partido Socialista (PSOE).
La procuradora de VOX por Segovia, Susana Suárez, ha denunciado el “grave perjuicio” causado por la supresión de varias paradas de trenes de alta velocidad adoptada por Renfe el pasado mes de junio, una medida que, según ha señalado, respondió a “presiones” del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.
El grupo parlamentario de VOX ha recordado que la decisión se tomó “de forma unilateral, sin diálogo previo ni consideración hacia las administraciones y ciudadanos de los territorios afectados”, lo que ha supuesto la pérdida de entre cinco y seis frecuencias diarias de AVE entre Segovia y Madrid y la eliminación de la conexión directa con Galicia. Este cambio obliga a los viajeros segovianos a desplazarse primero a Madrid para, después, volver a pasar por su propia estación sin parada, en un recorrido “ilógico que multiplica el tiempo, el coste y las molestias”.
Suárez ha subrayado que esta reducción de servicios perjudica a miles de segovianos que dependen del tren para trabajar o estudiar en Madrid, Valladolid y otras ciudades, y también a quienes necesitan desplazarse por motivos médicos o para acceder a vuelos desde la capital. La representante de VOX ha advertido de que la medida “parece buscar aislar a Segovia” y dificulta que muchos trabajadores puedan elegir la provincia como lugar de residencia.
VOX ha denunciado además la “terrible” situación del ferrocarril en España, marcada por recortes, desigualdades territoriales y un aumento de los retrasos, lo que convierte el tren en “una auténtica odisea”. Suárez ha reiterado que las infraestructuras ferroviarias son “estratégicas y esenciales” y deben ser “prioritarias en las políticas públicas, por encima de criterios meramente económicos o políticos”, dado su papel en la lucha contra la despoblación.
Pedro Varela: «Cada euro del presupuesto debe estar al servicio de los segovianos».
El diputado provincial de VOX en la Diputación de Segovia, Pedro Varela, ha registrado un total de 24 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales de la institución para el 2026.
Según ha explicado el portavoz, el objetivo de estas enmiendas es garantizar “un uso más eficiente, responsable y ajustado del dinero público”. Por ello, VOX propone una reducción del gasto por valor de 444.500 euros, así como la reorientación de recursos hacia planes que impulsen la economía y mejoren los municipios de la provincia.
Varela ha planteado la disminución de diversas partidas como gastos de publicidad, atenciones protocolarias, material de oficina e informático no inventariable, publicaciones y otros gastos diversos ya que aunque son gastos de funcionamiento “se pueden reducir sin afectar al funcionamiento de los servicios de Diputación” Además, ha insistido en que “es necesario examinar cada euro gastado, dado que pertenece a los ciudadanos”.
Las enmiendas también recogen la disminución de aportaciones a determinadas fundaciones y entidades cuya actividad, según VOX, “no tiene un impacto real en la provincia sino que parece responder a compromisos políticos ajenos a las necesidades de los segovianos”.
Asimismo, VOX solicita revisar las líneas de Ayudas al Desarrollo y a la Inmigración ilegal. Varela ha señalado que “no consideramos adecuado seguir subvencionando ONG que fomentan la inmigración ilegal”. En materia de igualdad, el grupo propone eliminar la partida destinada a actividades municipales, al considerar que tienen un “escaso impacto real”.
La formación defiende que los fondos liberados deberían destinarse a financiar dos líneas principales: un Plan de Ayuda a la Rehabilitación y Mejora de Espacios Industriales, con el objetivo de “favorecer la conservación de espacios industriales en los municipios, apoyar al sector industrial y agroalimentario, fomentar el empleo y contribuir a combatir la despoblación”; y un Plan de Rehabilitación de Inmuebles en Ruinas, ya solicitado por VOX en una moción presentada en el mes de mayo, para apoyar a los pequeños ayuntamientos en la recuperación de edificios en ruinas que deterioran los centros urbanos y suponen un riesgo para vecinos y construcciones colindantes.
Por último, VOX propone un reparto “más justo y equilibrado” de los fondos destinados a actividades culturales estivales, con un aumento de la partida asignada a los Veranos Culturales del Real Sitio de San Ildefonso.
Esther Núñez: «Si hay dinero para obras, debe haberlo para salvar al comercio».
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una moción para reclamar medidas urgentes de apoyo a los comercios y vecinos afectados por las obras de renaturalización que se están ejecutando de forma simultánea en las cuatro plazas principales del barrio de Nueva Segovia.
La portavoz de VOX, Esther Núñez, ha explicado que las obras, iniciadas en septiembre de 2025, «están generando un impacto económico y social de gran magnitud sobre el comercio local y sobre la vida cotidiana de los residentes». Núñez ha señalado que esta intervención urbanística «por su escala, complejidad y simultaneidad, excede ampliamente la afección habitual de una obra municipal».
Desde VOX han denunciado que en la zona afectada existe «una veintena de comercios, pequeños negocios, muchos de ellos de carácter familiar, cuya actividad depende en gran medida del tránsito peatonal, la visibilidad y la accesibilidad inmediata. Este tejido económico, especialmente vulnerable, no dispone de capacidad financiera suficiente para soportar meses de caída continuada de ingresos provocados por obras de larga duración».
Los comerciantes y vecinos han trasladado a VOX los problemas derivados del desarrollo de las obras: disminución drástica del tránsito peatonal; caída de las ventas superiores al 40–60%; dificultad de acceso; pérdida de visibilidad de los locales; ruido, polvo y molestias constantes; restricciones de movilidad y complicaciones en las labores de carga y descarga.
Núñez ha destacado que la simultaneidad de las cuatro obras, unida a la obligación de finalizarlas antes del 31 de diciembre de 2025 por su cofinanciación con Fondos Sociales Europeos, «introduce una presión añadida sobre el desarrollo de los trabajos». Comerciantes y vecinos dudan de que finalicen en el plazo establecido, lo que genera «incertidumbre económica y el riesgo real de cierres definitivos de negocios».
«El Ayuntamiento tiene la obligación de proteger la actividad económica local cuando una intervención municipal genera un perjuicio objetivo y significativo, especialmente cuando afecta a comercios de proximidad, autónomos y pequeñas empresas que sostienen el empleo, la convivencia y el tejido social del barrio», ha señalado Núñez.
Desde VOX consideran «imprescindible la adopción de medidas urgentes y realistas» por parte del Ayuntamiento de Segovia para «minimizar las pérdidas» de los comerciantes del barrio. Por ello, solicitan en su moción la puesta en marcha de un Plan de Apoyo y Visibilidad al Comercio de Nueva Segovia, destinado a «mitigar los efectos negativos derivados de las obras de renaturalización de las cuatro plazas». Este plan incluiría acciones de promoción del comercio local, mejoras en la señalización para facilitar el acceso y la visibilidad de los establecimientos, campañas de difusión y medidas que favorezcan la afluencia peatonal.
Además, piden que se elaboren «informes técnicos y jurídicos en los que se analice la viabilidad de adoptar medidas fiscales de carácter temporal, incluyendo (sin carácter exhaustivo) reducciones, exenciones, bonificaciones, aplazamientos o compensaciones, conforme a la normativa vigente, con el fin de aliviar los perjuicios económicos ocasionados a los comercios afectados», así como que en los futuros presupuestos municipales se incorpore «una línea de ayudas» para paliar el impacto económico de las obras.
Finalmente, reclaman que el Ayuntamiento de Segovia impulse una ordenanza o normativa municipal que establezca un marco regulador estable, objetivo y previsible para activar medidas de apoyo económico y fiscal a los comercios cuando una obra municipal supere un determinado periodo de duración y genere afecciones graves y comprobadas. Asimismo, solicitan que se dé traslado de los acuerdos a los comerciantes afectados del barrio.