Actualidad Política

11 de noviembre de 2026

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El diputado del PP en la Asamblea de Madrid denuncia que el impuesto digital ha recaudado apenas 1.550 millones de euros frente a los 4.840 millones previstos entre 2021 y 2025.

La llamada tasa Google vuelve a poner en cuestión la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez. Cinco años después de su entrada en vigor, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales acumula una recaudación muy inferior a la prevista inicialmente, mientras un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) advierte de que sus costes económicos podrían superar los beneficios recaudatorios. Un balance que ha provocado una dura reacción de Ángel Alonso, diputado del Partido Popular y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, quien ha resumido su valoración con una contundente expresión: «Otra chapuza fiscal».

Alonso ha cuestionado públicamente los resultados del impuesto y ha destacado que, frente a una previsión cercana a los 5.000 millones de euros durante cinco ejercicios, apenas se han ingresado 1.500 millones. El parlamentario popular también ha denunciado que la medida genera inseguridad jurídica y costes comerciales y regulatorios que, a su juicio, perjudican la digitalización y la competitividad de la economía española.

Una recaudación muy lejos de las previsiones

Según el informe del IEE, presentado el pasado 4 de noviembre, la tasa Google recaudó aproximadamente 1.550 millones de euros entre 2021 y 2025, frente a los 4.840 millones que habría ingresado de cumplirse las previsiones oficiales iniciales. La diferencia alcanza los 3.290 millones de euros, una desviación que reabre el debate sobre la eficacia de este tributo.

Solo en 2025, el impuesto generó alrededor de 410 millones de euros, el 42 % de los 968 millones anuales previstos cuando se diseñó la medida. Para el IEE, estas cifras demuestran que el gravamen no ha conseguido alcanzar sus objetivos recaudatorios ni resolver los problemas fiscales asociados a las grandes plataformas digitales.

Las empresas españolas, entre las perjudicadas

El estudio también cuestiona que el coste del impuesto recaiga exclusivamente sobre las multinacionales tecnológicas. Según sus estimaciones, parte de la carga se traslada a anunciantes, vendedores y desarrolladores mediante recargos en los servicios digitales, con un sobrecoste anual para las empresas españolas situado entre 160 y 230 millones de euros.

El IEE advierte de que las pequeñas y medianas empresas pueden verse especialmente afectadas, al contar con menor capacidad de negociación frente a las plataformas. Esta situación, sostiene el organismo, puede frenar la inversión tecnológica y dificultar la modernización empresarial.

Alonso cuestiona la gestión fiscal del Gobierno

Las conclusiones del informe han servido a Ángel Alonso, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, para endurecer sus críticas al Ejecutivo. El diputado popular considera que la tasa Google representa un ejemplo de una política tributaria que no alcanza los ingresos anunciados y termina generando nuevas dificultades para el tejido productivo.

El Instituto de Estudios Económicos propone una derogación gradual, ordenada y condicionada del impuesto, vinculada a avances en un acuerdo fiscal internacional o a garantías que eviten posibles represalias comerciales.

El debate vuelve así a situar sobre la mesa una cuestión central: si un impuesto recauda mucho menos de lo previsto y genera costes adicionales para la economía, ¿hasta qué punto está cumpliendo los objetivos que justificaron su aprobación?

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