Pablo Sáez: «El Gobierno no supo gestionar ni el dinero ni la emergencia sanitaria».
El diputado de VOX, Pablo Sáez, ha intervenido este martes en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas durante el debate de dos informes relativos a la gestión de los fondos COVID y los efectos de la pandemia sobre los ingresos municipales.
Sáez ha recordado que la pandemia “produjo más de 121 mil fallecidos y afectó a casi 14 millones de personas en nuestro país”, y ha subrayado que fue un periodo “en el que el Gobierno declaró dos estados de alarma y un cierre del Congreso que fueron declarados inconstitucionales”.
Durante su intervención, el diputado ha explicado que fue “un momento en el que no hubo una respuesta nacional unificada ni coordinada”, en el que “pudimos comprobar la falta de autonomía industrial de España y la escasez de equipos protectores”, y en el que “observamos retrasos en la compra de materiales y equipos de protección, materiales en muchos casos defectuosos”.
Asimismo, ha denunciado “compras en muchos casos pagadas con sobreprecio y con jugosas comisiones de las que, presuntamente, se beneficiaron dirigentes socialistas”, y ha recordado que “el Gobierno no activó medidas preventivas a pesar de tener alertas claras, un gobierno capaz de anteponer cuestiones políticas e ideológicas a la protección de los españoles”.
“Hablamos de una crisis en la que nadie ha asumido ninguna responsabilidad política ante una actuación negligente”, ha advertido Sáez.
Fondos sin ejecutar y falta de indicadores
Sobre el Informe de Fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III, Sáez ha destacado que el Tribunal de Cuentas “señala que casi un 17% del Fondo COVID-19 no llegó a ejecutarse”. “No podemos entender que, en plena pandemia, cuando cada euro era vital para la investigación, la innovación y el refuerzo de la sanidad, una parte importante del dinero se quedará sin utilizar”, ha concretado.
Sáez ha añadido que “no resulta posible el análisis de la eficacia de las subvenciones en cuanto a su contribución a alcanzar los objetivos previstos debido a la ausencia de un sistema de indicadores que permita medir la consecución de los objetivos”, y que “no se definieron indicadores para la medición de la eficiencia del Fondo COVID-19, ni tampoco constan informes ni estudios a este respecto”.
Impacto económico y gestión municipal
En relación con el Informe sobre los efectos de la COVID-19 sobre los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, Sáez ha explicado que “la mayoría de los ayuntamientos no remitieron la información preceptiva a comunicar al Ministerio de Hacienda y Función Pública o bien la información comunicada era incompleta”.
El diputado ha concretado además que “el PIB registró un descenso del 11,3 por 100 en 2020, la mayor caída dentro de la UE”, y que “hay comercios que, cinco años después, no han conseguido recuperar el nivel de ventas previo al COVID”.
Por último, ha destacado que “en el año 2020, el cierre de empresas superó el de altas de nuevas empresas por primera vez desde 2014, según el INE”.
Juan José Aizcorbe: «Los españoles merecen saber cuánto cuesta realmente la inmigración ilegal».
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes la solicitud presentada por VOX para que dicho órgano elabore un Informe de fiscalización sobre los gastos realizados por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en materia de inmigración ilegal.
La iniciativa ha sido defendida por el diputado de VOX por Barcelona, Juan José Aizcorbe, quien ha recordado durante su intervención que “en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en 2019, Santiago Abascal puso sobre la mesa un problema que entonces muchos negaban y que ya nadie discute como es la inmigración ilegal”.
Aizcorbe ha señalado que “cada año, el Estado, las autonomías y los ayuntamientos destinan cientos de millones a sostener la inmigración ilegal, pero no existe un dato global”, denunciando que “nadie se atreve a dar las cifras” y subrayando que este gasto público se reparte entre “sanidad, educación, vivienda social, ayudas, subvenciones a ONGs y programas de integración que nadie evalúa”.
Durante su intervención, el diputado de VOX también ha explicado que “la inmigración ilegal adopta muchas formas: la entrada clandestina, la estancia irregular, el fraude y el delito”. “Todas dañan a los españoles que pagan y cumplen la ley, y también a los inmigrantes legales que exigen una inmigración ordenada y justa”, ha hecho hincapié.
Aizcorbe ha insistido en que los más perjudicados por esta situación son “los más humildes: urgencias colapsadas, aulas saturadas, vivienda tensionada y barrios desfigurados”. Asimismo, ha criticado el discurso político dominante en esta materia, señalando que “se repite el mismo dogma: ‘la inmigración nos paga las pensiones’. Una falsa consigna para quienes prefieren no mirar las cifras y huir de la verdad”, ha criticado.
El diputado ha concluido su intervención destacandola necesidad de transparencia y rendición de cuentas: “Ha llegado el momento de exigir cuentas sobre la inmigración ilegal que se jalea con regularizaciones masivas. Ya no bastan los silencios ni las medias verdades. La verdad, si no es toda, se convierte en mentira. Y los españoles merecen la verdad del coste de la inmigración ilegal”.