El Ayuntamiento de Almassora ha recibido el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en respuesta a la consulta facultativa planteada sobre la aplicación del decreto ley 6/2025 del Consell, relativo a medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, una norma que el consistorio considera que podría perjudicar los intereses de los vecinos de la playa que residen en las inmediaciones del polígono petroquímico del Serrallo, ubicado en el término municipal de Castelló.
En sus conclusiones, el CJC considera que la introducción de la denominada zona de transición entre usos —figura que ha suscitado la preocupación del Ayuntamiento— no incurre en indefinición jurídica, al establecerse un sistema de determinación caso a caso, sustentado en informes técnicos y auditorías obligatorias. No obstante, el órgano consultivo realiza serias advertencias sobre la necesidad de acotar con rigor su aplicación, así como de implantar controles estrictos, periódicos y mecanismos de compensación efectivos para los vecinos afectados.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha valorado el dictamen como “un respaldo claro a la preocupación legítima que venimos manifestando desde el Ayuntamiento”, subrayando que, aunque el CJC no declara ilegal la zona de transición, “advierte de manera muy contundente que su aplicación exige controles exhaustivos, máximo rigor técnico y medidas compensatorias reales para los residentes afectados”.
Controles reforzados, auditorías y compensaciones
El dictamen del CJC señala que la ausencia de una delimitación normativa previa no genera indefensión para los vecinos, ya que la figura no pretende una delimitación abstracta, sino que solo es aplicable cuando concurren requisitos muy concretos, que deben acreditarse mediante estudios acústicos y declaraciones responsables, supervisados por el órgano ambiental competente. Asimismo, el régimen prevé controles reforzados, auditorías anuales y posibles medidas compensatorias, con el objetivo de proteger el derecho al descanso y a la salud.
El órgano consultivo formula además advertencias expresas a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, autoridad competente en esta materia, ante la solicitud presentada por la Asociación INDES, que agrupa a empresas del Serrallo, para el reconocimiento de dicha zona de transición.
El CJC advierte de que esta figura implica aceptar niveles de inmisión acústica superiores a los del uso residencial, al eximir a la actividad industrial de límites más restrictivos, lo que puede poner en riesgo derechos fundamentales si la Administración no actúa con un control exhaustivo, continuo y técnicamente riguroso.
Obligaciones de la Administración ambiental
El dictamen recuerda que la Administración está obligada a exigir las mejores técnicas disponibles, reducir al máximo la zona afectada y imponer medidas compensatorias, advirtiendo de que, si estas garantías no se aplican con rigor, la zona de transición puede convertirse en una desprotección acústica estructural, contraria a la Ley 7/2002 y a los principios constitucionales de protección del domicilio y la salud.
Asimismo, señala que aceptar zonas de transición extensas, mal justificadas o sin revisión periódica podría suponer una disfunción constitucional, al implicar un sacrificio desproporcionado de los derechos de los residentes frente al beneficio industrial, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Ayuntamiento, del lado de los vecinos
Tras conocer el dictamen, la alcaldesa María Tormo ha reiterado que el Ayuntamiento “siempre va a estar del lado de los vecinos de la playa y va a defender, con todos los instrumentos legales a su alcance, su derecho al descanso, a la salud y a una calidad de vida digna”.
Tormo ha sido tajante al señalar que Almassora “no va a aceptar ninguna decisión que suponga una merma de los derechos de nuestros vecinos en beneficio de intereses industriales”, y ha insistido en que “la convivencia entre actividad industrial y residencial solo es posible si se garantiza, sin excepciones, la protección del derecho al descanso y a la salud”.
La alcaldesa ha advertido además de que el Ayuntamiento “estará muy vigilante ante cualquier reconocimiento de esta zona de transición” y exigirá revisiones periódicas, así como la aplicación de todas las medidas correctoras y compensatorias necesarias.
“El dictamen del Consell Jurídic Consultiu deja claro que cualquier relajación en el control supondría una desprotección inaceptable, y desde este Ayuntamiento no lo vamos a permitir”, ha concluido.
