La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Andalucía, Inmaculada Hernández, ha señalado al Gobierno del PSOE por dar “un cheque en blanco a los que aprietan aprovechando la agonía sanchista”, durante la sesión de control al Ejecutivo, en la que ha acorralado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por la cesión de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional a Cataluña, prevista en el Real Decreto Ley 15/2025.
Hernández ha advertido de que Pedro Sánchez ya anunció que gobernaría sin el Parlamento y ha subrayado que “esta cesión, que ya fue declarada inconstitucional, es un ejemplo más de ese desprecio al control democrático”. En este sentido, se ha dirigido directamente al ministro López para reprocharle que “sus socios les aprietan cada vez más por su debilidad parlamentaria y por la corrupción que les ahoga”.
La dirigente popular ha recordado que hace apenas dos meses el Senado aprobó una Proposición de Ley del Partido Popular para modificar el artículo 92 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, con el objetivo de blindar el carácter estatal de los habilitados nacionales —secretarios, interventores y tesoreros—, garantizando su independencia.
“Es una ley emanada del Senado para proteger a quienes garantizan la legalidad y el control del gasto público, impidiendo su cesión a las comunidades autónomas, y que la presidenta del Congreso mantiene congelada mediante un uso pervertido del procedimiento, que el PSOE aplica de forma sistemática”, ha denunciado.
Sánchez gobierna contra lo que aprueba el Senado
Inmaculada Hernández ha criticado que “el Gobierno utiliza este decreto ley para hacer justo lo contrario de lo que aprueba el Senado” y que, como pago a sus socios independentistas, “cede más competencias a Cataluña”. Una cesión que ha calificado de “estructural para el Estado, sin debate parlamentario, en contra del criterio de la FEMP y de las organizaciones sindicales de funcionarios”.
La portavoz en materia de Función Pública del GPP ha insistido en que “los problemas administrativos requieren soluciones estructurales, no regímenes singulares que rompen la igualdad”, y ha sido tajante al afirmar que “no se puede resolver un problema administrativo con una cesión política”.
Asimismo, ha denunciado que “mientras la UCO y la UDEF se instalan en los ministerios, la corrupción que acorrala al Gobierno actúa como un agente corrosivo que impregna las instituciones, y aun así el Ejecutivo de Sánchez continúa cediendo, como ya hizo con la Ley de Eficiencia de la Justicia o con la Ley de Presupuestos Generales del Estado en favor del País Vasco”.
En este contexto, Hernández ha preguntado al ministro si el objetivo es “desmantelar el cuerpo de funcionarios que fiscaliza y asesora a los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la ley, precisamente porque fueron ellos quienes informaron en contra del referéndum ilegal en Cataluña”.
La senadora popular ha señalado directamente a Óscar López al afirmar que “su Gobierno ataca sistemáticamente a quienes controlan la corrupción: jueces, medios de comunicación, la oposición y, por supuesto, los profesionales que fiscalizan a los políticos”.
Para concluir, Inmaculada Hernández ha contrapuesto este modelo al del presidente Alberto Núñez Feijóo, subrayando que “el Partido Popular defiende la legalidad, la transparencia y la independencia de los funcionarios, sin excepciones y sin cesiones, porque fortalecer las instituciones no es una opción: es la base misma de nuestra democracia”.
