Por Keka Alcaide:
Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera regularizar a más de 500.000 inmigrantes es sin duda noticia porque a la vez es un punto de inflexión político y social en España. Según datos del propio Ministerio de Inclusión, la cifra equivale a incorporar de golpe a una población similar a la de una ciudad como Málaga o Murcia al sistema administrativo, laboral y de servicios públicos. Lo verdaderamente llamativo y noticiable, es que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo pretenda ahora encabezar la oposición a la inmigración ilegal como si su historial no estuviera plagado de equilibrios imposibles, guiños a Bruselas y discursos que cambian según el auditorio.
En el escenario de la inmigración, la palabra clave es coherencia. Y ahí es donde el PP tropieza una y otra vez. Durante años, mientras la “solidaridad de puertas abiertas” marcaba el relato oficial, los llamados “moderados” se acomodaban en una ambigüedad rentable. Pero cuando las consecuencias han empezado a ocupar portadas y tertulias, Génova ha dado un giro de ciento ochenta grados. De pronto, el PP quiere aparecer como el gran muro de contención frente al llamado “efecto llamada”.
Los datos europeos, sin embargo, no avalan esa supuesta firmeza. Según Frontex, España es una de las principales puertas de entrada por la ruta atlántica y mediterránea occidental. En este contexto, la política migratoria pasa de ser un asunto retórico para convertirse en una cuestión de presión real sobre fronteras, servicios sociales y seguridad.
Frente a ese escenario, el PP juega a dos barajas. En septiembre de 2025, votó junto a VOX en el Congreso a favor de una proposición de ley para restringir la regularización por arraigo. Pero ese gesto se diluye cuando se mira a abril de 2024, fecha en la que sus eurodiputados respaldaron el Pacto de Migración y Asilo de la UE, un acuerdo que apuesta por la gestión común, las vías legales y los mecanismos de solidaridad entre Estados miembros, lejos del cierre de fronteras o la oposición frontal que VOX mantiene.
La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, lo expresó sin rodeos el pasado 27 de enero de 2026 al advertir que la regularización de más de medio millón de inmigrantes supondrá “una invasión demográfica, una pérdida de identidad y un colapso del sistema”. Y remató con una frase que resume la tesis de su partido: “La ilegalidad se premia…”
Ahí está la grieta que el PP no consigue tapar: ¿cómo se puede criticar en España lo que se respalda en Europa? ¿Cómo se puede reclamar mano dura mientras se avala un modelo que prioriza la redistribución y la cooperación por encima del freno efectivo a la inmigración irregular?
VOX, por el contrario, ha convertido la constancia en su seña de identidad. Ha votado en contra de las regularizaciones en el Congreso, ha impulsado el endurecimiento de la Ley de Extranjería y ha rechazado en el Parlamento Europeo los grandes acuerdos migratorios que, según su narrativa, alimentan el “efecto llamada”. “Sin fronteras no hay Estado, y sin ley no hay convivencia” se ha convertido en un mantra para sus dirigentes.
A la luz de los hechos, resulta difícil no hablar de cinismo político cuando el PP intenta erigirse como el abanderado del “no” a la inmigración ilegal. Entre declaraciones nacionales y votos europeos, su postura se desdibuja en una coreografía calculada para no molestar ni a Bruselas ni a su electorado más crítico.
En este tablero, el liderazgo de la oposición a las regularizaciones masivas no se mide por titulares ni por golpes de pecho, sino por coherencia sostenida en cifras, votaciones y decisiones. Y hoy, con los datos sobre la mesa, ese “no” firme, constante y sin complejos tiene un solo nombre. VOX. El resto, por más que levante la voz, sigue sonando a eco oportunista.
