Isabel Madera: «Bormujos da el primer paso para dejar atrás un planeamiento obsoleto de hace tres décadas»
La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Bormujos por VOX, Isabel Madera, ha participado en el espacio “Diálogos de Actualidad”, en una conversación conducida por Keka Alcaide, donde ha explicado la importancia de la aprobación en Pleno del documento de avance del POU y del PGOM, un paso que ha calificado como un hito urbanístico para el futuro del municipio.
Madera ha destacado que Bormujos llevaba más de 30 años con el mismo planeamiento, una situación que, a su juicio, hacía imprescindible actualizar las herramientas urbanísticas para responder a las necesidades reales de un municipio que ya supera los 25.000 habitantes.
“Después de más de 30 años con el mismo planeamiento en Bormujos, damos el pistoletazo de salida con este avance que traerá al municipio el desarrollo que necesita y exige”, ha señalado.
Durante la entrevista, la responsable de Urbanismo ha explicado que tanto el POU como el PGOM servirán para definir “cómo queremos el Bormujos del futuro”: dónde deben situarse las zonas verdes, cómo deben ordenarse las futuras construcciones, qué espacios deben reservarse para el desarrollo comercial y cómo debe crecer el municipio de forma ordenada.
Madera ha subrayado que el POU se centra en la zona urbana ya desarrollada, que necesita actualizarse tras décadas de cambios sociales, económicos y urbanísticos. Según ha explicado, el objetivo es corregir desajustes, mejorar la movilidad, facilitar el aparcamiento, ampliar áreas libres y consolidar un modelo de municipio cómodo para vivir.
“Todo va encaminado a facilitar la vida de los bormujeros: facilitar la movilidad, las áreas libres, el comercio y conseguir que Bormujos sea un municipio cómodo para vivir”, ha afirmado.
La delegada ha recordado que Bormujos ha pasado en apenas dos décadas de unos 10.000 habitantes a más de 22.000, pero seguía funcionando con un planeamiento de hace tres décadas. Por ello, ha defendido que era necesario actuar desde el primer día de mandato pensando en el bien común y no en el rédito político inmediato.
“Hay que tener muy claro que no se gobierna para mantenerse en un puesto, sino para que realmente Bormujos mejore”, ha declarado Madera.
En este sentido, ha explicado que las decisiones urbanísticas no siempre tienen efectos inmediatos, pero son esenciales para sentar las bases del crecimiento futuro del municipio. La aprobación del avance supone, según ha indicado, el primer gran paso de un proceso que requerirá todavía trabajo técnico, participación ciudadana y tramitación administrativa.
Sobre los próximos pasos, Madera ha explicado que ahora se abre un periodo de 20 días de exposición pública, aunque ha recordado que tanto el POU como el PGOM están abiertos a la participación ciudadana desde el inicio del procedimiento hasta su aprobación definitiva.
Posteriormente, el Ayuntamiento continuará con el trabajo interno durante aproximadamente un año o año y medio, mientras la Junta de Andalucía avanza en la tramitación de la documentación ambiental, considerada clave para el desarrollo del planeamiento. Después llegará la aprobación provisional en el Pleno municipal y, finalmente, la aprobación definitiva por parte de la Junta.
Isabel Madera ha estimado que el proceso tendrá un recorrido aproximado de dos años y medio, pero ha insistido en que la aprobación del avance marca un punto de partida decisivo para que Bormujos pueda contar cuanto antes con un planeamiento moderno, adaptado a sus necesidades y orientado al futuro.
Valentín Ayesa: «Queremos que Bormujos sea el epicentro gastronómico del Aljarafe»
El delegado de Comercio, Desarrollo Local y Emprendimiento del Ayuntamiento de Bormujos, Valentín Ayesa, ha repasado las principales iniciativas impulsadas por el Consistorio para fortalecer la hostelería, promover el comercio local y consolidar al municipio como uno de los principales referentes gastronómicos del Aljarafe, durante una entrevista realizada por Keka Alcaide en el espacio informativo Diálogos de Actualidad.
Durante la conversación, Ayesa destacó el trabajo que desarrolla su delegación para dar visibilidad a los establecimientos locales, reforzar su presencia en toda la provincia de Sevilla y generar nuevas oportunidades para el sector hostelero.
“Desde el Ayuntamiento trabajamos para ser el altavoz de nuestros hosteleros, para mostrar el esfuerzo que realizan cada día y poner en valor la calidad de sus establecimientos, sus productos y sus elaboraciones”, señaló.
Bormujos refuerza su apuesta gastronómica
El delegado recordó que el Ayuntamiento ya trabaja en la organización de una nueva edición de la Ruta de la Tapa, una iniciativa que se ha convertido en uno de los grandes escaparates gastronómicos del municipio y que cada año atrae a miles de visitantes de toda la comarca y de la capital sevillana.
Ayesa subrayó que el objetivo es seguir posicionando a Bormujos como epicentro gastronómico del Aljarafe, apoyando tanto a las tradicionales bodegas y bares de tapas como a los restaurantes que han contribuido al prestigio culinario de la localidad.
“Queremos que esa visibilidad se extienda cada vez más por toda la provincia de Sevilla y seguir creciendo como referencia gastronómica”, afirmó.
Formación para afrontar los nuevos retos del sector
Durante la entrevista, el delegado también anunció la celebración de una jornada informativa dirigida a profesionales de la hostelería, restauración y alimentación para abordar las novedades de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
La actividad tendrá lugar el próximo 22 de junio a las 10:00 horas en el Centro de Formación de Bormujos y contará con la participación de la consultora especializada en sostenibilidad Rocío Porfirio Carpio.
La sesión permitirá a empresarios y autónomos conocer las nuevas obligaciones legales, así como descubrir fórmulas para convertir estos cambios normativos en oportunidades para mejorar la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad de sus negocios.
“Queremos ayudar a nuestros empresarios a adaptarse a esta normativa y demostrar que una correcta gestión puede convertirse en una ventaja para sus establecimientos”, explicó.
Compromiso con el comercio y la hostelería local
Ayesa reafirmó durante la entrevista el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del tejido empresarial local mediante acciones de formación, asesoramiento y difusión.
“Tenemos que seguir acompañando a nuestros comerciantes y hosteleros, ayudándoles a crecer, a generar empleo y a seguir siendo uno de los motores económicos de Bormujos”, concluyó.
Isabel Madera explica en «Diálogos de Actualidad» cómo se fija el precio de la vivienda protegida en Andalucía.
🏠 La delegada de Urbanismo de Bormujos y portavoz de VOX Isabel Madera, desgrana en Diálogos de Actualidad el sistema que determina el precio final de las VPO y aclara qué competencias corresponden a la Junta y a los ayuntamientos.
Actualidad Política estrena su nueva sección de entrevistas, «Diálogos de Actualidad«, con una conversación conducida por Keka Alcaide junto a Isabel Madera, delegada de Urbanismo y portavoz del Grupo Municipal VOX en Bormujos (Sevilla), para abordar uno de los asuntos que más preocupa actualmente a los ciudadanos: el acceso a la vivienda y el precio de la vivienda protegida.
Durante la entrevista, Isabel Madera explicó de forma detallada cómo se configura el precio final de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Andalucía, una cuestión que genera un intenso debate social debido al incremento de los precios registrado en los últimos años.
La portavoz de VOX aclaró que el punto de partida es un módulo base fijado inicialmente por el Gobierno y posteriormente adaptado por cada comunidad autónoma. En el caso andaluz, este módulo se sitúa en torno a los 890 euros por metro cuadrado útil.
A partir de ese valor inicial se aplican distintos coeficientes que dependen de factores como la ubicación geográfica de la promoción, la proximidad a grandes núcleos urbanos y el tipo de vivienda protegida que se vaya a construir.
Según explicó Madera, existen tres modalidades de vivienda protegida: régimen especial, destinada a personas con menores ingresos; régimen general; y régimen limitado, que es precisamente la modalidad que actualmente está generando mayor controversia debido al incremento de los precios finales que soportan los compradores.
Durante la entrevista, también se abordó el papel de los ayuntamientos en la promoción de vivienda protegida. Isabel Madera recordó que los consistorios no tienen capacidad para fijar el precio de venta de las VPO, ya que esta competencia corresponde a otras administraciones.
No obstante, sí señaló que los ayuntamientos pueden desempeñar un papel fundamental mediante la puesta a disposición de suelo público, la actualización de los registros de demandantes, la agilización de licencias urbanísticas y la aplicación de bonificaciones fiscales a los promotores cuando estas redunden en una reducción efectiva del precio final de las viviendas.
«Es obligación de los ayuntamientos facilitar los procedimientos, agilizar los trámites y favorecer que la vivienda protegida sea realmente accesible para las familias que la necesitan», explicó.
Con esta conversación, Diálogos de Actualidad inaugura una nueva etapa en Actualidad Política, apostando por entrevistas que permitan profundizar en asuntos de interés público y acercar a los ciudadanos información rigurosa sobre los principales debates políticos y sociales del momento.
Síndrome del poder acorralado
Por Keka Alcaide.
Cuando un líder empieza a percibir que el suelo político se mueve bajo sus pies, comienza a vislumbrarse algo profundamente inquietante en su reacción. La historia está llena de ejemplos. Presidentes, primeros ministros y dirigentes que, en lugar de asumir el desgaste natural del poder o responder con transparencia ante los escándalos, optaron por atrincherarse, victimizarse y convertir cualquier crítica en una conspiración contra ellos. Pedro Sánchez encabeza hoy la lista de políticos que peligrosamente encajan en ese patrón.
Desde su llegada a la Moncloa en 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcado por una creciente degradación política e institucional orientada a garantizar su permanencia en el poder. Los indultos y la amnistía a los responsables del procés, las cesiones al separatismo y el control progresivo de las instituciones del Estado han alimentado la percepción de un Ejecutivo dispuesto a todo con tal de resistir.
A ello se suma una política migratoria, estrategia basada en ampliar una futura base electoral, que ha traído consigo el deterioro de los servicios públicos y un notable aumento de la inseguridad en nuestras calles.
En paralelo, distintos episodios recientes —desde crisis de gestión hasta escándalos relacionados con infraestructuras, seguridad o empresas públicas— han intensificado las críticas contra un Gobierno acusado de priorizar intereses políticos frente a la gestión.
Pero el foco principal sigue siendo la corrupción. Las investigaciones que afectan al entorno más cercano de Sánchez, incluidos miembros de su familia, dirigentes del PSOE, antiguos colaboradores de máxima confianza y, como colofón, el expresidente Zapatero, han situado al presidente en el centro de una crisis política cada vez más profunda.
La situación se agrava aún más tras las investigaciones sobre presuntas maniobras de presión contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil, así como el registro de la sede del PSOE por parte de la UCO en el marco de distintas causas judiciales. Todo ello dibuja un escenario en el que Sánchez aparece como el eje de una estructura política cada vez más erosionada por los escándalos.
De repente, los jueces pasan a formar parte de supuestas operaciones políticas. Los medios críticos son señalados como maquinaria de intoxicación. La oposición deja de ser un adversario democrático para convertirse en una amenaza existencial. Y cualquier información incómoda se interpreta automáticamente como un ataque coordinado para derribar al Gobierno. Es el manual clásico del poder acorralado.
No hace falta acudir a teorías extravagantes ni a diagnósticos psiquiátricos irresponsables, porque si algo sobra en política son precedentes históricos que ayudan a entender lo que ocurre cuando un dirigente siente que se acerca el final de su ciclo. Nixon lo hizo durante el Watergate. Berlusconi convirtió a la Justicia en su enemigo permanente. Trump transformó la confrontación constante en una estrategia de supervivencia. Todos compartían el idéntico patrón psicológico de que cuanto mayor era la presión, más agresiva se volvía la reacción. Y Sánchez empieza a transmitir exactamente esa sensación.
La Moncloa vive instalada en una lógica de resistencia permanente. Todo gira alrededor del relato, del control de daños, de la movilización emocional y de mantener cohesionada a la propia parroquia frente a un enemigo exterior cada vez más difuso, pero políticamente más útil. Porque el sanchismo ha entendido como esencial que, mientras exista un enemigo al que culpar, nunca habrá obligación de asumir responsabilidades reales.
El problema es que esta dinámica termina degradando la convivencia política, las instituciones, el debate público e incluso la propia percepción de la realidad. Los liderazgos más tensos no suelen volverse más prudentes conforme aumenta la presión sino que ocurre justo lo contrario. El miedo político suele provocar más polarización, más ataques, más victimismo y decisiones cada vez más desesperadas. Y la experiencia histórica invita precisamente a no subestimar nunca a un poder que empieza a sentirse acorralado.
La gran incógnita ya no es si Sánchez piensa resistir. Eso parece claro tras el portazo de la Moncloa. La pregunta que empieza a preocupar, y mucho, es hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguirlo.
Pedro Sánchez parece haber cruzado ya demasiadas fronteras, poniendo en grave riesgo la estabilidad institucional y la calidad democrática de España. Pero lo más inquietante es que quizá lo peor todavía esté por venir.
Influencer institucional.
Por Keka Alcaide:
Durante años, la política exigía algo tan elemental como ideas, gestión y rendición de cuentas. Hoy, en cambio, parece bastar con dominar el algoritmo, sonreír a cámara y construir un personaje amable para consumo digital. Y pocas estrategias representan mejor esa deriva que la de Juan Manuel Moreno Bonilla, ahora “Juanma” para los amigos y posibles votantes.
Después de casi ocho años gobernando Andalucía, resulta llamativo que el eje central de su comunicación ya no sea explicar qué ha hecho, qué ha conseguido —y qué no— o qué piensa hacer en la próxima legislatura. Ante lo pasmoso de la situación, los andaluces han visto cómo su actual presidente ha optado por cambiar las prioridades y, en lugar de escuchar planes sobre cómo mejorar la sanidad, la vivienda, las ayudas sociales, la inmigración ilegal, el paro o la educación, han tenido que conformarse con un intento de cruzar la pasarela al más puro estilo “Operación Triunfo”, con banda sonora incluida.
El señor Moreno Bonilla no habla de listas de espera, de la situación de la atención primaria, del deterioro de la educación pública, de la precariedad juvenil o del acceso imposible a la vivienda, siendo precisamente la Junta de Andalucía la que ha fijado los precios de los módulos de VPO, una de las causas que han provocado el aumento desorbitado de los precios.
Frente a una campaña de demostración de “logros”, de explicación de dónde estamos y de cómo afrontar los problemas de inseguridad que se han instalado en nuestras calles como consecuencia de unas políticas de puertas abiertas, los andaluces se han encontrado con una campaña de “mute” y subtítulos. Mucho titular y poco que contar, compensado con una estrategia emocional en la que las playlists musicales, las referencias a Star Wars, las escenas familiares cuidadosamente editadas y la permanente construcción de una imagen de hombre tranquilo, cercano y simpático tenían el claro objetivo de maquillar una realidad mucho menos agradable.
Cuando la política se convierte en escaparate emocional, suele deberse a una gestión mediocre que previsiblemente no conseguiría los mismos resultados si se analizara desde los hechos. Cuando las redes sociales dejan de ser una herramienta para explicar políticas y pasan a sustituirlas, el relato personal ocupa el espacio que debería corresponder al debate público. Y así, el marketing se convierte en una cortina de humo diseñada para evitar el desgaste natural de ocho años de poder.
Porque gobernar durante casi una década implica asumir responsabilidades. Y Andalucía sigue teniendo problemas estructurales enormes. Una sanidad pública tensionada, jóvenes expulsados del mercado de la vivienda, dependencia económica del turismo y los servicios, desigualdad territorial, precariedad laboral, deterioro progresivo de servicios públicos esenciales y una creciente inseguridad como consecuencia de determinadas políticas migratorias.
Y, para colmo, en el último debate entre candidatos celebrado en Canal Sur, José Ignacio García decidió leer una antigua promesa electoral sanitaria realizada por Moreno Bonilla hace dos legislaturas. Lo llamativo no fue únicamente el contenido, sino comprobar que, ocho años después, el compromiso seguía siendo prácticamente idéntico. Las mismas promesas sobre refuerzo de la atención primaria, mejora de las listas de espera y fortalecimiento de la sanidad pública continuaban reapareciendo como si el tiempo político no hubiese transcurrido.
La escena dejó una imagen incómoda para el Gobierno andaluz, poniendo de manifiesto que, tras dos mandatos completos, el discurso seguía anclado en las mismas promesas iniciales. Una evidencia de que muchos de los problemas estructurales permanecen sin resolver mientras la comunicación institucional se concentra cada vez más en construir un liderazgo emocionalmente atractivo y en desplazar constantemente el foco.
“Menos política y más personaje. Menos proyecto y más percepción. Menos gestión y más emociones”.
Mostrar cercanía permanente para desactivar la crítica, convertir al presidente en alguien agradable antes que en alguien políticamente evaluable y construir una imagen tan cuidadosamente moderada que cualquier cuestionamiento parezca exagerado o injusto responde plenamente a la lógica contemporánea del poder. Ya no hace falta convencer desde los resultados si se consigue conectar desde la simpatía.
Y ahí radica el verdadero riesgo democrático. Cuando la política se banaliza hasta convertirse en contenido aspiracional o entretenimiento ligero, el ciudadano deja de actuar como elector para convertirse en audiencia. Surge así un nuevo sujeto político que ya no analiza decisiones públicas ni compara proyectos. Simplemente consume sensaciones y sigue personajes a golpe de “likes”.
“¡Juanma cruza la pasarela!”, inmerso en este envoltorio musical que lo ha acompañado durante la campaña y habiendo entendido perfectamente el tiempo político que vivimos, se protege tras una estética de normalidad cuidadosamente calculada cuyo objetivo no es otro que anestesiar el conflicto.
Después de ocho años en San Telmo, ya no basta con parecer cercano. Lo exigible es explicar hacia dónde va Andalucía y por qué tantos problemas siguen intactos. Andalucía no necesita un influencer institucional. Necesita un presidente dispuesto a responder políticamente por la realidad de la comunidad que gobierna.
La supervivencia sanitaria de Montero.
Por Keka Alcaide.
María Jesús Montero se ha lanzado a la campaña andaluza convertida en la gran defensora de la sanidad pública. Ella, la misma que promete acabar con las listas de espera, contratar 18.000 sanitarios, garantizar cita médica en 48 horas, mejorar salarios del SAS e inyectar miles de millones adicionales al sistema sanitario andaluz. Escucharla estos días podría hacer pensar que acaba de descubrir el deterioro que sufre la sanidad en Andalucía. El problema para su relato es que ella misma dirigió la Consejería de Salud entre 2004 y 2013, precisamente en los años en los que comenzaron muchos de los problemas que hoy denuncia con tanta indignación.
Porque la hemeroteca existe y también la memoria de miles de pacientes, médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios que vivieron aquellos años de recortes, saturación y precariedad dentro del SAS.
Durante la etapa de Montero como consejera coincidieron la crisis económica de 2008 y las políticas de ajuste que golpearon de lleno al sistema sanitario andaluz. Fue entonces cuando empezaron a multiplicarse las denuncias por falta de personal, cuando crecieron las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas y cuando los sindicatos sanitarios comenzaron a alertar del deterioro progresivo de la Atención Primaria y de las condiciones laborales.
En aquellos años, Andalucía se situaba entre las comunidades con menor gasto sanitario por habitante respecto a la media nacional. Se congelaron contrataciones, se limitaron sustituciones y se redujo la capacidad operativa en numerosos centros sanitarios. Los cierres de camas hospitalarias durante periodos vacacionales se convirtieron en motivo recurrente de protestas. También crecieron los contratos temporales y la sensación de agotamiento entre los profesionales del SAS.
Las organizaciones médicas acusaban entonces a la Junta de priorizar criterios económicos y burocráticos por encima de las necesidades asistenciales. Y mientras los sanitarios protestaban por la sobrecarga y la falta de recursos, Montero defendía públicamente aquellas medidas como inevitables para sostener el sistema durante la crisis.
Hoy, sin embargo, la “salvadora” de los andaluces entona un discurso bien distinto, con la pretensión de sacudirse aquel barro y esquivar este lodo. Montero acusa al gobierno andaluz de debilitar la sanidad pública y de empujar hacia la privatización del sistema. Habla de abandono sanitario y de deterioro estructural, que si bien es cierto que existe, también lo es que esto no ha comenzado hace apenas unos años.
Si la misma dirigente que ahora promete resolver el colapso sanitario fue una de las responsables del sistema cuando ese deterioro empezó a hacerse visible, nos damos de bruces con una contradicción política de órdago, que tiene su origen en una estrategia con una lectura psicológica más que evidente.
Es de sobra conocido el mecanismo humano que consiste en atacar antes de ser atacado. Cuando una figura pública teme quedar asociada a un problema, desplaza el foco hacia otro culpable, de manera que, si consigue monopolizar la acusación, acaba reduciendo su propia vulnerabilidad. Y aquí está la clave de Montero. Al convertir la crítica en eje de campaña, intenta borrar del debate su propia responsabilidad política sobre la evolución del SAS durante casi una década.
El filósofo Friedrich Nietzsche describía cómo el ser humano intenta preservar la autoridad evitando cualquier imagen de fracaso. Llevado a la política, ese impulso se traduce en una obsesión permanente por controlar el relato y evitar aparecer como responsable de los errores del pasado.
Por eso Montero eleva el tono, dramatiza el deterioro sanitario actual y se presenta como la redentora de un sistema que ella misma gestionó durante años críticos, en un intento de convencer y confundir a los andaluces haciéndoles creer que representa la solución y no parte del origen del problema.
Pero la contradicción sigue ahí. Incómoda. Persistente. Difícil de esconder. Porque las listas de espera, la precariedad laboral y el malestar sanitario no aparecieron de repente. El pueblo andaluz es noble y olvidadizo, pero no lo suficiente como para que le salgan las cuentas a la candidata.
Quizá por eso su campaña “sanitaria”, más que una campaña de reconstrucción, parece un ejercicio de supervivencia política.
«Crucifícalo»
Por Keka Alcaide.
La historia muestra un patrón que se repite con una frecuencia inquietante. Cuando un líder o un movimiento logra incomodar de verdad al poder establecido, deja de ser tratado como un adversario político convencional y pasa a convertirse en un problema a neutralizar.
Ocurrió con Jesucristo, cuya ejecución respondió a motivos religiosos, pero sobre todo al temor a la desestabilización política, siendo sentenciado con la crucifixión, condenada con la que se ejecutaba a los considerados “rebeldes”. Sucedió con Sócrates, cuestionando el poder y la moral tradicional a través de una influencia notable en la juventud más crítica, siendo condenado en una Atenas que no toleraba ciertas preguntas. También con Juana de Arco, ante una imperiosa necesidad de desestimación, siendoejecutada por una herejía que encubría un proceso de intereses de poder.
En tiempos más recientes, figuras como Martin Luther King Jr., quien desenmascaró el problema racial establecido, movilizó a la opinión pública y se convirtió en una amenaza para el orden económico y social del sur estadounidense, evidencian que el desafío al sistema, desde distintos ángulos, suele tener un coste elevado. “Crucifícalo”. Una expresión traducida, independientemente de una escena histórica, en una lógica que atraviesa el tiempo, y que pasa por convertir al discrepante en una amenaza, urdir su deslegitimación, reducirlo a un estigma y justificar así su exclusión.
En ese contexto, la situación de VOX en España ha abierto un debate que trasciende lo ideológico. Más allá de las posiciones que defiende el partido, sus actos han sido objeto de protestas agresivas, boicot y episodios de hostigamiento que dificultan el desarrollo normal de su actividad política.
A esa presión se suma un fenómeno más silencioso, pero igual de significativo. El intento de hacer desaparecer políticamente a quien incomoda sin necesidad de prohibirlo. Reducir su presencia en determinados espacios mediáticos, evitar su participación en debates o tratar su existencia como algo marginal contribuye a construir la percepción de que no forma parte del marco político real y, con ello, un evidente intento por diluirlo.
Además, se añade otra dinámica que alimenta esa percepción. Algunas de las propuestas defendidas por VOX han sido rechazadas en el Parlamento para, tiempo después, reaparecer en iniciativas de otros partidos o en medidas adoptadas desde el poder. Ha ocurrido con planteamientos fiscales en contextos de crisis, con debates sobre seguridad o con cuestiones relacionadas con el control migratorio. Se rechaza una idea cuando tiene un origen concreto y se normaliza cuando cambia de emisor, desviando el foco del contenido y a quién lo plantea.
Es ahí donde se entiende mejor la paradoja. Se bloquea la iniciativa, pero no la idea. Se rechaza a VOX, pero el resto de grupos se reparten su discurso. De ahí se desprende una conclusión incómoda para el relato dominante. Reprochar a VOX la ausencia de iniciativas, pese a lo desmontable de la afirmación, forma parte de la malintencionada construcción de una percepción. Si las ideas no se debaten, si no se amplifican y si, además, acaban siendo asumidas por otros, los contrincantes, sin reconocimiento explícito, se genera la sensación de que no existen. Dicho de otra manera, no es que VOX no ponga propuestas encima de la mesa, es que se diluyen deliberadamente hasta que parezca que nunca estuvieron ahí.
El punto relevante es si en una democracia consolidada se acepta que una opción política pueda ser objeto de presión constante, acoso o invisibilización hasta ver reducido su espacio de actuación, se comparta o no el proyecto. Pues el pluralismo no consiste en tolerar a quien resulta cómodo, sino en aceptar la existencia de posiciones que incomodan, que generan rechazo o que cuestionan el consenso dominante.
Cuando el adversario deja de ser considerado legítimo, se pone de manifiesto la existencia de un problema estructural, que traspasa lo político. Porque cuando una sociedad empieza a decidir quién puede hablar y quién debe desaparecer, ya no está defendiendo la democracia, está empezando a vaciarla.
Con H de H-insolente.
Por Keka Alcaide.
Hay algo profundamente paradójico y muy revelador en la última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez como ha sido crear una herramienta para medir el odio en redes y en la conversación pública bajo la etiqueta #Hodio.
La idea, presentada con solemnidad institucional, pretende identificar discursos de odio, cartografiarlos y combatirlos. Sobre el papel suena impecable pues nadie en su sano juicio defendería el odio como valor público. El problema empieza cuando quienes se erigen en árbitros del odio han convertido durante años la polarización en una (su) estrategia política.
Porque conviene recordar que el clima de enfrentamiento que hoy dicen querer medir no surgió de manera espontánea, sino que más bien ha sido cultivado con paciencia desde el propio poder.
En los últimos años el debate público ha estado plagado de etiquetas que no buscan describir al adversario político, sino descalificarlo moralmente. Desde tribunas gubernamentales y desde portavoces del Ejecutivo se ha hablado repetidamente de la “derecha y la ultraderecha” como un bloque homogéneo asociado a amenazas democráticas.
La ministra María Jesús Montero llegó a referirse a determinados medios críticos como “la fachosfera mediática”, una expresión que convertía a periodistas y lectores en una categoría política despectiva.
El propio presidente del Gobierno denunció en 2024 la existencia de una “máquina del fango” mediática que, según él, opera para desestabilizar a su Ejecutivo. La frase se hizo viral y pasó a formar parte del arsenal político cotidiano.
Adjetivos no usados como síntoma de discrepancia política, pero sí como clasificación moral, convirtiendo el debate público en una trinchera alejada de lo que debiera ser una discusión constructiva.
Llegados a este punto, lo paradójico y hasta sarcástico es que ahora, quienes han alimentado ese clima anuncian que van a medir el odio.
Pero pese a los intentos del mandatario por erigirse cabeza de todo menos de turco, este fenómeno no es nuevo. Es difícil no ver aquí una escena casi aristotélica. Aristóteles describía la akrasia, término proveniente del griego en lo referente a la falta de voluntad, como el saber que algo está mal, pero seguir haciéndolo. En la política contemporánea sanchista existe una versión aún más sofisticada que pasa por denunciar públicamente aquello mismo que se practica.
Los filósofos estoicos advertían de esa incoherencia entre discurso y conducta. Epictetus insistía en que la virtud no consiste en hablar de lo correcto, sino en vivir conforme a ello. Y por ende, condenar algo mientras se ejerce lo convertía en estrategia retórica más que en moralidad.
Eso es lo que vuelve tan llamativa la iniciativa del Gobierno. Porque el problema del odio en la política española no se resuelve con indicadores, mapas semánticos o algoritmos que rastreen palabras prohibidas. El problema nace cuando el propio poder adopta la lógica de la confrontación permanente.
Un medido complejo de medir
Medir el “odio” se presenta como un objetivo aparentemente incuestionable. Si el odio deteriora la convivencia democrática, identificarlo y reducirlo parece una tarea legítima del poder público. Sin embargo, el simple hecho de intentar cuantificar el odio plantea un problema conceptual y político de gran calado.
En primer lugar, el odio no es una magnitud física ni un fenómeno fácilmente objetivable. Es una categoría moral y emocional, dependiente del contexto, de la intención del hablante y de la interpretación del oyente. Convertirlo en una variable medible exige definir previamente qué se considera odio y qué no, y esa definición inevitablemente tiene un componente político.
El primer riesgo aparece cuando el poder define qué discursos constituyen “odio”, convirtiéndose también en árbitro de los límites del debate público.
La filosofía política lleva siglos advirtiendo sobre esta tensión. Ya en la tradición clásica se insistía en que la virtud no se mide por declaraciones públicas sino por la coherencia entre discurso y acción. Cuando el poder establece mecanismos para vigilar determinadas expresiones, el problema no es solo qué se pretende medir, sino quién controla el instrumento de medición y con qué intención, pues según el proceso la medición puede transformarse fácilmente en un mecanismo de regulación del lenguaje político.
Por eso el debate no debería centrarse únicamente en si el odio existe —algo evidente— sino en hasta qué punto su medición institucional puede afectar a la libertad de crítica, al pluralismo político y a la confrontación legítima de ideas, que son elementos esenciales en una democracia.
En definitiva, medir el odio no es una operación técnica neutral. Es una decisión política sobre los límites del discurso público, y precisamente por eso exige un escrutinio especialmente riguroso.
“La política del ejecutivo tiene la curiosa tendencia de convertir en políticas públicas los problemas que previamente ha contribuido a crear. Se genera el incendio y luego se anuncia el observatorio del fuego”
Así que el verdadero experimento, más que medir el odio en la conversación pública, sería medir el origen político de ese odio. Tal vez entonces descubriríamos que muchos de los discursos que ahora se pretenden vigilar nacieron precisamente en el lugar desde el que hoy se promete combatirlos.