Actualidad Política

13 de julio de 2026

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha asegurado que las últimas informaciones conocidas en torno al denominado caso PSOE evidencian una grave degradación institucional y ha calificado los hechos investigados como un caso de “delincuencia de Estado”.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede nacional del Partido Popular, Ezcurra sostuvo que las distintas investigaciones y tramas conocidas en los últimos meses responden a una misma estructura política y tienen un denominador común. A su juicio, todos los episodios desembocan en un único caso de corrupción vinculado al PSOE y a la actuación del entorno del presidente del Gobierno.

🚨 La corrupción del caso PSOE centra las críticas del Partido Popular

La dirigente popular afirmó que las informaciones conocidas esta semana refuerzan la idea de que se han utilizado recursos e instituciones públicas para obstaculizar investigaciones, desacreditar a quienes ejercen funciones de control democrático y proteger intereses políticos concretos.

Asimismo, defendió que la gravedad de los hechos va más allá de los posibles delitos económicos, al considerar que se habrían puesto estructuras del Estado al servicio de una estrategia destinada a evitar el esclarecimiento de determinadas actuaciones.

⚖️ Acusaciones de utilización de las instituciones del Estado

Ezcurra denunció que el Gobierno ha terminado confundiendo los límites entre partido, Ejecutivo e instituciones públicas, una situación que, según afirmó, pone en riesgo la calidad democrática y el correcto funcionamiento del Estado de derecho.

En este sentido, advirtió de que cuando el poder político utiliza instituciones que deben actuar con independencia para proteger intereses particulares, las consecuencias afectan al conjunto de la sociedad y debilitan las garantías democráticas.

🏛️ Petición de responsabilidades políticas en Interior

La vicesecretaria popular reclamó el cese inmediato de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, así como la salida del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por considerar que ambos han perdido la credibilidad necesaria para continuar al frente de sus responsabilidades.

Según explicó, la situación exige asumir responsabilidades políticas de manera inmediata para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

🗳️ Elecciones como salida a la crisis política

Durante su comparecencia, Ezcurra insistió en que la única solución para superar la actual situación pasa por devolver la palabra a los españoles mediante la convocatoria de elecciones.

A su juicio, existen únicamente dos escenarios posibles: que el presidente del Gobierno convoque elecciones o que los socios parlamentarios retiren su apoyo al Ejecutivo. Ante la negativa del Gobierno a adelantar los comicios, consideró que la decisión corresponde ahora a quienes sostienen la mayoría parlamentaria.

📢 Llamamiento a los socios del Gobierno para retirar su apoyo

La dirigente popular interpeló directamente a los socios del Ejecutivo para que reconsideren su respaldo parlamentario y valoren la gravedad de las informaciones que se están conociendo.

Además, rechazó los intentos de desviar la atención del debate público hacia otros asuntos y defendió que la prioridad debe ser esclarecer los hechos, exigir responsabilidades y garantizar el respeto a la ley y a las instituciones democráticas.

Ezcurra concluyó reafirmando el compromiso del Partido Popular con la regeneración institucional y con la defensa del Estado de derecho, asegurando que ninguna persona ni ningún cargo público puede situarse por encima de la ley.

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha asegurado que las últimas actuaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidencian que la corrupción que afecta al Partido Socialista alcanza directamente a la Presidencia del Gobierno.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Garriga afirmó que las investigaciones abiertas sobre distintos casos relacionados con el Ejecutivo suponen un nuevo episodio de una trama que, según denunció, afecta a las más altas instancias del PSOE.

«No hay día ni hora sin que salte un nuevo capítulo de la corrupción de este gobierno mafioso», aseguró el dirigente de VOX.

Garriga hizo referencia a los registros y requerimientos de información realizados por la UCO en el marco de las investigaciones relacionadas con supuestos rescates gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En este sentido, recordó que VOX ya presentó una querella contra el presidente de este organismo al considerar que existían indicios suficientes para investigar posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos.

El secretario general de VOX denunció que el Partido Socialista ha extendido su influencia sobre distintas instituciones del Estado y sostuvo que las investigaciones judiciales reflejan una situación que trasciende casos individuales.

A su juicio, «ya no estamos ante el caso Leire, ni el caso Ábalos, ni el caso David Sánchez, sino ante el caso PSOE y el caso Pedro Sánchez».

Asimismo, Garriga afirmó que existen elementos suficientes para que el presidente del Gobierno sea llamado a declarar ante la Justicia y expresó su convicción de que las investigaciones continuarán avanzando en esa dirección.

VOX ha reiterado que seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance para impulsar el esclarecimiento de los hechos y exigir responsabilidades. Según explicó Garriga, la formación está personada actualmente en más de 80 procedimientos judiciales relacionados con presuntos casos de corrupción vinculados al Partido Socialista.

El dirigente también criticó la estrategia del Gobierno respecto a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, asegurando que Pedro Sánchez pretende utilizar este debate político para desviar la atención de las investigaciones judiciales que afectan a su entorno político y familiar.

«Cada minuto que Sánchez permanece en el Gobierno es un minuto más en el infierno para los españoles», afirmó.

Por último, Garriga trasladó un mensaje de confianza a los españoles y defendió el proyecto político de VOX como una alternativa basada en la defensa de la legalidad, la transparencia institucional y el servicio al interés general.

En este sentido, reivindicó medidas orientadas a la reducción de impuestos, el apoyo a las familias, la protección del sector primario, la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda, así como una política firme frente a la inmigración ilegal.

VOX sostiene que continuará impulsando iniciativas políticas y judiciales para exigir responsabilidades y garantizar que cualquier actuación irregular sea investigada hasta sus últimas consecuencias.

El concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez García, ha denunciado la existencia de una “organización criminal socialista” destinada, según ha afirmado, a garantizar la impunidad de las tramas de corrupción vinculadas al entorno del PSOE y del Gobierno.

A través de sus redes sociales, Pérez ha asegurado que durante los últimos años quienes investigaban o denunciaban presuntos casos de corrupción sufrían represalias y ataques coordinados.

“Si los Cuerpos de Seguridad cumplían con su deber investigando delitos, eran expedientados. Si lo hacían jueces o fiscales, eran desprestigiados”, ha afirmado.

El PP denuncia ataques a jueces, periodistas y fuerzas de seguridad

David Pérez ha sostenido que periodistas y representantes políticos que denunciaban irregularidades también eran objeto de campañas de descrédito.

“Si había periodistas que denunciaban estos hechos, eran ridiculizados incluso por supuestos compañeros”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido que el Partido Popular fue “el único” que denunció esta situación y que, por ello, recibió ataques “desde altas instancias combinadas y sincronizadas”.

“La dignidad ha prevalecido frente a la corrupción”

El dirigente popular ha acusado al socialismo de construir “una organización con tentáculos en todas las esferas” y de utilizar recursos públicos para proteger sus intereses políticos.

Sin embargo, ha reivindicado el papel de agentes, jueces, fiscales, periodistas y políticos que, según ha destacado, mantuvieron su compromiso con el Estado de Derecho.

“Hubo agentes insobornables, jueces y fiscales íntegros, periodistas y políticos responsables cuyo sentido del deber prevaleció sobre la corrupción, la persecución y el desprecio”, ha afirmado.

El PP reivindica la defensa de la democracia y las instituciones

David Pérez ha concluido defendiendo que “la dignidad ha salvaguardado la democracia” frente a quienes intentaban desacreditar a las instituciones y silenciar investigaciones.


Por Keka Alcaide.

Cuando un líder empieza a percibir que el suelo político se mueve bajo sus pies, comienza a vislumbrarse algo profundamente inquietante en su reacción. La historia está llena de ejemplos. Presidentes, primeros ministros y dirigentes que, en lugar de asumir el desgaste natural del poder o responder con transparencia ante los escándalos, optaron por atrincherarse, victimizarse y convertir cualquier crítica en una conspiración contra ellos. Pedro Sánchez encabeza hoy la lista de políticos que peligrosamente encajan en ese patrón.

Desde su llegada a la Moncloa en 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcado por una creciente degradación política e institucional orientada a garantizar su permanencia en el poder. Los indultos y la amnistía a los responsables del procés, las cesiones al separatismo y el control progresivo de las instituciones del Estado han alimentado la percepción de un Ejecutivo dispuesto a todo con tal de resistir.

A ello se suma una política migratoria, estrategia basada en ampliar una futura base electoral, que ha traído consigo el deterioro de los servicios públicos y un notable aumento de la inseguridad en nuestras calles.

En paralelo, distintos episodios recientes —desde crisis de gestión hasta escándalos relacionados con infraestructuras, seguridad o empresas públicas— han intensificado las críticas contra un Gobierno acusado de priorizar intereses políticos frente a la gestión.

Pero el foco principal sigue siendo la corrupción. Las investigaciones que afectan al entorno más cercano de Sánchez, incluidos miembros de su familia, dirigentes del PSOE, antiguos colaboradores de máxima confianza y, como colofón, el expresidente Zapatero, han situado al presidente en el centro de una crisis política cada vez más profunda.

La situación se agrava aún más tras las investigaciones sobre presuntas maniobras de presión contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil, así como el registro de la sede del PSOE por parte de la UCO en el marco de distintas causas judiciales. Todo ello dibuja un escenario en el que Sánchez aparece como el eje de una estructura política cada vez más erosionada por los escándalos.

De repente, los jueces pasan a formar parte de supuestas operaciones políticas. Los medios críticos son señalados como maquinaria de intoxicación. La oposición deja de ser un adversario democrático para convertirse en una amenaza existencial. Y cualquier información incómoda se interpreta automáticamente como un ataque coordinado para derribar al Gobierno. Es el manual clásico del poder acorralado.

No hace falta acudir a teorías extravagantes ni a diagnósticos psiquiátricos irresponsables, porque si algo sobra en política son precedentes históricos que ayudan a entender lo que ocurre cuando un dirigente siente que se acerca el final de su ciclo. Nixon lo hizo durante el Watergate. Berlusconi convirtió a la Justicia en su enemigo permanente. Trump transformó la confrontación constante en una estrategia de supervivencia. Todos compartían el idéntico patrón psicológico de que cuanto mayor era la presión, más agresiva se volvía la reacción. Y Sánchez empieza a transmitir exactamente esa sensación.

La Moncloa vive instalada en una lógica de resistencia permanente. Todo gira alrededor del relato, del control de daños, de la movilización emocional y de mantener cohesionada a la propia parroquia frente a un enemigo exterior cada vez más difuso, pero políticamente más útil. Porque el sanchismo ha entendido como esencial que, mientras exista un enemigo al que culpar, nunca habrá obligación de asumir responsabilidades reales.

El problema es que esta dinámica termina degradando la convivencia política, las instituciones, el debate público e incluso la propia percepción de la realidad. Los liderazgos más tensos no suelen volverse más prudentes conforme aumenta la presión sino que ocurre justo lo contrario. El miedo político suele provocar más polarización, más ataques, más victimismo y decisiones cada vez más desesperadas. Y la experiencia histórica invita precisamente a no subestimar nunca a un poder que empieza a sentirse acorralado.

La gran incógnita ya no es si Sánchez piensa resistir. Eso parece claro tras el portazo de la Moncloa. La pregunta que empieza a preocupar, y mucho, es hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguirlo.

Pedro Sánchez parece haber cruzado ya demasiadas fronteras, poniendo en grave riesgo la estabilidad institucional y la calidad democrática de España. Pero lo más inquietante es que quizá lo peor todavía esté por venir.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar con “cinismo absoluto” tras el requerimiento realizado por la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz.

En declaraciones realizadas en el programa En boca de todos, Gamarra ha advertido de que “no es lo habitual” que la Justicia tenga que requerir información a un partido político en el marco de una investigación relacionada con quien fue su número dos.

“Eso será lo habitual en el sanchismo, pero en democracia y en un Gobierno limpio esto no es lo habitual”, ha afirmado.

La dirigente popular ha criticado además las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez desde el Vaticano, donde habló de colaboración con la Justicia.

“Es un nuevo ejercicio de cinismo absoluto”, ha señalado Gamarra, quien considera especialmente llamativo que el presidente hablara de colaboración judicial “la misma mañana en la que la UCO se persona en Ferraz para requerir información relacionada con intentos de desestabilización de procedimientos judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno”.

El PP recuerda que Sánchez es secretario general del PSOE

Cuca Gamarra ha subrayado que el requerimiento judicial está relacionado con presuntos intentos del PSOE de “desestabilizar desde una organización criminal” investigaciones judiciales que afectan al propio Partido Socialista.

“Pedro Sánchez no es ajeno porque es el secretario general del PSOE”, ha recalcado.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno de intentar “escapar y esconderse” aprovechando su visita al Vaticano para “tapar todos sus escándalos”, cuando, a su juicio, “lo que debería hacer es dar explicaciones en España”.

“El ambiente es irrespirable y asfixiante”

La vicesecretaria popular ha advertido de que la situación política actual es “irrespirable y asfixiante”.

“Todo lo que estamos conociendo supera a lo anterior. Cuando parecía que nada podía superar lo de Zapatero, aparece todo esto”, ha afirmado.

Gamarra también ha criticado la parálisis del Ejecutivo, asegurando que el Gobierno “lleva meses sin aprobar absolutamente nada”, sin presentar Presupuestos Generales del Estado y con “una legislatura abocada a la nada”.

Por ello, el Partido Popular ha vuelto a ofrecerse para “poner en marcha el final de esta legislatura” y ha apelado directamente a los socios parlamentarios del Gobierno.

“Que nadie crea que a ellos no les va a llevar por delante”, ha advertido.

La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, resalta que la investigación de la UCO evidencia que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “permitió la entrada de la corrupción en Baleares y fue imprescindible para que se lo llevaran crudo” los miembros de la trama, en plena pandemia del Covid

Recalca que las pruebas de la UCO demuestran que Armengol “conocía la trama y favoreció su entrada en Baleares y que mintió en las comisiones de investigación en las que compareció”

“No solo torpedea la independencia que debería tener el Congreso del Ejecutivo, haciendo todo lo que le pide Pedro Sánchez al tomar decisiones que van contra la ley, hoy sabemos que también miente”, reprocha

Por otro lado, y en declaraciones a los medios previas a la Junta Directiva Regional del PP de la Región de Murcia, elogia a López Miras por liderar un gobierno que da estabilidad frente a la inestabilidad que genera el de Sánchez

“Vemos otros partidos políticos que están permanentemente en grescas internas, que tienen líos internos, y frente a eso emergen figuras como Fernando López Miras que dan estabilidad a los ciudadanos y que saben que tienen un gobierno que cuenta para ellos y que trabaja por y para ellos”, finaliza.

El diputado de VOX en las Cortes de Aragón, Juan Vidal, ha exigido que el Partido Popular y el Partido Socialista aclaren públicamente “qué tratos han tenido con la empresa Forestalia”, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara las oficinas de dicha compañía en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Vidal ha calificado como “muy grave” que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, reconociera en una entrevista reciente que no ha hablado con responsables de Forestalia desde el inicio de la investigación: “¿De verdad Azcón ni siquiera ve necesario levantar el teléfono cuando a su socio Fernando Samper, con quien presentó un proyecto hace un mes, le registra la UCO?”, se ha preguntado.

El parlamentario de VOX ha participado junto a la diputada Carmen Rouco en una concentración convocada por la Plataforma 13M frente a las oficinas de Forestalia en Zaragoza, donde ha denunciado que “la UCO investiga indicios de corrupción muy alarmantes, como el presunto pago de 200.000 euros a la trama del caso Leire, con el objetivo de acceder a 17,3 millones de euros de financiación pública”.

Además, Vidal ha señalado que un exdelegado del Gobierno del PP, Gustavo Alcalde, podría haber presionado a un funcionario para agilizar trámites administrativos en favor de una filial de Forestalia, en relación con tres parques eólicos en Zaragoza. “Este caso afecta tanto al PP como al PSOE, y los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad”, ha asegurado.

También ha recordado que desde noviembre de 2023, tras la celebración del Foro Sella, el presidente Azcón ha promocionado proyectos de Forestalia y ha permitido que se vincularan a acuerdos con el CGE (partido comunista), facilitando su acceso a fondos europeos MRR y FEDER.

Vidal ha concluido exigiendo que “PP y PSOE dejen el silencio y den explicaciones claras a todos los aragoneses sobre sus relaciones con Forestalia”, al tiempo que ha criticado que Azcón “ha incumplido de forma flagrante el acuerdo de Gobierno con VOX”.

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Pollán, ha cuestionado con dureza la reciente decisión del Ministerio del Interior de apartar al coronel Diego Pérez de los Cobos, señalando que “no estamos ni en una situación institucional normal ni ante un gobierno decente”.

Fernández Pollán ha afirmado que en circunstancias normales, la noticia “habría empezado y terminado hoy mismo, sin mayor recorrido”, pero que el historial del actual Ejecutivo impide confiar en la limpieza de sus movimientos.

En referencia directa al caso de Pérez de los Cobos, destituido en su momento por el ministro Fernando Grande-Marlaska y luego reivindicado por el Tribunal Supremo, Pollán ha señalado que “el Gobierno aprendió la lección” y ahora opta por estrategias más sutiles: “Cometieron el error de apartar a alguien con méritos, les salió el tiro por la culata y ahora lo que hacen es una patada hacia adelante”.

Aunque reconoce los méritos del coronel Rafael Yuste, considera que su ascenso es parte de una maniobra política para cubrir un nuevo desplazamiento, esta vez sin tanto ruido: “No hay duda de que lo van a apartar, solo que han aprendido a hacerlo de otra forma”.

Pollán advierte que VOX seguirá denunciando cualquier intento de manipulación política en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente cuando se trata de premiar la obediencia política en lugar del mérito profesional.

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