La senadora del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Bonilla, ha denunciado que el Gobierno ha obligado a millones de españoles a adquirir la baliza V16, un dispositivo cuya “legalidad es cuestionada, su eficacia no está probada y su implantación se ha realizado sin notificar a Europa”.
Durante el Pleno del Senado, Bonilla ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en qué se basa el Ejecutivo para imponer la obligatoriedad de este dispositivo, señalando además problemas en su homologación y dudas sobre la transparencia en los procesos relacionados con su comercialización.
La dirigente popular ha afirmado que los ciudadanos “no merecen más cargas económicas ni falta de transparencia”, y ha exigido responsabilidades políticas al ministro, reclamando su dimisión.
Bonilla ha recordado que organismos como asociaciones de la Guardia Civil han cuestionado la eficacia técnica del dispositivo y ha reclamado la publicación de informes independientes que avalen su utilidad. Asimismo, ha denunciado que la Dirección General de Tráfico ha tenido que retirar la homologación de algunas balizas, lo que ha afectado a ciudadanos que adquirieron dispositivos posteriormente invalidados.
En este sentido, la senadora ha planteado si el Gobierno compensará a los afectados y ha exigido garantías de igualdad y transparencia en la competencia empresarial vinculada a estos dispositivos.
Además, ha advertido del impacto económico de la medida, estimando que supondrá un coste superior a los 1.500 millones de euros para los conductores, y ha cuestionado si responde a criterios de seguridad vial o recaudatorios.
Bonilla también ha criticado la desigualdad que, a su juicio, genera la normativa, al obligar únicamente a los conductores españoles a utilizar este sistema, mientras que vehículos de otros países pueden seguir empleando métodos tradicionales.
Finalmente, ha señalado que la Comisión Europea ha indicado que España no siguió el procedimiento de notificación previo, cuestionando el proceso de implantación de la medida y reclamando explicaciones sobre sus resultados en materia de seguridad vial.
El Partido Popular reitera su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la defensa de los intereses de los ciudadanos, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
