María Jesús Bonilla reclama responsabilidades políticas por la gestión de la crisis migratoria.
La senadora del Partido Popular por la provincia de Cuenca, María Jesús Bonilla, ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis registrada en Ceuta tras la oleada migratoria de hace un mes y ha denunciado la “falta de previsión, reacción y liderazgo” del Ejecutivo en un asunto que afecta directamente a la seguridad nacional y a la integridad territorial de España.
Bonilla ha reprochado especialmente que el Consejo de Seguridad Nacional se haya reunido casi un mes después de los acontecimientos, cuando, a su juicio, la situación requería una respuesta inmediata por parte del Gobierno.
“Los españoles han asistido con preocupación a una crisis de enorme gravedad mientras el Gobierno permanecía desaparecido, o de vacaciones, y sin ofrecer respuestas claras. Convocar el Consejo de Seguridad Nacional casi un mes después demuestra que el Ejecutivo ha llegado tarde y mal a la gestión de esta situación”, ha señalado.
Bonilla critica que Sánchez admita que no puede garantizar al 100% la seguridad
La senadora popular ha mostrado además su preocupación por las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha reconocido, según Bonilla, que las medidas adoptadas por el Ejecutivo “no van a garantizar el 100% de la seguridad” en Ceuta.
Para la representante del PP, estas manifestaciones confirman que el Gobierno “continúa sin tener una estrategia eficaz para afrontar una situación extraordinariamente delicada”.
“Resulta alarmante que, después de semanas de incertidumbre y de inacción, el propio presidente del Gobierno admita públicamente que no puede garantizar plenamente la seguridad de los ceutíes. Los españoles necesitamos certezas, liderazgo y capacidad de respuesta, no improvisación ni resignación”, ha afirmado.
El PP reclama explicaciones a los ministros responsables de la crisis
Bonilla también ha censurado la falta de explicaciones de los principales responsables ministeriales implicados y ha recordado las reiteradas incomparecencias en el Senado de miembros del Ejecutivo como la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
“Los responsables políticos deben rendir cuentas donde corresponde. El Senado es la cámara de representación territorial y el lugar donde el Gobierno debe explicar sus decisiones y responder a las preguntas de la oposición”, ha señalado.
La senadora también ha reclamado aclaraciones sobre los avisos previos que, según indica, habrían realizado el Centro Nacional de Inteligencia y otros organismos antes de la crisis.
“Tenemos derecho a conocer qué información recibió el Gobierno antes de los acontecimientos, cuándo la recibió y las razones por las que no se actuó para proteger nuestra frontera”, ha manifestado.
Bonilla ha señalado que, si el Gobierno disponía de información previa y no actuó, tendría que explicar por qué no adoptó medidas, y ha reclamado igualmente aclaraciones sobre las versiones ofrecidas por distintos miembros del Ejecutivo.
“Lo que es inadmisible es que dos ministros del mismo Gobierno ofrezcan versiones absolutamente contrarias y que nadie asuma responsabilidades. Queremos respuestas, explicaciones y responsabilidades”, ha subrayado.
Bonilla exige medidas urgentes para reforzar la seguridad en Ceuta
La representante popular ha exigido al Gobierno la adopción inmediata de medidas que permitan recuperar la normalidad en Ceuta, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y reforzar la frontera española.
Asimismo, ha reclamado más efectivos y recursos para la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de que puedan desarrollar su labor con todas las garantías.
Bonilla ha defendido también la aplicación de la legislación vigente para proceder al retorno de quienes hayan accedido de forma irregular a Ceuta, siempre con pleno respeto al Estado de derecho y a la normativa nacional y europea.
El PP traslada su apoyo a Ceuta y respalda la convocatoria de la FEMP
María Jesús Bonilla ha trasladado el respaldo del Partido Popular a los ciudadanos de Ceuta y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, cuya actuación ha calificado de “ejemplar y a la altura de las circunstancias”.
“Ceuta es España y los españoles tenemos la obligación de defender a nuestros compatriotas. Los ceutíes merecen sentirse respaldados por todas las instituciones”, ha afirmado.
La senadora también ha destacado el compromiso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la ciudad y ha recordado su visita prevista a Ceuta el próximo 2 de septiembre.
Bonilla ha reafirmado además el respaldo del PP a la concentración convocada ese mismo día por la Federación Española de Municipios y Provincias, al considerar que representa un mensaje de “unidad, solidaridad y compromiso con todos los ceutíes”.
Por último, ha criticado que el PSOE haya pedido a sus dirigentes que no secunden esta convocatoria.
“El próximo 2 de septiembre estaremos apoyando a Ceuta, defendiendo nuestras fronteras y reafirmando la soberanía nacional. Ceuta es España. España no se negocia. España no se vende. España se defiende”, ha concluido.
María Jesús Bonilla denuncia la «imposición» de la baliza V16 sin garantías.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Bonilla, ha denunciado que el Gobierno ha obligado a millones de españoles a adquirir la baliza V16, un dispositivo cuya “legalidad es cuestionada, su eficacia no está probada y su implantación se ha realizado sin notificar a Europa”.
Durante el Pleno del Senado, Bonilla ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en qué se basa el Ejecutivo para imponer la obligatoriedad de este dispositivo, señalando además problemas en su homologación y dudas sobre la transparencia en los procesos relacionados con su comercialización.
La dirigente popular ha afirmado que los ciudadanos “no merecen más cargas económicas ni falta de transparencia”, y ha exigido responsabilidades políticas al ministro, reclamando su dimisión.
Bonilla ha recordado que organismos como asociaciones de la Guardia Civil han cuestionado la eficacia técnica del dispositivo y ha reclamado la publicación de informes independientes que avalen su utilidad. Asimismo, ha denunciado que la Dirección General de Tráfico ha tenido que retirar la homologación de algunas balizas, lo que ha afectado a ciudadanos que adquirieron dispositivos posteriormente invalidados.
En este sentido, la senadora ha planteado si el Gobierno compensará a los afectados y ha exigido garantías de igualdad y transparencia en la competencia empresarial vinculada a estos dispositivos.
Además, ha advertido del impacto económico de la medida, estimando que supondrá un coste superior a los 1.500 millones de euros para los conductores, y ha cuestionado si responde a criterios de seguridad vial o recaudatorios.
Bonilla también ha criticado la desigualdad que, a su juicio, genera la normativa, al obligar únicamente a los conductores españoles a utilizar este sistema, mientras que vehículos de otros países pueden seguir empleando métodos tradicionales.
Finalmente, ha señalado que la Comisión Europea ha indicado que España no siguió el procedimiento de notificación previo, cuestionando el proceso de implantación de la medida y reclamando explicaciones sobre sus resultados en materia de seguridad vial.
El Partido Popular reitera su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la defensa de los intereses de los ciudadanos, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
María Jesús Bonilla: «Los funcionarios de prisiones denuncian, la desprotección que padece ante las numerosas agresiones producidas por parte de los internos».
La senadora del PP, María Jesús Bonilla, exige a Ángel Luis Ortiz que explique, “si ejerció de confidente del entorno de la banda terrorista ETA entre principios de 2019 y mediados del 21”, en relación a las negociaciones destapadas por un medio de comunicación entre el entorno de ETA y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para tratar de favorecer a los presos etarras.
Bonilla se ha expresado así, en la Comisión de Interior del Senado, en la comparecencia a petición del PP, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, para explicar sus comunicaciones con EH Bildu respecto a la política penitenciaria con los presos de la banda terrorista ETA. Le recuerda que, según estas informaciones, los interlocutores de Bildu se referían al jefe de prisiones como “el de Madrid”; y le pregunta: “¿Es usted ‘el de Madrid’? ¿Recibía instrucciones? ¿De quién?
Bonilla explica que, a través de los medios de comunicación, hemos visto como “a la izquierda abertzale no se le escapa un detalle sobre los presos de ETA; recibía información puntual de las decisiones que les afectaban. Y no de uno cualquiera, sino del secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz”.
Bonilla recalca que como se ha publicado, los investigadores no identifican a Ortiz, “pero los documentos en poder del Juzgado Central de Instrucción n 6 de la Audiencia Nacional apuntan directamente a él porque su nombre aparece de forma íntegra en las comunicaciones, según ha tenido acceso un medio de comunicación”.
“Mensajes de texto, audios y correos electrónicos en los que daba cuenta de forma periódica sobre acercamientos, progresiones de grado de los presos etarras y hasta de estrategia procesal de algunas víctimas de ETA”, recuerda la información publicada en la que se asegura que la operación Kubati destapó negociaciones entre el entorno de ETA y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para tratar de favorecer a los presos etarras”.
Según se ha publicado, no eran sólo conversaciones telefónicas, también existían encuentros físicos, según advierten los informes policiales incluidos en el sumario que instruye el juez Manuel GarcíaCastellón. “¿Dónde se reunían? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes asistían a esas reuniones y cuantas se celebraron? ¿Cuáles fueron el contenido exacto de esas reuniones?”, incide Bonilla.
ES URGENTE QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIO DE PRISIONES
En otro punto de su intervención, Bonilla segura que los funcionarios de prisiones denuncian, “la desprotección que padece el colectivo ante las numerosas agresiones producidas por parte de los internos y solicitan modernizar los medios coercitivos”.
“Desde el GPP consideramos que el marco de estructuración y organización de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias es deficiente”, denuncia.
“Es urgente que se adopten medidas imprescindibles para este colectivo, como que se recoja en una ley específica el protocolo de salud y prevención de riesgos laborales para garantizar su protección”, asegura.
Pone de manifiesto que es “imprescindible y urgente establecer iniciativas eficaces para la prevención y actuación ante las agresiones que sufren los funcionarios en su interacción con los internos, en el desempeño de su puesto de trabajo”. “La solución pasa por nombrarlos agentes de la autoridad, en aras a la defensa y la seguridad jurídica de los empleados”, apostilla.
Aquí recuerda que, en el Senado se aprobó este mes de mayo, una Proposición de Ley Orgánica para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, que fue remitida por el Senado “y que está en el Congreso parada”.
Igualmente, señala que es “esencial trabajar por su equiparación salarial” con otros colectivos de funcionarios de prisiones autonómicos, en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que a igual trabajo igual salario.
María Jesús Bonilla: «Con responsabilidad y respeto debemos trabajar para lograr una verdadera igualdad competitiva y la no discriminación de las mujeres».
“El Gobierno mantiene que con la actual legislación no se pone en riesgo la evolución y el desarrollo del deporte femenino, pero la realidad es otra bien distinta”, afirma
“Con responsabilidad y respeto debemos trabajar para lograr una verdadera igualdad competitiva y la no discriminación de las mujeres”, señala la senadora popular
La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes aprueba la moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a garantizar que el sexo biológico sea el único criterio para la asignación de las categorías deportivas femeninas, defendida por la senadora por Cuenca, María Jesús Bonillla, y que el PSOE ha votado en contra.
Bonilla explica que el objetivo de esta iniciativa es “garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres” en el ámbito deportivo e incide en que “con absoluta responsabilidad y respeto debemos trabajar para lograr una verdadera igualdad competitiva”, señala.
En este sentido, la senadora por Cuenca detalla que, desde un sentido estrictamente biológico, las deportistas transgénero tienen una ventaja física competitiva frente a las mujeres debido a las diferencias anatómicas: mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, más masa muscular y mayor altura promedio. “Condiciones que no desaparecen ni siquiera tras años de tratamiento hormonal”.
En palabras de la dirigente popular, “a pesar de estas evidencias científicas”, algunas federaciones deportivas han adoptado criterios de participación en las competiciones femeninas que no se basan exclusivamente en el sexo biológico, sino en la “identidad o la expresión de género”.
COHERENCIA LEGISLATIVA PARA LA IGUALDAD REAL
A ello se añade la actual legislación en el ámbito deportivo – la Ley 39/2022 de diciembre- que, si bien, en su exposición de motivos recoge medidas de fomento de la igualdad, ya el PP advirtió de las “desigualdades” de su articulado, hecho que motivó la presentación de dos enmiendas, rechazas por los socialistas, igual que la moción, aprobada hoy en Comisión.
“El Gobierno mantiene que con la actual legislación no se pone en riesgo la evolución y desarrollo del deporte femenino, pero la realidad es otra bien distinta”, lamenta la senadora Bonilla, quien defiende la “coherencia” del PP en este ámbito.
Del mismo modo, destaca que plataformas como ‘Alianza contra el borrado de mujeres’ advierten de los obstáculos de discriminación y desigualdad en el deporte femenino, agravadas, precisamente, por “la incorporación de deportistas transgénero.
La senadora del PP por Cuenca insiste en que “lo que queremos con esta moción es mirar hacia adelante y la idea es clara: garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la justicia competitiva en el ámbito deportivo femenino, desde el máximo respeto, que es la base de cualquier competición deportiva”.
Por último, Bonillla felicita a las gimnastas españolas, campeonas del Europeo de Gimnasia Rítmica y a las jugadoras del FC Barcelona, por su victoria en la Champions de fútbol femenino. “A todas ellas, mi enhorabuena, así como a los equipos técnicos y esas maravillosas aficiones que siempre están detrás de nuestras deportistas”, apunta, para desear “suerte” al Real Madrid, que este mismo sábado juega la final de la Champions League. “Logros que son una muestra del gran nivel del deporte español”, concluye.