La senadora y coordinadora de Vivienda del Partido Popular, Paloma Martín, ha criticado duramente la política de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de sus consecuencias sobre la convivencia, la seguridad jurídica y el acceso a la vivienda.
Durante una intervención en el Senado, Martín ha asegurado que la okupación ha aumentado de forma significativa en los últimos años y ha denunciado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han generado una creciente sensación de inseguridad entre propietarios y ciudadanos.
La dirigente popular ha vinculado esta situación a la reducción de la oferta de viviendas disponibles en alquiler, el aumento de los precios y la dificultad creciente para acceder a una vivienda, especialmente entre jóvenes y familias.
Asimismo, ha alertado sobre el fenómeno de la inquiocupación y ha señalado que numerosos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del mercado ante la falta de garantías jurídicas y la lentitud de los procedimientos para recuperar sus viviendas.
Paloma Martín ha defendido que las personas más vulnerables son las principales perjudicadas por estas situaciones, ya que afectan a viviendas sociales, alteran la convivencia vecinal y generan problemas en numerosos barrios.
La senadora popular también ha criticado la Ley de Vivienda y las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años, al considerar que han debilitado la seguridad jurídica y han trasladado un mensaje de permisividad frente a quienes incumplen la ley.
En este sentido, ha advertido de que la pérdida de confianza en las instituciones puede provocar una mayor conflictividad social y ha reclamado reforzar el Estado de derecho, proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Paloma Martín ha recordado que el Partido Popular ha presentado distintas iniciativas para combatir la okupación y la inquiocupación, entre ellas el desalojo en 24 horas, la anulación del empadronamiento de los okupas, la evaluación objetiva de la vulnerabilidad y el refuerzo de los servicios sociales.
La coordinadora de Vivienda del PP ha concluido reclamando un cambio de rumbo en la política de vivienda para garantizar más seguridad jurídica, más oferta residencial y una mayor protección de los propietarios y de las familias.
