Actualidad Política

1 de agosto de 2026

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La senadora y coordinadora de Vivienda del Partido Popular, Paloma Martín, ha criticado duramente la política de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de sus consecuencias sobre la convivencia, la seguridad jurídica y el acceso a la vivienda.

Durante una intervención en el Senado, Martín ha asegurado que la okupación ha aumentado de forma significativa en los últimos años y ha denunciado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han generado una creciente sensación de inseguridad entre propietarios y ciudadanos.

La dirigente popular ha vinculado esta situación a la reducción de la oferta de viviendas disponibles en alquiler, el aumento de los precios y la dificultad creciente para acceder a una vivienda, especialmente entre jóvenes y familias.

Asimismo, ha alertado sobre el fenómeno de la inquiocupación y ha señalado que numerosos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del mercado ante la falta de garantías jurídicas y la lentitud de los procedimientos para recuperar sus viviendas.

Paloma Martín ha defendido que las personas más vulnerables son las principales perjudicadas por estas situaciones, ya que afectan a viviendas sociales, alteran la convivencia vecinal y generan problemas en numerosos barrios.

La senadora popular también ha criticado la Ley de Vivienda y las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años, al considerar que han debilitado la seguridad jurídica y han trasladado un mensaje de permisividad frente a quienes incumplen la ley.

En este sentido, ha advertido de que la pérdida de confianza en las instituciones puede provocar una mayor conflictividad social y ha reclamado reforzar el Estado de derecho, proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Paloma Martín ha recordado que el Partido Popular ha presentado distintas iniciativas para combatir la okupación y la inquiocupación, entre ellas el desalojo en 24 horas, la anulación del empadronamiento de los okupas, la evaluación objetiva de la vulnerabilidad y el refuerzo de los servicios sociales.

La coordinadora de Vivienda del PP ha concluido reclamando un cambio de rumbo en la política de vivienda para garantizar más seguridad jurídica, más oferta residencial y una mayor protección de los propietarios y de las familias.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Paloma Martín, ha defendido en el Pleno de la Cámara Alta un “urgente y necesario cambio normativo” para revertir los efectos de las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante el debate de la moción consecuencia de interpelación presentada por el Partido Popular, Martín ha denunciado que las leyes aprobadas por el Ejecutivo “han destrozado el alquiler y convertido la vivienda en la principal preocupación de los españoles”.

“Reformar el marco legislativo de la vivienda es un clamor y un grito desesperado para devolver la seguridad jurídica”, ha afirmado.

La dirigente popular ha criticado el “intervencionismo fracasado” del Gobierno y sus consecuencias sobre el mercado inmobiliario.

“Se hunde la oferta, se disparan los precios y convierten en víctimas a las rentas medias y bajas”, ha advertido.

Paloma Martín ha señalado que las medidas impulsadas por el Ejecutivo han perjudicado especialmente a jóvenes, estudiantes, familias y personas que necesitan cambiar de vivienda por motivos laborales o personales.

“Al proteger artificialmente a unos pocos inquilinos de hoy, están condenando a todos los demás”, ha denunciado.

La portavoz adjunta del GPP ha acusado además al Gobierno de utilizar la vivienda “como instrumento de confrontación social” mientras continúa sin dar respuesta a la falta de oferta y al incremento de precios.

“Nada se sabe de las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez, pero sí de un mercado roto y de precios desorbitados”, ha afirmado.

Martín ha responsabilizado directamente a las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo y sus socios de haber “estrangulado” el mercado de la vivienda.

Según ha señalado, más de 300.000 viviendas han desaparecido del mercado del alquiler y miles de propietarios siguen sin poder recuperar sus inmuebles ocupados.

Asimismo, ha criticado la inseguridad jurídica derivada de distintas normas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo, la Ley de Arrendamientos Urbanos y los decretos antidesahucios.

“El Gobierno va de derrota en derrota mientras juega con los sueños y el futuro de los jóvenes”, ha lamentado.

Frente a ello, Paloma Martín ha reivindicado “la responsabilidad y el rigor” del Partido Popular y ha defendido las propuestas impulsadas por Alberto Núñez Feijóo para recuperar la seguridad jurídica, aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso al alquiler.

“El Partido Popular seguirá defendiendo políticas útiles que garanticen más vivienda, más seguridad y más oportunidades para los españoles”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha advertido de que “la ideología radical y el fanatismo climático del Gobierno pone en riesgo la seguridad de las personas y cuesta vidas”.

Durante la sesión de control al Gobierno, Martín ha interpelado directamente a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la falta de inversión y mantenimiento en las grandes presas de titularidad estatal.

La dirigente popular ha señalado que la vicepresidenta “tiene la responsabilidad, dispone de la información y cuenta con los medios” para garantizar la seguridad de estas infraestructuras críticas, pero mantiene, a su juicio, “una gestión contemplativa” sin cumplir con la obligación legal de asegurar el suministro y la protección de las infraestructuras.

Martín ha aportado datos del propio Ministerio que, según ha indicado, reflejan una situación preocupante: un tercio de las presas estatales necesitan refuerzos estructurales urgentes; el 38% carece de capacidad suficiente para desaguar; el número de inspecciones es insuficiente; y solo 56 de las 314 presas cuentan con planes de emergencia implantados.

“Nos encontramos ante un desafío estructural de seguridad pública que debe abordarse como política de Estado”, ha afirmado con rotundidad.

Críticas a la planificación hídrica

La senadora del PP ha denunciado que “las obras hidráulicas no encajan en el relato ultra ecologista del Gobierno”, subrayando que el propio Ministerio reconoce la necesidad de invertir 405 millones de euros al año, pero no se consignan los recursos necesarios en los presupuestos.

Asimismo, ha lamentado que, pese a los fondos europeos Next Generation y al incremento de la recaudación fiscal, no se estén ejecutando las inversiones necesarias en infraestructuras hídricas.

Martín ha advertido de que la edad media de las presas en España es de 55 años y ha alertado de un “envejecimiento conceptual y tecnológico” agravado por la falta de inversión y un vacío generacional en las confederaciones hidrográficas.

“No es alarmismo, es responsabilidad”, ha enfatizado, exigiendo una revisión de seguridad presa a presa y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones legales en cada infraestructura.

Exigencia de auditoría y rendición de cuentas

En su intervención, la portavoz adjunta del GPP ha reclamado una auditoría técnica independiente y ha criticado que el Gobierno priorice, a su juicio, el activismo frente a la gestión.

“Llevan casi siete años en el Gobierno y hablan como si fueran recién llegados”, ha reprochado a la ministra, insistiendo en que “no sirven normas ni planes si no van acompañados de inversión real”.

Antes de concluir, Paloma Martín ha denunciado lo que considera una cadena de precedentes graves en la gestión de infraestructuras estratégicas y ha exigido que se aprueben las inversiones necesarias para garantizar la seguridad hídrica y la protección de vidas humanas.

El Partido Popular en el Senado elevará hoy el tono del debate en materia de vivienda con la reprobación de la ministra Isabel Rodríguez, al considerar que “ha convertido la vivienda en una emergencia y un instrumento de confrontación social”, además de “hacer saltar el mercado por los aires”.

Así lo han defendido en el Pleno la portavoz adjunta del PP, Paloma Martín, y la senadora Cristina Casanueva, quienes han denunciado que nunca ha habido más motivos para reprobar a la ministra. “Ha batido todos los récords, ha convertido la vivienda en la primera preocupación de los españoles y nos ha llevado a un callejón sin salida, a un mercado roto”, ha afirmado Martín.

La dirigente popular ha subrayado que el Gobierno es “el gran tenedor de suelo y vivienda” y dispone de capacidad legislativa suficiente para impulsar soluciones reales, pero ha optado por “estrangular el mercado” e imponer medidas a las comunidades autónomas.

2.800 millones sin ejecutar y más burocracia

El Partido Popular ha denunciado que la ministra dejó sin ejecutar el 62% de su presupuesto en 2024, lo que supone 2.800 millones de euros, y ha criticado la creación de una nueva empresa pública que, según ha advertido, costará 16.500 millones de euros y ha bloqueado durante dos años suelos y viviendas del Estado.

Martín ha señalado que faltan reformas estructurales para aumentar la oferta, simplificar trámites y dar seguridad jurídica, mientras que “sobra demagogia, ideología y populismo”.

En este sentido, ha puesto en valor las iniciativas del Partido Popular aprobadas en el Senado: una ley para desalojar a los okupas y otra para desarrollar suelo y reforzar la seguridad jurídica. “Mientras otros hablan de excluir, el PP habla de soluciones estructurales”, ha remarcado.

“Un fracaso que deja a miles de familias al límite”

En la misma línea, la senadora Cristina Casanueva ha asegurado que el Ejecutivo ha convertido la vivienda en un lujo para los españoles y en una oportunidad para la okupación, dejando a miles de familias al límite.

Casanueva ha criticado la intervención del mercado, la reducción de incentivos fiscales y la inseguridad jurídica que, a su juicio, ha provocado la retirada de viviendas del mercado del alquiler.

Para el Partido Popular, la reprobación de la ministra busca “abrir una puerta a la esperanza a miles de españoles” y poner fin a una política que, según ha denunciado, ha generado más escasez, más inseguridad y menos oportunidades de acceso a la vivienda.

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado en el Senado que las políticas de vivienda del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han convertido el acceso a una vivienda en el principal problema de los barceloneses, durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda.

La portavoz adjunta del GPP, Paloma Martín, ha reprochado al alcalde socialista que tenga la vivienda “estrangulada” en su ciudad y ha calificado de “temeraria” su política en esta materia. “Sus recetas yerran y han ido en la dirección equivocada, agravando la crisis de vivienda”, ha advertido.

Desde el PP se ha criticado que el Ayuntamiento de Barcelona haya renunciado a construir y rehabilitar vivienda, pese a disponer de suelo suficiente para desarrollar entre 23.000 y 46.000 viviendas, tal y como recoge el estudio del Institut Cerdà. Asimismo, Martín ha denunciado la demonización de la propiedad privada y la ruptura de la confianza entre propietarios e inquilinos, alertando de que atacar la inversión inmobiliaria es “dispararse al pie”.

El GPP ha señalado que a las políticas ideológicas del PSOE se suma una ineficacia paralizante, con barreras regulatorias y una parálisis administrativa que impide aumentar la oferta. Como ejemplo, ha denunciado que una licencia de obra nueva tarde de media 10 meses, cuando la ley fija un máximo de tres.

“El resultado es menos vivienda, más precios disparados y más frustración para los ciudadanos”, han concluido los senadores populares.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Paloma Martín, ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por utilizar la política de vivienda como “el juguete roto de un Gobierno en descomposición” y ha exigido la derogación inmediata de la nefasta Ley de Vivienda, tras conocerse que Bruselas ha rechazado el intervencionismo de los precios en la presentación del nuevo Plan de Vivienda Asequible de la Unión Europea.

Martín ha subrayado que los planes de vivienda de la UE y del Partido Popular coinciden en sus ejes fundamentales: construir más viviendas, simplificar la regulación, destinar fondos a vivienda asequible y tomar decisiones basadas en análisis y datos, no en ideología, “justo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Sánchez”.

“La Unión Europea da la razón a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que se han negado a intervenir el mercado y a topar los precios, mientras censura las políticas del Gobierno que están llevando a nuestros jóvenes a la desesperación”, ha afirmado la senadora popular.

Asimismo, ha destacado que el Plan europeo apuesta por la coordinación con los distintos territorios, frente a un Ejecutivo que “impone, chantajea y amenaza” a comunidades autónomas y ayuntamientos. “La vivienda es un problema demasiado serio como para utilizarlo como herramienta de propaganda política”, ha advertido.

Paloma Martín ha explicado que las decisiones radicales del Gobierno de Sánchez han provocado una grave inseguridad jurídica, tanto para propietarios como para inquilinos, lo que ha derivado en un aumento de la okupación, una reducción de la oferta de viviendas en alquiler y, como consecuencia directa, un incremento de los precios.

“La política de vivienda del sanchismo ha fracasado estrepitosamente. Europa marca el camino y el Partido Popular ofrece soluciones realistas y eficaces. Deroguen ya la Ley de Vivienda y empiecen a escuchar a quienes sí saben gestionar”, ha concluido.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, explica que desde que Sánchez llegó al poder, el precio de la cesta de la compra ha subido un 37% y lo que antes costaba 100 euros, hoy vale 137; y el acceso a la vivienda se ha convertido en algo inaccesible

Señala que la recaudación del Gobierno en 2024 va a ser de 140.000 millones más que en 2018 por la masiva subida de impuestos, más de ochenta. “Hoy cada español paga 2.600 euros más al año que en 2018. Mientras Sánchez nos fríe a impuestos, él solo se ocupa de su supervivencia en La Moncloa”, critica 

Lamenta que el Gobierno no haya cumplido con su obligación de haber rebajado el IVA de la carne, el pescado y las conservas, tal y como se le exigió el Congreso y el Senado. “El PP se compromete a bajar los impuestos, a insistir en la rebaja del IVA de la carne y el pescado”, incide

Apunta que la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los españoles mientras nada se sabe de las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez. “Nadie entiende por qué se ha enfrentado a los propietarios con los inquilinos, mientras la vivienda se ha convertido en un bien de lujo para los jóvenes” 

Destaca que la vivienda es una prioridad para el PP y reitera la propuesta de rebajar la fiscalidad, crear un gran parque público de vivienda y rebajar los trámites burocráticos: “Llevaremos a las cámaras las reformas necesarias para hacer de España un país mejor” 

Denuncia que 2024 ha sido un año en el que la gestión del Gobierno “se ha alejado de los ciudadanos, no ha atendido sus necesidades, ni sus demandas ni se han preocupado de la cesta de la compra ni del acceso a la vivienda”

“En 2025 el PP acompañará al conjunto de los españoles. Para transmitir a las familias que hay otra forma de gobernar para llevar al conjunto de los ciudadanos a un futuro mejor”, concluye

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, explica en un encuentro con empresarios de Castilla y León que la “esperanza” para transformar nuestra economía se ha convertido en “decepción” por las múltiples dificultades y errores en el diseño, implementación y ejecución del plan de recuperación 

Denuncia que España sólo ha recibido 38.300 millones de euros de los fondos comunitarios, el 23% del montante aprobado, mientras otros países como Italia ya han recibido el cuarto pago y superan los 100.000 millones. “La mala gestión del Gobierno está penalizando a sectores básicos de nuestra economía como el agroalimentario, la industria y la construcción”, añade 

Afirma que el “dogmatismo” de la ministra y candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, ha llevado a la industria española “al borde del colapso” y nos aleja de la necesaria autonomía estratégica. “Es necesario reforzar Europa en su autonomía desde la seguridad energética, la suficiencia alimentaria y las materias primas fundamentales”, reivindica 

Subraya que Teresa Ribera es la “peor candidata” que ha podido elegir el PSOE para el Parlamento Europeo porque “ha desprestigiado al campo, a la carne y, con su agenda, ahoga a nuestros agricultores” 

Recuerda el compromiso del PP de exigir la Comisaría de Agricultura, con competencias en la gestión del agua, y aboga por alcanzar el consenso entre todos los países para lograr el Pacto Europeo del Agua 

Considera que las elecciones del 9J son claves, ya que nos encontramos “ante las últimas oportunidades” para fomentar un crecimiento económico y facilitar la transformación de la industria y del tejido productivo de España. “El PP propone inversiones teniendo en cuenta las características de las regiones, transparencia en la gestión, reducción de la burocracia e incentivos fiscales”, continúa

Defiende la puesta en marcha de herramientas para facilitar la financiación de las empresas, proteger la inversión productiva y una política industrial en condiciones de igualdad. Contrapone estas propuestas con las desarrolladas por el Gobierno Sánchez que fomentan el intervencionismo, generan inseguridad jurídica, favorecen la hiperregulación y frenan la iniciativa privada 

Insiste en que España se encuentra ante un presidente Sánchez “solo y acorralado” por la corrupción de su partido, por sus socios de Gobierno y por la situación de su esposa Begoña Gómez. “Está más preocupado por mantener el poder que por solucionar los problemas de los ciudadanos. Además, a esto se une que no tiene posibilidad de sacar adelante ninguna ley en el Congreso, solo la de vender la dignidad de nuestro país por 7 votos con una ley de Amnistía infame”, concluye

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